Un proyecto de ley presentado hoy en la Cámara de Senadores bonaerense propone elevar desde 500 mil hasta 10 millones de pesos el máximo de las multas
para los comercios que no cumplan con las disposiciones del gobierno en materia de precios y otorga mayor poder de fiscalización a los municipios.
La iniciativa del senador del Frente de Todos Francisco Durañona, elaborada en conjunto con el diputado provincial de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky, apunta a modificar el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.
Durañona explicó que la intención "es poner a la Provincia y a los municipios a trabajar en el sentido que indicó el Presidente de la Nación, Alberto Fernández".
"Se trata de colaborar en el control de los precios máximos y también resolver de fondo, de manera práctica, concreta y operativa la aplicación de la Ley de Abastecimiento, aprovechando estructuras vigentes en cada una de los municipios de nuestra provincia", detalló.
El proyecto propone además actualizar los montos de las multas, aumentándolos desde los límites de entre 100 mil y 500 mil pesos que tienen actualmente hasta un rango que vaya de 10 mil a 10 millones de pesos.
Además, establece que será considerada falta grave "la infracción a los regímenes de protección de los consumidores y de abastecimiento, en particular lo relativo a los acuerdos de precios y la violación de precios máximos, en el contexto de situaciones de emergencia declarada por autoridad competente".
Lipovetzky explicó que "es necesario parar con los aumentos de precios abusivos en forma urgente" y consideró que "se trata de un deber de todos, sin diferencias partidarias ni especulaciones de ningún tipo".
"La ley provincial actual no es clara respecto a que la violación de los precios máximos configure una falta grave en perjuicio del consumidor y con este proyecto aclaramos la normativa, lo que es muy importante para que los intendentes controlen y protejan a la gente contra los abusos", explicó.