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31
Octubre

31 OCTUBRE 2019 REPORTE24//

EL 2019 HA SIDO UN AÑO DE CONVULSIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA. PROTESTAS SOCIALES EN ECUADOR, PERÚ, HAITÍ, NICARAGUA Y CHILE; INCENDIOS EN BRASIL; CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA; TRIUNFOS ELECTORALES DE LA IZQUIERDA EN BOLIVIA, ARGENTINA Y URUGUAY; ASESINATOS CONTRA ACTIVISTAS EN COLOMBIA; UN HISTÓRICO AUMENTO DE LA VIOLENCIA EN MÉXICO Y FLUJOS MIGRATORIOS SIN PRECEDENTES DESDE CENTROAMÉRICA.

Por Manuel Hernández Borbolla|A partir de este clima de agitación social, algunos analistas consideran que las manifestaciones de descontento social están ligadas a una crisis estructural del neoliberalismo en América Latina, lo cual permitiría entender parte del complejo escenario político de la región.

Sin embargo, la coyuntura en los países latinoamericanos no se limita únicamente al modelo económico, ya que factores como la corrupción y las tensiones geopolíticas globales forman parte de la ecuación para tratar de desenredar la madeja.

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Ecuador, Argentina y Haití: las recetas del FMI

Las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvieron una repercusión directa en el estallido social registrado en Ecuador y las elecciones presidenciales de Argentina.

El drástico incremento en el precio de los combustibles, derivado de la adopción del llamado "paquetazo" impulsado por el presidente Lenín Moreno en Ecuador, detonó una serie de protestas populares que fueron reprimidas por la policía y obligaron a que el mandatario trasladara la sede de Gobierno de Quito, a la ciudad de Guayaquil.

A cambio de un préstamo de 4.209 millones de dólares, el FMI solicitó al Gobierno de Moreno recortar el gasto público y aumentar la recaudación fiscal. Como consecuencia, el Ejecutivo ecuatoriano decidió retirar un subsidio de 1.400 millones de dólares anuales al diésel y la gasolina, situación que avivó el descontento de la población ante un previsible aumento de la inflación.

"Ecuador es un ejemplo más de la incapacidad que tiene el neoliberalismo para brindar estabilidad política, social y económica. Y también lo es de cómo el FMI puede llegar a ser un 'arma de destrucción masiva' en tiempo récord", escribió Alfredo Serrano, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

Algo similar ocurrió en Haití, donde el FMI recomendó aumentar los precios a los precios de combustible en julio de 2018, como parte de un paquete económico que busca aumentar los ingresos fiscales.

Esa situación se tradujo en una oleada de protestas que se extendieron hasta 2019, cuando un desabasto de gasolina, aunado a las acusaciones de corrupción contra el presidente haitiano, Jovenel Moise, exacerbó el descontento y desencadenó enfrentamientos, luego de que la población exigiera la dimisión del mandatario en octubre.

Pero Ecuador y Haití no ha sido los únicos lugares donde la intervención del FMI se ha traducido en un descontento social.

En Argentina, una serie de préstamos del FMI dispararon el endeudamiento del país, tras un largo historial de desencuentros con el organismo internacional. Esta vez, como consecuencia de una crisis por la devaluación de la moneda en un intento por atraer inversión extranjera.

Desde que Mauricio Macri llegó a la presidencia de Argentina, la moneda local ha sufrido una devaluación de 514 %, al pasar de 9,76 pesos por dólar en diciembre de 2015 a 60 pesos por divisa norteamericana el 25 de octubre de 2019, según datos del Banco de la Nación de Argentina.

La crisis cambiaria, derivada de la manera en que Macri retiró las restricciones para la compra-venta de divisas con el fin de fomentar la libre circulación de capitales, provocó que el Gobierno argentino solicitara un nuevo préstamo financiero al FMI por 57.000 millones de dólares para tratar de sortear la crisis.

Esto provocó que la deuda en Argentina se incrementara del 52,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2015 al 80,7 % en el segundo semestre de 2019, según la Secretaría de Finanzas, convirtiéndose en el país más endeudado de América Latina.

La situación económica y el aumento de la pobreza, que pasó del 31,4 % de la población al 35,4 %, fue un factor clave para que el izquierdista Alberto Fernández resultara ganador de las elecciones presidenciales de Argentina, sin la necesidad de una segunda vuelta.

