R24 EN VIVO

HIPERDIGITAL PARA REPRODUCTOR

Usted está aquí:LocalesReporte 24
05
Agosto

EN UN DOCUMENTO QUE SERÁ TRATADO EN BREVE, ABOGADOS TEMEN REPRESALIAS CONTRA JUECES Y FISCALES QUE COMPLICAN AL EJECUTIVO.

Agencia NA/La relación es directamente proporcional. A medida que avanzan las causas de amplia repercusión política y mediática, aumenta la preocupación de distintos sectores del mundo judicial por las presiones que ejerce el Gobierno sobre el tercer poder del Estado.

Los casos de premios por obsecuencia y castigos por investigaciones o fallos incómodos se instauraron y hasta ya son considerados por muchos como un método sistemático de operatoria del oficialismo. Esto repercute en distintos sectores del sistema judicial.

La problemática caló hondo y hasta llegó a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), el ente máximo de la colegiación, que representa a la mayoría de los colegios del país -no la integra, por ejemplo, el de la Capital Federal-.

En la última reunión de la Junta de Gobierno de FACA, celebrada en Catamarca el pasado 8 de junio, el delegado del Colegio Público de San Martín en la federación, Eduardo Zimmermann, pidió la palabra para plantear “un tema preocupante para la abogacía, como es el de las presiones al Poder Judicial, por parte de los otros poderes, en especial el Ejecutivo Nacional”.

“Dos camaristas cuyos votos no agradaron al Poder Ejecutivo, luego de públicas presiones, solicitaron su traslado, uno de ellos a San Martín”, comenzó Zimmermann su enumeración. “Podemos leer declaraciones del fiscal Federico Delgado, quien manifestó: ‘puedo terminar con un tiro en la cabeza o con un kilo de droga en el auto’. El mencionado actúa en la causa conocida como Odebrecht, y denunció que también sufrió hostigamientos en casos como Panamá Papers y el supuesto tráfico de influencias de Daniel Agelici” añadió el abogado.

Luego, se refirió al apartamiento del fiscal Juan Pedro Zoni de la pesquisa penal en torno al Correogate, que involucra al presidente Mauricio Macri. Zimmerman remarcó que el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, “ya efectuó aproximadamente cuarenta traspasos de fiscales, entre ellos el del fiscal Juan Pedro Zoni, quien pidió investigar al diputado Tonelli, comenzaba a analizar los libros de las empresas del grupo Macri y había pedido medidas en la causa del Correo Argentino”.

El delegado por el Colegio de Abogados de San Martín en FACA, se detuvo en ese caso particular que involucra a la familia Macri, tal como se desprende del acta del encuentro celebrado en la ciudad de Catamarca. Y señaló que la fiscal general Gabriela Boquin, quien impulsa la causa comercial del Correogate -y derribó el escandaloso acuerdo por el que Macri le condonaba a su familia 4 mil millones de pesos y más de 70 mil millones a 2033- “sufre públicas presiones de todo tipo, entre ellas del consejero de la Magistratura, Pablo Tonelli”. Boquin está matriculada en el colegio de abogados de San Martín, ya que ejerció muchos años la profesión antes de volcarse a la función pública.

“Boquin sufrió un robo de documentación de su automotor y otro intento en el rodado de su marido, también matriculado en San Martín, entre otros extraños hechos. Participé en todas las marchas pidiendo justicia para el fiscal Nisman, concurriendo con muchos de los colegas delegados y autoridades hoy presentes. No quisiera tener que participar en ninguna marcha semejante”, concluyó el delegado, con su visión particular del caso del fiscal de la UFI AMIA que fue hallado muerto en su departamento el 18 de enero de 2015.

Por todo eso, pidió que FACA aborde la cuestión en el próximo encuentro que se realizará en San Rafael, Mendoza, el 14 de septiembre próximo, donde no son pocos los que esperan que se emita alguna declaración sobre el tema.

BAJATE LA APP DE HIPER DIGITAL Y LLEVA LA RADIO EN TU MÓVIL

La preocupación se expande por tribunales.

