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21
Junio

LA JUSTICIA PROVINCIAL INICIÓ UN MANI PULITE SIN PRECEDENTE, CON UNA DOCENA DE FUNCIONARIOS Y EMPRESARIOS DETENIDOS

Marcelo Veneranda/RAWSON - Amor. Una promesa rota. Venganza. Cargaba esas sombras cuando decidió salir de su oficina, en la gobernación de Chubut, para ingresar en la Legislatura provincial. En realidad, llevaba consigo algo más: un sobre papel madera, repleto de documentos que iban a desatar el mayor escándalo de corrupción provincial que recuerde la provincia y una investigación judicial que, por momentos, compite con un guion cinematográfico.

Doce detenidos, entre ministros, secretarios, valijeros y empresarios. Doce causas conexas. Un gabinete, el del fallecido gobernador Mario Das Neves, partido al medio. Una parte tras las rejas. La otra, reconvertida en opositora del sucesor de Das Neves , Mariano Arcioni. Y un botín negro que los propios contadores de la corrupción habían registrado minuciosamente en planillas de Excel y cheques fotocopiados. Hoy se estima en 800 millones de pesos. Pero podría ser más.

Los juicios por corrupción revolucionan los tribunales

Aquel 28 de agosto de 2017, la secretaria del amor roto dejó el sobre papel madera en las escaleras de la Legislatura. Estaba dirigido a tres diputados del FPV: Blas Meza Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla. Nadie quiso tocar el bulto hasta que la brigada de explosivos verificó que no era una bomba, sino papeles. Se equivocaban.

El sobre contenía los expedientes que mostraban cómo el gobierno provincial había malgastado 46 millones de pesos destinados a socorrer a Comodoro Rivadavia, que en marzo de 2017 había sido devastada por un alud de barro que dejó a 3000 personas sin techo.

"Recuerdo que separamos los expedientes sobre un tablón: compra de agua acá, colchones allá, y así. Empezamos a ver que muchos comercios no existían. O que a un kiosquito le habían comprado miles de botellas de agua, al doble del precio. Pero el desastre real empezó cuando revisamos las compras a los comercios serios. Eran los peores", dice Meza Evans.

El 5 de septiembre, los diputados presentaron la denuncia penal por sobreprecios. Y en ese punto de la historia entran a tallar tres ingredientes claves. Uno es institucional: en Chubut rige el sistema acusatorio, donde prima la oralidad, que agiliza los procesos, y donde la iniciativa y la persecución de la acción penal caen sobre los fiscales.

El otro es económico: Chubut es una provincia rica en petróleo, recursos marinos y turismo, pero el Estado acumuló un déficit insostenible que la llevó a un proceso de ajuste y la paralizó: con sueldos congelados hace un año, pagos escalonados y un sinfín de penurias, los empleados públicos encaran una protesta con paros y acampes que lleva 82 días. El malestar social se electrifica ante la corrupción.

El tercero es político: la muerte de Das Neves, el 31 de octubre pasado, desencajó todo el sistema de poderes. El ChuSoTo (Chubut Somos Todos), su partido, se fue diezmando a medida que más funcionarios comenzaron a ser investigados o detenidos. Arcioni, que llegó a la vicegobernación como un outsider, no logró aún tomar peso político.

Así, sin diques políticos, con un sistema penal que agiliza las causas, una ciudadanía que exige justicia y fiscales rápidos de reflejos, la investigación se aceleró. El 14 de septiembre de 2017 se allanaban oficinas de la gobernación para conseguir el resto de los expedientes de la emergencia climática.

El jefe de los fiscales, Jorge Miquelarena, decidió que intervenga un equipo multidisciplinario que, entre psicólogos y peritos, cuenta con tres contadores que venían de la función pública. Ojos entrenados. Cuando se hizo la apertura de los expedientes, se convocó a los funcionarios que los habían firmado. Entre ellos, dos muy cercanos a Das Neves: el entonces ministro coordinador, Alberto Gilardino, jefe de aquella empleada despechada; y el secretario privado del gobernador, Diego Correa.

Ante los fiscales, Correa asentó su domicilio en el expediente: Velero Vesta 127, Trelew. Saltó una chispa, algo que no le cerraba a uno de los contadores. ¿Velero Vesta? El perito fue y vino por los papeles. ¿Velero Vesta? Buscó en la red. ¿Velero Vesta? Eureka.

