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Usted está aquí:NoticiasLocalesCASTELLI: CONTINÚAN LOS CONTROLES DE TRÁNSITO
05
Diciembre

LA FISCAL DE LA CAUSA SOLICITÓ CUATRO AÑOS DE CÁRCEL PARA EL ACTUAL SENADOR Y EX PRESIDENTE Y TRES AÑOS Y NUEVE MESES PARA QUIEN FUERA SU MINISTRO DE ECONOMÍA.

La fiscal Gabriela Baigún cuatro años de prisión para el senador y ex presidente Carlos Menem y una condena similar para el ex ministro de Economía de esa gestión, Domingo Cavallo, por vender a precio vil el predio ferial de La Rural y pidió que sea restituido al Estado Nacional.

En la audiencia de este miércoles, en la que no estuvieron presentes ni Menem ni Cavallo, la fiscal pidió una condena de cuatro años para el primero y de tres años y nueve meses de prisión para el segundo por haber vendido, en 1991, el predio a la Sociedad Rural a 30 millones de pesos/dólar, cuando su valor real era de 130 millones.

Baigún recordó que, pese a que pasaron 27 años de aquella venta, "no deja de ser un acto de corrupción cometido por las más altas esferas del gobierno de ese momento" y remarcó que "está plenamente acreditado que Menem, Cavallo junto a directivos de la Sociedad Rural sustrajeron de la esfera del estado el predio ferial de Palermo".

La venta se concretó por decreto en diciembre de 1991, por el cual se otorgó el predio ferial de manera directa a la Sociedad Rural y Cavallo firmó el boleto de compra venta en mayo del año siguiente. La operación se cerró en 100 millones de pesos/dólar menos a su valor real.

La causa por la venta a precio vil comenzó en 1999, ocho años más tarde de ocurrido el hecho, por una denuncia de la Asociación Amigos del Lago de Palermo pero el juicio comenzó este año, en manos del Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y José Michilini.

 

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05
Diciembre

EL FISCAL FEDERAL FEDERICO DELGADO CITÓ A INDAGATORIA AL SECRETARIO DE FINANZAS, SANTIAGO BAUSILI, Y A LOS EXFUNCIONARIOS LUIS CAPUTO Y MARIO QUINTANA POR IRREGULARIDADES EN EL CANJE DE LA DEUDA PÚBLICA.

Noticias Argentinas/El fiscal federal Federico Delgado pidió la citación a indagatoria de Luis Caputo y Mario Quintana, ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, y del actual secretario de Finanzas, Santiago Bausili. El delito estaría relacionado con presuntas irregularidades en el canje de la deuda pública.

Según informó el portal Infobae, Delgado entendió que los funcionarios dispusieron la emisión de deuda pública cuando tenían intereses personales al mismo tiempo. En el caso de Caputo, exministro de Finanzas y ex titular del Banco Central de la República Argentina, por trabar en los bancos "J.P. Morgan" y "Deutsche Bank", que fueron los elegidos de manera directa para intervenir en el canje de deuda.

Respecto a Quintana y Bausili, la Fiscalía sostuvo que mantuvieron títulos de deuda mientras tomaron decisiones financieras desde sus cargos de Estado. Los pedidos de indagatoria deben ser resueltos por el juez federal Sebastián Casanello, quiéndecidirá si convoca a Bausili, Quintana y Caputo a declarar como acusados.

En su dictamen, el fiscal Delgado señaló que Quintana tuvo BONAR, Bausili LETES y Lebacs; y Caputo Lebacs. Además, analizó los antecedentes laborales de cada uno de ellos. "Algunos funcionarios aprovecharon la ventaja derivada de su posición estratégica en el sector público y tomaron decisiones de inversión personales en base a información que conseguían a partir del conocimiento de las políticas que ellos mismos iban a adoptar", señaló.

 

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05
Diciembre

LA DIPUTADA ESTALLÓ CONTRA LA DOCTRINA DE LA MINISTRA DE SEGURIDAD PUBLICADA AYER EN EL BOLETÍN OFICIAL.

La cofundadora de la alianza Cambiemos Elisa Carrió lanzó explosivas declaraciones contra Patricia Bullrich: "No vamos a ir al fascismo".

La diputada destrozó la doctrina de la ministra de Seguridad publicada ayer en el Boletín Oficial. “Viola los derechos humanos fundamentales", afirmó en la red social Twitter, donde rompió el silencio sobre este tema.

"En el entorno de Carió cree que “esto se parece a las ideas de Bolsonaro” y que “esto se parece a un populismo de derecha”", afirmaron a Clarín.

En su entorno aseguran que Carrió hace tiempo que no la llaman para consultarla. “No le avisaron que habían tomado una iniciativa de este tipo tampoco”, confiaron.

 

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02
Diciembre

 

LA PELEA POR LOS FONDOS CON EL EJECUTIVO, LA AMENAZA DEL GREMIO DE JUDICIALES DE UN FUERTE PARO Y LAS IMPORTANTES SENTENCIAS QUE SE AVECINAN, PROMETEN UN DICIEMBRE INTENSO EN EL PALACIO DE TRIBUNALES.

A la luz de una serie de fallos y decisiones que se conocieron esta semana quedó claro que las tensiones, internas y externas, que atraviesan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se disiparán en lo que queda del 2018. Por el contrario, se agudizarán, si se tiene en cuenta los resultados que asoman en una secuencia de sentencias “relevantes” que se conocerán entre el 4 de diciembre y el 18 de diciembre.

