A cuatro años y tres meses del asesinato de Fernando Báez Sosa pasaron incontables cantidad de cosas, incluida una pandemia, que retrasaron aún más los tiempos de la Justicia, e hicieron
que un gran porcentaje de la sociedad se olvide por largos tramos del trágico hecho que terminó con la muerte del joven de 18 años que vacacionaba junto a sus amigos en Villa Gesell, hasta que fue ultimado a golpes a la salida del boliche Le Brique.
Para quienes el tiempo quedó estancado en ese 18 de enero de 2020 fue para la familia de Fernando, su madre Graciela y su padre Silvino. Pusieron el cuerpo desde el primer momento en búsqueda de Justicia.
También quedaron sumergidos en ese día los condenados por el homicidio: Matías Benicelli, Blas Cinalli, Enzo Comelli, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi, Luciano Pertossi, Máximo Thomsen y Ayrton Viollaz, y sus respectivos familiares, que deberán visitar la prisión probablemente el resto de sus días.
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El hecho volvió a tomar mayor notoriedad luego de que el 22 de marzo pasado la Cámara de Casación Penal de Buenos Aires confirmó las condenas a los ocho imputados con reclusión perpetua para cinco de ellos y 15 años de prisión para los otros tres. Si bien consideraron que existió un plan criminal porque los acusados se aprovecharon de la indefensión de la víctima con un primer golpe de espalda y una posterior golpiza colectiva, determinaron que “no todos hicieron todo”.
Desde el entorno de los condenados aseguran que quienes perpetuaron y, según la Justicia, planearon el crimen, llegaron a la lectura del veredicto creyendo lo que les había dicho su abogado, Hugo Tomei, quien les garantizaba que si no lograba la nulidad de juicio iba a conseguir que el hecho sea caratulado como “homicidio en riña”, por lo que les cabría una condena de entre 2 y 6 años de prisión. Sin embargo, esto no ocurrió porque los camaristas manifestaron que la defensa no logró demostrar “violación a norma constitucional alguna”.
Al confirmarse las condenas perpetuas para Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, y los 15 años de prisión para Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, el “pacto de silencio” con el que se denominó a la unidad que los acusados sostuvieron desde el primer día se rompió, y dos de ellos decidieron conseguir un nuevo abogado cada uno para poder apelar el fallo. El primero en hacerlo fue Matías Benicelli, quien ahora es representado por el letrado Carlos Attías. El abogado destaca que hubo distintos puntos que Benicelli no pudo declarar por recomendación de Hugo Tomei, quien le había asegurado que al “no haberle pegado a Fernando, ni aparecer en las imágenes que se mostraron en el juicio, se iba a ir caminando”. En declaraciones a PERFIL, Attías niega que haya existido el tan mencionado “pacto de silencio”, al destacar que a “Matías se lo obligó a no declarar para que su palabra no comprometa al resto de los implicados”.
Si bien el defensor de Benicelli destaca que la única víctima fue Báez Sosa, dijo que el hecho de que Tomei haya defendido a todos los acusados en conjunto impidió que se sepa la realidad de los hechos. Attías aclara que su representación no se trata de un cambio de estrategia, sino de un enfoque diferente que priorice “la verdad”.
Para Attías, las pruebas demostraron que si bien Matías estaba en el lugar y pertenecía al grupo de amigos que perpetró el crimen, él no formó parte de ningún plan criminal ni tampoco fue quien le dio la patada que acabó con la vida de Baez Sosa, tal como lo señalaron varios testigos, ya que “las imágenes lo muestran a varios metros del lugar en el que se encontraba Fernando”.
En este aspecto, Attías hace hincapié en la importancia que tiene que no se hayan tenido en cuenta las “contradicciones” que hubo en las declaraciones de los cinco testimonios que si bien en una primera instancia ubicaron a Benicelli alejado del grupo que golpeaba a Fernando, tres años más tarde “dijeron todo lo contrario”.
Al mismo tiempo señaló que “nadie escapa a la presión de los medios ni la opinion pública y en este caso, era más sencillo complacer al linchamiento público, a la demanda mediática, que comprendía que si todos no recibían perpetua no iba a ser justicia”. En esta lectura incluye tanto a los testigos como a los Supremos, al describir que “en las imágenes se ve a tres personas ultimando a Fernando, pero sin embargo los demás también fueron juzgados de la misma manera, en una disparidad de criterios”. Attías asegura que se iba a firmar una sentencia por homicidio simple, con determinados coautores, pero que por “alguna razón” tuvieron que firmar la sentencia por homicidio calificado, considerando que pueden haberse visto “influenciados por los medios, rangos superiores y la opinión pública”.
En declaraciones a PERFIL, el abogado explicó que su intención es que el que el máximo tribunal de la Provincia de Buenos Aires compruebe las supuestas inconsistencias para que su defendido sea juzgado por “encubrimiento, lesiones o lo que consideren, pero no por homicidio” al destacar que “el alegato que ubica a Benicelli como uno de los que impedían el socorro no tiene consistencia ya que no incluye pruebas que lo ubiquen en lugar”.
Luego del cambio de defensa de Benicelli, Thomsen también decidió desistir de Hugo Tomei y pasó a ser representado por Francisco Oneto, quien públicamente manifestó que va a apelar el fallo pidiendo la nulidad del juicio, argumentando que si bien Thomsen tiene “responsabilidad penal en el hecho, no le corresponde perpetua porque no se pudo comprobar que haya existido alevosía ni premeditación”. En este sentido, dijo que le corresponde ser juzgado por “homicidio en agresión” con una pena de entre 2 y 6 años de prisión. En diversas entrevistas televisivas, declaró que “los jueces actuaron condicionados por la opinión social”, por lo que va a pedir que se realice un nuevo juicio.
En este aspecto se presentan diferentes lecturas, ya que si bien Oneto asegura que se puede realizar un nuevo juicio, Attías no ve viable que den lugar a ese pedido, ya que “lo único que puede discutirse en esta instancia es la pena y no el proceso”.
Sobre este punto, PERFIL consultó a un especialista en la materia para corroborar lo que puede llegar a ocurrir a partir de los reclamos de las defensas. Fernando Soto, el abogado y miembro de la Comisión para la Reforma del Código Penal, explicó que “si se comprueba que se afectó el derecho a defensa de uno de los condenados, al haber sido representado por un abogado que defendió intereses contradictorios en su conjunto, sí habría lugar a una nulidad de la sentencia, y se podría discutir la iniciación de un nuevo juicio, a partir de lo que establece la jurisprudencia general”.
Tanto los defendidos por Tomei, Attías y Oneto, como la familia de Fernando bajo la representación de Burlando apelaron el fallo de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires. Los abogados de los acusados piden reducción en las condenas y los de Báez Sosa que los ocho reciban perpetua. Ahora, aguardan una resolución por parte de la Corte de Buenos Aires, y en caso de no quedar conformes, quedará una última instancia de apelación a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