El domicilio de Correa era el mismo de Dual Core, una de las empresas constructoras contratadas para la emergencia en Comodoro. Contratada por Correa. "Se contrataba a sí mismo y se pagaba en su domicilio", resume el procurador Miquelarena.

Los contadores no iban a tardar en descubrir que Dual Core llevaba meses como proveedor de la provincia. Lo mismo que Sepat SRL, otra proveedora del Estado. Ambas respondían a Correa a través de familiares y testaferros.

El procurador Miquelarena decidió que la pista de Dual Core debía seguirse por separado, en otra causa, y abocó a la investigación al fiscal jefe Omar Rodríguez. A la semana, Rodríguez le advertía que necesitaba ayuda, porque se había topado con algo "tremendo". Se sumó el fiscal Alex Williams.

Así, la causa "Emergencia", aquella del "sobre bomba", alumbraba un segundo expediente, por $200 millones. Lo llaman "Embrujo".

El nombre surgió de las escuchas ordenadas por la Justicia. En particular, la llamada que Juan Carlos Ramón le hizo a un manosanta colombiano. ¿Quién era Ramón? El capataz de las obras de Dual Core, la empresa de Correa. ¿Qué le pedía al brujo? Consejos para despegarse de Correa.

Sucede que Ramón también se había convertido en empresario: creó Construyendo, una firma que competía con Dual Core en las licitaciones provinciales. Siempre perdía, pero generaba la impresión de que había una puja real.

Pero los fiscales sabían que los movimientos de Dual Core y Sepat no alcanzaban para explicar el alto nivel de vida de Correa y otros investigados. Lo que no sabían era que, mientras avanzaban los allanamientos y las detenciones, se estaban por asomar a un abismo. Un abismo repleto de pruebas.

En las escuchas, los imputados hablaban frecuentemente de una "casa blanca", la "casa de la diagonal". Pero ese fantasma no aparecía. Quien lo invocó fue el actual ministro de Gobierno de Arcioni, Federico Massoni, algo que los dasnevistas no perdonan. Igual que el hecho de que Massoni haya participado en varios allanamientos.

La "casa blanca" estaba en Playa Unión, el balneario vecino a Rawson, y era alquilada por la provincia para el entonces ministro de Infraestructura Alejandro Pagani. Pero quien la usaba era Correa.

"Para divertimento y fines recreativos", describen -con decoro-los fiscales Rodríguez y Williams. "Pero también para depósito", se entusiasman en aclarar: la "casa blanca" fue allanada el 14 de marzo y allí se encontraron cajas y más cajas. Una, con planillas de Excel y fotocopias de cheques.

Asomaba otro personaje clave en esta trama: Diego Luthers, secretario privado de Correa y exempleado bancario. El detalle no es casual. En las planillas de Excel, Luthers anotó minuciosamente los ingresos y gastos de la caja negra de supuestos sobornos. Y guardó fotocopias de los cheques con que pagaban las empresas.

Cualquiera podría perderse horas en los detallas más bizarros de esa contabilidad. Allí figura desde la compra de un "gel Tío Nacho" por $300 hasta "pastillas" ($215) o los bifes de lomo que comían Correa y otros implicados. En su intensa meticulosidad, Luthers llegó a asentar incluso los sobresaltos derivados de la investigación. "Diferencia sin anotar día allanamiento", por $14.500 es uno de los ítems.

Pero había otra lista, más significativa, donde figuran supuestos sobresueldos junto a nombres de funcionarios o de sus familiares. Eso incluye al gobernador Arcioni, que aparece anotado en más de una oportunidad, con $100.000. También a la viuda de Das Neves, con ingresos de hasta $500.000. Al tope del ranking aparecen Correa y Gonzalo Carpintero, el otro secretario de Das Neves, con un millón de pesos mensuales cada uno.

"En ese punto, necesitábamos confirmar los gastos de la primera lista para poder objetivar los supuestos sobresueldos de la segunda lista, más difíciles de probar. Así que tomamos quince gastos y fuimos a confirmarlos. Estaban ahí", señala el fiscal Rodríguez.

¿Cómo? Por ejemplo, en una lista se consignaba el pago del carnet de conducir de Correa, confirmaron que ese mismo día, por ese mismo monto, Correa había actualizado su carnet. Lo mismo hicieron con un service para la camioneta de la viuda de Das Neves.

