Esta semana el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, realizó una extensa recorrida por varias ciudades del interior de Chaco y dialogó con intendentes y funcionarios para conocer la política ambiental que implementaron en su territorio. La última visita lo llevó hasta las localidades del sudoeste, donde comprobó que Campo Largo y Charata erradicaron los antiguos basurales y los minibasurales con acciones permanentes de clasificación, separación y relleno sanitario.

El viernes por la mañana el ombudsman caminó junto al secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Campo Largo, Guillermo Roa, las calles de esa localidad y comprobó que el viejo basural hoy está cubierto por una capa vegetal extensa. El funcionario municipal explicó que para desarrollar esta tarea, se puso en funcionamiento dos cooperativas que separan la basura y se sustentan económicamente a través de los beneficios del reciclado. A la vez, se construyó un centro de disposición final conforme a normas ambientales donde se depositan los residuos y se los tapa.

“Roa nos explicó que en el 2011 la recolección era deficiente, por lo que mejoraron ese servicio y entablaron acciones educativas a través del trabajo conjunto con el gobierno provincial, desplegando una campaña de difusión permanente en las escuelas y en la radio municipal. La combinación de esos factores permitió que la política ambiental sea efectiva y hoy notamos los resultados al ver que el problema de la basura también está controlado en esta localidad”, agregó el defensor.

La tarea de relevamiento llevó a Corregido hasta Charata, donde fue cordialmente recibido por el intendente Miguel Tejedor. El jefe comunal junto al subsecretario de Medio Ambiente de la ciudad, Jorge Loto, mostró al defensor los avances en el centro de disposición final que crearon en las afueras de la comuna y destacó que el antiguo basural fue eliminado en su totalidad.

“En esta localidad falta formalizar el reciclado pero por el momento se llevan a cabo tareas de clasificación de manera precaria. Sobre esto el intendente nos explicó que no pudieron poner en funcionamiento la planta construida porque el gobierno no cumplió con la entrega de maquinaria que había prometido a través de un convenio de cooperación mutua que se firmó en el 2012”, contó el ombudsman.

Respecto a este planteo, Corregido indicó que iniciará las gestiones con el Ministerio de Ambiente para que se avance en la ejecución del convenio con Charata y se termine de equipar la Planta de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que tiene su estructura completa en la zona del Centro de Disposición Final.

La integración en bloque

Al realizar un repaso de sus recorridas por los basurales del interior de la Provincia, el defensor del Pueblo destacó que las cinco localidades relevadas pudieron terminar con la proliferación de la basura mejorando el servicio de recolección, dirigiendo campañas de educación preventiva a la población y clasificando los residuos de acuerdo a las técnicas de disposición final seleccionadas.

En el caso de Laguna Blanca y La Verde, la tarea de disposición final es redireccionada a la planta de Residuos Sólidos Urbanos de Makallé, a través de un convenio entre los jefes comunales que otorgan los beneficios del reciclado a la localidad que realiza el tratamiento de la basura.

En La Escondida, Charata y Campo Largo, los residuos se entierran en celdas de disposición final pero las particularidades aparecen en el destino de los fondos que se logran con los elementos reciclables: el municipio de La Escondida comercializa sus residuos y sostiene su política ambiental de manera autónoma, en cambio Campo Largo entrega el beneficio a dos cooperativas que se encargan del proceso de clasificación y comercialización. Charata aún no dispone de una técnica concreta pero mientras esperan que el gobierno equipe su planta de RSU, clasifican de manera precaria la basura.

“Vimos realidades distintas pero nos encontramos con técnicas similares y estas son prácticas positivas que vamos a transmitir en la reunión del lunes para intentar aunar criterios entre el municipio de Resistencia y el gobierno provincial sobre este tema. La experiencia de interiorizarnos sobre la política ambiental de las comunidades nos da la certeza de que se puede lograr sanear la metrópolis”, concluyó Corregido.

En ese orden, recordó que la mesa de trabajo para coordinar acciones interinstitucionales sobre la problemática ambiental se reunirá este lunes 13 de abril a las 18 en la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicada en Salta N° 365 en Resistencia.