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MACRI Y LOS NEGOCIOS LÚDICOS Y LA “CAJA” TRAS EL CIERRE DE LA LOTERÍA NACIONAL MACRI Y LOS NEGOCIOS LÚDICOS Y LA “CAJA” TRAS EL CIERRE DE LA LOTERÍA NACIONAL julio molisano reporte24
04
Febrero

MACRI Y LOS NEGOCIOS LÚDICOS Y LA “CAJA” TRAS EL CIERRE DE LA LOTERÍA NACIONAL Destacado

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POR DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA (DNU), EL GOBIERNO DECIDIÓ AYER CERRAR LA LOTERÍA NACIONAL BAJO EL PRETEXTO DE LA URGENCIA DE DETECTAR QUE LA ENTIDAD CON MÁS DE 200 EMPLEADOS, SE QUEDARÁ SIN FONDOS Y SERÁ DEFICITARIA EN UN FUTURO CERCANO.

Se trata de un nuevo paquete de medidas en el marco del proceso de reforma del Estado, que comprende, entre otros aspectos, una redistribución de áreas dentro del ámbito del Gabinete, la liquidación de Lotería Nacional y la reducción de integrantes del Directorio del Banco de la Nación Argentina.

Sin embargo, para los más incrédulos, el Gobierno busca cooptar el manejo de los casinos a través de acuerdos con la Lotería de la Provincia de Buenos Aires que concentra el 47% de la actividad y la Lotería de la Ciudad SE, que se quedó con el 16 %. De esta manera la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quedó a cargo de la actividad lúdica y la “caja de esos enroques”. En la provincia hay 46 bingos y 12 casinos, en la Ciudad hay tres grandes salas de juego.

Desde el año pasado, la concesión del Hipódromo Argentino de Palermo, los casinos flotantes de Puerto Madero, la Quiniela, el Loto y las agencias de apuestas ya pasaron a la órbita de la Ciudad. El gobierno nacional le pasó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la percepción del canon y los impuestos y las competencias para controlar y fiscalizar esas concesiones.

En la actualidad Lotería Nacional solo opera el Prode y el juego “La Grande de la Nacional”, después de que el año pasado se concretara la transferencia de un conjunto de juegos como el Loto y La Quiniela, entre otros, a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

Cambiemos desde que asumió la gestión planteó un truco y retruco entre los empresarios. Así, por ejemplo obligó al Hipódromo Argentino de Palermo Sociedad Anónima (Hapsa), a Casino Club SA y a Cirsa a pagar una millonaria deuda tributaria y a afrontar cánones más altos. Al mismo tiempo, permitió que sigan vigentes las concesiones que otorgó el kirchnerismo: en el caso del hipódromo llegará hasta 2023 y en el del barco, hasta 2019.

El equipo de trabajo del Juego estará a cargo de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, un brazo ejecutor del Gobierno al que Mauricio Macri le encargó ocuparse del tema lúdico, y Pablo Bourlot, que ejerció hasta ahora la vicepresidencia de la Lotería Nacional.

Con la Lotería Nacional se extinguirán el histórico Concurso de Pronósticos Deportivos (Prode) y la Grande Nacional. Será el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, el encargado de nombrar un interventor que liquidará la entidad. Durante ese proceso que llevará varios meses, se abrirán retiros voluntarios para los más de 200 empleados como también se analizan indemnizaciones.

Sin embargo, desde la oposición advierten que este habría sido un arreglo con el empresario Cristóbal López quien a cambio de su libertad, habría acordado ceder su parte de los negocios lúdicos a Cambiemos.

El empresario está detenido en el penal de Ezeiza desde el 21 de diciembre pasado y procesado con prisión preventiva por “administración fraudulenta” a raíz del desvío de 8.000 millones de pesos del impuesto a la transferencia de los combustibles recaudados en calidad de agente de retención por la compañía Oil Combustibles, para financiar a otras empresas de su grupo vinculadas a medios de comunicación, en el kirchnerismo. Su socio Fabián De Sousa, corrió la misma suerte.

