LA RESOLUCIÓN BENEFICIA A GABRIELA BOQUIN, A QUIEN LA FAMILIA DEL PRESIDENTE QUIERE APARTAR Y A LA QUE ACUSARON DE NO TENER LEGIMITIDAD PARA ACTUAR EN LA CAUSA.

Ari Lijalad/Una mala noticia para Mauricio Macri. La sala B de la Cámara Comercial rechazó el pedido de la familia Macri de desplazar a la fiscala Gabriela Boquin, que se transformó en casi el último escollo del férreo control judicial que pretende el Gobierno de las causas que involucran el presidente. La fiscala Boquin fue quien logró frenar la condonación de más de 70.000 millones de pesos de la deuda de Correo, y luego siguió adelante con las investigaciones sobre el vaciamiento de la empresa en favor de otras firmas del Grupo Macri. Algo que, para el Presidente, es imperdobable.

La resolución la firmaron las camaristas Maria Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini. Parece extraño que las juezas contradigan la estrategia de la familia presidencial. De hecho, en los más de 15 años que lleva este expediente fueron parte de la maniobra primero dilatoria y luego condonatoria de la multimillonaria deuda que los Macri tienen con el Estado. Pero, en el caso del desplazamiento de la fiscal, siempre mantuvieron la postura de que su rol es investigar. Un rol que Macri y los suyos no quieren que cumpla.

La decisión llega justo después de que, como informó El Destape, Macri nombrara a la hija de la camarista Gomez Alonso de Díaz Cordero como jueza civil, luego de un trámite con varias irregularidades.

Este intento de desplazar a la fiscal Boquin ya había sido rechazado dos veces, pero en diciembre los Macri insistieron con un recurso extraordinario para que el tema llegara a la Corte Suprema. El matasellos de mesa de entrada tiene fecha del 22 de diciembre de 2017, pero recién fue subido al sistema de consulta de causas a principios de febrero de 2018. Una práctica habitual en esta causa, con el único objetivo de entorpecerla. Como en las instancias anteriores, los Macri pidieron que Boquin no investigara más, y plantearon que no tiene legimitidad para actuar en la causa ni para pedir peritajes contables de los papeles de Correo Argentino, SOCMA y SIDECO, lo portaaviones del clan Macri. En el recurso extraordinario a la Corte insisten con que la fiscala Boquin “no es parte de este proceso, por lo tanto no tiene derecho a ofrecer prueba, ni a solicitar informes, que nada tienen que ver con el proceso”. La negrita y subrayado constan en el original. La Cámara, ahora, se los rechazó.

Las camaristas recuerdan en su escrito que ya resolvieron que “la Sra. Fiscal posee legitimación para requerir las medidas que considere necesarias a efectos de obtener los antecedentes necesarios que permitan decidir las cuestiones pendientes en el principal de este concurso”. Es decir, que es la fiscal y puede y tiene que investigar.

A los Macri les queda la posibilidad de ir en queja a la Corte y depositar sus esperanzas en el toma y daca de los supremos con la Casa Rosada.

Por lo pronto, la fiscala Boquin es la única funcionaria judicial que sigue adelante con la investigación sobre el caso Correo, acaso junto al fiscal Sergio Rodriguez, que hace sus aportes desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Ninguno pasa desapercibido para el talante calabrés de Macri. El fiscal federal Juan Pedro Zoni, que intervenía en la causa penal donde está imputado Macri, ya fue catapultado fuera de Comodoro Py y reemplazado por Gerardo Pollicita, vinculado a Macri hace años.