De este modo, Ecuador, Argentina y Haití optaron por seguir las recomendaciones del FMI a pesar de que, en 2016, los economistas de dicho organismo, Jonathan D. Ostry y Davide Furceri, reconocieron que "en lugar de generar crecimiento, algunas políticas neoliberales han aumentado la desigualdad, poniendo en peligro la expansión duradera". Esos mismos voceros admitieron incluso que los beneficios de la apertura económica "parecen haber sido exagerados".

Chile: desigualdad y endeudamiento

El aumento a las tarifas del metro en Chile derivó en un estallido social que incluyó saqueos, incendios, protestas y represión policial durante el mes de octubre.

Un escenario de descontento que contrasta con el crecimiento económico del llamado "milagro chileno", luego de que el país adoptara un modelo de apertura económica y libre mercado, tras el golpe de Estado promovido por Augusto Pinochet en la década de 1970.

De ahí que el sociólogo y politólogo Atilio Borón considere que las recientes protestas en Chile representan "la muerte violenta del mito del modelo neoliberal, que traía progreso, felicidad, bienestar, equidad social, cuando los datos muestran que ha traído exactamente lo contrario que se anunció".

Y es que a pesar de que la economía de Chile ha registrado un nivel de crecimiento económico considerable en las últimas décadas, los informes marcoeconómicos suelen tapar la desigualdad social que vive la nación andina.

De 1973, año del golpe de Estado contra Salvador Allende, a 2018, el PIB per cápita de Chile pasó de 1.640 dólares a 15.923 dólares, a precios actuales, lo que implica un crecimiento de casi 10 veces en 45 años, según datos del Banco Mundial. Un nivel de ingreso por persona comparable a países como Hungría, Polonia o Croacia.

Sin embargo, esto no significa que el crecimiento económico se reparta de manera equitativa, ya que Chile es considerado el séptimo país más desigual del mundo, junto con Ruanda, según un informe del Banco Mundial, con un coefieciente GINI de 0,50. Es decir, que el 1 % más rico de los chilenos concentra el 33 % de la riqueza.

Esos datos son la constatación de que Chile es un país con el nivel de ingreso de un país rico y la desigualdad de uno pobre, una situación que deriva en la precarización de las condiciones laborales (incluyendo las pensiones, bajos sueldos y largas jornadas), y se ha traducido en un endeudamiento creciente ante la privatización de servicios básicos como agua y educación.

Los hogares registraron una deuda equivalente a 73,3 % de su ingreso disponible en 2018, que contrasta con el 59,8 % que tenían en 2013, según datos del Banco Central de Chile.

Entre los principales rubros que conforman el creciente endeudamiento de los hogares chilenos destacan tres: deuda hipotecaria (21%); consumo (55%) y educación (12%).

En paralelo, destacan los privilegios fiscales que tienen los más ricos frente a los más pobres de Chile, situación que para el investigador Marco Kremerman, de la Fundación Sol, ejemplifica las desigualdades de un modelo "impuesto por la dictadura y profundizado por los gobiernos posteriores".

Brasil y Perú: corrupción e intriga política

En el caso de Brasil y Perú, más que un tema de índole estrictamente económica, lo que más ha causado enojo e indignación son casos de corrupción que han afectado la estabilidad política de ambos países.

En Brasil, la turbulencia comenzó con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff a manos del Congreso, en agosto de 2016, por un caso de maquillaje de las cuentas fiscales, cuyo trasfondo era la disputa por el poder entre las distintas fuerzas del sistema político brasileño. El lugar de la mandataria fue ocupado por su vicepresidente Michel Temer, quien reconoció que ese 'impeachment' se trató en realidad de un "golpe" de Estado.

Casi inmediatamente después, el Gobierno de Temer aplicó una serie de recortes a los servicios de salud, educación y seguridad social, lo que ocasionó descontento entre la población brasileña y masivas manifestaciones.

El escenario de encono abrió las puertas para que el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva se postulara nuevamente a la presidencia de su país, encabezando las encuestas de preferencia electoral por un amplio margen, previo a los comicios de octubre de 2018. Sin embargo, el aparato judicial encarceló a Lula, sin pruebas, por un presunto departamento obtenido en el caso de corrupción de Lava Jato.

El encarcelamiento de Lula facilitó la llegada del ultraderechista Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, quien luego de asumir el cargo, en enero de 2019, se enfrentó a las movilizaciones de pueblos indígenas que rechazaron sus políticas a favor de la explotación comercial de la Amazonía, la selva tropical más grande del planeta. Meses más tarde, esa zona experimentó una serie de incendios, luego de que hacendados de la región de Pará realizaran el Día del Fuego para fomentar actividades agrícolas y mineras en ese territorio.

