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10
Octubre

 

MIERCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2018/

EL JUEZ LEANDRO RÍOS AFIRMÓ QUE EL INTENDENTE DE PARANÁ, SERGIO VARISCO, ADQUIRIÓ COCAÍNA PARA DISTRIBUIRLA “INCLUSO GRATUITAMENTE" EN LA CAMPAÑA ELECTORAL DEL 2019 COMO “FORMA DE ASISTENCIALISMO POLÍTICO". LO PROCESÓ COMO FINANCIADOR DE ACTIVIDADES DE COMERCIO DE ESTUPEFACIENTES Y POR PECULADO.

En la extensa cédula de notificación, de 298 páginas, respecto al caso de narcotráfico que tiene al mandatario paranaense Sergio Varisco como imputado, el juez Ríos apuntó a las responsabilidades que tendría el Intendente.

En primer lugar dio cuenta del acuerdo que alcanzaron Varisco con el jefe narco Daniel “Tavi” Celis en septiembre del 2017. Vale recordar que Celis, entonces, ya se encontraba detenido por narcotráfico en una causa en la que lo tenía a Varisco como simple sospechoso. No obstante, la investigación estableció que pese a ello ambas partes realizaron un segundo compromiso con Celis en la cárcel.

El flamante “acuerdo” entre Varisco y Celis –siempre según la resolución judicial- consistía en que el Intendente financiaría las actividades narco mediante el pago de 50 mil pesos por mes hasta el final de la gestión al frente de Paraná y que, además, adquiriría drogas.

“En lo que respecta a la finalidad por la cual era adquirido el tóxico por parte de Varisco, Hernández (concejal de Cambiemos) y Bordeira (subsecretaria de Seguridad de Paraná), es posible afirmar que el principal uso del estupefaciente era su distribución (incluso gratuita) en la campaña electoral 2018/2019 como forma de asistencialismo político (entre otros usos posibles), en las ciudades de Paraná y Concordia”, dice, textual, el procesamiento.

En segundo lugar, el Juez apuntó a que el “financiamiento” que realizaba el Presidente comunal se hacía con fondos públicos del municipio paranaense.

En este contexto, finalmente, el Juez procesó a Varisco como “coautor penalmente responsables del delito de financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes (…)” y por “peculado”, o sea “sustraer caudales o efectos” que eran responsabilidad del mandatario; o “haber empleado en provecho propio o de un tercero trabajos o recursos pagados por una administración pública”. (Redacción de Babel)

 

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09
Octubre

MARTES 09 DE OCTUBRE 2018/

EL IMPUESTO SIGUE AVANZANDO Y AFECTA A CASI 2 MILLONES DE PERSONAS. CRECIÓ UN 62,5% DESDE QUE ASUMIÓ CAMBIEMOS.

Además, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios alcanzó en septiembre el 14,7%, respecto de fines de 2015, lo que representó la caída más profunda desde 2002, según datos del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET).

Sobre Ganancias, el jefe de Gabinete Marcos Peña respondió a una consulta en el Congreso al dar su informe de gestión y allí precisó que en 2015 pagaban Ganancias 1.194.149 personas; en 2016, unas 1.688.141; en 2017, unas 1.990.349; y ahora, 1.939.994 trabajadores.

El avance del impuesto sobre los ingresos de asalariados, jubilados y pensionados que superan el mínimo no imponible establecido por el Gobierno se da en paralelo con el impacto de la inflación en los salarios.

El mínimo no imponible para los trabajadores solteros es de 30.000 pesos mensuales netos (en mano) y de 40.000 pesos para los asalariados que están casados y tienen dos hijos.

Esos datos oficiales brindados por el jefe de Gabinete, indican que unas 745.845 personas que en 2015 no pagaban Ganancias tuvieron que pasar a tributar, independientemente de la erosión que hayan registrado sus ingresos por el impacto de la inflación.

Esto significa que del total de personas que abonan el impuesto, 1.638.433 son trabajadores en relación de dependencia.

En el caso de los asalariados, son 85.000 menos que en 2017, pero 270.000 más que en 2016 y 560.000 más que en 2015.

Los números indican que el 20% de los 9 millones de asalariados del sector público y privado registrados pagan el impuesto a las Ganancias, es decir, uno de cada cinco trabajadores.-

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07
Octubre

DOMINGO 07 OCTUBRE 2018/

EL ORGANISMO DE CRÉDITO APROBÓ LA ENTREGA DE HIDROCARBUROS EN TRES CUENCAS SOBRE EL MAR ARGENTINO, UNA DE LAS CUALES ESTÁ PEGADA A LAS ISLAS MALVINAS.

Federico Bernal/El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la entrega de hidrocarburos bajo el Mar Argentino, ante la imperiosa necesidad del Gobierno de Mauricio Macri de conseguir dólares. La medida se oficializó el lunes con una publicación en el Boletín Oficial por la cual se convocó a Concurso Público internacional para la exploración y explotación de más del 3% de la Plataforma Continental argentina. Una de las cuencas que el Gobierno entregará es la Cuenca Malvinas Oeste, está pegada a las Islas Malvinas, clave en la disputa por la soberanía de las islas.

