CÓMO HABRÍA SIDO EL ENTRAMADO DE CORRUPCIÓN LIDERADO POR AÍDA AYALA

Se atribuye a la ingeniera Aida Ayala haber conformado un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales a través de la concesión de servicios públicos a un cartel de empresas con un alto índice de sobreprecios.

Que en esta tarea, y también al frente de ese grupo aparece el empleado municipal y dirigente sindical, Jacinto Sampayo. Ambos, desde el lugar de privilegio que ocupaban al momento en que se adjudicó la concesión del servicio de recolección de residuos de la ciudad de Resistencia a la empresa PIMP SA, mantuvieron permanentemente el control del proceso licitatorio, control que si bien comprende el proceso o llamado en sí, va mucho más allá, y se remonta al/los momento/s en que comenzaron a conformarse las distintas firmas que finalmente   culminaron   en   un entramado   societario   de preponderantes dimensiones, con la clara finalidad de proveer o vender a su único cliente, la Municipalidad de Resistencia.

Para poder llevar adelante estas maniobras, ambos se encargaron en primer lugar de construir o armar estructuras societarias, con la clara finalidad de ocultar sus identidades valiéndose de personas de confianza que, bajo sus órdenes, llevaron adelante el designio criminal.

Que, en primer lugar, contamos con Jacinto Sampayo quien, a través del imputado Huidobro y de otras personas también imputadas, fue dando forma a la razón social TECMASA SA. TECMASA S.A. CUIT Nro. 30-711670409-4, cuyo objeto fue descripto en los requerimientos de instrucción ya formulados, fue conformada el 09 de noviembre del año 2010, siendo sus socios originales los imputados Ramona Natividad Núñez y Luis Guillermo Escobar.

Sin embargo, a poco de penetrar en la realidad societaria de dicha firma se observa que una de sus principales socias, Ramona Natividad Núñez, quien ostentaba el 49 % del capital social, no era en realidad socia, sino una persona interpuesta por otro de los imputados Pedro Alberto Martínez, habiendo accedido a dicha posición en virtud de la intervención que le cupo a Natalia Soledad Martínez Guarino, entonces amiga personal de Núñez e hija de Pedro Alberto Martínez, hasta         esa época uno de los pocos proveedores de la Municipalidad de Resistencia.

Que según declaración de Núñez, antes de ser socia de la firma TECMASA trabajaba en relación de dependencia para Pedro Alberto Martínez, cumpliendo funciones administrativas. Accedió a ese trabajo a partir de su relación con Natalia Martínez quien era su compañera de estudios, siendo esta persona quien la convence para convertirse en fundadora y accionista de TECMASA SA bajo el argumento que su padre - Pedro Alberto Martínez - no podía aparecer como socio de esta nueva firma, pues ya era proveedor del Estado.

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Que de esta manera Núñez, sin aportar un peso, se convierte en socia de una de las firmas más exitosas de la ciudad, ocupando esa condición hasta fines del año 2013 en que finalmente consigue ceder sus acciones a la empresa INVERSORA NACRIS SA1, debiendo aclarar que, conforme la versión brindada por Núñez en su indagatoria, no recibió ningún importe por esta cesión.

Aparece así Inversora NACRIS SA, ligada ahora a TECMASA SA, del mismo modo que con anterioridad ya fuera advertida su vinculación a COYREL, hoy bajo el exclusivo control del imputado Carlos Huidobro, y entrando en escena nuevamente la Contadora Vásquez actuando en representación de Inversora NACRIS, cuya realidad económica resulta aún desconocida, al haber fracasado el allanamiento practicado en el domicilio declarado por esta firma sito en Capital Federal, correspondiendo en este caso recordar que a partir del 11 de agosto de 2015 Carlos Huidobro se constituye también accionista de Inversora NACRIS SA. Fs. 2526 obra contrato de cesión de acciones a favor de NACRIS SA.

