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14
Septiembre

DENUNCIO LA DEFENSORIA DEL PUEBLO QUE EL ESTADO NACIONAL NO CUMPLE CON LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La - Dirección de Seguridad Social, Adultos Mayores- de la Defensoría del Pueblo, solicito a los Senadores Nacionales por Formosa que apoyen el Proyecto de Ley presentado en el Senado y que tiene por objetivo derogar incisos del Decreto 432/97, aplicado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y mediante el cual se suspenden pensiones por discapacidad.

El Defensor del Pueblo, José Leonardo GIALLUCA, denuncio que la interpretación exagerada que hace y lleva adelante la Ministra Carolina Stanley, para sacar las pensiones por incapacidad, implican claramente una demostración de la falta de voluntad política de cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual reconoce el derecho a la protección social y a la vida autónoma (Art 19 y 28).

Por otro lado, señalo que se han eliminado en lo que va del año más de 70 mil pensiones por discapacidad, cuando “debemos entender que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo”. Así desde el año 2014 en nuestro País, la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad tienen jerarquía Constitucional. No se ha dicho la verdad cuando los funcionarios nacionales señalaron que este era un proceso de fiscalización y si se constataba que les corresponde la pensión se iban a reponer el mismo día. Que quede en claro que Institucionalmente no defendemos aquellos beneficios de personas a las cuales no les corresponde, pero la gestión del Gobierno Nacional , vulnera derechos al establecer requisitos como que aquel discapacitado que tiene un bien a su nombre como un auto, o aquella persona con discapacidad cuyo cónyuge cobra una pensión o jubilación, incluso la mínima o quienes tengan un tutor o cónyuge que perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas, no podrán tener una pensión por discapacidad. Si hasta se ha señalado brutalmente que una persona con Síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión.

Así, la apelación de la Medida Cautelar que restituía los beneficios a los damnificados por el recorte de las pensiones por invalidez, a pesar que la Ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley había asegurado que daría de alta el beneficio a todos los que habían sufrido la suspensión o eliminación, más de 150 mil titulares siguen sin recibir la prestación, y no se han restablecido todas las quitadas en 2016, ascendiendo la cifra a más de 175 mil, de los cuales el 72 por ciento corresponde a casos por invalidez, quienes además deben afrontar gastos de salud y sanitarios de hasta 40.000 pesos mensuales, ya que además se interrumpen los planes de cobertura de salud tales como diálisis para las personas con insuficiencia renal crónica y farmacológicos para pacientes trasplantados entre otros.

El fallo ejemplificador de la Jueza Adriana Cammarata que ordenó a la Nación a que en forma inmediata restablezca el pago total de las prestaciones no contributivas por incapacidad otorgadas a las Personas con Discapacidad residentes en todo el territorio de la República, que fueron dadas de baja o suspendidas sin mediar resolución fundada previa y que el Gobierno Nacional ha apelado, “constituye un acto indignante y que el Congreso de la Nación puede reparar”. Pues nadie se opone a que se revisen las pensiones por incapacidad, a lo que nos oponemos es a que se continúe perjudicando a personas discapacitadas suspendiéndoles el beneficio sin notificarlos previamente, sin permitirles derecho a una legítima defensa, dejando sin tutela efectiva a miles de personas cuyos beneficios continúan siendo vulnerados.

12
Septiembre

EL JUEZ SEBASTIÁN CASANELLO LE SOLICITÓ INFORMACIÓN AL MINISTRO DE ENERGÍA POR CONVENIOS CON UNA ASOCIACIÓN CIVIL DE VENADO TUERTO.

Noticias Argentinas/El juez federal Sebastián Casanello libró una orden de presentación al Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, en busca de documentación vinculada a los convenios en los que se habría favorecido a una asociación civil de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe.

Se trata de una denuncia realizada por la diputada Margarita Stolbizer por delitos como malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público a raíz del presunto desvío de fondos a la Asociación Tecnológica Venado Tuerto (ATEVEN), que presumió "fantasma".

Según el escrito, con los convenios se "favoreció" a ATEVEN, que preside Pablo Pandrich, propietario de la fábrica de columnas para alumbrado a DISMET SA y director de DIMARIVI SA, un mayorista de golosinas.

El fiscal Franco Picardi impulsó la acción penal y solicitó diversas medidas, entre las cuales estaba el pedido de documentación a la cartera de Aranguren e informes a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativa (PIA).

10
Septiembre

MANIOBRAS POCO CLARAS CON LA PLATA DE LOS JUBILADOS

Luego de que la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES) que lidera denunciara al ministro de Finanzas, Luis Caputo, por el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), del ANSES, el fiscal Gabriel De Vedia explicó cómo era la maniobra por la cual el funcionario “se pagaba comisiones a sí mismo”.

08
Septiembre

LA UNIDAD FISCAL DE INVESTIGACIONES DE DELITOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (UFISES) DENUNCIÓ AL MINISTRO DE FINANZAS DE LA NACIÓN, LUIS CAPUTO, POR SUPUESTAS MANIOBRAS IRREGULARES REALIZADAS COMO MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD DE LA ANSES, SE INFORMÓ HOY.

A raíz de la investigación realizada, se comprobó que, en virtud de decisiones del funcionario, durante 2016 se invirtieron más de 500 millones de pesos en un Fondo Común de Inversión (FCI), cuya administración estaría vinculada en el ámbito privado al propio Caputo.

La presentación quedó radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo del juez Luis Rodríguez, con intervención del titular de la Fiscalía Nº3 en lo Criminal y Correccional Federal, Eduardo Taiano.

Según la información oficial, la inversión realizada habría generado un perjuicio sobre los recursos de la seguridad social ya que, producto de la operación, se abonaron honorarios a favor de la sociedad administradora Axis SGFCI S.A.

Asimismo, el fiscal titular de la UFISES, Gabriel de Vedia, solicitó que se investigue a los funcionarios de la ANSeS Emilio Basavilbaso, Gustavo Ángel Marconato, Luis María Blaquier y Pedro Lacoste por “la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; incumplimiento de deberes de funcionario público, y administración infiel en perjuicio de la administración pública”.

Según el escrito, Caputo ocupó cargos ejecutivos en el Deutsche Bank S.A, sociedad que actualmente oficia como depositaria del FCI Axis Ahorro Plus.

En este sentido, se corroboró que por asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 4 de abril de 2003 fue designado director titular del banco por el plazo de dos años, junto con, entre otros, Carlos Hernán Planas, con quien posteriormente conformaría Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A, de acuerdo con lo publicado en la web de los fiscales.

Luego, en una asamblea general de accionistas celebrada el 28 de mayo de 2004, Caputo fue elegido como presidente de la sociedad, cargo que ejerció hasta la aceptación de su renuncia, el 18 de septiembre de 2008.

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