Los funcionarios y empresarios empezaron a hablar: corroboraron la veracidad de las planillas y los cheques fotocopiados.

Para entonces el equipo de investigación volvió a ampliarse. Williams y Rodríguez se quedaron con las causas "Emergencia" y "Embrujo", mientas que los fiscales Héctor Iturrioz y Marcos Nápoli se abocaron a las planillas de Excel y los cheques. La nueva causa se llama "Revelación" y amenaza con convertirse en el escándalo mayor, porque los fiscales comenzaron a probar que el supuesto accionar delictivo se extiende desde antes de que Luthers empezara a registrarlo.

Cayeron más ministros y empresarios, que admitieron la modalidad de cobro de sobornos. Las constructoras que querían cobrar deudas por obras realizadas antes de 2015 debían pagar el 3% de esas deudas. Para conseguir licitaciones nuevas, debían pagar el 4%. Si abonaban con cheques, el 5%.

Detrás de toda esta trama quedan flotando algunas preguntas centrales. ¿Por qué los detenidos registraron la caja negra con tanto detalle? "Trabajamos con dos hipótesis: que el detalle se debe al enorme volumen de dinero que manejaban o que debían rendir cuentas a un superior", dicen los fiscales Williams y Rodríguez.

¿Das Neves podía ignorar lo que sucedía? En su investigación, Iturrioz y Nápoli señalan un "aval al menos tácito" del gobernador. Anteayer, el empresario Patricio Musante sostuvo que el propio Das Neves le había exigido "platita".

Eso indigna a los allegados al gobernador, que intentan rescatar su memoria. Apuntan a que los funcionarios detenidos se aprovecharon de la debilidad de Das Neves por el cáncer que terminó con su vida. Pero, de todos los consultados por LA NACION, ninguno quiso ejercer esa defensa públicamente.

¿Y qué sucederá con Arcioni, que también aparece en las listas? Es la pregunta que repiten los dasnevistas y los estatales que protestan en las calles. El gobernador se presentó ante la Justicia para limpiar su nombre y hasta los opositores más aguerridos parecen pisar el freno ante él. Temen desestabilizarlo y profundizar la crisis provincial.

La situación de Arcioni es un detalle que parecen dispuestos a tolerar, en una historia en la que por los detalles, y por un amor roto, explotó una bomba.

Las listas que pusieron en jaque a políticos y empresarios

La Justicia halló planillas en las que se consignaban gastos, ingresos y supuestos sobresueldos

El gobernador Arcioni aparece en las planillas de Excel en las que figuran supuestos sobresueldos, con $100.000 en más de una ocasión. Diego Correa, junto a Gonzalo Carpintero, encabezan ese ranking de fondos, con un millón de pesos por mes, además de otros gastos.

21
Junio

CTA DE LOS TRABAJADORES DEL CHACO

En el marco de la III Conferencia Regional sobre Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES 2018) que se celebró en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Argentina, se realizó el Domingo 10 de Junio el Encuentro Latinoamericano contra el neoliberalismo por una Universidad Democrática y Popular que convocó a Sindicatos de Docentes e Investigadores que se nuclean en la Sindical Internacional. Se contó con la presencia del Dr.Boaventura de Sousa Santos, el Secretario General de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasqui, los representantes de las Federaciones Sindicales Universitariasde América Latina y una masiva concurrencia de delegados y delegadas de sindicatos universitarios de base y de centros de estudiantes universitarios; asistió elConsejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (CODIUNNE- CONADU- CTA). Los presentes se manifestaron en una Declaración de los Sindicatos de la Educación Superior e Investigación de la Internacional de la Educación para América Latina y el Caribe.Ante el avance de las políticas neoliberales en la región por obra de los gobiernos de turno, ratificaron en el documento nuevamente los principios básicos de la Declaración de Cartagena (CRES 2008) en defensa del derecho universal delos pueblos a acceder a una educación superior pública, gratuita y popular como responsabilidad indelegable del Estado; también se manifestaron por la Liberación de los Presos Políticos y a favor de la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. También se convocaron para el lunes 11 de Junio con el fin de realizar una multitudinaria marcha por el centro de la Docta hacia el Rectorado Histórico de la Universidad de Córdoba en el marco del Centenario de la Reforma Universitaria de 1918 contra los ajustes en la Universidad Pública y la Mercantilización de la Educación y adherir al paro del jueves 14 de Junio en el marco del Paro Nacional convocado por la CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma y Sindicato de Camioneros.

