21
Febrero

21 FEBRERO 2020 REPORTE24//

UNA COMITIVA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SE HIZO PRESENTE EN LAS OFICINAS Y EXIGIÓ LA RENUNCIA DE LOS CARGOS DIRECTIVOS.

El descontrol con el que Cambiemos manejó el Programa de Protección de Testigos e Imputados llegó a su fin. Altos funcionarios del Ministerio de Justicia se hicieron presentes en las oficinas que hasta hoy comandaron funcionarios M, pidieron la renuncia de los directivos que encabezaron el uso del organismo como sistema de premios y castigos en el armado de causas contra el kirchnerismo, y comenzaron a hacer un inventario.

Se trató, según pudo saber El Destape, de una comitiva comprendida por alrededor de diez personas y un escribano, pasadas las diez de la mañana. Los funcionarios se reunieron con el director Francisco Lagos y pidieron su renuncia, al igual que la de Juan Rebollo, quien fuera coordinador de operaciones.

La visita ocurrió luego de que Alberto Fernández derogara el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Mauricio Macri 12 antes de dejar la presidencia, por el que convirtió el Programa en una Agencia y lo sacó del ámbito del Poder Ejecutivo.

Ahora el lugar está ocupado por personal del Ministerio de Justicia, cartera de la que volvió a depender el Programa, y desalojaron a los anteriores funcionarios macristas que habilitaron el desmanejo revelado por este medio. Además de iniciar el recambio de autoridades, el nuevo gobierno avanzó con un inventario del organismo para saber con qué se cuenta, incluso de dinero.

Hoy, el Presidente derogó el DNU de Macri y argumentó que el Programa se mantuvo sin variación durante más de 16 años, hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior, sin necesidad ni urgencia que habilite el dictado de la norma.

A fines de noviembre, el líder PRO creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados y la sacó de la órbita del Ministerio de Justicia para que su directorio estuviera conformado con representantes de la Cámara Federal de Casación Penal en la presidencia y el Procurador General o un funcionario del mismo organismo, con el visto bueno final del Ejecutivo.

El objetivo de tal cambio a pocos días de dejar el poder, argumentó Darío Díaz, exdirector del Programa a El Destape Radio, fue "tapar las irregularidades que cometieron en manejo de arrepentidos en materia de corrupción”, como los escandalosos "beneficios" que recibieron Leonardo Fariña y Alejandro Vandenbroele para colaborar en el armado de causas contra el kirchnerismo.

Con ese decreto, además de quitarle el régimen a la cartera judicial y crear un ente autárquico (con los mismos funcionarios macristas designados con cargos estables en el Estado) estableció que la información generada en el marco del sistema de Testigos Protegidos exigía deber de confidencialidad, algo habitual en estos casos. Sin embargo, tras las revelaciones de El Destape, extendió esa obligación a "cualquier persona ajena a la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS que, por su oficio, profesión u ocupación, tuvieran acceso a la información referida a los casos que se tramitan bajo la órbita de la Agencia".

19
Febrero

19 FEBRERO 2020 REPORTE24//

LA ACTIVIDAD SE DERRUMBÓ DEBIDO A LA CAÍDA DE LA INDUSTRIA Y EL PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS. LOS DESAFÍOS PARA ALBERTO FERNÁNDEZ.

El macrismo se retiró del gobierno con una economía en plena caída. La recesión arrancó en el medio del mandato y su freno dependerá de las medidas que tome Alberto Fernández en los próximos meses.

Tanto 2018 como 2019 fueron años perdidos para la actividad argentina gracias a las continuas devaluaciones y la apertura de importaciones de Mauricio Macri. La desprotección industrial derivó en el cierre masivo de fábricas y la multiplicación de despidos. A la par, los techos que el Ejecutivo le había puesto a las paritarias implicaron una pérdida de poder adquisitivo, que retrajo aún más la economía. La inflación, consecuencia de todas estas decisiones y por la concentración de mercado, se disparó lejos del alcance de la política monetaria, la única receta en los manuales de los economistas neoliberales de Cambiemos.

Si bien se espera para 2020 las perspectivas de la cosecha son buenas, de acuerdo a Emmanuel Álvarez Agis, “sin una recuperación del poder adquisitivo es poco probable que la actividad pegue la vuelta”. Es que los primeros datos de enero dan cuenta de una continuidad en la caída, tanto del consumo como de la producción industrial.

En 2018, la caída estuvo liderada por el sector agrícola, afectado por la sequía, seguidos por la industria y el comercio. En 2019, si bien el campo se recuperó, el mercado interno fue sacudido por una nueva ronda de suba del dólar, incremento de los precios y caída del salario real. En ese marco, tanto la industria como el comercio profundizaron su caída.