El entramado construido alrededor de TECMASA SA y su vinculación con Inversora NACRIS es muy similar al existente entre esta última y COYREL, y del mismo modo en que se comprobara la relación entre COYREL, Inversora NACRIS con los imputados Carlos Huidobro y Jacinto Sampayo como con el Sindicato de Trabajadores Municipales. Este entramado nuevamente se advierte aquí entre los mismos ya en el ámbito de TECMASA SA, y las sucesivas modificaciones y relaciones que en el seno de esta firma no hacen más que indicar tales vínculos societarios y personales, reforzando de esta manera la hipótesis primigenia en cuanto al papel del imputado Huidobro como hombre de confianza del acusado Jacinto Sampayo.

Tenemos así en primer lugar que Huidobro estuvo ligado a esta firma desde el primer momento, cuando era élquien en persona ya desde el año 2011 negociaba para TECMASA SA la adquisición de rodados de la firma Chaco Servicios, mientras que en dichas negociaciones, el papel o rol del imputado Luis Escobar era el de concurrir al concesionario simplemente a refrendar lo que había acordado Huidobro con el dueño de esa Firma, Carlos Frencia conforme lo relatado por este último en su declaración testimonial.

Del mismo modo, en oportunidad de efectuarse el allanamiento en las instalaciones de la firma TECMASA SA, el sereno de la misma allí presente, Serafin Sánchez, indicó una de las oficinas como pertenecientes al imputado Huidobro, lo cual fue ratificado en su declaración testimonial en la que se explayó respecto a Huidobro a quien identificó como su patrón, ello además de los datos aportados en los requerimientos de instrucción ya citados en los que se daba cuenta de la relación entre Huidobro y TECMASA SA al resultar el mismo apoderado de cuenta bancaria perteneciente a dicha firma, con lo que el rol y poder de decisión del mismo en el seno de la firma resulta muy claro.

3 De esa manera, se articularon mecanismos que permitieron una readecuación de la firma, orientada a lo que meses más tarde se vería reflejado en el aporte que desde TECMASA se efectúa para que PIMP SA resulte adjudicataria del llamado a licitación para el servicio de recolección de residuos.

Es ahí, durante ese proceso de readecuación, donde aparece el nombre de Jacinto Sampayo, no ya como hombre de atrás, sino celebrando él, en nombre propio un contrato de transferencia de inmueble a favor de TECMASA SA, inmueble que vale   señalar,   cumplió un rol fundamental en la adjudicación del servicio a la firma PIMP SA, solamente ocho meses después, recordando en este punto el irrisorio precio por el cual se concretó la operación de dicho inmueble, sobre todo cuando la misma firma había adquirido la porción lindante a dicho terreno en el año 2011 de manos de Mario Antonio Torres DNI 13.592.7712, quien llamativamente fue titular de esa porción por el término de poco más de un mes, hasta que transfiere a TECMASA SA. Mario Antonio Torres tendría vínculos con el partido creado por Jacinto Sampayo de los trabajadores municipales.

PIMP SA Y LA VINCULACIÓN CON LA EX INTENDENTA AIDA AYALA.

Que la vinculación de la gestión de la ex intendenta Aida Ayala con este hecho, especialmente en lo que respecta a la empresa PIMP, no es ajena sino, más bien, clave. Que en el mes de febrero del año 2014, durante su gestión, se inicia el proceso de licitación en el que finalmente resulta adjudicataria la firma PIMP SA. Dicho proceso estuvo rodeado de evidente irregularidad, que van desde un llamado a licitación hecho a 2   Fs. 244.

4 medida, hasta la adjudicación a la única oferente PIMP SA, una firma también armada a medida.

PIMP S.A, se constituyó el 30 de julio del año 2013, obtuvo el reconocimiento del Registro Público de Comercio el 07 de marzo del año 2014, esto es, siete días antes de la fecha prevista para el cierre de la presentación de ofertas y apertura para contratar, en locación, equipos para ser afectados al servicio de recolección de residuos producida el 14 de marzo del año 2014.

Dicho reconocimiento por parte del Registro Público de Comercio fue fundamental para que PIMP pueda finalmente resultar adjudicada, puesto que unos de los requisitos previstos en la resol municipal 255 para ser oferente, en el caso de las personas   jurídicas   es   que   se   trate   de   una   legalmente constituida.

