R24 EN VIVO

HIPERDIGITAL PARA REPRODUCTOR

29
Abril

EL FISCAL LE ASEGURÓ A LA AGRUPACIÓN 18J QUE TENÍA UNA ESCUCHA CLAVE, PERO QUE LA EX SIDE ESPERABA "EL MOMENTO POLÍTICO OPORTUNO".

POR GABRIEL MORINI/"La SIDE está esperando el momento político oportuno para presentar esta información." La frase fue transmitida, a modo de confesión, por el ex fiscal Alberto Nisman, en una reunión privada con familiares de víctimas del atentado a la AMIA, en octubre de 2013. Allí reveló la presunta existencia de una prueba clave para la causa por la voladura, que estaba en poder de la Secretaría de Inteligencia, que, en los hechos, comandaba el expediente. Nueve testigos y un abogado querellante escucharon de boca del fiscal que, por primera vez en 20 años, habría una prueba contundente para unir al cochebomba con los iraníes: una escucha telefónica entre el supuesto facilitador de la Traffic, Carlos Alberto Telleldín, y uno de los sindicados como autores intelectuales del atentado, Mohsen Rabbani. Esa evidencia nunca fue incorporada en la causa, pese a los pedidos de los familiares, que quedaron documentados, y a la respuesta formal del fiscal, reveló Tiempo Argentino.

El 10 de marzo, el episodio fue puesto en conocimiento de los nuevos investigadores a cargo de la unidad, que se mostraron sorprendidos con la información, desconocida hasta por los propios colaboradores de Nisman. El dato sobre la existencia de esa presunta escucha y el direccionamiento de la causa por la ex SIDE se suma a la documentación nunca aportada a lo largo de diez años por el ex director general de Operaciones, Antonio Horacio Stiuso, hecho por el que fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Ocultó una prueba clave para resolver el atentado a la AMIA? ¿La SI tenía un control total sobre la causa?

La reunión con los integrantes de la agrupación 18J se llevó a cabo en un clima de tensión con Nisman, en el que no faltaron reproches por la ausencia de avances en la causa y en medio de la discusión por el Memorándum de Entendimiento con Irán, en el que el fiscal aseguró que no habría de intervenir. Participaron Sergio Burstein, Daniel Komarovski, Olga Degtiar, Jacobo Furman, Juan Degtiar, Alejandro Bikman, Fabián Duek, Gabriel Fryszberg y Graciela Lineal, acompañados por el abogado Horacio Etcheverry. Todos confirmaron a este diario los detalles del encuentro y la frase que pronunció Nisman en un momento de la conversación, que mostró con naturalidad el grado de influencia de la SI en el curso de la investigación.

"Les voy a comentar algo: tengo información de que un sector de la SIDE tiene un dato importante que son las escuchas entre Telleldín y Rabbani. Es la primera vez que tenemos algo concreto y contundente sobre la investigación", reconoció Nisman sobre el único elemento de prueba en miles de fojas que inequívocamente uniría al cochebomba utilizado en la AMIA con los acusados iraníes. "Tenemos un problema. La SIDE está esperando el momento político oportuno para presentar esta información", deslizó. La discusión continuó pero luego uno de los familiares volvió sobre el tema y le preguntó cómo podía ser que la Secretaría de Inteligencia especulara con los tiempos para aportar escuchas, si en la teoría era auxiliar de los requerimientos ordenados por Nisman para avanzar en la causa. El fiscal negó haber dicho tal cosa pero Komarovski afirmó haber escrito la frase en un papel porque le llamó la atención. "Vamos a esperar que llegue la información", cerró el debate Nisman, según los testigos.

Al mes siguiente, la querella ingresó un escrito para documentar el contenido de la reunión y le requirió que acelere el pedido de la información revelada. Le exigieron a Nisman que "informe sobre la incorporación a la causa y medidas adoptadas respecto de nuevas pruebas obrantes en poder de terceros, a que hiciera referencia en la reunión que mantuvieron con usted", por las supuestas escuchas que debía aportar Stiuso, "en virtud del tiempo transcurrido y la importancia que pudiera tener para estos autos".