En lo que hace al flanco externo, el vínculo entre la máxima instancia judicial del país y el Gobierno volvió a resentirse esta semana. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, rechazó la modificación de las partidas presupuestarias para otorgar un aumento del 20% a los empleados judiciales, tal como había solicitado el Tribunal Superior (a pagar en dos cuotas de 10%, una el 1° de octubre y otra el 1° de diciembre). Esa suma debía abonarse con dinero del Tesoro Nacional. Esto motivó una nueva carta de los supremos, enviada el jueves al Ejecutivo, en la que insistieron con la necesidad de la mentada recomposición salarial que afecta a jueces, fiscales y empleados del PJN.

En su carta dirigida a los ministros cortesanos, Peña había endurecido su posición: “Teniendo en cuenta los esfuerzos que realizan el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y otros poderes del estado, la modificación de las partidas presupuestarias, tal como fuera solicitada, afecta fuertemente los recursos del Tesoro”, escribió. Con ese argumento, desechó el aumento que la Corte había pautado y lo dejó atado a un acuerdo entre el secretario administrativo de la Corte, Héctor Daniel Marchi, y el Ministerio de Hacienda. Se descuenta que habrá tironeos por el dinero con el que cuenta la Corte (el Fondo Anticíclico). Desde la Casa Rosada pretenden que el pago se haga con esa plata.

Por eso, en la respuesta a Peña que realizaron los cortesanos esta semana resaltaron que solicitan “el compromiso expreso del necesario aporte de los recursos financieros del Tesoro Nacional para afrontar ambos incrementos salariales para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial”.

La decisión del Gobierno puso en pie de guerra al gremio de los judiciales, liderado por Julio Piumato, que decretó un paro de 24 horas el jueves, con la posibilidad de extenderlo en el tiempo. En diálogo con El Destape, Piumato afirmó que si no tienen una respuesta positiva “la próxima semana hay paro de 60 horas desde las 10 de la mañana del miércoles 5 con movilización al Palacio de Tribunales y sin concurrencia a los puestos de trabajo el jueves 6 y viernes 7”.

“Consideramos que la postura del Gobierno es un atropello a la independencia del Poder Judicial y pone en riesgo el funcionamiento de la Justicia en lo que queda del año", advirtió. Tras mencionar que mantiene reuniones con la Corte, que insiste con el tema ante el Ejecutivo, señaló a este medio: "Esperamos novedades entre lunes y martes y sino estamos decididos en llevar la medida adelante”.

El compás de espera se debe a una reunión que se celebrará entre el Gobierno y la Corte el lunes a las 10 de la mañana en pos de acercar posiciones. Con el 20% que ahora quedó en duda, el sector judicial completaba un 40% de aumento anual.

Internas

Puertas adentro tampoco reina la paz entre los cortesanos. Para impulsar este aumento fue clave el rol que jugó hacia dentro del cuerpo la “nueva mayoría” integrada por Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

Y se espera que esta mayoría, que algunos consideran “circunstancial” y otros ya la definen como “peronista”, vuelva a desempeñar un rol protagónico en los próximos fallos clave que se esperan de aquí al 18 de diciembre, sobre todo, en el nuevo 2x1 que rectificará el fallo Muiña con el que se benefició a represores de la última dictadura; y en el “caso Blanco” en el que se discute la actualización de los haberes jubilatorios, un tema sumamente sensible para el Gobierno.

El nuevo 2x1 se conocerá este martes 4 de diciembre cuando se aborde el caso de Rufino Batalla, guardia del centro clandestino de detención La Cacha, vinculado al asesinato de Laura Carlotto, la hija de Estela Barnes de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Según pudo reconstruir este medio, ya están los votos con el que se modificará el fallo Muiña. Lorenzetti y Maqueda mantendrán su postura de entonces mientras que Rosatti terminará de desarrollar su voto este fin de semana, en el que argumentará en qué basa su cambio de posición (fue clave, a su criterio, la ley que sancionó el Congreso sobre el tema).

Según trascendió en el Palacio de Tribunales, el flamante presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, volvería a quedar en minoría en materia de lesa humanidad, si no cambia su postura. Y todo parece indicar que no la cambiará.

Algo similar podría replicarse en el caso Blanco, que se tratará el 18 de diciembre si se cumple el cronograma de fallos relevantes que difundió la Corte. Allí, la “minoría automática” que conforman Highton de Nolasco y Rosenkrantz, que suele coincidir en sus votos con los intereses de la Casa Rosada, chocaría una vez más con la “nueva mayoría”.

Entre medio de ambos fallos, el 11 de diciembre, se abordará la constitucionalidad de la ley de lemas de la provincia de Santa Cruz, que enfrenta a radicales y “lilitos” con kirchneristas. Lo que se resuelva repercutirá en las elecciones de 2019.

No faltan quienes vinculan con este caso la carta que presentó Elisa Carrió para correr a Marchi del cargo administrativo -y que se conoció el lunes 26 de noviembre-. Con esa epístola -que habría sido entregada “en mano” a Rosenkrantz, según aseguraron desde el Palacio de Talcahuano- , la líder de la Coalición Cívica se metió de lleno, una vez más, en la interna suprema. Marchi es un hombre vinculado a Lorenzetti a quien Rosenkrantz no pudo remover del cargo desde que asumió, a pesar de sus intenciones. Toda una síntesis del estado de ebullición en el que la Corte cerrará el 2018.

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