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16
Octubre

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo que "no existen razones objetivas" para pagar un plus salarial, pero desde el MInisterio de Trabajo afirmaron que de todas maneras podrían pagarlo las empresas "sin obligación", aunque no sea homologado.

El Gobierno rechazó hoy la posibilidad de que se pague un bono de fin de año como compensación por las diferencias entre las paritarias y la inflación, por considerar que "no existen razones objetivas" para hacerlo, aunque no descartó que las empresas puedan hacerlo "sin obligación", aunque no sea homologado por el Ministerio de Trabajo.

"No proponemos ni propiciamos ningún tipo de carácter excepcional de esta naturaleza", afirmó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, y agregó: "Las paritarias culminaron y fue un proceso que permitió la libre negociación de partes y con resultados satisfactorios".

Según el funcionario, "si uno toma la evolución del Índice de Precios al Consumidor durante el transcurso de este ejercicio anual, hay una recuperación del poder adquisitivo del salario y no un deterioro", por lo tanto "no existen razones objetivas para un mecanismo excepcional tanto para el sector público como privado".

No obstante, la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, señaló que "el bono de fin de año se pide todos los años pero lo pagan las empresas sin obligación" y explicó: "El Ministerio de Trabajo no lo homologa porque consideramos que las paritarias duran un año y durante ese año no hacemos modificaciones del salario".

Rial coincidió de todos modos con Capitanich en que no hay razones para pedir un plus salarial, ya que el aumento en las negociaciones paritarias "en promedio ha sido 29,5%" y, hasta septiembre, hubo "un 19% de aumento del costo de vida". En ese sentido, afirmó: "No ha habido pérdida del poder adquisitivo del salario".

06
Octubre

En la actualidad el 50% de las reestructuraciones de deuda termina en los tribunales. Son datos de un estudio reciente que advierte por la creciente judicialización de las reestructuraciones de deudas soberanas a partir de 1976. El valor absoluto de las demandas contra la Argentina es de U$S 3700 millones.

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En el marco del conflicto entre Argentina y los fondos buitre –que por su intensidad y condimentos judiciales y extrajudiciales ha sido considerado como el "Juicio del Siglo"– en medios internacionales empezaron a circular esta semana trabajos que abordan la problemática histórica de la especulación con deuda soberana. Según Tiempo Argentino, uno de ellos adquiere, en este contexto de definiciones del caso argentino, un valor particular. Titulado "Sovereing defaults in Court" (Defaults soberanos en la Corte), los investigadores alemanes Julian Schumacher, Christoph Trebesch y Henrik Enderlein publicaron lo que se describe como un "censo de las crisis de deuda que fueron judicializadas".

Desprovisto de lecturas políticas y centrado en datos duros y cuestiones objetivas, la investigación toma como período de análisis los casos ocurridos entre los años 1976 y 2010, ocurridos en las dos sedes donde la mayor parte de los países soberanos van a tomar deuda: Estados Unidos y el Reino Unido, concretamente, en Nueva York y Londres.

Dentro de esta mayor ofensiva legal los investigadores destacan la decisión de los holdouts de hacer embargos de activos de los Estados en todo el mundo, cuyas ejecuciones van desde cargamentos de petróleo hasta aviones presidenciales.

Los dos extremos de esta historia son, justamente, el primer caso de un ataque especulativo de este tipo a un país soberano como Costa Rica en los años '80; hasta el inicio y desarrollo del conflicto de Argentina con su deuda defaulteada en 2001. Se involucra en las demandas a bancos o a los denominados "fondos buitres". Antes del análisis caso por caso, el informe afirma que el número de ejemplos de buitres llevando a la justicia a Estados creció exponencialmente, afectando no sólo a Argentina sino a otros 25 países. Además, se especifica que en los últimos años casi el 50% de las crisis de deuda terminaron en litigio, comparado con menos del 10% de los años 80 y principios de los 90.

Dentro de esta mayor ofensiva legal los investigadores destacan la decisión de los holdouts de hacer embargos de activos de los Estados en todo el mundo, cuyas ejecuciones van desde cargamentos de petróleo y aviones presidenciales hasta el pago a otros acreedores. Este último caso coincide con el lobby de los buitres encabezados por Elliott Managament sobre la justicia de Nueva York, la que, finalmente, terminó fallando a su favor en el juicio que le abrireon a la Argentina, trabando el cobro de acreedores que aceptaron los canjes de los años 2005 y 2010.