El 4 de diciembre de 2013, Nisman respondió afirmando que todas las pruebas "se encuentran debidamente incorporadas" al expediente pero añadió una sugestiva alusión a la SIDE y a las escuchas. "Sin perjuicio de lo cual existen determinadas líneas investigativas en curso, algunas de ellas actualmente en trámite ante la Secretaría de Inteligencia de Presidencia de la Nación, destinadas a su profundización y (a) analizar la totalidad de la prueba reunida en la causa a la luz de la base de datos de registros telefónicos", sostuvo el fiscal sin profundizar.

En la reunión ante los fiscales de la UFI AMIA Sabrina Namer, Roberto Salum, Patricio Sabadini y el coordinador Juan Murray los familiares relataron los pormenores del encuentro. Allí, un colaborador de Nisman no disimuló su sorpresa: pensó al ver el escrito ingresado entonces por la querella que "Alberto les había contado (a los familiares) de la denuncia contra la presidenta". A partir de estos elementos es posible inferir que en diciembre de 2013 ya estaba en marcha lo que sería presentado el 14 de enero de 2015 como una denuncia por un supuesto encubrimiento. Sin embargo, no hay datos sobre esa supuesta escucha central para la causa AMIA y por qué nunca se profundizó en el avance de la investigación por el atentado.

28
Abril

AGROTÓXICOS

La fuerte movilización de habitantes que denuncian que casi la mitad de su población muere por cánceres generados presumiblemente por los agrotóxicos, motivó que el municipio entrerriano de San Salvador convocara a especialistas de las universidades de Rosario y de La Plata para realizar un estudio epidemiológico-ambiental, cuya primera etapa se cumplió la semana pasada, con científicos encuestando vecinos casa por casa y tomando muestras de aire, tierra y agua.

Enviada especial

Según una estadística elaborada por los vecinos autoconvocados "Todos por Todos", el 43,3 por ciento de los fallecidos entre 2010 y 2013 murieron como consecuencia del cáncer, cuando el promedio nacional oscila entre el 18 y el 20 por ciento.

Además, en lo que va del año 15 personas ya murieron como por esta patología, cuando en todo 2013 fueron solamente 19, aseguran.

"Acá está pasando algo. Lo que no hay son pruebas médicas porque hasta ahora no había científicos y autoridades que avalaran esta lucha de vecinos independientes", aseguró a Télam Andrea Kloster, integrante de "Todos por todos" que se involucró con el tema tras la muerte de una amiga de un "tumor cerebral fulminante", que la mató en pocos meses.

Para Kloster, la causa es medioambiental: "si estamos en un pozo, con las industrias arroceras dentro de la ciudad, y rodeados de campo, esto es inevitable. Porque si los agrotóxicos son tan dañinos, ¿cómo no te va a perjudicar?".

"HAN TIRADO DE TODO EN NUESTRAS TIERRAS Y SIN PROTECCIÓN, POR IGNORANCIA", AGREGÓ.

   "Acá está pasando algo. Lo que no hay son pruebas médicas porque hasta ahora no había científicos y autoridades que avalaran esta lucha de vecinos independientes"

   Andrea Kloster, integrante de "Todos por todos"

Conocida como "Capital Nacional del Arroz", San Salvador es una localidad de 13.200 habitantes del centro este de Entre Ríos.

En los últimos años, el cultivo de arroz ha perdido mucho terreno en beneficio de la soja. Y tanto uno como otro cereal requieren ser tratados con gran cantidad de pesticidas y herbicidas (con el glifosato a la cabeza), que en el campo de cultivo se pulverizan a través de aviones fumigadores o de tractores "mosquito", que no siempre respetan la prohibición de circular sólo a partir de los 400 metros por fuera del casco urbano.

