02
Diciembre

EPÍGRAFE FOTO: DE IZQUIERDA A DERECHA, JOSÉ BONI, CÉSAR LEGASPI, GUSTAVO MARTÍNEZ CAMPOS, DANIEL EDGARDO ARRIETA Y MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ.

El diputado nacional, por la provincia del Chaco, Gustavo Martínez Campos organizó y convocó a un Foro de Políticas Públicas con el propósito de informar y debatir acerca de la ley prevista por su fuero para la Industria Naval, en el Aula Magna de la Facultad Regional Buenos Aires, de la Universidad Tecnológica Nacional.

Durante el plenario de análisis y diagnóstico de las futuras Leyes, se analizó la compleja y difícil situación actual del transporte y comercio hidrofluvial y de la limitada producción de construcción de unidades en la industria naval, intervinieron diversas y distintas personalidades del ámbito político, universitario, tecnológico, empresarial y sindical que convergieron en un temario de puntos determinantes para la promoción y elaboración de una ley para la Industria Naval, impulsada por el diputado Gustavo Martínez Campos, secretario de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, de Pesca y Puertos, del Parlamento Nacional, que cuenta con el apoyo de Alejandro Ramos, secretario de Transporte de la Nación.

El programa de propuesta parlamentaria constó de cinco puntos fundamentales para la redacción de la Ley de Industria Naval: 1) Económicos: Ahorro de divisas por sustitución de importaciones y reactivación económica por la demanda agregada de bienes y servicios; 2) Sociales: generación de puestos de trabajo de alto nivel de calidad y capacitación necesaria de los recursos humanos; 3) Técnicos e Industriales: requisitos para la puesta en marcha y sustentabilidad del proyecto: definición, como primer demandante, de la actividad al Estado Nacional; instalación, como requisito ineludible, un nivel mínimo de eficiencia de los proyectos amparados por la Ley y un programa de mejoras; aseguramiento del repago de todas las contribuciones que realice el Estado Nacional para la ejecución de proyectos; inclusión de contribuciones a planes de capacitación en los niveles actividades prioritarias; 3) Financieros: concreción económica de los recursos para la activación de la Ley en cuestión; Jurídico e Institucionales: elaboración del Anteproyecto de Ley y creación de un órgano multisectorial, responsable de la conducción, evaluación y aprobación de las distintas acciones del proyecto legislativo.

Participaron del cónclave el Consejo Profesional de Ingeniería Naval, el Instituto Panamericano de la Industria Naval, la Asociación Argentina de Ingeniería Naval, la Cámara de Industria Naval Argentina, la Cámara Industrial Naval de Mar del Plata, la Asociación de Astilleros y Talleres Navales Argentinos, la Cámara Santafesina de la Industria Naval, la Unión de Constructores Navales, la Asociación Bonaerense de la Industria Naval, la Federación de la Industria Naval Argentina, el Sindicato Argentino de Obreros Navales, el Departamento de Ingeniería Naval de la Universidad de Buenos Aires, Tandanor S.A., la Organización Sindical Tandanor, el Astillero Río Santiago y las Organizaciones Sindicales del Astillero Río Santiago, respectivamente.

En el primer panel de introducción intervinieron el ingeniero César Legaspi, presidente del Club de Graduados de Ingenieros Navales, el Diputado Nacional Gustavo Martínez Campos, el ingeniero Miguel Ángel Álvarez, vicepresidente de la Federación Industrial Naval Argentina, el Dr. José Boni, gerente de la Administración General de Puertos y el dirigente Daniel Edgardo Arrieta, secretario gremial de Dragado y Embalizamiento.

El segundo panel de análisis incluyó al ingeniero Juan Antonio Alonso, del Instituto Panamericano de Ingeniería Naval, al perito profesor Fernando Claudio Morales, vicepresidente del Centro de Maquinistas Navales y al Capitán Jorge Bianchi, del Centro de Capitanes y Patrones Fluviales y Marítimos.

Entre otras personalidades asistentes se destacaron las de Raúl Armando Benmuyal, jefe de puertos de la Armada Argentina, Fernando Raúl Labino, superintendente de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Daniel Radoste, director de la carrera de Ingeniería Naval de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de Industria Naval, Hugo Alberto Flacqua, prefecto y Director de Planeamiento de la Prefectura Naval Argentina, Alfredo Arias, miembro de Construcciones Portuarias Paraná Superior, Ricardo Rubén Iglesias, secretario general del Sindicato de Electricistas Navales, Diego Domínguez, piloto y miembro de Vías Navegables, Carlos Gustavo Colacilli, licenciado y docente de la Universidad Tecnológica y Emiliana Hidalgo y Antonio Cima Gallego, asesores de la Comisión Marítima del Parlamento Argentino, respectivamente.

