PRIMICIA DE REPORTE24

Diputados del bloque “Frente Chaco Merece Más” se hicieron eco de una resolución que llegó a nuestra mesa de noticias y que fuera publicada en la edición de la agencia de noticias de Reporte24. La resolución 796 que otorga la recolección y el manejo de los residuos a una empresa “que habría ganado una licitación” de la cual nadie sabe la instrumentación, la cantidad de ofertas y cuando , donde y como se realizo, lo cierto es que el próximo pasado 16 de abril se dio curso a la instrumentación sin tener en cuenta, al parecer, que nos encontramos a meses de una posible transición de gestión como resultado de las próximas elecciones generales y el involucramiento de más de 269 millones, lo cual sería más grave aún porque no se trataría de la única resolución millonaria que habría tomado el ejecutivo municipal para los próximos 8 años a partir de ahora.

Diputados del bloque del Partido Justicialista (PJ) y partidos aliados pidieron ayer a los organismos de contralor que investiguen un llamativo contrato celebrado recientemente por el municipio de Resistencia con una empresa a la que cedió el manejo de residuos no tradicionales por los próximos ocho años y a cambio de $269 millones.

Para los legisladores justicialistas, el contrato suscripto por la jefa comunal Aída Ayala viola la Carta Orgánica Municipal, la Constitución provincial, y debe ser sometido a un estricto análisis de los organismos de control público fiscal.

«Queremos expresar una denuncia pública, que obviamente, llama a la intervención de nuestros organismos de contralor, tanto internos como externos, a intervenir en esta resolución 796 que tiene fecha 16 de abril de 2015, y por la cual la intendenta de Resistencia adjudica una licitación de contratación de servicios para retiro, traslado y disposición final de residuos sólidos no tradicionales, por la suma de $269 millones y que tiene por un lado un período de ocho años, con una opción a cuatro años más», precisó el diputado Ricardo Sánchez, titular de la bancada oficialista, en conferencia de prensa.

«Esto se agrava porque hay una opción a cuatro años más, a escasos meses de producirse una renovación dentro de lo que son las autoridades municipales, y a su vez en clara violación de lo que hoy es nuestra Constitución provincial, cuando habla por un lado de los servicios públicos el artículo 54», indicó Sánchez.

A esto se suma que «lo que tiene que ver con las atribuciones de los concejos municipales artículo 205, que obviamente están por encima de la Carta Orgánica Municipal que se esgrime como fundamento para llevar adelante esta licitación, que entendemos, es violatoria de esta Constitución provincial que establece los números indispensables y necesarios para concretar la concesión de servicios públicos, incluso el artículo 54 es expreso, en orden a quienes se pueden conceder a estos servicios públicos».

Finalmente, Sánchez dijo que la bancada que conduce considera «que esta licitación y la resolución municipal es violatoria de esta Constitución provincial y la nacional. Por eso hacemos un llamado a todos los órganos de contralor internos y externos, independientemente de las acciones que nos reservamos como bloque de diputados porque este tipo de cuestiones a 20 días de una elección primaria, a tres meses de una elección general, estableciendo un contrato a una sociedad anónima, que también eso es violatorio de la Constitución».