Dos ex militares y nueve ex policías llegarán a debate oral y público por crímenes cometidos contra nueve personas entre 1976 y 1977. En la acusación, la fiscalía diferenció los delitos sexuales de los tormentos aplicados a los prisioneros. Las víctimas integraban las Ligas Agrarias, la JUP y la JP.

El juez federal de Resistencia, Chaco, Carlos Skidelsky, elevó a juicio oral y público a dos ex miembros del Ejército y a nueve ex integrantes la Policía provincial por privación ilegítima de la libertad, tormentos y desaparición forzada de personas contra nueve militantes sociales -dos de ellos desaparecidos- de las Ligas Agrarias, la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y la Juventud Peronista (JP), que estuvieron secuestrados en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de esa ciudad, informó a Fiscales la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de la capital provincial.

Los acusados son los entonces capitán Tadeo Bettoli y teniente Luis Alberto Patetta, ambos del Ejército, y el ex comisario Ramón Esteban Meza; el ex sargento Gabino Manader; el ex oficial principal Francisco Rodríguez Valiente; y los ex agentes Enzo Breard, Hector Rubén Roldan, José Marín, Albino Luis Borda , Ángel Jorge Ibarra y Miguel Pelozo, de la Policía chaqueña.

Entre las víctimas, se encuentra el matrimonio de Sara Fulvia Ayala y Pedro Morel, quienes hasta hoy continúan desaparecidos. Ambos militaban en las Ligas Agrarias de la zona de Goya, Corrientes, y fueron vistos con vida por última vez en la Brigada de Investigaciones a mediados de 1977, "con un estado de salud precario a consecuencia de los tormentos sufridos", informó la Unidad Fiscal.

Las otras víctimas que serán parte del próximo debate oral son tres militantes de la JUP de la Facultad de Arquitectura secuestrados en noviembre de 1976, tres casos de militantes de la Juventud Peronista detenidos en abril de ese mismo año y el caso de un campesino integrante de las Ligas Agrarias del Chaco.

"En todos los casos fueron secuestrados en operativos de fuerzas conjuntas, encabezados por oficiales del Ejército y con participación de la patota de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco", indicó la Unidad Fiscal de Resistencia, y especificó que todas las víctimas "fueron salvajemente torturadas" en la Brigada local.

La representación local del Ministerio Público Fiscal de la Nación también destacó que en el futuro debate oral y público de esta causa "se juzgará por primera vez en el nordeste la comisión de un delito sexual como un crimen de lesa humanidad", dado que al momento de requerir la elevación a juicio la fiscalía consideró ese crimen "como un delito independiente de los tormentos y que formara parte de la metodología de vejaciones impuestas como parte de la sistemática del Terrorismo de Estado donde los represores eran dueños de la vida y la muerte de los detenidos".

La Unidad Fiscal, incluso, planteó la legitimidad del impulso de oficio de la acción por parte del Ministerio Publico, cuando la víctima no pudiera realizar la denuncia. Ese criterio fue compartido tanto por el Juzgado Federal como por la Cámara Federal en instancia de apelación.

La elevación a juicio de los once imputados se produjo en el marco de la denominada megacausa "Caballero II", en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, uno de los centros clandestinos de detención más grandes del nordeste argentino.

Juicio por la Complicidad Judicial demorado.

Por otra parte el juicio por la complicidad judicial con el Terrorismo de Estado en el chaco , donde se encuentran imputados y detenidos el ex Juez Federal Ángel Córdoba y el ex Fiscal Federal Roberto Mazzoni, se encuentra demorado ante un recurso presentado por sus defensas contra el auto de elevación a juicio.

Los Familiares, ex detenidos y los organismos de DD HH, esperan con expectativas que la Cámara Federal rechace dicho planteo por improcedente y se pueda comenzar el juicio en los próximos meses.