COMO ANTECEDENTES DE DESAFUERO Y EXPULSIÓN CONSTAN EL DE LARROQUETTE QUE FIGURABA COMO UNO DE LOS TESTIGOS QUE DABA FE DE QUE ANELLO ERA QUIEN DECÍA SER. EN 1999 LA PRENSA DIFUNDIÓ FOTOCOPIAS DE UN CHEQUE POR $ 10 MIL QUE BÉKER HABÍA ENTREGADO A UNA AGENCIA DE AUTOMÓVILES COMO PARTE DE PAGO PARA ADQUIRIR UN CERO KILÓMETRO. ILDA ROSA CHECURA DE FORESTELLO, EN 1993. EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE CHARATA, JUAN CARLOS CLAUTER, LA ACUSÓ DE FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HAY MÁS CASOS...
Los diputados tendrán la oportunidad de definir lo que harán con el caso Nadia García Amud, una buena oportunidad para establecer parámetros éticos porque la población está convencida que finalmente no habrá sanciones para la díscola diputada porque los legisladores tiene miedo de sentar precedentes que se les vuelva en contra. El escarnio politiquero, de no dar un corte, amenaza con llevarse puesto las aspiraciones reeleccionistas del gobernador Oscar Domingo Peppo, lo que puede ser objeto de presiones internas para “levantar” la manito por el desafuero o no, un sector interno del peronismo (que no se llena nunca) tomo el caso como una muy buena oportunidad de negociar, cualquier posición superior dentro de estado y hasta se estaría operando para conseguir la renuncia de Elda Pértile a la banca para que “el suplente ocupe el lugar”…¿Quién es el suplente…?. Cuando hay crisis de representación cualquier cosa es posible, ahora en términos de construcción política el juego de “estirar” la situación está produciendo un profundo desgaste en la imagen del presidente del Partido Justicialista y gobernador del Chaco, es inocultable el hecho que en menos de 72 horas la imagen de Peppo se desplomo 29 puntos en la consideración publica debido al escándalo protagonizado en los carnavales de Corrientes que no solo desnuda la irresponsabilidad con que se maneja “la Doctora” sino el nivel de impunidad con que chapea cuando comete excesos, escándalos y grescas en lugares públicos. La cosa es más profunda, no se trata de una borrachera o un rapto de furia, estamos ante un caso que promete traer más problemas, más bochorno y que sin ningún tipo de explicación se trata de tapar que “la Doctora” estaría seriamente involucrada en actos de corrupción con los dineros públicos, no es un dato para pasar por alto ni para justificar livianamente como si fuera una “cuestión de género”, como es el argumento de la Senadora Pilatti Vergara, yo me pregunto ¡cual es el propósito de tan denodada justificación…? ¿Están tratando de ocultar la investigación de la supuesta falsificación de la firma del gobernador? Ojo, que estamos hablando de manejos oscuros con los dineros de estado, no es poca cosa, si alguno, como Pilatti Vergara, quiere argüir que como es “mujer hay que mirar para un costado” es muy grave, porque quiere decir que cualquiera tiene derecho a hacer lo que quiera con la plata del estado y según su condición sexual puede ser imputado o no, es muy peligroso el argumento, máxime tratándose de una Senadora Nacional y Abogada.
La desaprobación de la opinión pública fue contundente, lo expresaron en cámara y el relevamiento fue al azahar en la vía pública, más del ochenta % de los consultados opinó que Nadia García Amud debe renunciar por conducta indecorosa, nadie lo puede negar, pero lo más grave es que “la diputada” habría abusado de su condición de funcionaria pública para realizar contrataciones dinerarias con sus parientes, no solo es tráfico de influencias, sino que entre otras figuras penales estaría la de falsificación de documento público, delitos contra la propiedad del estado, vale decir que no se trata de una “borrachera nomas” (a causa de la ingesta indiscriminada de SPRITE) sino que Nadia García Amud tiene que explicar a todo el pueblo del Chaco como es que habría dispuesto de los dineros del estado para realizar maniobras que habrían beneficiado a sus parientes, lo que debemos establecer en que delitos está incursa esta MUJER, es decir que los los diputados deben proporcionar la posibilidad de una investigación seria al momento de tratar la revocatoria del mandato y correspondiente expulsión del cuerpo legislativo, más allá de justificar el escándalo de la gresca como “un berrinche más” en un acto de defensa corporativa.
“EL QUE DEFRAUDARE A OTRO MEDIANTE CUALQUIER ARDID O ENGAÑO". De esta fórmula surgirán el concepto y los elementos de la estafa.
ANTECEDENTES QUE RESPALDAN LA POSIBLE REVOCATORIA DEL MANDATO DE NADIA GARCÍA AMUD
El primer caso fue el del legislador de Acción Chaqueña Oscar Danilo Larroquette, en el marco del “Operativo borrador” que se había iniciado con una investigación derivada del famoso “Narcogate” menemista y terminó con una comisión investigadora legislativa que votó su desafuero. La historia se remontaba al año 1984, cuando quien fuera sindicado como el cerebro de aquella trama delictiva, el “chaqueño” Roberto Anello, tramitó mediante una orden judicial su DNI como indocumentado en un Registro Civil de Resistencia. Anello en realidad se llamaba Noel Jesús Méndez y había nacido en Cuba, y Larroquette figuraba como uno de los testigos que daba fe de que Anello era quien decía ser. Tras el desafuero en 1992 (Larroquette también renunció a su banca) el famoso martillero llegó a estar preso unos días por orden del juez Carlos Alvarenga.
El segundo caso fue el de la también diputada de Acción Chaqueña Ilda Rosa Checura de Forestello, en 1993. El juez de Instrucción de Charata, Juan Carlos Clauter, la acusó de fraude en perjuicio de la administración pública, ya que ésta había seguido percibiendo su sueldo de supervisora docente después de asumir como legisladora en 1991. En una sesión relámpago que duró tan sólo siete minutos la docente quedó a disposición de la justicia y fue suspendida en sus funciones parlamentarias.
El tercer caso fue el del diputado de Bases y Principios Julio Béker. En 1999 la prensa difundió fotocopias de un cheque por $ 10 mil que Béker había entregado a una agencia de automóviles como parte de pago para adquirir un cero kilómetro. El cheque emitido por la Cámara de Diputados estaba destinado a ayudas económicas, una modalidad utilizada en esa época por el parlamento chaqueño. Si bien el legislador adujo que el 80 por ciento de esas ayudas ya había sido pagado a sus beneficiarios (el faltante de $ 2000 terminó rindiéndolo fuera de término) la “desprolijidad” le costó la banca. Dos años después fue condenado a dos años de prisión en suspenso por la Cámara Tercera en lo Criminal, e inhabilitado en forma absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
