“EL CONTRATO INICIAL ERA DE $250 MILLONES HASTA 2023, Y ESO NOS PREOCUPÓ MUCHÍSIMO PORQUE INVOLUCRA A GESTIONES ACTUALES Y FUTURAS YA QUE AÍDA AYALA ABANDONÓ LA GESTIÓN EN 2015, SE FIRMA EL CONTRATO EN 2014”, PRECISÓ.

Así lo manifestó esta mañana en una entrevista realizada con el periodista Gustavo Sylvestre, por Radio 10. Para el fiscal Federal la actual diputada Nacional por Cambiemos tiene más grado de autora que de participación en el lavado de dinero agravado por su calidad de funcionaria pública. Anticipó además que está trabajando en otros expedientes que involucran a personas de “otro color político al de Ayala”.

Sobre el pedido de desafuero solicitado por la Fiscalía Federal, Sabadini sostuvo que “fue avalado por la jueza Niremperger y están a resuelta y condicionados por la fase política”. “Seguimos con la investigación pero estamos a la espera de qué es lo que resuelve el Congreso que tiene su tiempo, su agenda y veremos cómo transcurre este tiempo”, destacó Sabadini y reveló que la diputada presentó un escrito “de eximición de prisión”.

Respecto al inicio de la investigación, detalló que fue hace tres meses con una denuncia telefónica que se presume fue realizada por un empleado municipal que estaba cansado y harto de los desmanejos y las extorsiones del jefe del Sindicato de Empleados Municipales, Jacinto Sampayo, que tendría como persona de su confianza y testaferro a Carlos Huidobro, y que lavaría dinero con la empresa Pimp S.A.

CONTRATO “TURBIO”

El fiscal brindó además detalles de esta investigación que involucra a los principales contratistas de obra pública y de servicios con la Municipalidad durante la “gestión Ayala”. “El contrato inicial era de $250 millones hasta 2023, y eso nos preocupó muchísimo porque involucra a gestiones actuales y futuras ya que Aída Ayala abandonó la gestión en 2015, se firma el contrato en 2014”, precisó.

Para Sabadini el contrato y formación de esta empresa –Pimp SA- “es turbio”, y citó que la empresa fue habilitada en personería jurídica en febrero 2014 el mismo año que se le otorga la licitación y por muchos años. “La oferta se cerró 7 días después del 14 de febrero, y fue la única oferente”, informó como dato que levantó sospecha.

“Es una empresa hecha a medida por gente de confianza de la exintendenta”, evaluó el fiscal y agregó que el otro aspecto a tener en cuenta “es el sobreprecio de los servicios”.

Asimismo, se refirió a Jorge Capitanich, intendente justicialista actual quien renegocia ese contrato. “Veremos después si lo hizo formalmente, pero consta que hubo quita de deuda con la empresa, nuevas exigencias como ampliar el radio de cobertura de los camiones, cuestiones que acepta la empresa, pero no creemos que lo hace por cuestiones altruistas”, tiró.

“Acá llama la atención que la empresa siga funcionando”, añadió y aclaró que los expedientes se investigación “sin distinción del color político”. Sabadini asegura que “no hay presiones”, pero sí manifestaciones que forman parte de la realidad de los argentinos.

Por último confirmó que “existen otros expedientes que involucran a otras personas de otro signo político”.