Sus socios originales, FATIMA JESSICA RIGASSIO y NIDIA MABEL JUAREZ, son en realidad las personas de confianza de quien en definitiva maneja la empresa, Daniel Alejandro FISCHER, ello con el claro propósito de ocultar la realidad societaria.

Posteriormente, PIMP SA, modifica su composición societaria pasando a formar parte del paquete accionario, Eulalio Alfredo Bouza, “Sistemas de Administración y Control SA”, “TECMASA S.A” y “Logística Belgrano”, de acuerdo a la información obtenida del perfil fiscal, aunque no sufrió modificaciones respecto a su apoderado, Rolando Acuña, hombre de confianza de Fischer.

Tal modificación accionaria, operada a pocos días o pocas semanas de haber ganado la licitación, mostró la verdadera realidad societaria de PIMP SA, en el marco de la cual aparecen de un modo un poco más claro alguno de los nombres que desde un primer momento contaban con el verdadero dominio de PIMP SA, muy ligados a la Ingeniera Aida Ayala, al dirigente Jacinto Sampayo y al empresario Pedro Alberto Martínez.

Antes de esta modificación accionaria y durante el proceso licitatorio se advertía a Rigassio y Juárez como las caras visibles y únicas accionistas de PIMP SA, y a Acuña como apoderado de la firma, quien continúa cumpliendo esa función. Los tres de absoluta confianza de Fischer, su sposa, su madre y su socio. Ahora bien, analizando la identidad de las personas jurídicas y físicas que efectuaron promesas de alquiler de equipos que permitieron que PIMP SA ganara el proceso, como quienes posteriormente aparecen también alquilando equipos a la firma, vemos como bajo ese ropaje se evitó que tales personas pasaran por los filtros o controles que todo proceso licitatorio supone, sobre todo en lo que a incompatibilidades respecta, dado que al no revestir la calidad de socios y simplemente la de particulares que contratarían con PIMP SA si esta resultaba adjudicada, su relación con PIMP sería de estricto orden privado, y como tal ajeno a los controles administrativos.

En este sentido art.5 de la resol Mpal 255 expresamente establecía los impedimentos para ser oferentes entre los que incluía a los agentes de la administración pública nacional, provincial o municipal.

Entre las firmas y personas que intervinieron en la maniobra de manera irregular cabe mencionar en primer lugar a TECMASA SA que efectúa promesas de alquilar camiones y el terreno de calle Soberanía Nacional, respecto de la cual ya señalamos la vinculación entre los imputados Jacinto Sampayo, Carlos Huidobro, Luis escobar, Pedro Alberto Martínez y la aquí requerida Natalia Martínez Guarino.

Por otro lado tenemos a la firma RECIFIS SRL, ofreciendo también alquilar camiones a PIMP SA., resultando llamativo que quien efectúa la promesa de alquiler por parte de RECIFIS SRL fue Rolando Acuña, quien es al mismo tiempo apoderado de PIMP SA y de RECIFIS SRL.

Tal circunstancia, en principio llamativa, resultó luego demostrativa de la finalidad que venimos mencionando como era la de ocultar la verdadera realidad societaria de este nuevo cartel empresario que se estaba conformando y el cual fue ideado por la Ingeniera Aida Ayala y por Jacinto Sampayo.

Que conforme lo informara el Registro Público de Comercio del Chaco, RECIFIS SRL estaba integrada por Daniel Alejandro Fischer, Guillermo Carlos Fischer, Guillermo Fischer y Rodolfo Fischer.

Así tenemos a TECMASA SA por un lado, con Huidobro a la cabeza, como hombre de confianza de Sampayo controlando parte del paquete de PIMP SA y por el otro lado tenemos a Daniel Alejandro Fischer, como hombre de confianza de Aida Ayala, controlando otra porción, primero a través de personas de su confianza, Rigassio, Juares, Acuña y luego directa y personalmente introduciéndose de lleno al seno de PIMP SA luego de haber ganado la licitación.