La III Conferencia Regional sobre Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES 2018) tuvo lugar entre los días 11 y 14 de Junio. La conferencia inaugural realizada el 11 de Junio fue realizada por el Dr. Boaventura de Sousa Santos, quien recordó el Centenario de la Reforma Universitaria de 1918 en Córdoba y el cincuentenario de Mayo del 68, manifestó que el actual contexto es mucho más fuerte y difícil para sostener la lucha democrática en la Educación Superior ante “el desconocimiento de regulaciones estatales del capitalismo financiero y la ideología del neoliberalismo que plantea la Universidad misma como un mercado que debe ser gobernada como una empresa” y plantea dos visiones antitéticas de la Educación Superior: como una mercancía y un bien transable o como un bien social común y un derecho; también manifestó la necesidad de “una extensión al revés: no es llevar la universidad afuera, sino traer el conocimiento de afuera hacia adentro de la universidad”.También estuvo presente el Ministro de Educación Alejandro Finocchiaro quien recordó el Centenario de la Reforma Universitaria y a dicho movimiento como un espacio que imaginó la Universidad como “una articulación de saberes académicos, de investigación científica y de responsabilidad” y como “un alto símbolo moral”, en medio del escrache público realizado por gran parte de la comunidad académica presente en el evento.

Los días 12 y 13 de Junio se trabajó en comisiones en torno a los siguientes ejes y temas:

1.           Estudiar y graduarse en la universidad pública: condiciones para asegurar el derecho a la educación superior en la universidad. La articulación de la universidad, la enseñanza media, y la educación superior no universitaria. Jerarquizar la docencia universitaria para asegurar el derecho a la educación: el desarrollo de una pedagogía universitaria y la reorganización del trabajo académico. Becas, tutorías, programas de inclusión y acompañamiento. La expansión territorial de la universidad pública. Movilidad académica intra e interinstitucional.

2.           La producción de conocimiento. El conocimiento como derecho y factor estratégico para el desarrollo. La formación profesional y la contribución de la universidad al desarrollo nacional y regional. El rol de la universidad en la ampliación de las capacidades productivas y la mejora de las condiciones de trabajo. Los dispositivos actuales de evaluación de la investigación y el poder de las editoriales académicas: dependencia académica y mercantilización de la comunicación científica. La construcción de formas alternativas de validación y publicación de la producción científica. La producción pública y la apropiación democrática del conocimiento como estrategia para la integración regional de los pueblos.

3.           La democratización de la universidad. Sentido y alcance de la autonomía universitaria en los países periféricos. Crítica de las formas de heteronomía en la universidad actual. La democratización de la universidad en el marco de las luchas por la emancipación de los pueblos latinoamericanos. Condiciones de participación efectiva en la determinación de la política universitaria: el co-gobierno representativo y la corporación académica. Condiciones del trabajo en la universidad: el factor laboral en la democratización universitaria. Universidad y movimiento sindical. La política universitaria como política de Estado: ¿qué es una política universitaria democrática?

4.           Privatización y mercantilización del conocimiento y la educación. La internacionalización como apertura al mercado: educación, conocimiento y liberación del comercio internacional. La educación a distancia como plataforma de mercantilización. Las asociaciones público/privado. Las formas actuales de la precarización del trabajo académico. Segmentación y transnacionalización de los sistemas universitarios. La concentración del poder editorial y el lucro en la publicación académica. La intervención de las empresas en el financiamiento del sistema universitario.

Temas transversales

Una serie de temas relevantes deberían ser abordados en el debate de cada uno de los temas organizadores antes mencionados. En cada uno de esos ítems es pertinente incluir consideraciones en relación a las siguientes cuestiones:

•             Igualdad de género

•             Democratización

•             Financiamiento

•             Regionalización/internacionalización

•             Sentidos de la Reforma

•             Estrategia y rol de las organizaciones universitarias

•             La universidad en el movimiento popular

El cierre de la CRES 2018 se realizó el día 14 de Junio con la ratificación de la Educación Superior como un derecho humano y universal y un bien público social; la Educación Superior como pública gratuita y laica, en contra de la actual tendencia de la mercantilización académica y también a favor de la inclusión de otros saberes, como la de los pueblos originarios, que configuren una universidad más plural, democrática e inclusiva.

