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18
Diciembre

LO ASEGURÓ EL JEFE DEL BLOQUE DE DIPUTADOS DEL FPV, HÉCTOR RECALDE, CUESTIONÓ EL FIN DEL CEPO AL DÓLAR.

El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV), Héctor Recalde, ratificó el pedido para que el nombramiento de los jueces de la Corte sea votado por los dos tercios del Senado al sostener que "un juez no puede estar en comisión, porque no tiene independencia".

En declaraciones a radio Splendid, Recalde renovó su posición que el artículo 99 de la Constitución habla que el gobierno puede nombrar empleados que necesitan acuerdos del Senado cuando no funciona el Congreso, pero "no se puede aplicar a los ministros de la Corte Suprema".

Recalde dijo que se debe aplicar "aplicar el decreto 222, luego remitir el pliego al Senado para que lo apruebe con las mayorías establecidas, porque un juez de la Corte no puede estar en comisión sino no tiene independencia", agregó.

El diputado señaló que "la Corte debe tener 5 miembros, pero en Cambiemos decían que con tres bastaban, y ahora cambiaron de posición", y señaló que para completar el numero que establece la ley "podrían recurrir hasta que se cumplan con los procedimientos, con el nombramiento de camaristas con lo cual no se justifica el apuro".

"Si quieren hacerlo más rápido pueden llamar a extraordinarias", agregó el legislador.

El legislador peronista agregó que "Cristina (Fernández de Kirchner) se bancó que no le aprueben los pliegos que había mandado para cubrir las vacantes; no se mandó un decretazo. Lo que hizo Cristina es un buen ejemplo con lo cual nadie puede quejarse de ninguna violación de nada", agregó.

Sobre la marcha de ayer ante el Congreso, Recalde dijo que no sólo fue por la Corte sino porque "se reforma la ley de medios por decreto" con lo cual "está pasando lo mismo con la Corte porque si quieren reformar la ley deben mandar un proyecto al Congreso".

También cuestionó las medidas económicas porque "la devaluación que hizo el gobierno le quitó el 40 por ciento del salario a los sectores de menores ingresos y esto va a perjudicar a las empresas que se dedican al mercado interno".

El titular del bloque del FPV señaló que la decisión de aplicar el impuesto a las ganancias a los trabajadores que ganan hasta 30.000 pesos "va a alcanzar a muy pocos trabajadores porque se calcula sobre 30 mil pesos brutos".

17
Diciembre

CAPTURA DE LA WEB DEL ESTUDIO BOUZAT, ROSENKRANTZ & ASOCIADOS

La noticia se desparramó rápidamente en las redes sociales: Carlos Rosenkrantz, quien acaba de ser nombrado por un DNU presidencial como nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es socio fundador del estudio que representó a Clarín en su batalla contra la ley de servicios de comunicación audiovisual.

“Estaría bueno que los medios de comunicación informen que uno los juristas designados por decreto para cubrir las vacantes de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, integra el estudio jurídico Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, cuyos principales clientes son Clarín SA y Cablevisión SA, tal como informan en su página web. Su estudio no sólo representó a Clarín en el juicio por la ley de medios ante la Corte, sino que además, Rosenkrantz es fundador de la "Asociación para la Defensa de la Competencia”, una ONG creada desde el estudio con el único propósito de presentar un amparo tendiente a lograr la suspensión de la Resolución 100/10 que declaraba la caducidad de la licencia de Fibertel”, publicó en su cuenta de Facebook el bloguero K Mario Paladino.

“En esa ocasión, gracias a la ayuda del partido judicial y de Rosenkrantz, Clarín logró una vez más evadir la ley y Fibertel continúa operando como una pieza clave del monopolio mediático que hoy expande su poder al Poder Ejecutivo y a la mismísima Corte Suprema de la Nación”, detalló.

17
Diciembre

MARCHA EN EL CONGRESO POR LA LEY DE MEDIOS

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Publicado en Argentina
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EL FPV, EL AFSCA, ORGANIZACIONES Y MILITANTES AUTOCONVOCADOS SE REÚNEN FRENTE AL PALACIO LEGISLATIVO PARA DEFENDER LA CONTINUIDAD DE LA NORMA.

A una semana de la asunción del presidente Mauricio Macri, el bloque del FPV-PJ, organizaciones políticas, sindicales y sociales y grupos de autoconvocados se concentran esta tarde frente al Congreso para reclamar la continuidad de la Ley de Medios, bajo la consigna "Para fortalecer la democracia necesitamos pluralidad de voces".

Entre las organizaciones convocantes están el Movimiento Evita, La Cámpora y Nuevo Encuentro y Miles, integrantes del frente Unidos y Organizados, así como la CTA de los Trabajadores, que encabeza el docente Hugo Yasky.

Ayer, el presidente del bloque del FPV en Diputados, Héctor Recalde, realizó el anuncio en una conferencia de prensa brindada tras la primera reunión de esa bancada que contó con la asistencia de unos 80 legisladores, en la cual alertó sobre que "se avanza en un ajuste y devaluación".

Recalde estuvo acompañado por el vicepresidente primero de la cámara, el ex gobernador José Luis Gioja, el vicepresidente del bloque, Luis Basterra, y la ex ministro de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez.