Daniel Alejandro Fischer, hombre de confianza de Aida Ayala se desempeñó como su jefe de campaña, fue y sigue siendo su persona de confianza tanto en lo comercial, en lo político como en lo familiar al haber sido pareja de la hija o hijastra de la ex intendenta y por ello la necesidad de ocultarlo durante el proceso de licitación.

Sin embargo, y al igual que Huidobro, cumplieron luego un rol absolutamente activo en las decisiones de la firma, y conforme lo describiera Eulalio Bouza, durante las reuniones de directorio eran tanto Fischer como Huidobro quienes tomaban las decisiones y quienes tenían las discusiones mas acaloradas.

Otra de las firmas que luego aparece vinculada a PIMP SA, alquilando camiones y al mismo tiempo como accionista es la firma “Sistemas de Administración y Control SA”, al frente de la cual aparece Alfonzo Campiteli, ligado también a las empresas concesionarias del servicio de estacionamiento medido de la ciudad.

Aparece además alquilando unidades el empresario Pedro Alberto Martínez, cuya relación con la firma TECMASA SA y sus socios ya fuera explicada, quien además a través de sus hijos mantuvo relación con la firma COYREL, que a su vez mantuviera relación con el Sindicato controlado por Jacinto Sampayo, siendo que COYREL a la fecha es contralado en su totalidad por el imputado Carlos Huidobro.

Ahora bien, como desde un principio señalábamos que tanto Aida Ayala como Jacinto Sampayo, desde el lugar que ocupaban mantuvieron en todo momento el control del proceso de licitación ya sea por acción o por omisión, no puede perderse de vista que Jacinto Sampayo, como secretario del STM, y como pata en toda negociación entre el municipio y el privado, sobre todo en este tipo de casos en que se tratan aspectos relativos a la concesión de servicios públicos.

Sin embargo, en este caso no se observó por parte del sindicato ningún reclamo a la contratación de esta empresa, cuando tamañas irregularidades exigían, por lo menos de su parte, un pedido de informes, y ni siquiera encubiertamente lo han hecho, ya sea sumándose a los reclamos y denuncias formulados por organismos intermedios, por algunos legisladores, o por concejales, incluso por el propio Defensor del Pueblo, es decir, aprovechando el desgaste que estas personas o organismos pudieran sufrir.

Nada de esto ocurrió, pasó el sindicato a ocupar un lugar de espectador muy alejado del comportamiento, que frente a hechos similares solía mostrar y ello por la sencilla razón del interés que se perseguía, cuál era el de beneficiarse a través de personas y empresas de su confianza, maniobra perfectamente ideadas en los términos ya señalados.

El circuito nace entonces mucho antes del proceso de licitación cuando ya en el mes de junio del año 2013, Sampayo vende a TECMASA un terreno de su propiedad, terreno que sería ofrecido en alquiler por esta firma para que PIMP SA pueda resultar adjudicataria del proceso. Cabe destacar que entre otras irregularidades, PIMP SA no tenía antecedentes en el rubro, no contaba con terreno ni oficinas propias, lo que denotaba su precariedad.

En el mes de julio del año 2013 se conforma PIMP SA., con Rigassio, Juarez y Acuña a la cabeza. En el mes de diciembre del año 2013 Inversora NACRIS SA adquiere el 50 % TECMASA SA, siendo el controlador de Inversora NACRIS SA el imputado Carlos Huidobro quien sin embargo ya controlaba TECMASA SA desde mucho tiempo antes.

En el mes de febrero del año 2014 se produce el llamado a licitación. Pocos días después, el 20 de febrero de 2014, PIMP recién obtiene el reconocimiento de la Municipalidad como proveedor,   siendo este un requisito esencial para poder participar, ello a pesar de haber presentado documentación que daba cuenta de haber proveído en dos oportunidades servicios a la Municipalidad en los meses de octubre del año 2013 y enero del año 2014, servicios que si bien en principio llamaron la atención de esta Fiscalía por la escasa o poca relación que guardaban con lo que se estaba licitando, más llamativo resultaron cuando fueron prestados antes de ser reconocida la firma como proveedora del Municipio y, sin embargo, fueron considerados al momento de la adjudicación.