El legislador chaqueño manifestó que trabaja para una Ley con la intervención de todos los sectores activos de la industria naval del país. Confirmó que antes del 20 de Diciembre deberán estar listos los borradores de los ejes para la Ley de la Industria Naval. Dicho proyecto será consensuado con profesionales especializados del equipo especializado del Ministerio del Interior y de Transporte y con el apoyo funcional de la Jefatura de Gabinete y del cuerpo de docentes y técnicos de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de la Universidad Tecnológica Regional, de Capital Federal. El encuentro concluyó con el compromiso de una reunión, antes de fin de año.  

01
Diciembre

CONFERENCIA DE PRENSA

El jefe de Gabinete se refirió al grupo que nuclea a las compañías con mayor volumen de negocios del país y señaló que “la conducta de muchos grupos empresarios en materia de formación de precios es mafiosa”.

Capitanich consideró además una “actitud vergonzosa” la decisión anticipada por el Grupo de los Seis -que nuclea a las empresas con mayor volumen de negocios del país- de realizar una presentación judicial contra la ley que regula las Relaciones de Producción y Consumo.

“Hemos tenido en el Congreso un debate muy auspicioso sobre esa ley, que excluye a un millón de pequeñas y medianas empresas”, porque “pretendemos proteger el eslabón más débil de la cadena”, agregó el funcionario.

Explicó luego que “quien produce no recibe los precios compensatorios, y por otro lado, quien consume paga por un bien o servicio un precio elevado, sin la calidad correspondiente”.

La ley, agregó Capitanich, busca “tener relaciones equilibradas de producción y de consumo, y a la vez, verificar los procesos de concentración económica".

Según el funcionario nacional, “los grandes grupos económicos representados en el Grupo de los Seis (la Unión Industrial, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio, las cámaras de Comercio y de la Construcción, y la Asociación de Bancos) en definitiva no pretenden ningún marco regulatorio ni la aplicación de la ley porque son los que forman precios y destruyen a la PyME”.

“Es mentira que los grupos concentrados defiendan la libre empresa o el capitalismo, defienden solamente la renta extraordinaria que pretenden hacer frente al eslabón más débil de la cadena”

Capitanich afirmó que si los pequeños y medianos empresarios hace una declaración publica contra una compañía grande, sufren restricciones en sus compras, o le dicen un precio y por detrás le sobrefacturan, o les bajan bonificaciones y descuentos.

“Es mentira que los grupos concentrados defiendan la libre empresa o el capitalismo, defienden solamente la renta extraordinaria que pretenden hacer frente al eslabón más débil de la cadena”, insistió el jefe de Gabinete.

El marco regulatorio establecido por la ley, añadió, es claro y transparente; y si hacen una presentación judicial en contra “aceptan que son culpables del proceso de formación de precios, de la distorsión en la actividad económica y de la generación de inflación”.

Capitanich sostuvo que “la inflación está proyectada en no más de 20,5%", e instó a esos grupos a “que expliquen a través de sus voceros, que son economistas absolutamente impresentables, que dicen que la emisión monetaria provoca inflación, los efectos a nivel de precios en Estados Unidos, que triplicó su base monetaria o el Reino Unido, que la quintuplicó”.

El jefe de Gabinete citó también la situación fiscal de Europa, con países que tienen “deudas equivalentes a 100, 200 o 300% de su producto bruto, porque han tenido una acumulación de déficits debido a que las erogaciones superaron los recursos”.

“Estas mentiras que han dicho sistemáticamente a través del tiempo no las pueden sustentar; es una ideología al servicio de una estrategia política. Si hacen esta presentación (judicial) reconocen que son los responsables del proceso de formación de precios”, concluyó Capitanich.

29
Noviembre

HSBC

Las 4.040 cuentas que clientes argentinos del banco HSBC tienen ocultas en Suiza representan una evasión de por lo menos 62.000 millones de pesos, tres mil millones más que la suma de los presupuestos de Mendoza, San Juan y San Luis, y casi el equivalente al de todas las provincias del NEA.

Los presupuestos vigentes para este 2014 aprobados por las Legislaturas de las provincias cuyanas suman un total de $59.507.941.389, tres mil millones menos que el dinero que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) calcula que empresas y ejecutivos argentinos evadieron al fisco a través de una serie de plataformas ilegales montadas por el banco HSBC con el fin de facilitar la evasión en el pago de impuestos en maniobras por al menos 3.000 millones de dólares (unos $25.500 millones de pesos).

En tanto que si se compara la cantidad de dinero evadido en impuestos con los presupuestos de las provincias del NEA, el número es muy similar: Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes sumaron un cálculo anual de gastos corrientes y de capital para 2014 de 65.848 millones de pesos.

Con respecto al presupuesto nacional, lo evadido a la AFIP por los empresarios de nacionalidad argentina que tienen dinero sin declarar en Suiza supera la totalidad de lo que el Estado argentino gasta, sumados, en Educación ($45.669 millones) y Salud ($16.307 millones).

