POR JUAN GARCÍA, CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL POR EL PARTIDO OBRERO

La firma por parte del Ministro Ocampo del acuerdo de responsabilidad fiscal que impulsa el macrismo ha pasado relativamente desapercibida en la provincia, en relación a la importancia decisiva que tendrá este punto en el futuro cercano.

Este pacto, firmado en Buenos Aires prácticamente por la totalidad de las jurisdicciones el jueves 17 de agosto, compromete a las provincias a cinco puntos que se incluirán en un proyecto de Ley para enviar al Congreso junto con el presupuesto nacional. Los cinco puntos le ponen un chaleco de fuerza a la provincia para resolver sus gravísimos problemas sociales. El Ministro estampó su firma junto a la del resto de los representantes provinciales en un acuerdo que prevee no elevar el gasto público corriente (que es el que se emplea en los salarios) mas alla de la inflación. Este compromiso implica mantener congelados, en términos reales, los salarios de 2017, que estan duramente golpeados dado que, por ejemplo, para los docentes, el aumento salarial fue del 7,5% contra una inflación anual proyectada del 25%.

El acuerdo establece que el gasto no podrá elevarse sobre la inflación aunque aumenten los ingresos, dado que el superavit deberá destinarse a fondos anticiclicos y a rebajar los impuestos que pagan sectores empresariales. En una de sus cláusulas, el acuerdo establece que no se aumentarán los impuestos a los "sectores productivos". Pero los sectores capitalistas mas poderosos de cada provincia practicamente no pagan impuestos provinciales. Esto ocurre, por ejemplo, en el Chaco con la soja, que se beneficia de la rebaja impositiva de Macri pero le paga a la provincia monedas, dado que el inmobiliario rural se paga en relación al valor fiscal de la tierra que es casi nulo. Con este acuerdo, las provincias mineras, por ejemplo, seguirán viendo pasar las riquezas de la minería sin que les quede un centavo.

Macri no esconde que promueve la eliminación del impuesto a los ingresos brutos, el impuesto que carga con mayor severidad a las patronales y que cobran las provincias. Como ocurrió con la reducción de las retenciones a la soja, la rebaja de bienes personales o la eliminación de retenciones a la minería, se promueven reformas impositivas regresivas para que los que mas ganan paguen cada vez menos. El acuerdo habla de "responsabilidad fiscal" pero las rebajas impositivas del macrismo a los sectores patronales y el esquema de coparticipación que garantiza los ingresos de la Nación y condena a la miseria a las provincias que deben sostener la salud y la educación, amenaza con mandar las finanzas provinciales a la bancarrota.

El siguiente punto del pacto es aún peor: las provincias se comprometen a no incorporar personal al Estado salvo que crezca la población. Esta cláusula le pone un cepo al reclamo de miles de trabajadores provinciales que sostienen dia a dia los hospitales, los centros de salud, y las escuelas por salarios miserables, en negro, de 1000 pesos en adelante. Macri y los Gobernadores firmaron un compromiso para evitar que pasen a planta, perpetuando esta superexplotación y abuso laboral.O sea que no se tocan las ganancias de sojeros, mineras transnacionales ni empresas petroleras pero sí se pone un cepo a los salarios y el pase a planta, manteniendo en negro ilegalmente a cientos de miles de trabajadores.

Recapitulemos: 1) No aumentar el gasto mas alla de la inflación (aunque aumenten los ingresos) 2) No incorporar trabajadores a planta 3) No aumentarle impuestos a los "sectores productivos" 4) Si aumenta el ingreso mas que la inflación, reducir impuestos o crear un "fondo anti cíclico" y cierra el punto 5) que establece que no se aumentará el gasto ni la planta permanente en el período inmediato anterior al cierre de mandatos.

De cara a octubre, este acuerdo muestra una vez más cómo Macri logró asociar al peronismo a su política de ajuste. El movimiento obrero de todo el país, y el del Chaco en particular, debe discutir un plan de acción y un programa político para ponerse de pie y frenar esta escalada de ajuste contra los trabajadores.