Con la decisión del Gobierno, la competencia queda exclusivamente en manos de los distritos sin un organismo nacional que los coordine y controle.

Macri cerró la Lotería Nacional por DNU Los cambios implementados a través del Decerto 95/ 2018

Con la firma del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de todos los ministros, la norma incluyó reformas a algunos aspectos de la Ley de Ministerios, que deberán ser analizados por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso Nacional.

Los cambios se fundamentan en que, “de la experiencia acumulada, resulta necesario efectuar un reordenamiento estratégico que permita concretar las metas políticas diagramadas, así como racionalizar y tornar más eficiente la gestión pública”, según surge de los considerandos del decreto,

El DNU le transfiere funciones del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social: son las de “entender en la ejecución de obras públicas relativas a procesos de integración socio-urbana”, como así también las de “intervenir en el desarrollo de ciudades y áreas periurbanas compactas, integradas, inclusivas, sustentables y resilientes, mediante el diseño y ejecución de obras, programas y políticas nacionales de infraestructura y servicios urbanos”.

En tanto, en el área de discapacidad, el DNU dispone que es imperioso “un proceso de centralización en un único organismo especializado”, propicia “la supresión” del Servicio Nacional de Rehabilitación como organismo descentralizado del Ministerio de Salud, y transfiere “sus funciones, unidades, y personal a la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad”.

Se trata de un organismo creado por el Ejecutivo en septiembre último en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia, con la función de elaborar y ejecutar políticas públicas en materia de discapacidad y otorgar pensiones por invalidez, entre otras competencias, a cargo de Javier Ureta.

Al disponer la liquidación de Lotería Nacional, la norma resalta que , de acuerdo con la Constitución Nacional, “el poder de policía en la materia es de carácter local, teniendo los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires plena jurisdicción y competencia sobre los mismos”.

Por esa razón, sostiene: “no existen razones jurídicas ni resulta oportuno mantener en vigencia los juegos que actualmente explota Lotería Nacional”.

Agrega: “por las razones expuestas, en lo que hace a la Ley N° 25.295, y la escasa relevancia que tiene en el mercado de juego lúdico, tampoco parece procedente mantenerla en vigencia, desde que la materia de juegos de azar no resulta una función del Estado nacional”.

Las modificaciones incluidas en el DNU publicado ayer en el Boletín Oficial abarcan también al Banco Nación, cuyo directorio fue reducido al modificarse la Carta Orgánica.

De ahora en adelante, “el gobierno de la institución estará a cargo de un directorio formado por un presidente, un vice y ocho directores”.

“La reducción de cargos jerárquicos no solo propende a la reducción de la cantidad de cargos jerárquicos en la Administración Pública Nacional sino que permite, a la vez, agilizar y dotar de mayor eficiencia al funcionamiento del directorio, criterios ambos que contribuyen al ahorro en el gasto público”, se detalla en el texto.

A su vez, el decreto del Ejecutivo también modifica competencias de los ministerios de Agroindustria, de Educación y de Energía y Minería.

Tras la polémica que suscitó el megadecreto dictado en enero para la “desburocratización del Estado”, se aclara que “la urgencia en la adopción de la presente medida hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes”.

En las últimas semanas, en tanto, la Lotería de la Provincia, conducida por Matías Lanusse, mantuvo reuniones con sus pares de la Ciudad para buscar implementar de forma conjunta el pago de una entrada a las salas de juego. En el distrito de María Eugenia Vidal, por ley, se estipuló que los bingos deben cobrar un ingreso de $20, que se destina en partes iguales a las arcas de la gobernación y a las del municipio donde funciona el establecimiento. Aún resta que los concejos deliberantes de cada distrito se adhieran a la medida para su implementación plena.

“La continuidad de la operatoria lúdica en las condiciones actuales de desenvolvimiento implicaría trasladar una situación de quebranto al erario, lo cual requiere adoptar decisiones en forma impostergable y con la mayor inmediatez”, señaló la letra del DNU para justificar la modalidad de la medida, que deberá ser refrendada por el Congreso.

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