Este tipo de acciones pueden incluir valores, según el texto, incluso más importantes que el volumen de dinero que está en danza y que es producto de la compra de deuda basura con pretensiones de litigar y transformar eso en ganancias. Como ejemplo se pone el caso de la República del Congo, en el que los litigantes bloquearon por años las exportaciones de crudo de una nación netamente petrolera, hasta lograr cobrar.

La primera oleada de juicios por deudas soberanas se inició en 1980, en plena crisis de deuda de los países en desarrollo. Por entonces, las acciones judiciales las comandaban los bancos. El primer caso relevante de un país en litigio sucedió en 1982, cuando Allied Bank se negó a participar en el acuerdo de reestructuración de deuda con Costa Rica. Después de varias audiencias, el tribunal del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de Allied, pero el gobierno de los Estados Unidos actuó y presionó al banco para que retire la demanda en la Corte. Para los especialistas, este caso sentó un precedente importante dado que mostró que las estrategias de los holdouts funcionaban y que, a la vez, defensas clásicas de los países como la inmunidad soberana eran insuficientes para protegerse ante denuncias de este tipo.

Tiempo después pero en esa misma década, ya se habían presentado una docena de denuncias contra países por temas de deuda. El caso más relevante fue, justamente, el de Weltover contra la República Argentina. En 1992, tras un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Argentina perdió un juicio por default: la historia había comenzado casi diez años antes, cuando el país estableció un seguro de cambio para tomadores de crédito en el extranjero. Allí se comprometía a venderles divisas a esos inversores incluso si ocurriese una fuerte devaluación. Cuando el crédito en dólares venció, el BCRA ya no tenía divisas suficientes para cubrirlos dado que el peso se había devaluado.

A cambio, el Palacio de Hacienda ofreció a los acreedores refinanciar el pasivo a través de emisiones de títulos públicos (Bonods). Ya en 1986, la situación empeoró cuando el Central comunicó la inexistencia de divisas para pagar los bonos. El por entonces presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, ordenó sustituir esos títulos por otros de largo plazo. Ante este escenario, un banco suizo y dos firmas de Panamá que eran acreedores llevaron el caso a la justicia de los Estados Unidos. Los abogados argentinos alegaron "inmunidad de soberano extranjero" y reclamaron que la Corte rechazara el caso. Pero el tribunal dictaminó lo contrario y sostuvo que la emisión de bonos es una actividad comercial y que la postergación de los pagos es una "actividad comercial conexa, que impacta directamente en Estados Unidos, dado que ése es el país donde se hacían los pagos.

Sin embargo, el fenómeno buitre en los términos en los que se lo conoce actualmente, empezó a principios de los '90 con fondos especialistas en deudas basura que "usualmente están instalados en paraísos fiscales como Liechtenstein e Islas Vírgenes". En esta década aparece el caso del CIBC Bank and Trust contra el Banco Central de Brasil, considerado el primer éxito de estos fondos especulativos. Estuvo vinculado a esta acción el fondo Dart, quien tenía U$S 1400 millones en deuda brasileña de largo plazo.

El fondo, sin embargo, se negó a entrar en 1992 en el acuerdo de bonos Brady que propuso Brasil y fue a la justicia de Estados Unidos. Allí, hubo un fallo favorable a los bonistas especuladores, Brasil aceptó pagar una parte de los intereses, y Dart pudo vender la totalidad de su deuda y sacar tajada. Esto además debilitó a la entonces vigente doctrina Champerty, que  prohibía  la venta de deuda con el objetivo primario de litigar. Luego de eso, se abrió la era moderna de la disputa entre los buitres y los países soberanos, una historia en la que los holdouts obtendrían juicios favorables y, a la par, encararía un proceso de pedidos de embargos internacionales de bienes.

En 1998, siguió el caso del Banco y la República de Perú contra el fondo buitre Elliott, del magnate Paul Singer. Este último compró deuda de ese país por un valor nominal de U$S 20 millones. Tras una negociación con presiones para llevar a Perú al default, terminó cobrando casi U$S 60 millones. Elliott cobró un monto mayor porque, al igual que hoy ocurre con Argentina, sólo sus bonos quedaban para cerrar la reestructuración.