De acuerdo a la UIA, la industria se desplomó 6,3% en 2019, el segundo año de bajada. El arrastre estadístico implicará una nueva merma al menos en el comienzo de este año. Con un alza medida por el Indec del 4,7% en los alimentos en enero, resulta difícil imaginar una mejora en el consumo. El Indec confirmará este viernes la evolución del estimador de la actividad, un proxi del PBI, que será revelado recién el mes próximo por el organismo que dirige Marco Lavagna.

El tercer motor económico de Argentina, el agro, puede mostrar una continuidad en su buen rendimiento. La construcción, otro factor clave, no consigue repuntar debido a la asimetría que implican para las familias los créditos UVA respecto a las ganancias extraordinarias que le garantizaron a los bancos.

“En la película general los salarios vienen por debajo de la inflación y acumulan una pérdida de 16% entre diciembre de 2017 y noviembre de 2019. Esa caída en el consumo impacta negativamente en el consumo agregado”, evaluó el ex viceministro de Economía en su último informe.

Aunque en diciembre y enero se otorgaron bonos para jubilados y trabajadores registrados, “esto no fue suficiente para desencadenar una suba generalizada en el consumo”, según su consultora PxQ. En un contexto de negociación con acreedores privados y el FMI por la reestructuración de la deuda pública, evaluó “parece poco probable que haya una expansión del gasto público que motorice la actividad”. Por este motivo, planteó que la suerte de la actividad económica de este año dependerá del resultado de las negociaciones paritarias y la evolución de la inflación.

14
Febrero

 

14 FEBRERO 2020 REPORTE24//

LO INCAUTADO QUEDÓ BAJO CUSTODIA Y SERÁ ANALIZADO EN LAS PRÓXIMAS HORAS

Los investigadores secuestraron documentación y material informático para profundizar la investigación por la renegociación de los contratos del Acceso Oeste y de la Panamericana, cuya beneficiaria fue Socma.

El juez Rodolfo Canicoba Corral dispuso procedimientos simultáneos en las oficinas de Autopistas del Sol, Grupo Concesionario del Oeste y Natal, la empresa a la cual Socma le vendió la participación accionaria que tenía en Ausol. “Encontramos lo que fuimos a buscar”, confió uno de los investigadores a PáginaI12. Entre los elementos secuestrados hay documentación y material informático. Los delitos que se se podrían haber cometido son negociaciones incompatibles con la función pública y fraude al Estado.

Los allanamientos fueron ordenados este jueves en varios lugares al mismo tiempo: personal de la División de Delitos de Lavado de Dinero de la Policía Federal se dirigió a la sede social de Autopistas del Sol, en Panamericana y Thames, y también a la del Acceso Oeste, ubicada en Ituzaingó. En simultáneo, personal especializado –entre abogados, contadores y técnicos informáticos-- fue a las oficinas de las empresas en Capital Federal. También hubo un procedimiento en el inmueble donde opera Natal Sociedad Anónima, la firma que a mediados de 2017 se quedó con las acciones que Socma tenía en Ausol.

El expediente abierto a mediados del año pasado tiene bajo la lupa la renegociación de los contratos de los peajes del Acceso Oeste y de la Panamericana, cuya beneficiaria fue Socma, empresa emblema de la familia Macri. Con el avance de la pesquisa, el ex presidente, el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel y el ex jefe de la Cartera de Hacienda, Nicolás Dujovne, están cada vez más complicados.

En los operativos ordenados por el juez de instrucción número 6, se buscaba específicamente documentación sobre la escandalosa prórroga del contrato sin licitación y pruebas sobre la integración societaria de la concesionaria; además, documentos respecto del reconocimiento para Ausol de unos 500 millones de dólares por parte del Estado y las condiciones en que fue vendida la participación del ex Jefe de Estado en la compañía beneficiada por sus políticas.

Resultado positivo

“Encontramos lo que fuimos a buscar”, confió uno de los investigadores. Entre el material secuestrado en los cinco operativos simultáneos, se recolectaron documentos, fotocopias y discos rígidos. Puntualmente, de las concesionarias se llevaron registros de titularidad de acciones; información societaria; balances y --algo que destacaron fuentes de la investigación-- en Ausol encontraron en fotocopias el acuerdo de renegociación del contrato. El dato cobra relevancia si se toma en cuenta lo declarado por una de las testigos claves de la causa. Julieta Ripoli, ex titular de Jurídicos de Vialidad Nacional, dijo bajo juramento que las condiciones de ese contrato fueron redactadas prácticamente en su totalidad por los abogados de las empresas, lo que implicó amplios beneficios para las concesionarias, en detrimento de los intereses del Estado y de los usuarios.

En tanto, de la sede de Natal S.A. se obtuvieron discos rígidos y material sobre la transferencia de las acciones que eran de Macri. La firma, una empresa familiar dedicada al rubro inmobiliario y agropecuario, no tenía experiencia previa ni conocimiento técnico en temas viales. Sin embargo, a pesar de que supuestamente la concesión estaba por vencer, compró los papeles por un monto millonario, lo que podría indicar que hubo información privilegiada y los compradores sabían que se iba a prorrogar el

contrato por diez años. Además, mientras ex funcionarios de Vialidad afirman que hubo presiones para apurar la venta de las acciones antes de la renegociación de la concesión, el organismo a cargo de Iguacel, modificó las condiciones para permitir que una compañía que no cumplía con los requisitos (experiencia y solvencia económica) pudiera ser adjudicataria.