18
Junio

EL KIRCHNERISMO AVANZÓ CON UNA DENUNCIA PENAL. EL MASSISMO QUIERE QUE EL MINISTRO VAYA A DIPUTADOS.

La oposición en la Legislatura bonaerense le pide a María Eugenia Vidal explicaciones por el audio en el que el director de Infraestructura Escolar, Mateo Nicholson, pide"inventar presupuestos". Desde la bancada del Frente Renovador pidieron la presencia del ministro de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, en Diputados. En tanto, desde el kirchnerismo duro presentaron una denuncia penal contra el funcionario.

Durante el fin de semana, trascendió un audio de WhatsApp en el que presuntamente Nicholson pide "inflar" un presupuesto. El funcionario pide a una empleada "tirar para arriba" un presupuesto de refacción de cocinas en escuelas.

"María, ahí me acaban de llamar que hay una reunión con María Eugenia (Vidal) el miércoles. Necesito mañana cerrar el tema de las cocinas, sé que no lo tenemos listo, pero necesito inventar los presupuestos que faltan", comienza el audio.

"Ponele el monto que vos calculas por metro, obviamente que no dé números redondos, no sé, un millón cero cincuenta y cuatro", ordena. Y sigue: "Pasame las 79 cocinas con los montos, que dé alrededor de 80 millones, que fue lo que yo pasé, porque vos me habías dado que las primeras 17 el promedio daba 700.000 pesos y yo lo tiré para arriba y dije que nos iban a costar en promedio un millón, con lo cual 79 cocinas son 79 millones", se escucha.

Desde el massismo calificaron el hecho como "el primer hecho de corrupción fehacientemente comprobado del gobierno bonaerense". Al tiempo que exigen la presencia del ministro de Educación para que informe si ha realizado la correspondiente denuncia penal contra el funcionario y en qué fiscalía se ha asentado.

Tras analizar el audio, desde la bancada del Frente Renovador aseguran que Nicholson habla de una diferencia de 28 millones en solo una licitación. "Esto pone un manto de sospecha toda la actuación de esta persona frente a la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar", aseguran.

Nicholson tiene 39 años y asumió en noviembre del año pasado. Antes trabajó en el ámbito privado. Fue CEO de Consulterra S.A y está vinculado a otras dos empresas, Radio Emisora Cultural y El Tunalito S.A.

Desde el gobierno anunciaron que le pidieron a la Justicia que investigue el audio. Fuentes oficiales indicaron que la presentación fue realizada por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. "Tal como establece la ley, todas las compras y contrataciones son realizadas a través de licitaciones públicas y transparentes publicadas en el boletín oficial", señalaron, al tiempo que precisaron que la denuncia fue presentada en la UFI N° 17.

En tanto, desde el kirchnerismo duro, la senadora María Teresa García, presentó una denuncia penal contra el funcionario ante los posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos.

La denuncia fue radicada este mediodía ante el Juzgado de Garantías en lo penal N°6 de La Plata. García advirtió la situación de desprotección a la que están expuestos los vecinos de la provincia. "Hace un mes que no hay controles a la Gobernadora y sus ministros y el Tribunal de Cuentas está prácticamente desactivado porque no tiene número para emitir dictamen", dijo.

18
Junio

EL DESTAPE COMPROBÓ AL MENOS 205 CASOS DE PERSONAS QUE RECIBEN PLANES SOCIALES O ESTÁN POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE LA POBREZA Y APARECEN FINANCIANDO LA CAMPAÑA OFICIALISTA EN BUENOS AIRES.

Juan Ignacio Amorín/La alianza Cambiemos lavó dinero durante la contienda electoral de 2017 en provincia de Buenos Aires al utilizar a al menos 200 titulares de planes Ellas Hacen y Argentina Trabaja y hacerlos pasar como pequeños aportantes de campaña de Esteban Bullrich, candidato a senador, y Graciela Ocaña, candidata a diputada.

En un extenso trabajo de investigación realizado por El Destape, se pudieron comprobar al menos 205 casos, correspondientes solo a Quilmes y otros partidos de la zona Sur y Oeste del Gran Buenos Aires, aunque los mismos podrían multiplicarse y extenderse a lo largo y a lo ancho de todo el país.