El litigio duró casi diez años y hubo embargos en distintos lugares del mundo, y en el 2000 Perú debía pagar intereses o entrar en default forzado por los buitres. Se coló en las charlas el ministro de Gobierno de Alberto Fujimori y Perú, curiosamente, aceptó pagar lo que exigían. Luego, tras la idea del presidente peruano, se supo que uno de los asesores de Singer era, justamente, otro ex funcionario del Ministerio de Economía. Según el estudio de los economistas alemanas, el caso se centró en una mirada novedosa de la cláusula pari passu.

A las puertas del año 2000, empezó a recalentar el escenario mundial el caso de la deuda argentina. El trabajo resalta, más allá de las demandas en Corte, la intención de los holdouts de embargar el avión presidencial, los activos del Banco Central, "la joya de la corona de la Marina", la Fragata Libertad; y "hasta fósiles de un dinosaurio argentino en exhibición en Europa".

De todas maneras, "muchos de estos intentos no tuvieron éxito, ya que en su mayoría fueron rechazados por Cortes de los Estados Unidos y Europa". La información incluida en esta investigación asegura además que el fondo NML-Elliott, presentó más de 10 acciones individuales contra Argentina en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Muchas de esas acciones, sin embargo, se fueron abandonando a medida que el nuevo proceso se iniciaba.

El trabajo afirma que los gobiernos de países de América Latina y África han sido los más afectados, con 79 y 27 presentaciones judiciales de fondos buitre. En esas regiones, se apuntó a países emergentes. De los 114 casos de presentaciones judiciales que estudiaron los economistas, 63 fueron realizadas por los holdouts, 30 los bancos y el resto otros acreedores como empresas de seguros. Si se toma como punto de partido de los litigios el año 2000, de allí a esta parte el 75% de las acciones judiciales contra países con deuda en default las llevaron adelante los buitres.

Asimismo, se menciona "la opacidad de los buitres", que son mayormente fondos poco conocidos. Siendo esa la característica fundamental para tener éxito en los litigios.

El estudio mide además el impacto de las acciones de los fondos buitre en volumen de deuda en dinero: así, en números absolutos, las demandas más importantes fueron contra Argentina en el post 2001, con un total de U$S 3700 millones en el inicio. Luego sigue Brasil contra el CIBC, con U$S 1400 millones.

De todos modos, se destaca que el daño es superior en el caso de los países más pobres: por caso, en Nicaragua, en los años '90 y en Liberia en los 2000, las demandas ascendieron a 5,9% y 4,3% de sus PBI, respectivamente. En esos países, como por ejemplo, Ecuador, intentaron además embargar cargamentos de petróleo. Más cerca, en la Irak de Saddam Hussein, los buitres amenazaron de tal manera al negocio petrolero que las Naciones Unidas se vieron obligadas a intervenir con una resolución especial que declaraba inmunes de embargos a los cargamentos de hidrocarburo iraquí.

Los autores

Docentes en Alemania. Christoph Trebesch es profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Munich. Es experto en temas de deuda y publicó informes sobre las reestructuraciones en Grecia. Henrik Enderlein es profesor de Política Económica en la escuela Hertie de Alemania.

El Dato

Ingrediente. "Las disputas legales son un importante ingrediente del mercado de deuda soberana".

04
Octubre

DIVISAS

El economista Aldo Ferrer dijo que “la Argentina no está viviendo ningún abismo, hay una situación económica sólida sobre la que hay que pararse para seguir avanzando para resolver temas de coyuntura como la inflación o la especulación con el tipo de cambio”.

“En este mundo global que vivimos solo le va bien a los países soberanos, y nosotros hemos dado un paso importante en este sentido con el cumplimiento de nuestras obligaciones de deuda, ahora, hay que fortalecerlo luchando contra las especulaciones del tipo de cambio, el nivel de actividad y el aumento de las inversiones”, manifestó Ferrer en diálogo con radio Nacional.

El ex embajador en Francia agregó que “acá no hay ningún abismo salvo que hagamos disparates, hemos mostrado una gran resistencia frente a las presiones externas con los fondos buitre y pese a lo que decían de que el mundo se iba a venir abajo por el fallo del juez neoyorkino Thomás Griesa, la realidad demostró que no fue así, no vino ningún fin del mundo y los problemas siguen siendo los mismos antes y después de ese fallo”.

Ferrer destacó que “el sistema bancario también está sólido, no hay perspectiva de que se repita el corralito, el corralón o la crisis financiera internacional, tenemos una plataforma sobre la cual apoyarnos muy diferente respecto del pasado”.

