ACABÓ EL PLAZO PARA QUE EL EX PRESIDENTE DE BRASIL SE PRESENTE ANTE LA POLICÍA, PERO SE MANTENDRÁ DENTRO EN EL SINDICATO METALÚRGICO CON MILES DE MANIFESTANTES QUE LO APOYAN.

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva no se entregó a la Justicia luego del límite horario que le había impuesto la Justicia. Un magistrado le impuso el jueves una pena de prisión por 12 años.

El juez Sergio Moro le había dado plazo hasta hoy a las 17 a Lula para que se presente ante las autoridades en Curitiba para comenzar los 12 años de su condena por corrupción. Al mantenerse aún en el Sindicato Metalúrgico en San Pablo, la Policía Federal negocia con su defensa. Miles de manifestantes que lo apoyan rodean el edificio del sindicato.

"Traigo un fuerte abrazo de nuestro presidente Lula. Me pidió que les dijera de su agradecimiento por la solidaridad", dijo desde el escenario improvisado frente al gremio Gleisi Hoffmann, presidenta del PT. "San Bernardo es la cuna del nuevo sindicalismo. En ese sindicato, Lula escogió para estar junto con el pueblo, los movimientos sociales y sindicales. Estamos bajo la mirada del mundo. Todos nos acompañan en forma atenta. Lula no desobedeció una orden judicial. El juez de Curitiba le dio la opción de ir allá. Lula dijo no y advirtió: 'Voy a convertirme en un símbolo de la resistencia de los trabajadores'", comentó.

"El Sindicato tiene una dirección pública y conocida por todo el mundo. Es aquí que estamos. Es aquí que nos quedaremos. El presidente Lula está adentro y aquí se quedará. Optamos por no ir a Curitiba no para confrontar. Pero que no esperen que vayamos de cabeza baja. Estamos al lado del restablecimiento de la normalidad democrática de nuestra sociedad", recalcó Hoffmann.

Más temprano, sus abogados habían presentado un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (STJ) para frenar el ingreso a prisión, pero esto fue rechazado.

Su defensa cuestiona el decreto de prisión expedido por Moro al asegurar que contradice la sentencia proferida por el tribunal en segunda instancia que en enero aumentó su condena de nueve a doce años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.