Sábado, 23 Enero 2016 18:58

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EN JUJUY, CAMBIEMOS DECRETÓ QUE LA PROTESTA SOCIAL ES DELITO EN JUJUY, CAMBIEMOS DECRETÓ QUE LA PROTESTA SOCIAL ES DELITO JULIO MOLISANO REPORTE24

POR INDYMEDIA/En el día de ayer, en la provincia de Jujuy, fue detenida la dirigente social Milagro Sala, de la Organización Territorial Tupac Amaru y diputada del Parlasur, imputada con el vago argumento de “instigación a cometer delitos”.

El fiscal de Estado Mariano Miranda –quien además es apoderado provincial de la UCR- hizo explícito el mensaje al señalar a todos los medios de comunicación que Milagro Sala seguirá detenida hasta tanto “cese la comisión del delito”. El crimen en este caso vendría a ser el acampe que sostienen organizaciones sociales en la Plaza Belgrano de la ciudad de San Salvador de Jujuy desde hace más de 30 días. Como es insostenible en términos legales, el juez Gutiérrez que ordenó la detención se llamó a silencio mediático, y dejó a otros la tarea de defender este auténtico punto de inflexión en la criminalización de la protesta social.

El gobernador Gerardo Morales, contradiciendo en parte al fiscal, señaló a TN que “no va a negociar la liberación del acampe a cambio de la libertad de Milagro Sala”. Más temprano el ministro de Seguridad provincial, Ekel Meyer, había hablado en el mismo sentido afirmando que la liberación de Sala será “una disposición absolutamente independiente de la justicia; nosotros lo único que hicimos es cumplir con la orden judicial”. Ambos, para reafirmar la política represiva, reiteraron que “la comisión del delito” no cesó.

El coronel ex jefe de Regimiento 20 de infantería Cazadores de los Andes de Jujuy, supervisó y coordinó la detención de Milagro Sala en Jujuy junto al ministro Meyer y el secretario de transporte Comandante Luis Martin ex jefe del Escuadrón 53 La Quiaca de Gendarmería Nacional.

Entrevistados por Barricada TV, cooperativistas de la Tupac Amaru denunciaron que el gobierno de Jujuy primero judicializó el acampe, pero como no pudo debilitarlo avanzó en la detención de Milagro Salas. Además señalaron que los 29 millones de pesos sobre los que el grupo Clarín machaca en estos días que fueron robados, como justificación de la detención, en realidad es dinero que corresponde a la certificación de obra de la etapa 19 de viviendas que se hacen en Jujuy, unos 500 hogares. Al certificar la obra ese dinero se cobra por expediente, “todo completamente legal en la secretaría de Vivienda”. El 50% de esa suma se distribuye en sueldos para los cooperativistas y con la otra mitad se compran materiales para seguir ejecutando obra. “Seguramente la política de Macri querrá que esas viviendas las construyan las empresas amigas de ellos, por eso además tenemos una estigmatización terrible en los medios de comunicación”.

Numerosas organizaciones sindicales, sociales y políticas expresaron su repudio. Desde la CTA Autónoma a nivel nacional declararon que “la medida sólo puede leerse como una acción tendiente a promover la criminalización de la protesta”. El gremio de profesionales de la salud, CICOP, reclamó al gobierno provincial de Jujuy “a cesar toda forma de represión y persecución a dirigentes sociales”. Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, calificó la detención como un “secuestro judicial ilegal”.

En la misma línea del odio de clase expresado por el actual gobierno nacional que se refiere a los trabajadores estatales como “grasa militante”, los simpatizantes del macrismo celebraron online la detención de la “india ladrona” y la “negra mugrienta”, entre otros adjetivos calificativos ejemplificadores. Persecución política, racismo y disciplinamiento social se van desplegando como elementos centrales de la restauración ultraneoliberal y conservadora en desarrollo.

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