Las medidas de Bolsonaro en los primeros meses de su administración generaron un repudio creciente del 40 % de la población, siendo el presidente brasileño peor evaluado desde 1990, según encuestas de Datafolha.

Y en medio de ese escenario, la revelación de unos audios que involucran al juez Sergio Moro, quien enjuició y condenó a Lula, demostraron que el ahora ministro de Justicia de Bolsonaro conspiró con los fiscales encargados de llevar el caso contra el expresidente brasileño para sacarlo de la contienda presidencial.

Este caso demostró cómo la corrupción política al más alto nivel no solo provoca el descontento general de la población, sino que es capaz de hacer tambalear a los Gobiernos.

Una situación similar se vive en Perú, donde cuatro expresidentes han sido procesados judicialmente por corrupción y sobornos de la empresa brasileña Odebrecht: Alejandro Toledo, el fallecido Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

La trama de corrupción continúa aguas abajo y vincula a otros personajes como Keiko Fujimori, líder del opositor partido Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori. La dirigente enfrenta una orden de 36 meses de prisión preventiva por presuntamente recibir sobornos de Odebrecht.

El procesamiento de varios políticos también desató una crisis en el interior del Estado, que experimentó su punto cumbre con la disolución del Congreso por parte del presidente, Martín Vizcarra, en una disputa que todavía no se resuelve.

El meollo del conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo fue por el nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional, luego de que Vizcarra denunciara la existencia de un supuesto arreglo político entre facciones partidistas, cuyos líderes han sido señalados de corrupción.

Para algunos expertos, los casos de corrupción que enfrentan Brasil y Perú, y prácticamente todos los países de América Latina, están íntimamente ligados, a su vez, a la instauración del modelo neoliberal en la región.

México y Colombia: la violencia que no cesa

Otro de las consecuencias que ha dejado ese modelo económico es la epidemia de violencia. Colombia y México son dos casos ejemplares de cómo se aplica la receta neoliberal, y cuya historia reciente ha estado marcada por la oleada de sangre a manos de grupos armados.

En Colombia, el descontento contra el presidente, Iván Duque, aliado del expresidente Álvaro Uribe, ha crecido en los últimos años a la par que la percepción sobre el deterioro del país.

La gestión de Duque ha estado marcada por el asesinato masivo de activistas, líderes sociales y excombatientes desmovilizados, lo que ha provocado que algunos exguerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abandonaran el Proceso de Paz firmado por el expresidente Juan Manuel Santos y retomaran la vía armada.

El día que anunciaron el rearme, el líder guerrillero Iván Márquez aseguró que ante el desconocimiento de los acuerdos de paz por parte del Estado colombiano, una facción disidente de las FARC retomaría la lucha armada para combatir al "régimen imperante de políticas neoliberales, de corrupción y guerra del actual poder de clase".

Desde que se firmaron los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano, en noviembre de 2016, los asesinatos contra líderes sociales han ido en aumento, sobre todo durante el mandato de Duque, como consecuencia de la militarización y los conflictos sociales que persisten en zonas rurales del país.

En 2016 fueron asesinados 132 líderes sociales; en 2017 mataron a 208; en 2018, la cifra llegó a 282 víctimas mortales, y hasta la primera semana de septiembre de 2019, se suman otros 155 homicidios, según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Es decir, al menos 777 personas políticamente activas han muerto a manos de la violencia, desde el año en que se firmaron los acuerdos de paz.

La violencia creciente ha generado el rechazo popular contra Duque, que en las últimas encuestas de la firma Gallup fue desaprobado por 64 % de los colombianos. La evidencia de ese descontento se vio con mayor claridad en las recientes elecciones regionales, tras la contundente derrota electoral del uribismo y el crecimiento de los partidos de centroizquierda, reconfigurando el tablero político del país para los próximos años.

En un sentido paralelo, aunque en contextos políticos distintos, México enfrenta el año más violento de su historia reciente, tras un giro a la izquierda con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, quien desde el primer día de su gestión se asumió como un político "antineoliberal".

A pesar de que el mandatario mexicano ha emprendido una cruzada anticorrupción abriendo procesos contra varios exfuncionarios y políticos de alto perfil, además del impulso de varias reformas que incluyen una reestructuración del Poder Judicial, el fenómeno de la violencia sigue siendo el principal pendiente de la llamada "Cuarta Transformación".