En su paso por Houston, además de entregar Vaca Muerta, el secretario de Energía, Javier Iguacel, adelantó a la industria petrolera estadounidense la convocatoria a Concurso Público Internacional para el offshore argentino. Esta disposición se oficializó el 1 de octubre, con la publicación en el Boletín Oficial del decreto que llevó la firma de Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda y el hombre del Gobierno frente al FMI.

Son 38 áreas ubicadas en tres cuencas sobre el Mar Argentino, por un total de 200.841 km2, esto es, un 3,1% de la Plataforma Continental. En todos los casos, se asegura a las empresas contratos de exploración y explotación conteniendo "cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales".

El FMI aprobó la entrega de los hidrocarburos bajo Mar Argentino: se necesitan con urgencia dólares para financiar el blindaje macrista. Las áreas licitadas con el inestimable valor agregado de la prórroga de jurisdicción los aportarán. La Cuestión Malvinas, al tacho de basura.

Fuente: Secretaría de Energía, 17 de septiembre de 2018. Diapositiva del

Fuente: Secretaría de Energía, 17 de septiembre de 2018. Diapositiva del "Argentina Energy Plan", informe presentado por Javier Iguacel en Houston.

El Decreto 872 instruye a la "SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA, dependiente del MINISTERIO DE HACIENDA para que proceda a convocar a Concurso Público Internacional para la adjudicación de permisos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en las áreas del ámbito costa afuera nacional".

En su artículo 3°, el decreto autoriza "la inclusión, en los permisos de exploración" de "cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras".

A tribunales internacionales, las 38 áreas a ser licitadas implican un total de 200.841 km2, es decir, el equivalente a un 65% de la superficie de la provincia de Buenos Aires o casi 1.000 veces la superficie de la Capital Federal. Comparando con Vaca Muerta, se trata de una extensión unas cinco veces y media mayor.

Resulta fundamental mencionar que una de las tres cuencas incluidas en el Concurso, la denominada Cuenca Malvinas Oeste, está pegada a las Islas Malvinas, constituyéndose así en una zona de alta trascendencia geopolítica y de seguridad nacional. En dicha cuenca, se abrirán a concurso unas 18 áreas por 86.381 km2.

Abrir a licitación pública internacional, con la salvaguarda de ceder la jurisdicción a favor de tribunales internacionales el territorio "concursado", representa una gravísima afrenta a la soberanía nacional. Máxime, cuando el "Estado sede" de una eventual disputa podría ser el propio Reino Unido.

Volviendo al Decreto 872, no existe ninguna excepción a nivel compañías concursantes en cuanto a su país de origen, tanto para los permisos de exploración como para las concesiones de explotación. Mucho menos se menciona prohibición alguna a las firmas que ya operan ilegal e ilegítimamente al norte de las Islas amparadas por Londres y el gobierno colonialista isleño.

A modo de simple recordatorio, la ligazón geológica entre las cuencas alrededor de Malvinas, otro dato estratégico ignorado por el régimen macrista, en este caso, extraído de un artículo de The Economist de 2014:

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06
Octubre

SÁBADO 06 OCTUBRE 2018/

EL EMPRESARIO DECLARÓ ANTE CLAUDIO BONADIO EN EL MARCO DE LA CAUSA DE LOS CUADERNOS DEL CHOFER Y DESMINTIÓ A UNO DE LOS DIRECTIVOS DE SU COMPAÑÍA.

Paolo Rocca, dueño de Techint, prestó declaración indagatoria ante el juez Claudio Bonadio, en el marco de la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. En su testimonio, el empresario negó tener conocimiento del pago de sobornos al Gobierno anterior, a contramano de los dichos de Luis Betnaza, directivo de la firma.

El empresario se presentó hoy en los tribunales de Comodoro Py, en el barrio de Retiro, y negó tener conocimiento de los pagos que admitió Betnaza ante Bonadio, quien aseguró haber otorgado sobornos al Gobierno de Cristina Kirchner en 2008.

En su declaración, Betnaza relató una situación de amenazas a empleados de empresas SIDOR y TAVSA en Venezuela, y el peligro de su estatización por parte del Gobierno chavista. Según su relato, por este episodio habló por teléfono con Cristina Kirchner para que intercediera ante la administración de Hugo Chavez.

Sin embargo, el dueño del grupo empresario negó tener conocimiento de esos sucesos, informó NA. Además, según publicó Infobae, Rocca aseguró que Betnaza tenía autonomía dentro de la empresas pero eso no lo habilitaba al pago de coimas.

Además del negar el pago de sobornos, el dueño de Techint dijo que la empresa nunca formó parte de un conglomerado de firmas para hacer obra pública durante el kirchnerismo, cuando sólo recibieron el 1% de estos proyectos.

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