Otros números del presupuesto nacional que son superados por la evasión de firmas radicadas en la Argentina con depósitos sin declarar en el HSBC de Suiza son por ejemplo los fondos destinados a Seguridad interior ($36.293 millones), y por otro lado también a Defensa ($35.103 millones).

La operatoria ilegal, descubierta por la AFIP en la sucursal del HSBC en Ginebra con la ayuda del gobierno de Francia, también supera a los presupuestos provinciales de Córdoba, que en 2014 aprobó un monto de 44.614 millones, y Santa Fe, que para este año contó con un presupuesto de 53.609 millones de pesos.

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, informó el jueves en una conferencia de prensa que la evasión “apunta a una operación de 3.000 millones de dólares como mínimo, ya que una de las cuentas tiene un depósito de 1.300 millones".

La investigación se inició a partir de la información brindada por un ex ejecutivo del banco HSBC en Suiza, Hervé Falciani, que tomó los datos de esa entidad y se refugió en Francia, país que firmó un convenio de intercambio de información con Argentina.

La información aportada por el ex ejecutivo contiene una lista con los nombres de personas físicas y empresas argentinas que conformaron 4.040 cuentas en el HSBC Suiza, cantidad que contrasta de manera sensible con los registros del fisco argentino, ya que hasta el año 2013 sólo 125 contribuyentes argentinos declararon esas tenencias.

Echegaray explicó que el HSBC utilizaba su red de sucursales a nivel global, en especial la localizada en Ginebra, para implementar una serie de "plataformas" destinadas a ocultar fondos en el exterior a la autoridad regulatoria.

Desde la oposición, el diputado nacional y referente económico de PRO Federico Sturzenegger, avaló el proceder de la AFIP al subrayar que "la ley es muy clara, respecto de cuánto y qué se paga".

"No hay mucho para opinar, la ley argentina es muy clara, la gente paga sus impuestos por lo que se llama la renta global", indicó Sturzenegger y al respecto explicó: "Si un residente argentino tiene ingresos afuera del país tiene que pagar", y añadió que "lo mismo corresponde a Bienes Personales".

Por último, funcionarios de la AFIP adelantaron que este lunes presentarán a la Justicia el resto de la documentación sobre las 4.040 cuentas denunciadas (aún falta identificar a 300) que fueron remitidas por la Dirección General de las Finanzas Públicas de Francia para que los magistrados den curso a las denuncias por evasión fiscal y asociación ilícita presentadas por el organismo.

29
Noviembre

EN FACEBOOK

La presidenta de la Nación utilizó la red social Facebook para publicar la desmentida que el Banco Central hizo respecto a la noticia periodística que había circulado en relación a un supuesto crecimiento exponencial de los cheques rechazados en el sistema bancario.

La presidenta de la Nación utilizó la red social Facebook para publicar la desmentida que el Banco Central hizo respecto a la noticia que había circulado en relación a un supuesto crecimiento exponencial de los cheques rechazados en el sistema bancario.

En su cuenta de esa red social, la Presidenta publicó una aclaración del Banco Central en la que se asegura que “es falso que entre septiembre y octubre hubo un incremento de 7.275 por ciento de cheques rechazado por falta de fondos”.

Cristina remarcó que en las notas publicadas por Infobae y Ambito Financiero “asociaron el tema de cheques rechazados a falta de fondos y a teóricos problemas en el desenvolvimiento de la actividad económica, y esto no es así”.

Además, en el mensaje de Facebook, la jefa de Estado incluyó el artículo completo del Banco Central titulado “Datos falsos: Cayó el número de cheques rechazados a falta de fondos”.

Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la cantidad de cheques rechazados disminuyó respecto de septiembre último y también de octubre de 2013, al totalizar sólo el 0,8% del total.

“En cuanto a montos de los cheques rechazados, también se evidenció una caída, al representar el 0,5% del total”, afirma la nota publicada en el sitio web de Cristina Kirchner -www.cfk.com.ar-.

Asimismo, la nota del BCRA asegura que el registro de octubre de este año en esta materia resultó “el menor de los últimos tres años, tanto en cantidad de cheques como en montos involucrados”.

“El desagregado de las razones de rechazos pone en evidencia que el rubro falta de fondos viene cayendo sostenidamente y que, en consecuencia, no se verifican problemas especiales en la cadena de pagos”, concluyó el texto del Banco Central.

La Presidenta reiteró que “los datos del BCRA desacreditan publicaciones de algunos medios que indicaron que se había complicado la cadena de pagos por el aumento en los rechazos de cheques”.

A continuación, la presidenta copió un link a su página web donde se dan más datos al respecto, que no sólo niegan las afirmaciones hechas por Infobae y Ambito Financiero sino que presentan números que indican que la cantidad de cheques rechazados en septiembre y octubre de 2014 disminuyó respecto de los mismos meses de 2013.