De enero a septiembre de 2019, México registra 25.890 homicidios dolosos, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Una cifra que, con un trimestre todavía por contabilizar, representa el 76 % de los 33.748 asesinatos contabilizados en 2018, el año más violento del que se tenga estadística.

La situación de violencia que vive el país quedó en evidencia tras el fallido operativo realizado en Culiacán para capturar al hijo de Joaquín 'Chapo' Guzmán, Ovidio Guzmán, a quien el Gobierno federal decidió soltar para evitar ataques del crimen organizado contra la población civil.

Corrupción y neoliberalismo

Para el sociólogo Manuel Castells, los altos índices de corrupción política en América Latina se explican por la manera en que la región "se ha insertado plenamente en la globalización de forma contradictoria y conflictiva".

Durante la presentación del libro que escribió junto al sociólogo boliviano Fernando Calderón, titulado 'La nueva América', Castells aseguró que la corrupción en el continente se explica por factores estructurales vinculados al desarrollo del neoliberalismo.

"El neoliberalismo es un proyecto político de transformar todos los procesos de la vida, de la sociedad, de la política, del Estado y la cultura, en mercado", señaló Castells en la Ciudad de México, a mediados de octubre, durante un foro del colectivo Para Leer en Libertad.

"Ese modelo dinamizó el crecimiento económico en algunos sectores, modernizó la estructura productiva y al mismo tiempo generó una pobreza, miseria y exclusión social todavía mayor. Como reacción contra esa pobreza dentro del crecimiento, surgieron una serie de protestas y conflictos populares que llevaron a la emergencia de alternativas políticas en la mayor parte de los países, los llamados regímenes nacional-populares", explicó Castells.

El sociólogo catalán e investigador de la Universidad del Sur de California señaló que, dentro del neoliberalismo, el Estado se ha convertido en un mediador entre los flujos económicos nacionales e internacionales, lo que ha provocado que las estructuras estatales se hayan convertido en parte de un 'modus operandi' que opera con lógicas del sector privado.

Este fenómeno explica la proliferación de casos de corrupción en América Latina, donde las redes criminales han llegado a niveles inéditos.

"La economía criminal tiene como elemento consustancial, como factor de producción, la capacidad de corrupción del Estado. Hace falta intimidación, entrar en la estructura estatal para funcionar. Sin el fraude o el lavado de dinero no funciona", apunta Castells.

En este sentido, el sociólogo considera que esta relación entre el modelo económico neoliberal ha contribuido a fomentar un proceso de fragmentación política en los países de la región, que a su vez se traduce en una crisis de legitimidad de los sistemas democráticos. Un fenómeno que explica por qué "la principal arma de lucha política en todo el mundo es el escándalo".

Asimismo, Castells sostiene que factores ligados a la lógica del modelo neoliberal, tales como "la nueva cultura de la individualización, de la competitividad a ultranza y el consumismo absoluto", son elementos estructurales que rompen los vínculos de solidaridad social y explican la proliferación de la crisis.

Las presiones de EE.UU.

Sin embargo, el escenario latinoamericano no está ajeno a la geopolítica global, donde la influencia de EE.UU. sigue siendo un factor que interviene en la fractura del modelo neoliberal en la región.

Esto debido a la manera en que EE.UU. ha presionado políticamente, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) o de las sanciones económicas, a países como Venezuela, Bolivia y Cuba, que han optado por impulsar un modelo de desarrollo con principios socialistas, distinto al neoliberal.

Ese hecho es clave para para entender el apoyo que EE.UU. ha dado, por ejemplo, al diputado opositor venezolano Juan Guaidó, quien ha intentado derrocar al presidente Nicolás Maduro, desde principios de 2019, primero al autoproclamarse como mandatario "encargado" de la nación suramericana, y después al encabezar una sublevación armada, que fracasó en pocas horas.

Por otra parte, la OEA ha sido el instrumento de presión de EE.UU. a gobiernos como el de Bolivia, en medio de las protestas por los resultados de la reciente elección presidencial que se definió en primera vuelta a favor de Evo Morales, quien denunció el inicio de un golpe en su contra y pidió realizar una auditoría de votos para despejar cualquier duda sobre la transparencia del escrutinio.

Pero la mano de EE.UU. no se ha limitado a la región sur del continente, ya que también ha tenido una participación determinante en la crisis política de Honduras, el país con mayor número de migrantes en el éxodo masivo de centroamericanos registrado en el último año.