En la conferencia se encontraban presentes también los ex ministros Julio de Vido, Axel Kicillof, la secretaria parlamentaria del bloque María Teresa García, los bonaerenses Juliana Di Tullio y Diana Conti, y el porteño Juan Cabandié, entre otros.

Recalde aseguró que "no quieren poner palos en la rueda", pero que "no" permitirán "que se viole la Constitución Nacional" como "sucede con la designación de los ministros de la Corte" ni que "modifiquen leyes a través de DNU como en el caso de la ley de Medios".

Ante una consulta, Recalde dijo que analizaban la posibilidad de autoconvocarse para realizar sesiones extraordinarias, cuya citación es un resorte del Poder Ejecutivo Nacional.

Así sucedió en 2001, cuando el peronismo quiso autoconvocarse para realizar sesiones extraordinarias en los últimos días del gobierno de la Alianza, y al asumir Eduardo Duhalde debió extender las sesiones porque los juristas coincidían que esa potestad no la puede ejercer el Poder Legislativo.

El jefe del bloque también anunció que en las próximas horas redactarán un documento en conjunto con la bancada del FPV del Senado sobre las medidas adoptadas por Macri por decreto y por DNU´.

Recalde también señaló que analizan presentar "demandas penales, civiles, patrimoniales" contra Macri y los propios designados jueces que asumirán sus cargos, Carlos Rozenkratz y Horacio Rosatti, por aceptar este procedimiento. En ese marco, Gioja señaló que “con un solo decreto se nombró el 40% del máximo tribunal”.

Otro tema abordado en la reunión fueron los inminentes anuncios económicos, y en ese marco el ex ministro de Hacienda, Axel Kicillof, dijo que "el gobierno aplicará un plan ortodoxo como lo plantea el FMI, y esta devaluación que anunciarán será un golpe en el bolsillo de los trabajadores".

17
Diciembre

RECHAZO DE APYME A LA DEVALUACIÓN Y LAS DESREGULACIONES

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresa su rechazo a la megadevaluación anunciada por el ministro Prat Gay mediante la desregulación de la compra y venta de divisas y la aplicación de la llamada flotación sucia.

Esta medida significa una fenomenal transferencia de ingresos desde los sectores asalariados y las Pymes hacia el complejo agroexportador, grandes industrias transnacionalizadas y el sector financiero concentrado (en gran parte extranjero). Debe considerarse que se adopta en el marco de una situación externa negativa, sobre todo por la crisis en Brasil, y el aumento de tasas en EE.UU.

El ministro no dejó en claro cuál será el mecanismo para evitar el traslado a precios de la devaluación, que se estima en un 50%. Las apelaciones a la "confianza" sólo apuntan, en el mejor de los casos, a consolidar un cuadro desventajoso para las Pymes, los trabajadores y la economía social. Las eventuales subas se sumarán a los incrementos preventivos de los grandes formadores de precios, iniciados desde principios de noviembre, cuando Cambiemos adelantó esta medida en su campaña electoral.

La tendencia al aumento de precios se verá reforzada por la quita de retenciones al comercio exterior de materias primas agropecuarias (que no aseguran precios justos para pequeños productores), así como a las exportaciones industriales. Sin una decidida acción del Estado, los aumentos de los precios externos se reflejarán en el mercado local

Para las Pymes esta dinámica significará, como ha sucedido históricamente, un ahogo competitivo derivado de aumentos en el precio de insumos difundidos, y por otra parte una caída inevitable en las ventas, ya que estas empresas dependen mayormente de la demanda en el mercado interno. A ello se suma una fuerte alza en tasas de interés determinada por las nuevas autoridades del BCRA.

El sector también está en alerta por la anunciada liberalización de importaciones, que pone en riesgo el trabajo y la industria nacional. Al respecto sólo se dijo que se mantendrán 1.000 posiciones arancelarias mediante licencias no automáticas, lo cual genera incertidumbre por la incidencia de estas medidas en las cadenas de valor. Este anuncio contrasta con la ausencia total de cualquier referencia al crédito productivo, la sustitución de importaciones y el desarrollo industrial.

La preocupación del sector Mipyme se potencia por el anunciado tarifazo, que se presentó sin mayores precisiones bajo la figura de la "emergencia energética" decretada por el ministro Aranguren, a quien secundan en su cartera ejecutivos vinculados con las mismas empresas distribuidoras que han dejado de invertir en el país, aun siendo subsidiadas. Es indispensable que se segmente el cuadro tarifario para no afectar aún más al consumo interno, las industrias y las Pymes.

Urge que las autoridades económicas tomen nota de este cuadro de situación, ya que las Pymes conforman más del 90 % de las unidades productivas existentes y son las principales proveedoras de empleo.

Ninguna de las medidas anunciadas se dirige a este amplio sector, que parece estar fuera de la agenda del actual Gobierno.

Ante el riesgo que implica esta situación, exigimos se atienda cuanto antes a la representación de las Pymes, y que en la emergencia se pongan en marcha los mecanismos de regulación de la competencia y defensa del consumidor vigentes por ley, a fin de evitar mayores abusos de posición dominante en mercados de alta concentración, con perjuicios irreversibles para el trabajo y la producción nacional.

investlateral