MAURICIO MACRI GANÓ LAS ELECCIONES DE 2015 PROMETIENDO QUE ELIMINARÍA LA CORRUPCIÓN EN EL PAÍS Y QUE TODOS LOS CIUDADANOS SERIAN IGUALES ANTE LA LEY. NADA MÁS LEJOS DE LA REALIDAD EN LA QUE VIVIMOS.
No sabemos bien, si es un viejo vicio de la gran mayoría de los jueces argentinos de acomodarse con el gobierno de turno o, si presionados (encarpetados) por el poder político, prefieren comerse un papelón jurídico, pera salvar los trapos. Lo cierto es que, como están las cosas, todos estamos en la mira y en peligro con las nuevas interpretaciones de ley que hacen los jueces argentinos.
Esta es una nueva jurisprudencia, que nació en la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, cuando los Jueces Martín Irurzum y Leopoldo Bruglia, interpretan en la causa en la que se investiga al ex ministro Julio De Vido, que dado el poder que este ministro supo tener, podía conseguir la suficiente influencia para alterar las pruebas en su contra. A partir de esta jurisprudencia que sienta la Sala II de Casación, el juez Lijo se sintió obligado a dictar la prisión preventiva al ex vicepresidente de la Nación Amado Bouduo. Este último, ni siquiera había sido indagado. ¿Qué está pasando en la justicia? Para que tome la decisión de pasar por alto todo el proceso judicial y dejar sin efecto las garantías constitucionales, que afirma la inocencia de todo acusado hasta que se demuestre lo contrario. Si la ley fuese igual para todos, los funcionarios actuales también deberían ir presos. Para ser serios, los jueces federales podrían poner preso a uno de ellos. La justicia podría mostrar de esta forma su imparcialidad, metiendo preso a Caputo, Aranguren, Marcolini o al mismísimo Macri. Estos funcionarios nacionales tienen causas abiertas y son más poderosos que los que están ahora presos, puesto que solo ostentan una pequeña parte del poder que alguna vez tuvieron. O acaso la justicia va a esperar a que los nuevos mandatarios terminen sus periodos, hagan todo el daño que puedan al país y recién entonces les caerá todo el peso de la ley.
Luis Caputo, está imputado a raíz de una denuncia penal que se fundamenta en el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que lo vincula con una red de sociedades offshore. Estas sociedades están siendo investigadas por ser sospechadas de mover dinero producto de actividades ilícitas. Además, Caputo en su declaración jurada de 2015, año en el que entró en la función pública, omitió ser parte de estas agencias, puesto que se dedicaban a comprar bonos de la deuda externa argentina, los llamados “fondos buitres”. Omisiones que intentó Caputo, ya como titular de la Secretaria de Finanzas del estado benefició a los “fondo buitres” y a sí mismo por ser tenedor de bonos de esa deuda. Caputo, tuvo un rol fundamental en las negociaciones con los acreedores, fue él el que impulsó la Ley 27249 conocida como “Ley de pago a los fondos buitres”. Comportamientos que están claramente en conflicto con la ley de ética pública. Es corrupción.
Tal vez, la causa más compleja y más probada sea la de la venta de las acciones de una agencia de control de autopistas de Mauricio Macri, luego que el mismo aumentara el precio de los peajes. Macri también enfrenta un procesamiento por la causa del correo y la sospecha sobre el sobreseimiento en los Paradise Papers, causa que fue apelada en los tribunales de Comodoro Py.
Juan José Aranguren, Ministro de Energía de la Nación, aparece en el informe de los Paradise Papers con dos offshore. Trabajó 37 años en Shell y fue durante 12 años su CEO. No obstante, el Estado argentino, a través de su cartera, le compró a Shell US$ 240 millones. El juez federal Luis Rodríguez imputo a Aranguren por incompatibilidad en el ejercido de la función pública.
Ahora bien, hasta aquí, vemos como la justicia mide con distintas varas a funcionarios que están en ejercido del poder, frente a los que ya se les pasó el tren. El uso discrecional en la impartición de la justicia.
Pero todos esperaríamos que, en un gobierno tan puntilloso, como el de Mauricio Macri, que está “dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para que en este país se comience a hacer las cosas como se deben hacer”, que un órgano tan sensible como la Oficina de Anticorrupción sea autónomo e independiente del poder político. Pero no, Laura Alonso su titular a declarado ante la prensa que ella “admira a Mauricio Macri” y frente al caso concreto de Aranguren a dicho: “(el Ministro de Energía José Aranguren) puede encomendar las negociaciones sobre Shell a su superior, Mauricio Macri o a algún otro funcionario”… “tener acciones en una empresa no significa necesariamente que haya conflicto de interés” pero bueno lo dice una funcionaria que para que pudiera asumir hubo que crear un decreto presidencial para modificar la ley, ya que no es abogada.
Mientras tanto y hasta que le toque el turno a los funcionarios nacionales actuales, seguiremos viendo por tv, el minuto a minuto del desfile por Comodoro PY de los ex funcionarios, y su arribo a alguna cárcel federal escoltados por ágiles paparazzi locales o fotógrafos de las fuerzas de seguridad.
