DESCONOCEN UNA MEDIDA CAUTELAR DE LA JUEZA ZUNILDA NIREMPERGER QUE AMPARA A LOS TRABAJDORES
Mapik Godoy, delegado de ATE en la delegación chaqueña del organismo nacional, denunció que doce compañeros recibieron telegramas de despido a pesar de la vigencia de una medida cautelar de la jueza Zunilda Niremperger que lo prohíbe. Denuncian un acuerdo entre el gobierno nacional y el gremio UPCN para despedir alrededor de 800 trabajadores en todo el país.
A nueve meses de asumir el gobierno nacional de Mauricio Macri, la ola de despidos y el desmantelamiento en diversos organismos y áreas del Estado no se detiene. Esta vez, quienes recibieron telegramas de despido son doce trabajadores y trabajadoras de la delegación chaqueña del RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios). La decisión se produce a pesar de la vigencia de una medida cautelar dictada por la jueza federal Nº 2 de Resistencia, Zunilda Niremperger, que comprende a ocho de esos trabajadores y que prohíbe innovar sobre su situación laboral.
El delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el RENATEA, Mapik Godoy, denunció que “han salido doce telegramas de despido para la provincia del Chaco”. En ese contexto, explicó que “somos empleados públicos, que estamos bajo la jurisdicción del Ministerio de Trabajo, somos personal de planta permanente. Ellos argumentan un acta acuerdo que se firmó espuriamente entre la patronal y UPCN, en el cual decidieron desvincularnos a todo el personal que ingresó entre enero de 2012 a marzo de 2016”.
“Nosotros rechazamos de plano esto, y cuando vimos este accionar hemos presentado acciones judiciales con una medida cautelar que recayó en el Juzgado Federal Nº2 de Zunilda Niremperger, y las cautelares, con fecha 5 de agosto, han salido favorables para los compañeros que han presentado, cerca de nueve cautelares”, precisó. Y advirtió que “aunque en el fallo decía que no se innove en la situación laboral de los trabajadores o si se modificaba, se reincorpore, desoyendo esta medida judicial la patronal decide enviarnos los telegramas de despido”.
Godoy señaló que también pretenden poner en conocimiento de la situación a los trabajadores agrarios “que son los beneficiarios de las políticas públicas que llevábamos adelante nosotros porque no es a nosotros solamente a quién nos ataca. Nosotros somos servidores públicos, y llevábamos a cabo la política que se bajaba del Estado, pero los que van a salir más desfavorecidos sin la presencia del personal en el territorio son los mismísimos trabajadores agrarios y sus familias”.
Ocho meses sin fiscalizar el trabajo informal en los campos chaqueños
“Esto era un organismo que anteriormente se llamaba Renatre, y cuando el Estado nacional toma la potestad bajo la ley 26727 crea el Renatea y absorbe el Renatre, los compañeros que ingresaron a partir de enero del 2012 son a los que el gobierno en una situación de revancha decide desvincular. Estamos hablando de 800 trabajadores en todo el país”, describió.
“El jueves pasado le hemos llevado una propuesta de trabajo al delegado provincial designado hace un mes aproximadamente, tratando de reactivar el uso de los vehículos, el rol que teníamos de fiscalización y de registración en el territorio, y la respuesta a esto fue el envío de los telegramas de despido de doce compañeros”, recalcó Godoy. “Esto nos llevó a hacer pública esta denuncia porque no están cumpliendo con el fallo judicial y el telegrama es violatorio de los derechos del trabajador porque nosotros, por nuestro convenio colectivo, tenemos la estabilidad del empleado público”, agregó.
El delegado de ATE en el Renatea explicó que a partir de sanción de la ley de “Trabajo Agrario”, la 26727, el organismo cumple con las funciones de difundir los derechos laborales de los trabajadores agrarios a través de la registración en el organismo mediante la cual recibían una libreta donde se registraban los aportes patronales y era el instrumento de formalidad del trabajo agrario. “Con esto adquirían el acceso al beneficio de la prestación de desempleo, de la prestación de sepelio para el trabajador y todo su grupo familiar, el pago de asignaciones familiares, aún cobrando la prestación de desempleo, eso a cargo de la ANSeS. Teníamos programas de capacitación, de recalificación laboral. También teníamos el control de fiscalización de las relaciones laborales, lo que tiene que ver con explotación de trata laboral”, describió Godoy.
“Hoy estamos con una bajísima demanda porque todos los compañeros que tenemos en delegaciones del interior no pueden salir a recorrer porque no cuentan con vehículos institucionales. No se ha hecho una sola fiscalización en estos ocho meses ni operativos de registro en el interior, ni programas de capacitación, así como tampoco aplica el programa Cuidar, de ayuda a los trabajadores agrarios que necesitan dejar a sus hijos para poder ir al campo a trabajar bajo la protección de alguna persona u organismo con la cuál teníamos convenio. Nada de esto se está llevando a cabo, hoy solamente estamos atendiendo los teléfonos”, precisó.