El 14 de marzo del año 2014 culmina el plazo de presentación de ofertas, siendo PIMP SA la única firma que se presentó, y en este punto cabe resaltar que PIMP SA obtuvo su reconocimiento por parte del Registro Público de Comercio solo siete días antes de que venza el plazo de presentación de ofertas.

Adjudicada que fuera la concesión del servicio a la empresa PIMP SA, en forma casi inmediata, en el mes de mayo del año 2014 comienzan a verificarse las transferencias de acciones a los verdaderos dueños y responsables y al mismo tiempo personas interpuestas por Aida Ayala y Jacinto Sampayo.

Tenemos así que fue la entonces Intendenta Ayala quien efectuó un llamado a licitación a los apuros, sin dar intervención al concejo deliberante y asegurándose al mismo tiempo no contar con objeción por parte del Sindicato a cargo de Jacinto Sampayo, quien a través de otras personas se convirtió en socio de PIMP SA y de la Ingeniera Aida Ayala.

Otro aspecto llamativo fue el momento en que se inició este proceso, un año antes de concluir su mandato como intendenta, y sobre todo cuando no lo había hecho antes a pesar de haber estado en esa función por más de seis años, con el agravante que la vigencia del contrato tramitado bajo este proceso atravesaría varias gestiones con lo cual no queda otra explicación distinta a que de esta manera se asegurarían el ingreso de fondos para volcarlos ya sea en campañas políticas o ganancias personales.

Llamativo también resulta que PIMP SA haya sido la única empresa en presentarse y no lo hayan hecho otras con real infraestructura como el caso del grupo ERSA a través de su firma LUSA, grupo económico que interviene en este tipo de procesos en distintas ciudades como ser Corrientes, Salta, Córdoba, por citar solo algunas, cabiendo aquí recordar los dichos de Eulalio Bouza quien manifestó haber escuchado que había que ver si el gremio y Huidobro permitían que Ersa se presentara.

El resultado fue la adjudicación absolutamente irregular a la empresa PIMP SA no solo por las razones interpersonales e intersocietarias que por sí mostraban las inconsistencias e incompatibilidades allí surgidas, sino además al haber ignorando la escasa estructura con que contaba PIMP SA, por no decir nula frente a semejante y tan complejo servicio.

De esta manera aparece el primer hecho susceptible de ser analizado a la luz de algunos tipos penales como ser el delito de asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito, entre otros, configurados por la conformación de un grupo de personas con roles claramente definidos al frente del cual se encontraban la ex intendenta Aida Ayala y Jacinto Sampayo como jefes de esa organización, que perseguía como finalidad asignar a PIMP SA el servicio de recolección de residuos, mientras que el fraude se vio configurado en lo oneroso y desproporcionado que el contrato significaba al municipio.

Prueba de ello resulta la extraña y llamativa situación producida dos años después, cuando aquellos precios que se acordaron de forma irregular fueron renegociados con la nueva gestión, renegociación que significó para la firma PIMP un incremento considerable de costos, con la incorporación de tres camiones mas a los 21 camiones oportunamente ofertados, uniforme para el personal municipal de higiene urbana, incremento de los recorridos, tanto en frecuencia como en distancias, y todo esto sin ninguna contraprestación extra por parte del municipio y si a esto le sumamos el proceso inflacionario producido en aquella época, sobre todo el proceso de devaluación de la moneda observado en el mes de diciembre del año 2015 y enero del año 2016, no alcanza a entenderse como o de qué modo pudo la empresa PIMP absorber ese costo, sin plantearse otra posibilidad que, aquella adjudicación del servicio asignada dos años antes contenía un fuerte índice de sobreprecios. De otra manera solamente podríamos decir que estamos frente a un comportamiento altruista de la firma y de sus miembros, algo poco común en nuestro país, por no decir imposible.

Como resultado de todo este andamiaje, tenemos que se necesitaba reingresar al circuito legal los fondos obtenidos ilícitamente y es aquí donde cobran fuerza las personas de confianza, a través de las cuales se fueron blanqueando los fondos provenientes de aquel accionar, entiéndase Huidobro, Fischer, Campiteli, Pedro Martínez y otros.