En un libro publicado en 2014, titulado 'Decisiones difíciles', la exsecretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, reconoció haber operado políticamente para impedir el regreso al poder del entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya, luego del golpe de Estado de 2009.

Desde entonces, los Gobiernos emanados después del golpe han continuado en el poder en medio de acusaciones de fraudes electorales y el creciente rechazo popular a sus políticas de recortes sociales, situación que ha agudizado el clima de violencia y pobreza en Honduras.

De ahí que algunos periodistas como el hondureño Bartolo Fuentes, consideren que en la nación centroamericana prevalece una "dictadura militar" apoyada por EE.UU., lo cual en su opinión, explica parte del fenómeno migratorio de hondureños hacia territorio estadounidense.

En junio de 2019, una oleada de protestas contra el presidente hondureño Juan Orlando Hernández se registró en las principales ciudades del país, en rechazo a las medidas impulsadas por las autoridades para privatizar los servicios de educación y salud.

La injerencia de EE.UU. en Centroamérica también se manifestó en Guatemala, donde el Gobierno del estadounidense Donald Trump presionó al presidente guatemalteco Jimmy Morales para que aceptara firmar un acuerdo de tercer país seguro, que le permitiera enviar ahí a los migrantes centroamericanos detenidos y deportados en territorio estadounidense.

La agresiva política exterior de EE.UU. hacia América Latina no es un hecho aislado, sino que se da en medio de la lucha de Washington por contener el crecimiento económico de China, una disputa que ha sumado inestabilidad al contexto global por la pugna histórica entre los entre los proyectos nacionalistas y los defensores de la globalización financierista del proyecto neoliberal.

Aunque el proyecto neoliberal ha sufrido algunos reveses en América Latina, para los analistas no queda del todo claro qué tipo de repercusiones tendrá para la región, ni mucho menos si esta coyuntura será, en definitiva, la muerte de ese modelo. La incertidumbre queda en el aire.

25
Octubre

 

25 OCTUBRE 2019 REPORTE24//

KATIE HILL ADMITIÓ HABER TENIDO UNA RELACIÓN SENTIMENTAL CON UNA AYUDANTE DE CAMPAÑA, Y CALIFICA DE "DELITO" LA PUBLICACIÓN DE SUS FOTOS EXPLÍCITAS.

Una congresista demócrata por California, Katie Hill, se ha visto envuelta en un escándalo por su presunta relación sexualcon un miembro de su equipo en el Congreso –algo que está prohibido por las normas de la Cámara–, después que un sitio web conservador la acusara de mantener ese romance y otra relación amorosa con una ayudante suya de campaña.

La publicación ha llevado al Comité de Ética de la Cámara de Representantes a abrir este miércoles una investigación en relación con las acusaciones formuladas en prensa, en el marco de la cual Hill —que es bisexual declarada— reconoció haber tenido la relación con su empleada Morgan Desjardins, pero niega las mismas acusaciones con respecto a su director legislativo, Graham Kelly.

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En medio del escándalo, sus copartidarios le están brindando apoyo, mientras que los republicanos enfilan contra ella su crítica, que ha aumentado este jueves con la filtración de las fotos explícitas de Hill.

En esas imágenes la congresista se muestra luciendo un tatuaje que parece ser un símbolo nazi en su línea de bikini y fumando un 'bong' (pipa de agua para cannabis u otras hierbas). En otra foto, también se la ve desnuda mientras está peinando a su asistente de campaña, Desjardins, con la que se besa en una tercera imagen.

Reacción de Hill

En respuesta, Hill ha acusado a su exmarido —de quién se divorció en julio y con quien supuestamente había tenido una relación poliamorosa con Desjardins— por tratar de humillarla, y a sus oponentes por explotar su vida amorosa con fines políticos.

Al mismo tiempo, calificó de "delito" la publicación de sus fotos íntimas sin su consentimiento, insistiendo en que el responsable de ello debe ser castigado de acuerdo con la ley y advirtiendo que ha notificado a la Policía del Capitolio para que así lo investigue.

FUENTE: RT NOTICIAS

 

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23
Octubre

23 OCTUBRE 2019 REPORTE24//

EL MANDATARIO DE LA NACIÓN SURAMERICANA ANUNCIÓ MEDIDAS PARA ATENDER LOS RECLAMOS DE LA SOCIEDAD CHILENA, QUE SE HA MANTENIDO EN LAS CALLES PARA EXIGIR MEJORAS A LAS CONDICIONES SOCIALES.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha anunciado la noche del martes una serie de medidas para atender los reclamos de las manifestaciones en el país suramericano, que incluyen modificaciones a las pensiones y las tarifas eléctricas.

