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18
Octubre

LA CAUSA QUE TIENE COMO TESTIGOS A POLICIAS DETENIDOS POR NARCOS Destacado

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Publicado en Policiales

Se trata de un caso de narcomenudeo en la villa La Cárcova, de José León Suárez. Al analizar el expediente para elevarlo a juicio, una magistrada advirtió que la fiscalía solicitó el testimonio de seis efectivos de la Comisaría 4ª, de los cuales cinco están presos desde junio y el restante, prófugo.

De todas las causas que se encuentra analizando la titular del Juzgado Federal 2 de San Martín, Alicia Vence, para elevar a juicio hubo una que acaparó toda su atención. Se trata de un caso de narcomenudeo en la villa La Cárcova, de José León Suárez, que tiene como testigos de los procedimientos a media docena de efectivos de la Comisaría 4ª de esa jurisdicción, los mismos que están presos desde junio por sus vínculos con los traficantes de la zona.

Según consignó Tiempo Argentino, en febrero comenzó una investigación a un grupo de policías sospechados de negociar con "La Banda Ceferino" –por su líder Ceferino Benítez– que operaba en la villa La Cárcova.

Las presunciones se confirmaron y el 24 de junio se concretó la detención del comisario mayor y ex titular de la Jefatura Departamental de San Martín, José Luis Santiso, quien si bien estaba en actividad al momento del arresto se encontraba a la espera de destino.

También fueron apresados por orden de la jueza Vence los tenientes Carlos Cesar Aguirre y Mario Maruri; el oficial Ezequiel Mautouchet y el subteniente José Cano. El oficial principal Gabriel Cabral permanece prófugo.

Se realizaron allanamientos en los que ambos resultaron detenidos con prisión preventiva, pero "elevada la causa a juicio oral, fueron absueltos de las imputaciones que pesaban sobre ellos".

En el marco del mismo expediente se dispuso el arresto de otros dos policías, quienes ya estaban detenidos por otra causa. Todos los policías imputados trabajaban en seccionales o delegaciones de los partidos de San Martín y Tres de Febrero y están acusados de haber brindado protección a bandas narcos que operaban en La Cárcova, de José León Suárez.

La auditora general de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, Viviana Arcidiácono, informó que tanto personal a su cargo como efectivos de Policía Federal trabajaron activamente en la investigación y llevaron a cabo los arrestos y allanamientos que les requirió la jueza Vence.

Grande fue la sorpresa de la magistrada al analizar la causa para elevarla a juicio y constatar que la Fiscalía 16 de San Martín presentó como testigos de los procedimientos a ex policías presos por negociar con los narcos en la misma villa.

El abogado Damián Odetti representa a varias personas que están –o estuvieron–detenidas por narcotráfico en San Martín. Al estudiar las causas detectó una situación que se repetía: sus defendidos mantenían una activa comunicación con los efectivos de la Comisaría 4ª de Suárez y que quedó al descubierto con el entrecruzamiento de llamadas telefónicas que ordenó la justicia.

Por ejemplo, se descubrió que el comisario Santiso mantenía una comunicación activa con Lidia del Carmen Bravo, imputada por venta de estupefacientes, y Carlos Rolón, el encargado de pagarle por protección policial y que también fue detenido.

Los testigos del procedimiento en el que quedaron detenidos Benítez y Rolón son los mismos policías que están presos por negociar con los narcos. Según la investigación el oficial José Víctor Gutiérrez les proveía la droga que secuestraba en otros allanamientos. A su vez, se reveló que Bravo insistía a los policías corruptos en que detuvieran a un tal "Cheto" por ser "competencia" en el negocio.

También surgió que los efectivos de la Bonaerense tenían a una menor que vendía drogas para ellos dentro de La Cárcova y que los vendedores de estupefacientes pagaban 5000 pesos por semana a la Comisaria 4ª, 5000 a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín, y otros 15 mil a la Delegación Droga del mismo distrito.

Matriz delictiva

Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal de San Martín, dijo que desde la Defensoría denunciaron varias veces ante la Fiscalía 16 la complicidad policial, pero que "nunca tomaron cartas en el asunto".

"Le dictaban prisión preventiva a los imputados y luego les ofrecían un juicio abreviado. Les proponían la pena mínima estipulada en el Código Penal, cuatro años, y los acusados se declaraban culpables de los cargos. Cuando esto sucedía, los detenidos llevaban más de dos años presos y terminaban firmando porque automáticamente se iban en libertad condicional", explicó.

El procedimiento no es ilegal puesto que el artículo 338 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires refiere que las personas procesadas en causas penales tienen la posibilidad de firmar un arreglo con la justicia.

La repetición de los juicios abreviados llamó la atención de Odetti, quien comenzó a rechazar el procedimiento y a pedir que se realicen los debates orales. De ese modo pudo demostrar que sus defendidos trabajaban para un grupo de policías de la Comisaría 4ª que era liderado por el comisario Santiso.

Un vocero de Asuntos Internos explicó a Tiempo que "estos tipos de casos sólo salen a la luz cuando hay internas entre los funcionarios que forman la banda narco".

En ese sentido, en el último tiempo quedó al descubierto una serie de homicidios en la zona de San Martín. "Son casos donde los narcos matan a personas que viven en el barrio donde ellos operan. Algunas veces porque las víctimas quedan en la línea de fuego entre bandas rivales pero en su gran mayoría se trata de ajustes de cuentas. Esos homicidios quedan impunes por la complicidad policial", confió la fuente.

Para Casolati, "los mismos policías que investigaban el narcotráfico participaban del negocio".

"Estas causas –detalló– comenzaron a juntarse desde 2002 en adelante en la Fiscalía 16 de San Martín. Los imputados declararon, en su gran mayoría, que trabajaban para la policía o que les armaron la causa para salvar a los narcos más pesados, como hicieron muchas veces para ayudar a Ceferino Benítez. Es vergonzoso que la justicia tenga que realizar juicios presentando como testigos a ex policías que están presos por narcotráfico."

"Esta causa –concluyó– se supo de milagro. Todavía funciona esa mecánica de corrupción descubierta pero con otros policías que trabajan en la misma comisaría. Es la matriz delictiva de la Policía Bonaerense."

Dos que eran inocentes

En su edición del 2 de octubre Tiempo publicó que la Corte Suprema había confirmado el rechazo al otorgamiento de una indemnización a dos hombres que estuvieron 19 meses presos en una causa por drogas siendo inocentes.

El máximo tribunal, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, desestimó por razones formales el reclamo planteado por Miguel Antonio Flores y Juan Florentín Cabrera contra el Poder Judicial, por el cual reclamaban 682.400 pesos por los "daños y perjuicios" sufridos.

Ambos denunciaron que fueron "vinculados con un hecho delictivo, privados de su libertad y puestos en prisión preventiva de manera injusta durante más de 19 meses". Según relataron, "en mayo de 2004 la Delegación San Martín de Intervenciones Complejas y Narcocriminalidad efectuó tareas de inteligencia, en el marco de una investigación por presunta comisión de delitos contra la ley de drogas". Se realizaron allanamientos en los que ambos resultaron detenidos con prisión preventiva, pero "elevada la causa a juicio oral, fueron absueltos de las imputaciones que pesaban sobre ellos".

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