“Hay inquietud en distintos ámbitos. Los abogados perciben que todo se resuelve según voluntad del Poder Ejecutivo. Lo que torna difícil el ejercicio profesional ya que los abogados del poder son los únicos que tendrían éxito en sus causas”, desliza un abogado del Frente de Abogados Populares (FAP). El FAP es una agrupación de abogados que participó en una lista opositora en la última elección del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, integra la asociación de abogados y disputó elecciones de distintos colegios públicos del Interior con diversos resultados.

A su vez, un día antes de que se celebrara la mentada reunión de FACA, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional había emitido un duro comunicado remarcando el poder de injerencia del Gobierno:

“En un Estado democrático y republicano de Derecho es indispensable un respeto irrestricto a las decisiones de cada poder en su propio ámbito”, se aseguró el 7 de junio.

Fue en el marco del pedido de juicio político a tres integrantes de la Cámara Civil, que había resuelto que el Instituto Patria podía mantener en reserva los datos de sus asociados, contra el pedido del Gobierno, que exigía su difusión. Como la Casa Rosadalo interpretó como un “fallo político”, la Inspección General de Justicia presentó un pedido para avanzar contra los tres letrados que suscribieron la sentencia.

“Ante los pedidos de juicio político contra los tres integrantes de la sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, esta Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional reitera una vez más que la independencia del Poder Judicial no admite recortes, sólo la exigencia de actuar imparcial e idóneamente”, se resaltó.

Y se remarcó: “La actividad jurisdiccional, está expuesta a la crítica que toda persona tiene el inalienable derecho de ejercer cuando crea que puede sentirse alcanzado o afectado por algún pronunciamiento o decisión, pero ello nunca puede dejar de discurrir por las vías recursivas normales. Las solicitudes de juicio político a los referidos magistrados por el contenido de sus pronunciamientos, más allá del acierto o error de éstos, implican una evidente e indebida injerencia en la actividad jurisdiccional”.

Entre junio y la actualidad se sucedieron nuevos hechos de impacto político y mediático.

Por ejemplo, se destapó el caso de los aportantes de campaña truchos que afecta a Cambiemos. El procurador interino, Eduardo Casal, siguiendo la lógica que se alertó en FACA, removió al fiscal que iba a investigar las irregularidades: Hernán Schapiro, titular de la fiscalía N°1. En su lugar, repitiendo el mecanismo que se aplicó en la causa penal del Correo, se ubicó a un procurador que es visto con buenos ojos por el oficialismo. Se trata de Guillermo Ferrara, titular de la fiscalía N°2 y a quien se vincula con el fiscal de cámara de La Plata, Julio Piaggio. En su lugar, cuestionan muchos en tribunales, debía haberse nombrado a quien esta a cargo de la fiscalía N°3, Ana Russo. ¿Por qué? Porque de los dos, la única fiscal penal es Russo. Ferrara es civil. Este tipo de movimientos no pasan desapercibidos y preocupan a gran parte del mundo judicial. Muchos ya se preguntan cómo será administrada la información del caso Odebrecht que comenzará a llegar a Comodoro Py, tras la firma de un acuerdo formal entre el Ministerio Público Fiscal argentino y la justicia brasileña. Entre otras firmas, en el Lava Jato aparece mencionada Iecsa, la histórica empresa constructora que estuvo en manos de la familia Macri hasta hace muy poco tiempo.

05
Agosto

LA OLA DE DETENCIONES CON ESCASAS PRUEBAS OCURREN MIENTRAS EL GOBIERNO NO DA PIE CON BOLA EN LA ECONOMÍA. EL AUTORITARISMO COMO RESPUESTA A LA FALTA DE CONTROL SOBRE EL RUMBO.