Por otro lado está el polvo blanco cargado de agroquímicos que eliminan constantemente los molinos arroceros al secar el grano -o separarlo de la cascarilla-, que los vecinos tocan y respiran.

Particularmente grave parece ser la situación en el barrio Centenario, un sector de cinco manzanas levantado en terrenos que antes ocupara una antigua pista de aterrizaje de aviones fumigadores, con sus respectivos hangares: además de cargar y lavar allí las avionetas, los vecinos aseguran que en una época se enterraban los tachos, contaminando aún más las napas.

Alertados por lo que veían a su alrededor, los vecinos comenzaron a organizar marchas a fines de 2013 que se repitieron cada siete o 15 días, hasta que obtuvieron la primer respuesta del Municipio: la conformación de una mesa ambiental.

El siguiente paso dado por las autoridades fue el encargo de un estudio epidemiológico-ambiental: entre el lunes y el miércoles de la semana pasada, un equipo de 25 personas, entre médicos y estudiantes del último año de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), encuestaron una de cada cuatro casas, indagando cuestiones como enfermedades y causas de muerte de sus habitantes en los últimos 15 años.

El coordinador del relevamiento epidemiológico y jefe de la práctica final de la carrera, Damián Vercenassi, explicó a Télam que ya se han realizado encuestas similares en otras 21 localidades de cuatro provincias.

"Lo que estamos viendo en estos lugares es un cambio en las formas de enfermar y de morir ", dijo a Télam.

Los campamentos sanitarios mostraron "un aumento de las enfermedades endocrinas, respiratorias y alérgicas", mientras que "la causa de muerte que aparece con mayor fuerza, es el cáncer", aseguró.

Por su parte, el coordinador del relevamiento ambiental, el doctor en ciencias exactas y profesor de la cátedra de Química Ambiental de la Universidad de La Plata Daniel Marino, aseguró que "el vecino que vive en el lugar hace observaciones de una calidad muy importantes", que en la mayoría de los casos terminan siendo corroboradas por los estudios científicos.

Según explicó, el relevamiento realizado con un grupo de estudiantes consistió en "un recorrido por todo el pueblo para ver cómo es la geografía, la distribución de los galpones y de los tanques de provisión", seguido de un monitoreo del agua de consumo, de los arroyos, las partículas dispersas en el aire y el suelo de los espacios públicos.

Antes incluso de llegar a San Salvador, ya tomaron nota de "una gran masa de partículas sobre el pueblo", que el equipo detectó desde la ruta, cuando ingresaba a la localidad.

Los resultados finales del diagnóstico, producto del entrecruzamiento de los datos epidemiológicos y ambientales, estarían listos en 4 a 6 meses, según explicaron ambos especialistas.

FUENTE: TELAM

SAN SALVADOR, ENTRE RÍOS EN ALERTA: CASI LA MITAD DE SU POBLACIÓN MUERE POR CÁNCER AGROTÓXICOS


SAN SALVADOR, ENTRE RÍOS EN ALERTA: CASI LA MITAD DE SU POBLACIÓN MUERE POR CÁNCER AGROTÓXICOS


SAN SALVADOR, ENTRE RÍOS EN ALERTA: CASI LA MITAD DE SU POBLACIÓN MUERE POR CÁNCER AGROTÓXICOS

28
Abril

EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBROS

La jueza federal subogrante de Río Grande Mariel Borruto ordenó llevar a delante medidas de prueba para "corroborar las hipótesis delictivas" en la causa que investiga a empresas transnacionales por la exploración y extracción ilegal de hidrocarburos en la cuenca de las Islas Malvinas.

De esta forma, Borruto dio curso a la presentación de los fiscales Marcelo Rapoport, Adrián García Lois y Carlos Gonella, que el 20 de abril formalizaron la denuncia contra las empresas Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.

