CON SOBRADOS ANTECEDENTES LOS DIPUTADOS PODRÍAN REVOCAR EL MANDATO DE LA DRA. NADIA GARCÍA AMUD COMO DIPUTADA PROVINCIAL, ESTE MIÉRCOLES SE REÚNE LA COMISIÓN LEGISLATIVA PERMANENTE PARA TRATAR EL TEMA

Juan José Bergia, en ejercicio de la presidencia del Cuerpo, confirmó a la prensa que convocó a la Comisión Legislativa Permanente para tratar el caso este miércoles. Dicha comisión está conformada por Carina Batalla, Luis Obeid, Pablo Curín, Ricardo Sánchez, Juan Manuel Pedrini y el propio Bergia; y Livio Gutiérrez, Irene Dumrauf, Leandro Zdero, Héctor Vega, Liliana Spoljaric y Darío Bacileff Ivanoff.

No se trata de una cuestión de género, ni siquiera de una “borrachera” como quisieron justificar, se trata de un comportamiento indecoroso agravado por el cargo que ostenta como representante del Pueblo del Chaco, pero además Nadia García Amud esta sospechada de haber falsificado la firma del gobernador Oscar Domingo Peppo para otorgar obras a sus parientes con dineros del estado provincial cuando ejercía el cargo de Secretaria legal y Técnica del gobierno del Chaco, el grave perjuicio económico propicio que dejara su cargo. La cifra rondaría entre los 20 o 40 millones del erario público, nunca se supo con exactitud el monto real porque el hecho se tiño con un hermetismo que hasta el día de hoy impide se indague. O sea que la ingesta de Sprite que alega la carnestolenga legisladora acompañada de una piñeada, resistencia a la autoridad y todo el papelón que es arto conocido por la ciudadanía provincia y hasta nacional no es el primer escándalo que la tiene como protagonista, hasta algunos se aventuras a esperar más hechos similares si continúa ostentando cargo alguno.

Una encuesta televisiva de Canal 9, días pasados, reveló que más del 80% de los consultados quiere que Nadia García Amud presente la renuncia, pero la negativa de la misma motivó que un conjunto de Organizaciones no Gubernamentales presente un pedido de revocatoria del mandato que ingresó a la legislatura el pasado 08 de febrero y por el que se habría convocado a la comisión que evaluará la expulsión de la legisladora del parlamento chaqueño.

ANTECEDENTES QUE RESPALDAN LA POSIBLE REVOCATORIA DEL MANDATO DE NADIA GARCÍA AMUD

El primer caso fue el del legislador de Acción Chaqueña Oscar Danilo Larroquette, en el marco del “Operativo borrador” que se había iniciado con una investigación derivada del famoso “Narcogate” menemista y terminó con una comisión investigadora legislativa que votó su desafuero. La historia se remontaba al año 1984, cuando quien fuera sindicado como el cerebro de aquella trama delictiva, el “chaqueño” Roberto Anello, tramitó mediante una orden judicial su DNI como indocumentado en un Registro Civil de Resistencia. Anello en realidad se llamaba Noel Jesús Méndez y había nacido en Cuba, y Larroquette figuraba como uno de los testigos que daba fe de que Anello era quien decía ser. Tras el desafuero en 1992 (Larroquette también renunció a su banca) el famoso martillero llegó a estar preso unos días por orden del juez Carlos Alvarenga.

El segundo caso fue el de la también diputada de Acción Chaqueña Ilda Rosa Checura de Forestello, en 1993. El juez de Instrucción de Charata, Juan Carlos Clauter, la acusó de fraude en perjuicio de la administración pública, ya que ésta había seguido percibiendo su sueldo de supervisora docente después de asumir como legisladora en 1991. En una sesión relámpago que duró tan sólo siete minutos la docente quedó a disposición de la justicia y fue suspendida en sus funciones parlamentarias.

El tercer caso fue el del diputado de Bases y Principios Julio Béker. En 1999 la prensa difundió fotocopias de un cheque por $ 10 mil que Béker había entregado a una agencia de automóviles como parte de pago para adquirir un cero kilómetro. El cheque emitido por la Cámara de Diputados estaba destinado a ayudas económicas, una modalidad utilizada en esa época por el parlamento chaqueño. Si bien el legislador adujo que el 80 por ciento de esas ayudas ya había sido pagado a sus beneficiarios (el faltante de $ 2000 terminó rindiéndolo fuera de término) la “desprolijidad” le costó la banca. Dos años después fue condenado a dos años de prisión en suspenso por la Cámara Tercera en lo Criminal, e inhabilitado en forma absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.