Roberto Feletti/La Justicia adicta al Gobierno ha enviado un ominoso mensaje a la oposición de cualquier signo y representación: todo ciudadano puede ser sacado de su cama en la madrugada y arrojado a una celda, aún cuando no existan pruebas documentales que sustenten semejante arbitrio. Esta semana se ha roto el Estado de derecho en lo que hace a las garantías de un debido proceso y el consecuente ejercicio de la defensa, vulnerando la correspondiente presunción de inocencia. Además este hecho fue acompañado del apedreo al teatro donde se exhibiría un documental sobre Santiago Maldonado, el apaleo y detención de participantes en la marcha de reclamo al producirse un año de la desaparición del joven militante solidario, el cierre cotidiano de emisiones periodísticas disonantes con el discurso oficial y la intención de quebrar a los sindicatos que enfrentan las políticas gubernamentales con multas millonarias. Pero el dato más relevante fue que se evidenció, como nunca antes, el objetivo central de este accionar: neutralizar a Cristina como líder más claro y contundente del proyecto alternativo al desastre vigente.

Desde esta columna advertimos la tragedia social que implica el plan de estabilización del Gobierno, pero a la vez su inutilidad a los fines perseguidos. Los números de la economía real apenas en los comienzos del ajuste, son elocuentes al marcar la magnitud del derrumbe. El estimador de actividad económica a mayo arrojó una caída interanual del 5,8% y el estimador industrial a junio un descenso récord de 8,1% respecto de un año atrás.

Sin embargo no son estos indicadores los que han determinado una profundización abrupta del formato político -agudizando el autoritarismo-, sino los costos elevados de la "pax cambiaria" del mes de julio.

El éxito que presentan las autoridades económicas de un descenso del 5,56% del valor del dólar a lo largo del mes, encubre un cuadro cambiario y financiero endeble. La contención del valor del tipo de cambio se alcanzó a costa de una elevada tasa de interés combinada con una fuerte venta de reservas internacionales. La renovación de las Letras del Banco Central el 18 de julio se produjo a una tasa del 46,5 %, que equivale a un rendimiento mensual del 4,02%. A su vez, las reservas bajaron u$s 3.885 millones en el mes.

BAJATE LA APP DE HIPERDIGITAL Y LLEVÁ LA RADIO EN TU MÓVIL

Es decir que un inversor que se hubiera desprendido de dólares al inicio de julio y los hubiera aplicado a activos financieros en pesos, habría obtenido una ganancia mensual en divisas de casi el 10 %, computando el 5,56% de caída de la cotización del dólar y agregando el 4,02% de rendimiento promedio de la tasa de interés. No obstante, pese a sostener una rentabilidad en dólares enorme (10% mensual), el Banco Central no recibió oferta privada de divisas y debió desprenderse de casi u$s 4.000 millones para asegurar la estabilidad cambiaria.

Una combinación de tasas muy altas con tipo de cambio forzado a la baja vendiendo reservas, que no logra recrear la oferta privada de dólares aún con el respaldo del FMI, revela una profunda desconfianza de los agentes económicos sobre el rumbo del Gobierno.

Es evidente que el esquema del mes de julio no es sostenible en el tiempo. De hecho el FMI le obligó al Tesoro a reducir el monto diario de venta de divisas de modo de no financiar la fuga de capitales. El Gobierno, entonces, se verá obligado en los próximos meses a adoptar medidas mucho más drásticas para equilibrar el sector externo y por ende avanza en un formato político que asegure que el pueblo soporte su programa. Las cifras del balance cambiario del primer semestre del año reflejan lo inestable del escenario del mes de julio: el sector privado retiró por la cuenta capital u$s 18.940 millones y el déficit de cuenta corriente arrojó u$s 8.640 millones. Los dólares se siguen yendo.

El autoritarismo es el formato que adoptan las oligarquías frente a la incertidumbre internacional. Así ocurrió en los 30, después del "crack" de 1929 y en los 70’ luego de la hecatombe del petróleo en 1973. Ahora que el Mundo comienza a reconfigurarse aceleradamente como consecuencia de la crisis financiera de 2008, no es la excepción que la oligarquía gobernante quiera asegurar el manejo de la situación cercenando la democracia.

Depende también del movimiento popular enfrentar el desafío y ganar rompiendo la historia.

04
Agosto

EL SINDICALISTA HABLÓ LUEGO DE REUNIRSE CON DIRIGENTES DEL PERONISMO EN CAÑUELAS.