Según se informó a través del portal Fiscales, las medidas de prueba sugeridas por los Rapoport, García Lois y Gonella apuntan a establecer la evolución y composición del patrimonio de las empresas transnacionales involucradas y a la identificación de sus directores.

La denuncia es por la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", y otros delitos que se desprenden de esas acciones, como la contaminación ambiental y el contrabando.

En ese marco, Borruto solicitó informes a diferentes organismos del Estado que le habían sido propuestos la semana pasada por el fiscal federal local, el fiscal de distrito y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

De esa forma, la magistrada libró oficios a la Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Comisión Nacional de Valores, la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Prefectura Naval y la Inspección General de Justicia.

El objetivo es conocer detalles sobre las empresas involucradas, su evolución patrimonial, si operan en el mercado bursátil, como asimismo a identificar a las personas físicas que las integran.

Al impulsar la acción penal, los fiscales remarcaron que deben investigarse violaciones a los tipos penales previstos en el artículo 7 de la ley 26.659, de exploración y explotación de hidrocarburos de la Plataforma Continental Argentina, que prevé hasta 15 años de prisión y el doble del tiempo de la condena para ejercer el comercio.

Además prevé el decomiso de los bienes vinculados -cuestión impulsada por los fiscales en carácter de medida cautelar- a quien incurra en la exploración y extracción de hidrocarburos sin autorización en esa zona.

Y recordaron que la ley establece que "la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible".

La investigación también alcanza a otras sociedades que, directa o indirectamente, "habrían efectuado y/o estarían efectuando aportes de diversa índole a la maniobra delictiva", como Pretoleum Geo-Services (PGS), la cual mediante los buques de sus propiedad “PGS M/V Ramford Sterling”, “PGS Ramform Titan” y “Falcon Explorer”, habría realizado tareas de relevamiento y análisis de datos estratégicos para la evaluación de la sustentabilidad de los yacimientos.

Por su parte Desire Petroleum p.l.c. habría suministrado datos sísmicos de utilidad y cuyo capital habría sido adquirido en 2013 por FOGL; Neptune EHF, propietaria del buque oceanográfico “MV Poseidon”, el cual habría sido utilizado por FOGL para llevar adelante estudios geoquímicos y de líneas de base ambientales; y Ocean Rig, dueña de la plataforma semisumergible “Eirik Raude”, con la cual se estarían realizando tareas de perforación en el lecho submarino.

28
Abril

TRAS LA MUERTE DE DOS NENES ACUSAN AL GOBIERNO PORTEÑO DE PROTEGER LOS TALLERES CLANDESTINOS

Un inspector porteño denunció que el Gobierno de la Ciudad oculta denuncias y advierte a los talleres antes de algún control. La denuncia de La Alameda.

El inspector porteño, Edgardo Castro denunció que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “aplica un mecanismo de protección a los talleres clandestinos” que evita que los mismos puedan ser clausurados.

“Este mecanismo se aplica permanentemente. Este taller ya había sido denunciado. ¿Por qué seguía funcionando? Porque el director general de Protección del Trabajo, Fernando Macchi, en lugar de proteger a los trabajadores como su función lo indica, protege a los empleadores, y en este caso peor aún porque protegió a un taller clandestino”, subrayó Castro a Télam.

Explicó que Macchi, “cuando le llega una actuación de algún inspector sobre irregularidades en una empresa, o que descubre un taller clandestino, en lugar de proceder a su fiscalización para su clausura, notifica por escrito al empresario que hay una denuncia en su contra y le avisa que lo pueden clausurar”.

“Entonces, ya avisado, el empresario toma los recaudos necesarios para evitar una próxima inspección, porque cuando llegan inspectores con poder de clausura, o no les abren, o directamente los sacan corriendo, porque se sienten poderosos, amparados, protegidos por el gobierno porteño”, afirmó Castro.

Así, puntualizó que el gobierno de Macri “notifica a los denunciados, los pone en alerta, y así se arma una verdadera mecánica de protección de los talleres clandestinos”.