Al cruzar la base de datos de los titulares de Argentina Trabaja y Ellas Hacen en esos distritos (2016), correspondientes al ministerio de Desarrollo Social, con el informe remitido ante la Justicia Electoral por parte de la alianza Cambiemos, se encontraron una enorme cantidad de coincidencias de documentos y personas: todos aportaron a la campaña de Bullrich y de Ocaña por separado, con pequeñas sumas de dinero, que van desde los $300 a los $1500, donde, solo hasta el momento, este medio pudo identificar casi 300 mil pesos blanqueados mediante este perverso método.

Sin embargo, al realizar los llamados a los distintos involucrados el resultado fue sorpresivo: ninguno de ellos había hecho tal aporte y su situación económica lejos está de poder asumir un gasto semejante. Es que la mayoría de los “aportantes” resultaron ser personas que se encuentran en una situación de pobreza y vulnerabilidad económica importante: residen en asentamientos o villas, y no cuentan siquiera con los servicios básicos garantizados, en incluso, en muchos casos, ni siquiera pueden garantizarle las comidas diarias a sus hijos.

El Destape pudo corroborar que los nombres abajo resaltados corresponden a beneficiaros de los planes sociales Ellas Hacen o Argentina Trabaja durante el periodo 2016.

Al ser consultados por El Destape, todos coincidieron en que su situación económica empeoró y mucho en los últimos años, por lo que, de contar con recursos económicos, tampoco harían un aporte a la campaña del gobierno, dado que lo consideran en buena parte, responsable de lo que sucede actualmente a nivel social.

Uno de los casos es el de Luis Jaime, cuyo documento finaliza en 018, quien al enterarse que figuraba como aportante de $350 a Ocaña y otros $350 a Bullrich invitó al equipo de El Destape a visitar su casa, ubicada en Villa Itatí, en el partido de Quilmes. Allí, Jaime contó que cobra “doscientos pesos por día haciendo changas” y que últimamente “cuesta más llevar el pan a la casa”, por lo que “jamás haría una cosa así como aportar dinero y menos al Gobierno”.

“Son unos sinvergüenzas de mierda”, sentenció Jaime al ser consultado por lo que sintió al saber que su nombre y su documento había sido usado por Cambiemos para blanquear aportes negros de la campaña durante el año pasado.

Otro de los casos que accedió a brindar testimonio desde su propio hogar, ubicado también en Villa Itatí, es el de Sonia Villán, una joven de 31 años que figura aportando $750 a la campaña de Graciela Ocaña y otros $650 a la de Esteban Bullrich con su DNI terminado en 736, de la alianza oficialista Cambiemos: en diálogo con este medio, Villán sostuvo que “jamás le daría plata” a los aliados del gobierno ya que su situación económica es “insostenible”. Incluso, Villán contó que envía a sus hijos a un comedor social de día ya que sólo puede garantizarles una sola comida diaria.

Como si esto no resultara prueba suficiente del grado de vulnerabilidad de las personas que utilizó el Gobierno para hacer la estafa, El Destape se vio sorprendido por un caso que pinta de cuerpo entero la situación social que se vive en los barrios de Buenos Aires: una de las personas que fue contactada ya que figura como aportante de campaña en 2017 negó haber hecho la donación y toda vinculación con Cambiemos y al momento de ser consultada por la posibilidad de grabar su testimonio pidió a cambio pañales, leche y ropa para sus hijos dado que su situación económica se encuentra muy mal. (*)

En diálogo con especialistas en materia de derecho, el caso de estafa de Cambiemos puede resultar “claramente judiciable” ya que se incurrió, como mínimo, en el delito de usurpación de identidad, seguido de presunto lavado de activos ya que, según establece la ley “será reprimido con prisión de tres a diez años el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”.

En este sentido, los letrados también remarcaron a El Destape que Cambiemos podría perder sus sello electoral por al menos diez años, dado que falsificó documentos y le usurpó la identidad a cientos de personas.

Además, según establece la ley de Financiamiento Electoral, no se pueden enviar donaciones en carácter anónimo, por lo que Cambiemos no solo desprotegió y utilizó los datos de cientos de personas en situación de pobreza extrema, sino que lo hizo para ocultar a los verdaderos financistas.

Es necesario destacar que este medio intentó comunicarse con Graciela Ocaña y Esteban Bullrich, los principales involucrados, con 48 horas de anticipación y no recibió respuesta hasta el momento de publicarse este artículo inclusive.

*Este medio decidió preservar su identidad, ayudarla en su pedido y dejar su testimonio de lado por motivos obvios.

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