“Ahora el tema pasa por ver cómo conseguir dólares genuinos, provenientes de la competitividad, y continuar con los avances científicos tecnológicos y la inversión en infraestructura, así como el manejo del tema energético”, detalló.

“En definitiva, son los problemas del crecimiento, en un país que recuperó soberanía, y que deberá seguir avanzando en cada frente que se presente y coyuntural”, sintetizó el economista.

04
Octubre

INVESTIGACIÓN

La entidad apuntada por la presidenta Cristina Fernàndez de Kirchner de realizar maniobras especulativas con el dólar, y cuya financiera fue suspendida por operaciones irregulares, tuvo en los '90 una relación de negocios con el empresario fallecido, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas.

Enrique Alberto Antonini, actual director de Mariva Bursátil, suspendida por la Comisión Nacional de Valores (CNV), declaró en 1999 ante el juez Conrado Bergesio, quien investigaba los ataques de la denominada 'mafia del oro' al ex fiscal Pablo Lanusse, que conoció a Yabrán en el marco de iniciar negocios entre el Banco y el empresario.

"Lo conocí ya que soy el encargado de buscar clientes para el banco; Tito -en alusión al ex juez Roberto Marquevich- me dijo si no me interesaba conocer a Alfredo Yabrán a fin de que trabaje con el banco, acercarlo, no sé... Al poco tiempo de que Tito me dijo eso, un día me llamó Alfredo Yabrán y después nos reunimos", declaró Antonini.

También José Luis Pardo, el principal accionista del Mariva, y amigo del ex presidente Eduardo Duhalde, reconoció haber trabado relaciones con Yabrán.

"Yo lo conocí una vez, después de que abrió la cuenta (en el Mariva). Tomamos un café... no tengo por qué decirle de qué conversamos", dijo Pardo a La Nación, en una nota publicada el 22 de abril de 2001, escrita por el periodista Santiago O´Donnell, quien años más tarde fuera el autor de Argenleaks, los cables secretos de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, compilados por WikiLeaks.

Por su parte, Marquevich, al declarar ante el Consejo de la Magistratura, en 2001, por una acusación en su contra de favorecer a Yabrán, habló de las inversiones del empresario en Pinamar a través del Banco Mariva.

"En una época hubo un emprendimiento en Pinamar donde Mariva, el banco al que pertenece el señor Antonini, lo hacía con un nexo de Pardo, del señor Pardo, que es director ahí", indicó el magistrado.

De acuerdo a la nota de La Nación, Marquevich aclaró a este diario: "Antonini me dijo que el banco tenía dificultades y quería relacionarse con grupos financieros. Me dijo que iba a tratar por el lado de Yabrán y yo le contesté que me parecía una idea brillante. Después (Antonini) me contó que Yabrán depositó un millón de pesos".

En su declaración ante el Consejo de la Magistratura, el juez sostuvo que Pardo tenia una relación muy cercana con Yabrán y que hacían negocios juntos.

"Le dará vergüenza decir que estaba Yabrán ahí, que era el nexo. Pinamar, ¿quién era? Era Yabrán. Le dará vergüenza decirlo... Es lo único que puedo decir para no avanzar más, porque puedo avanzar más, sobre todo ese banco. Y hace rato le nombré a otra persona, que era Pardo, ¿eh?", afirmó Marquevich.

Según la nota de O'Donnell, "el banco Mariva y sus directivos (a través de la empresa Amarna SA) eran dueños de un tercio del Grupo Exxel, desde su fundación en 1991 hasta el 27 de diciembre de 1996: Amarna tenía 25% de las acciones del Exxel y el Mariva, otro 5%".

Preciso que "Mariva y Amarna habían vendido su participación en el Exxel a la empresa Panameña Cushion Holdings, cuyo apoderado era Juan Navarro, el entonces presidente del Exxel, según datos de la consultora norteamericana IFPC".

"Tres semanas después de que el banquero más cercano a Duhalde vendió su participación en el Exxel Group, se produjo el asesinato de José Luis Cabezas", en enero de 1997, concluyó.

En diciembre de ese año, el Exxel Group compró en 605 millones de dólares el núcleo de los negocios de Yabrán: las empresas de correo postal OCA y Ocasa, dueñas -a su vez- de la transportista Villalonga Furlong, Edcadassa (compañía de depósitos fiscales) y e Interbaires (free shops).

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