El inspector porteño, Edgardo Castro denunció que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “aplica un mecanismo de protección a los talleres clandestinos” que evita que los mismos puedan ser clausurados.

“Este mecanismo se aplica permanentemente. Este taller ya había sido denunciado. ¿Por qué seguía funcionando? Porque el director general de Protección del Trabajo, Fernando Macchi, en lugar de proteger a los trabajadores como su función lo indica, protege a los empleadores, y en este caso peor aún porque protegió a un taller clandestino”, subrayó Castro a Télam.

Explicó que Macchi, “cuando le llega una actuación de algún inspector sobre irregularidades en una empresa, o que descubre un taller clandestino, en lugar de proceder a su fiscalización para su clausura, notifica por escrito al empresario que hay una denuncia en su contra y le avisa que lo pueden clausurar”.

“Entonces, ya avisado, el empresario toma los recaudos necesarios para evitar una próxima inspección, porque cuando llegan inspectores con poder de clausura, o no les abren, o directamente los sacan corriendo, porque se sienten poderosos, amparados, protegidos por el gobierno porteño”, afirmó Castro.

Así, puntualizó que el gobierno de Macri “notifica a los denunciados, los pone en alerta, y así se arma una verdadera mecánica de protección de los talleres clandestinos”.

El gobierno de Macri “notifica a los denunciados, los pone en alerta, y así se arma una verdadera mecánica de protección de los talleres clandestinos”.

El inspector recordó que “en la época en que Aníbal Ibarra era jefe de Gobierno porteño, hubo un siniestro similar en un taller clandestino en la calle Luis Viale, en Flores, donde murieron dos chiquitos”.

“La diferencia con Macri es que Ibarra en esa ocasión denunció al director de Trabajo, Florencio ‘Pichi’ Varela. En cambio ahora no va a ocurrir lo mismo con Macchi, quien debería renunciar, porque él recibió la denuncia, y notificó al taller en lugar de ir a clausurarlo”, sostuvo Castro, quien denunció las irregularidades en el depósito de Iron Mountain tres años antes que se produjera el incendio que le produjo la muerte a diez bomberos, declarado intencional por la Policía Federal.

El inspector también criticó al superior de Macchi, el subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, al señalar que “si se hubieran hecho 60.000 inspecciones, como él dijo, no habría un taller clandestino en la ciudad, y ni un solo trabajador en negro”.

La denuncia de La Alameda

Sobre la tragedia, el titular de la ONG La Alameda, Gustavo Vera, señaló sobre las irregularidades: "No solo teníamos conocimiento, sino que habíamos radicado la denuncia de seis talleres en la misma cuadra, incluyendo el que se incendió. El dueño escondió en uno de estos talleres a los costuristas que sobrevivieron al incendio. Ya habíamos hecho la denuncia en septiembre del año pasado y nunca los investigaron".

En declaraciones a radio El Mundo, el ex precandidato a Jefe de gobierno porteño apuntó que "los talleristas venden la mercancía a veces a La Salada, a los manteros que los explotan, porque los manteros tienen que pagarle a los talleristas y después a la policía que pide coimas para que puedan seguir operando".

Además, Vera puntualizó que "no hay comisaria que no recaude ilegalmente alrededor de 4 millones de pesos por mes y esto se divide en el presupuesto para el funcionamiento de las comisarias, una segunda parte que va para los altos oficiales de las comisarias en donde se puede comprobar fácilmente. Si uno saca fotos a las propiedades de los comisarios y subcomisarios va a ver que no condice con su salario. Y la tercera parte va a los responsables la política de seguridad de la zona.

"No hay comisaria que no recaude ilegalmente alrededor de 4 millones de pesos por mes".

"En este taller lo que pasó es que a los chicos de los costureros se los guarda, así no entorpecen la producción y en este taller que se incendió, los chicos estaban en un cuarto en el piso de arriba. La comisaria 50 recauda coimas de todos los talleres instalados en Floresta", denunció.