El dirigente sindical de Camioneros, Hugo Moyano, mantuvo un fuerte cruce con los medios de comunicación a la salida del encuentro que mantuvo con Cristina Kirchner y otros dirigentes del peronismo y explotó contra el gobierno de Mauricio Macri.

Moyano se mostró molesto con las preguntas reiterativas de los movileros y aprovechó el momento para disparar con munición gruesa contra el ajuste encabezado por Cambiemos.

LAS FRASES MÁS PICANTES:

   “Los que no hacen acercar son las políticas que llevan adelante el Gobierno nacional”.

   “Lo que opino (sobre los"cuadernos de la corrupción) es cómo se caga de hambre la gente, cómo les sacan lo que les devolvieron, como les sacan a los chicos sus derechos”

   “Yo no soy vigilante”.

   “¿Sabes porque me persigue el Gobierno? Porque no quisimos aprobar la reforma laboral que le iba a traer el hambre a la gente ¿y saben qué? le rompí el techo del 25, por eso me persigue y me pueden seguir hasta la muerte”.

   “Ningún juez que tenga un poco de sentido común puede aprobar ese disparate”

   “Los que nos juntó con Cristina fue este congreso que hicimos”.

   “Viejo ¿siempre lo mismo? nos sacamos una foto juntos, nada más. Es lo mismo que me saque una foto con ustedes ¿qué va a significar?”.

   “Estamos trabajando con todos los sectores del peronismo, grupos sociales, sindicales, para hacer un frente que tengamos un pensamiento más o menos parecido”.

   “El Gobierno va a hacer lo que le indique el FMI”.

BAJATE LA APP DE HIPER DIGITAL Y LLEVA LA RADIO EN TU MÓVIL

03
Agosto

SERÍA LUNES O MARTES, ANTES DEL DEBATE DEL ABORTO. ALCANZA CON MAYORÍA SIMPLE Y HAY TENSIÓN EN EL PERONSIMO.

Gabriela Michetti solicitó al interbloque Cambiemos solicitar una convocatoria a sesión especial para habilitar un pedido del kirchnerismo para allanar los domicilios de Cristina Kirchner, en el marco de la causa por los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta.

Se trata del último pedido del juez Claudio Bonadío que ingresó al Senado esta tarde y según el artículo 1 de la ley de fueros, la autorización puede concederse con una mayoría simple. Sólo obliga al juez a pedir autorización a la Cámara que integra el legislador.

Cambiemos junta 25 senadores, 12 menos que ese número, puede sumar aliados menores pero necesitará de al menos una parte del bloque Justicialista, conducido por Miguel Pichetto.

Para allanar el domicilio de un legislador, la ley de fueros obliga a los jueces a pedir autorización a cada Cámara pero no exige dos tercios. Cambiemos busca acorralar a Pichetto.

En esa bancada persiste la decisión de ignorar cualquier pedido de prisión preventiva de un senador si no tiene sentencia firme y por lo tanto el nuevo pedido de Bonadío por esta causa pasaría de largo.

"Se ratifica la posición institucional del Senado en el sentido de que no procede el desafuero mientras no haya sentencia. Además, el proceso penal se puede llevar a término hasta la sentencia misma sin ningún tipo de impedimento debido a los fueros", ratificó Pichetto en un comunicado. No aclaró que haría en caso de un allanamiento y Michetti buscará acorralarlo.

BAJATE LA APP DE HIPER DIGITAL Y LLEVA LA RADIO EN TU MÓVIL

Recién en diciembre se trataría la solicitud de prisión de Cristina por la causa que investiga supuesto fraude a la patria por el memorándum con Irán, que se trataría en diciembre.

Según trascendió, el miércoles, mientras discutían el dictamen del aborto, senadores del bloque de Pichetto coincidían en que no había que perder la doctrina que protege a la ex presidenta hasta tanto no intervenga la Corte Suprema.

"Espero que se mantenga el criterio de no habilitar el desafuero si no hay sentencia firme", confió este miércoles Marcelo Fuentes, jefe del bloque que integra Cristina, que se dio una vuelta por la comisión para firmar el despacho.

Página 6 de 459