LA UPCP, SEÑALÓ QUE ESTE PROYECTO DE LEY SE ENCUADRA EN LAS POLÍTICAS DE AJUSTE DIRIGIDAS HACIA LOS TRABAJADORES, POR ESO SOLICITAMOS SE DEJE SIN EFECTO EL TRATAMIENTO.

El Secretario General de UPCP, Lic. José Niz, manifestó su enérgico rechazo al Proyecto de Ley 1962/18, de Retiro Voluntario Móvil para empleados de la Administración Pública Provincial, entes descentralizados y autárquicos, por constituir una medida aislada, que tiene como único objetivo reducir la planta de activos del Estado Provincial, sin prever medidas complementarias para que no se resientan los servicios públicos. Esto implicará menos servicios para el pueblo del Chaco, aseveró.

Aportó por escrito, a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social y a la Comisión de Hacienda y Presupuesto los argumentos que fundamentan la posición gremial.

La UPCP, señaló que este proyecto de ley se encuadra en las políticas de ajuste dirigidas hacia los trabajadores, por eso solicitamos se deje sin efecto el tratamiento.

El dirigente sindical, responsabilizó a los legisladores de la importante función de advertir que la ley de retiro implica la reducción de los salarios y en un contexto inflacionario esta situación se agravará aún más.

Adicionales no habituales (Horas Extras) y sumas en negro excluidos del haber de retiro

También señalaron desde UPCP que el proyecto no tiene en cuenta la realidad actual del trabajador, que percibe sumas en negro y horas extras las que son excluidas en la conformación del haber de retiro, lo que implica una detracción salarial que afecta derechos adquiridos y sobre todo la castigada economía del trabajador.

Reducción de Aportes personales:

La reducción de los aportes personales de Obra social, Fondo de Alta Complejidad afectará la Caja de Obra Social, poque serán calculados sobre el haber de retiro.

Incremento del déficit previsional.

La ley al no prever mecanismos de equilibrio de la relación técnica activo –pasivo generará el incremento de déficit previsional. En la fecha esa relación es de 1 y ½ activo por 1 pasivo, cuando la adecuada debiera ser que   5 activos que con sus aportes solventan la remuneración jubilatoria de un personal en pasividad.

Decreto de Préstamos al INSSSEP

La desfinanciación del INSSSEP continua en crecimiento, y a la fecha ni siquiera el Poder Ejecutivo cumple con la manda constitucional de asistencia financiera al sistema de reparto tal como lo ordena la Constitución Provincial y dicta decretos por los cuales otorga préstamos, cuyos montos deben ser devueltos el 31 de diciembre de cada año: Decretos 352/18, 506/18 y 816/18.

Eliminación de cargos:

También prevé el proyecto, la eliminación de los cargos autorizados y presupuestados. El procedimiento, implicaría producir un déficit de recurso humano en las diferentes jurisdicciones, entes autárquicos y descentralizados, y por ende priva del derecho a la estabilidad al personal precarizado quienes, trabajan a la par del personal de planta permanente y garantizan la continuidad de los servicios. Asimismo afectará la carrera administrativa del personal que se encuentra en los grupos más bajos, porque los que se retiran se encuentran ubicados en grupos superiores del Escalafón General y no podrían concursar porque no se disponen de cargos vacantes si los mismos son eliminados. Además resiente el funcionamiento del Estado Provincial, ya que de modo previo debieran haberse cursos de formación y capacitación a los efectos de propender a un reemplazo del personal que desempeña funciones en áreas críticas de la Administración, lo que a corto y mediano plazo afectará de modo directo el buen funcionamiento de los servicios.

Movilidad reducida:

Se enuncia un retiro móvil pero en la realidad de los hechos no se incorporarán nuevos beneficios producto de conquistas laborales, y por ende tampoco en la futura jubilación, provocando una detracción salarial a futuro.

A modo de conclusión afirmó Niz, este proyecto solamente cumple con el Pacto de Responsabilidad Fiscal y el ajuste nacional, y es una medida en contra de los trabajadores y sus familias que dependen de un salario para satisfacer sus necesidades.