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Usted está aquí:NoticiasPoliticaEL 62% OPINA QUE EL ACUERDO CON EL CORREO ES CORRUPCIÓN Y MACRI CRECE EN IMAGEN NEGATIVA
09
Enero

UNA DE LAS EMPRESAS MÁS BENEFICIADAS POR EL GOBIERNO ABRIÓ RETIROS VOLUNTARIOS

Cargill, una de las agroexportadoras más favorecidas por la quita de retenciones, planea recortar su personal. Trabajadores denuncian despidos encubiertos.

La cerealera Cargill abrió un plan de retiros voluntarios que intentó justificar como un plan de transformación de la compañía. El gremio denuncia despidos encubiertos.

La empresa, junto al resto de las exportadoras de cereales, es una de las más beneficiadas por las políticas de Mauricio Macri, ya que son las favorecidas directamente por las bajas en los aranceles a la venta de alimentos al exterior.

El presidente ejecutivo de la multinacional, Marcelo Patriarca, le informó al secretario general del Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo, Pablo Reghera, sobre la apertura de los programas de retiro. Los trabajadores se declararon en estado de alerta y movilización debido a la incertidumbre que se generó por la falta de precisiones sobre la cantidad de cesantías que se generarán. Más aún, la empresa se negó a indicar la cifra.

El ofrecimiento de la empresa agroindustrial contempla el pago del 100% del valor indemnizatorio. La empresa emitió un comunicado en el que señala: "No estamos cerrando puestos de trabajo, sino sólo sustituyendo algunas posiciones con perfiles acordes a los nuevos desafíos del negocio". "Cargill está pasando por un proceso de transformación, que tiene como principal objetivo garantizar la sostenibilidad de nuestras operaciones a largo plazo", dijo la compañía de capitales estadounidenses.

La planta de la firma está radicada en Puerto General San Martín, una localidad portuaria del departamento San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe.

09
Enero

EN EL MISMO DÍA EN QUE LIBERÓ AL POLICÍA ACUSADO DE ATROPELLAR A UN CARTONERO, EL MAGISTRADO RATIFICÓ LA PRISIÓN PREVENTIVA DE UN MANIFESTANTE.

Damian Dopacio - NA/El juez Sergio Torres confirmó la prisión preventiva del militante del Partido Obrero Dimas Fernando Ponce en la causa relacionada con la manifestación contra la reforma jubilatoria del 18 de diciembre. Lo decidió en el mismo día en que ordenó la liberación del único policía encarcelado, sindicado de atropellar a un cartonero durante la brutal represión.

Al igual que el afiliado del PO César Arakaki, detenido desde hace diez días en el penal de Marcos Paz, Ponce está imputado por las lesiones al agente policial Brian Escobar. La abogada Claudia Ferrero, en representación de ambos, “ha presentado pruebas concluyentes de que las heridas de Escobar -propias de una piedra arrojada a distancia- nunca podrían haber sido infringidas por los detenidos”, explicó la agrupación perteneciente al Frente de Izquierda en un comunicado. En efecto, los dos aparecen fotografiados portando cañas características de las que se emplean para sostener banderas.

Tanto Arakaki como Ponce se presentaron ante la Justicia apenas se difundieron versiones periodísticas sobre su participación en la marcha. A pesar de esta disposición, el juez Torres les ha denegado a ambos la eximición de prisión. “Muy diferente es la vara para los policías imputados en la brutal represión de ese día: el agente policial Barisone fue excarcelado porque sus jefes policiales -o sea quienes ordenaron la represión- no pudieron acreditar que fuera él quien atropelló con la moto a un manifestante. Aunque tampoco puede imputar realmente a Arakaki y Ponce, en este caso el juez ha resuelto la detención de ambos”, analizó el PO.

La detención de Ponce, ordenada el pasado jueves 4, fue apelada de inmediato por su abogada. Desde entonces, Ponce ha permanecido en su domicilio real. “Es falsa, por lo tanto, la versión que se hizo circular de que se encontraba ‘prófugo’”, aclaró el partido.

En la tarde del lunes, el juez Torres le hizo saber a los defensores de Ponce que no esperará el fallo de la Cámara de Apelaciones y ordenó el arresto del militante de izquierda. En función de ello, el PO adelantó que Dimas Ponce se colocará a disposición de la Justicia el martes a las 7.30, en la apertura del juzgado.