El rol de Macri

En Tribunales explican que el principal escollo que tiene el caso respecto del rol del expresidente es que Mauricio Macri sólo tenía acciones y no era directivo de Ausol. Incluso, a pesar de haber mantenido las acciones en su poder hasta mediados de 2017, cuando las vende a Natal S.A. un 400 por ciento por encima del valor que tenían antes de llegar a Casa Rosada, antes de la prórroga del contrato y de las subas siderales de las tarifas de peajes. “Es un problema que Macri figure solo como accionista y no como parte del directorio. Porque ahí tenés que probar que tenía una parte o todo el control del dominio del hecho”, explicaron en tribunales.

Sin embargo, hay un hecho que podría complicar al ex mandatario. Se trata de la “ayuda” que buscó darle Laura Alonso, entonces a cargo de la Oficina Anticorrupción, al recomendarle a Macri que no firme el decreto que habilitaba la renegociación de la concesión. Efectivamente, quien puso la rúbrica fue la ex Vicepresidenta, Gabriela Michetti. Desde el juzgado afirmaron que “queda claro que en todo el proceso actuó el Poder Ejecutivo, que es unipersonal. Y con la excusación de Macri recomendada por Alonso está admitido que tenían intereses”.

Mientras tanto, el material incautado en los allanamientos quedó bajo custodia y comenzará a ser analizado en las próximas horas. En base a eso se definirán los próximos pasos de uno de los expedientes más comprometedores para Macri y sus funcionarios. Seguramante, pronto vendrá el turno de las primeras indagatorias. Según pudo saber PáginaI12, todo indica que el debut estará a cargo de los abogados subordinados de Bernardo Saravia Frías, el ex abogado de los Macri que reemplazó a Balbín en la Procuración del Tesoro. “No podían no saber o no estar al tanto de lo que estaban haciendo”, expresaron en Comodoro Py.

Nueva testigo

La causa que comenzó a mediados del año pasado ganó impulso con las declaraciones de varios testigos, entre ellos el ex Procurador del Tesoro, Carlos Balbín; la ex titular de Jurídicos de Vialidad, Julieta Ripoli y el ex titular del extinto Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Gustavo Gentili.

El próximo martes deberá declarar como testigo la ex Directora Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales de la Procuración del Tesoro. Se trata de Silvina González Napolitano, la abogada que estuvo a cargo del trámite por la demanda que la concesionaria le había hecho a la Argentina ante el CIADI, por supuestos atrasos tarifarios.

El objetivo de esta nueva testimonial es profundizar en una de las patas de la pesquisa, que apunta a determinar las condiciones en que el macrismo decidió reconocerle a Ausol la suma de 500 millones de dólares en calidad de inversiones no amortizadas. Abertis --la controlante española-- se había presentado ante el árbitro dependiente del Banco Mundial con un reclamo de mil cien millones de dólares. Sin embargo, en tiempo récord y sin una sola audiencia, el entonces Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich anunció como un gran triunfo que la firma retiraba la denuncia. A cambio, el Estado le reconocía los 500 millones. Napolitano, con diez años de carrera en la Procuración, dejó sorpresivamente su cargo luego de haber defendido los intereses del Estado ante el CIADI.

 

14
Febrero

14 FEBRERO 2020 REPORTE24//

EL CACIQUE MODESTO ROJAS DENUNCIÓ LA SITUACIÓN DE ABANDONO QUE VIVE SU COMUNIDAD.

En declaraciones al programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, Rojas remarcó que hay un "abandono del Estado". "Todavía nadie vino a asistir a las familias de los chicos que fallecieron, tengo 7 personas de mi comunidad que no tienen documento”. “Como tenemos gente indocumentada no van a recibir nunca la ayuda del Estado”, agregó.

En ese sentido, subrayó: “Nos traen un módulo alimentario que no es la solución, hoy lo comés y mañana ya no lo tenés. Apuntamos a crear fuentes de trabajo. La solución es que haya pozos de agua para que las comunidades tengan agua”.

Asimismo, apuntó contra el gobierno provincial: “El gobernador Sáenz está ausente, no lo entiendo. Jamás dialogó con nosotros”. “De los 12 años que estuvo Urtubey nunca bajó a las comunidades, mandaba gente (pero) no daban soluciones, solo bolsones de comida que no son la solución”.

Además, el cacique destacó: “No sabemos qué pasa con el Plan Estival, no viene ningún funcionario a dialogar con nosotros” y “Me ofrecieron un sueldo del Gobierno y no lo acepté”.

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