“MACRI CONVIERTE AL CONGRESO EN UNA ESCRIBANÍA DISPONIENDO ARBITRARIAMENTE DE BIENES QUE PERTENECEN AL ESTADO PARA DESTINARLOS A LA INVERSIÓN PRIVADA Y A LOS NEGOCIADOS INMOBILIARIOS"

La denuncia de ‘Pino’ Solanas quedó en manos del juez Ercolini, quien finalmente decidirá si el Presidente y su jefe de Gabinete incurren en abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario.

Como se recordará, en 2012 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner emitió el decreto 1722, por medio del cual se destinaban terrenos fiscales de la isla Demarchi, en el barrio porteño de La Boca, a la creación de un Polo Industrial Audiovisual.

Ahora y “respaldándose en una ley de la dictadura”, Mauricio Macri decidió modificar el decreto para destinar los mismos terrenos “a crear un 'Polo de Desarrollo Urbano'”, según denunció este martes del senador Fernando ‘Pino’ Solanas.

En el escrito presentado ante la Cámara Federal, que recayó por sorteo en el juzgado federal de Julián Ercolini con intervención del fiscal federal Carlos Rívolo, también se denuncia al jefe de Gabinete, Marcos Peña.

"El presidente Macri convierte al Congreso en una escribanía disponiendo arbitrariamente de bienes que pertenecen al Estado para destinarlos a la inversión privada y a los negociados inmobiliarios", consigna el legislador de Proyecto Sur, para quien Macri y Peña incurren de este modo en abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Para Solanas, "no sólo está loteando la Isla Demarchi sino también los terrenos adyacentes desafectándolos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado”, lo cual “significa una descomunal privatización de un espacio público donde funcionan la Escuela del sindicato de Dragado y Balizamiento y la Escuela Nacional Fluvial, perjudicando a más de 600 trabajadores con este decretazo”.

“Macri está violando la Constitución Nacional y soslayando la autoridad del Congreso que es el único órgano autorizado a disponer los bienes públicos debido a que en el mismo están los representantes del pueblo y de las provincias. Es una monstruosidad que el Ejecutivo disponga de los bienes del Estado sin el consentimiento y aprobación del Congreso”, finaliza el senador y cineasta.

Fuente: Diario Registrado