“La detención de Ponce es parte de una escalada represiva contra el Partido Obrero y la izquierda, dirigida a intimidar a todos los que luchan contra el ajuste oficial. Mientras Patricia Bullrich (ministra de Seguridad) avala una burda provocación contra el PO, con todo el tufillo de un armado de los servicios de inteligencia, la Justicia detiene a nuestros militantes. El jueves 11, a partir de las 17 horas, el Partido Obrero marchará junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia, para reclamar la libertad de los detenidos y el fin de la persecución a todos los luchadores contra el ajuste”, remata la gacetilla.

09
Enero

TRAS LA DETENCIÓN DEL INTENDENTE DE QUITILIPI, LA DIPUTADA NACIONAL LUCILA MASIN INSTÓ A LA DIRIGENCIA DE CAMBIEMOS A “REPUDIAR ESTE HECHO ABERRANTE", EN EL QUE SE ACUSA A CARLOS CASALBONI POR EL DELITO DE ABUSO SEXUAL CONTRA SU EX PAREJA.

Desde el viernes último, el Jefe Comunal se encuentra detenido, por orden de la Fiscal Liliana Lupi, en una denuncia que se lo sindica como autor de los delitos de abuso sexual, violencia física y amenazas contra su ex pareja. En la mañana de este lunes, Casalboni se negó a declarar ante la autoridad competente.

En este marco, la legisladora cuestionó el “silencio de sus pares del radicalismo y del Bloque Cambiemos, quienes ante la gravedad del hecho, tienen la obligación moral y política de repudiar enérgicamente lo sucedido, de la misma manera que lo debe hacer el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación a través de Claudio Avruj”.

“La violencia de machista no puede ser avalada en ningún ámbito, y menos aun cuando se trata de funcionarios públicos elegidos mediante el voto popular. Este hecho es de suma gravedad y debe recibir el mayor de los repudios, de manera que no quede impune", sostuvo Masin.

La Diputada Nacional remarcó que “un funcionario con estas características no puede ocupar ningún lugar de representación ante la ciudadanía. La justicia deberá juzgar este hecho de manera eficiente, considerando su gravedad, según la Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres“.

Casalboni ya había sido destituido de su cargo el año pasado en 2017, a causa de varios hechos de corrupción, no obstante, posteriormente fue beneficiado con una cautelar emitida desde un juzgado de Resistencia, que lo repuso al frente del Municipio de Quitilipi.

09
Enero

EN MEDIO DE UNA ESCALADA POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CANAL ESTATAL, LOS EMPLEADOS MOSTRARON QUE VARIOS MÓVILES DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD ESTÁN APOSTADOS EN LA PUERTA DEL EDIFICIO “EN CLARA ACTITUD INTIMIDATORIA” ANTE LA ASAMBLEA DE HOY.

Los trabajadores de la TV Pública denunciaron una escalada del Gobierno al mostrar que el canal tiene varios móviles de la Policía de la Ciudad y calificaron el despliegue como una “clara actitud intimidatoria”.

“Duró poco el ‘diálogo’ de la gestión. Luego de plantear una ‘batalla’ con los trabajadores, el canal amaneció rodeado de efectivos policiales, en clara actitud intimidatoria a nuestra asamblea de hoy”, denunciaron desde su cuenta de Twitter.

A su vez, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) exigió “a las autoridades el cese inmediato de las provocaciones. Fuera la policía de #TVPublica Defendamos los medios públicos! Basta de extorsiones, queremos diálogo”.

Hace unos días, los trabajadores de prensa de la TV Pública habían denunciado en un comunicado su “total y absoluto rechazo a la extorsión y provocación de parte de la empresa y las autoridades del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos” en vista a un plan deliberado de ajuste en el única canal de gestión estatal.

El viernes, la Gerencia de Recursos Humanos había emitido un comunicado en donde pidió a los sindicatos de las distintas ramas que defienden a los trabajadores dentro del canal “actuar con responsabilidad y realismo”, e instó al “diálogo” para “lograr una TV Pública de calidad, moderna y transparente”.

Crédito: @Canal7SiPreBA

El llamado al diálogo duro poco, ya que simultáneamente y “en lo que apareció inicialmente como un error en la página web de la TV Pública pero luego se evidenció como parte de una política deliberada al aparecer en el sitio de Jefatura de Gabinete” las autoridades del canal difundieron “el promedio de sueldos brutos de algunos trabajadores, un supuesto nivel de ausentismo, ‘privilegios’ y falsos niveles de aumento de planta del canal en los últimos quince años”.

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