El gobierno de Cambiemos analiza una reestructuración de la administración tras las elecciones del 22 de octubre. El objetivo es reducir el gasto público, lograr un recorte del déficit fiscal significativo en 2018, dar señales convincentes de lucha contra la inflación y poder avanzar en una reforma tributaria. Lo que traducido, significará más ajuste, despidos masivos en el Estado, flexibilización laboral, congelamiento de jubilaciones y la quita total de subsidios.

Marcos Peña niega un ajuste, pero varias fuentes oficiales confiaron por lo bajo que luego de octubre se intentará un fuerte recorte de gastos. En otras palabras, ajuste y despidos. Eso si, dicen los cercanos al jefe de Gabinete: sin impacto social.

La misma letanía se oye en las cercanías presidenciales: “Hasta las elecciones no se toca nada para evitar ruidos, pero luego de octubre se reducirán gastos”, aseguran.

Macri necesita dar señales fuertes de freno a la inflación para acelerar inversiones. Los empresarios aquí, en Estados Unidos y en otros países le preguntan por la grave situación fiscal que impide bajar la presión tributaria, que eleva las tasas, retrasa el tipo de cambio y enfría la economía.

Si bien cumpliría con la meta fiscal del 4,2% del PBI del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, algunos economistas dicen que llegará a 8%. Y en 2018 la meta es menor: 3,2%.

Para lograr esa meta, las recetas no van a variar: despidos en el Estado, congelamiento de las jubilaciones, quita de subsidios totales.

Desde el gobierno quieren bajar el tono y aseguran que “queremos jerarquizar la carrera administrativa”, repiten funcionarios. Lo mismo que decían antes de dejar a cientos de miles personas en la calle tras ganar en 2015.

Este ajuste lo patentizó Macri, quien comenzó este año con la intención de fusionar programas, organismos y secretarías de Estado para ahorrar gastos, o sea, achicar el Estado echando trabajadores. Pero luego advirtió que la prioridad para 2017 era ganar las elecciones sin tensiones.

Según el Gobierno, las “correcciones” serán inevitables. La estructura del Estado aumentó un 25% y alcanzó a 21 ministerios, 87 secretarías de Estado, 207 subsecretarías y 687 direcciones nacionales y generales.

Por eso es que se analizan nuevos sistemas de contratación; reducción de secretarías; subsecretarías, direcciones y coordinaciones; congelamiento de incorporaciones a todo el sector público nacional; no reemplazar a los que se jubilen o renuncien naturalmente, e incentivar traslados al sector privado.

“Si logramos no reemplazar a los que se retiran bajamos un 6% por año la masa salarial”, dijo un alto funcionario cercano a Macri.

Según el último relevamiento del Ministerio de Trabajo, si se toma todo el sector público nacional (se suman empresas públicas, universidades, Justicia y Congreso) la masa salarial creció un 34% entre 2015, último año de Cristina Kirchner, y 2016. En 2015 se pagaron 199.066 millones de pesos en salarios. En 2016 se gastaron 266.831 millones, y en 2017 se abonarán 319.341 millones, un 19,7% más.

El mismo gobierno reconoce que muchas coordinaciones, direcciones y subsecretarías fueron creadas por el macrismo porque cuando ofrecía nombramientos en categoría A (la más alta) en planta transitoria (cargos políticos) los salarios eran de hasta 25.000 pesos y no podían convencer a profesionales para sumarse al Gobierno. Por ello debieron crear coordinaciones y direcciones.