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"Hemos escuchado fuerte y clara la voz de las chilenas y chilenos que han expresado pacíficamente sus problemas, dolores, carencias, sueños y esperanzas de una vida mejor", dijo el mandatario durante un mensaje desde la Casa de Moneda de Chile.

"Problemas se venían acumulando"

Tras las protestas en el país suramericano, el mandatario reconoció "las legítimas necesidades y demandas sociales" que han enviado un "mensaje muy potente".

"Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas", señaló Piñera, agregando que los Gobiernos anteriores no "fueron" ni "fuimos" capaces de reconocer esta situación de inequidad y abuso.

"Le pido perdón a mis compatriotas", agregó el mandatario chileno.

Agenda social

Piñera informó este martes que tras reunirse con los líderes de los partidos políticos, concretaron un "gran acuerdo nacional" que será propuesto al Congreso para impulsar una renovada agenda social, cuya modificación contempla los siguientes puntos:

   Aumento inmediato de 20 % de la pensión básica solidaria, beneficiando a 590.000 personas, según el Gobierno.

   Aumento inmediato, tras aprobarse la ley, en el aporte previsional solidario de un 20 %, en favor de 945.000 pensionados chilenos.

   En las pensiones básicas y aportes previsionales solidarios de pensionados mayores de 75 años, el mandatario anunció un aumento adicional para 2021 y 2022.

   Aportes de recursos fiscales para complementar el ahorro previsional de la clase media y mujeres, para que "cuando llegue el momento de la jubilación, puedan tener pensiones mayores y más dignas".

   Recursos fiscales para mejorar las pensiones de los adultos mayores no valentes.

Sobre la crisis de los hospitales, que enfrentan deficiencias en la oportunidad del acceso, la calidad de la atención, la magnitud de la cobertura y la calidad de la protección financiera, el mandatario anunció una serie de medidas para reformar el sistema de atención sanitaria.

   Instar al Congreso a discutir de manera inmediata el proyecto de ley para crear el Seguro Catastrófico de Enfermedades, que establece un tope máximo en el gasto de ciertos padecimientos, para que no sea financiado por las familias.

   Creación de un seguro que cubra parte del gasto de los medicamentos que destinan las familias chilenas.

   Ampliación a todo el país del convenio del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y algunas farmacias para reducir el precio de los medicamentos.

Ingreso mínimo

Además, Piñera anunció un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos mensuales (aproximadamente 481 dólares) para los trabajadores con jornada completa. Para quienes estén por debajo de esa línea, el mandatario se comprometió a que su Gobierno complementaría el salario hasta alcanzar ese nivel básico.

"Vamos a beneficiar a los trabajadores con los salarios más bajos de nuestro país", explicó Piñera.

Tarifas eléctricas

El proyecto de Ley del Gobierno de Piñera contempla también implementar un mecanismo de estabilización del precio de la cuenta de la luz, para anular el aumento impulsado por su Administración del 9,2 % y regresar así a las tarifas del primer semestre del año.

Desigualdad

En un mensaje sorpresivo, el mandatario pidió un mayor esfuerzo a los sectores de más altos ingresos y anunció un proyecto de ley para crear un nuevo tramo en el Impuesto Global Complementario, que establece que a mayor renta, mayor tasa de impuesto.

"Hoy día la tasa máxima es 35, este tramo va a tener una tasa de 40 % y va afectar a todos aquellos con rentas superiores a los ocho millones de pesos (11.011 dólares)", explicó.

Este país suramericano tiene una alta concentración de la riqueza. Mientras que el 50 % de los hogares menos favorecidos tenía, en 2017, solo un 2,1 % de la riqueza neta del país, el 10 % más rico concentraba dos terceras partes (66,5 %). Además, el 1 % más rico, amasaba el 26,5 % de esos recursos.

"Avance de normalización"

Previamente, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, reveló que Piñera plantearía la propuesta con el objetivo de "recoger caminos de unidad para avanzar en el país".

Según Chadwick, el mandatario busca "un avance de la normalización del país y la vida de ciudadano a lo largo de Chile", a través de una serie de planteamientos que "contribuyan a solucionar los problemas de la gente".

Las declaraciones de Chadwick surgieron después de una reunión en la que Piñera conversó con los presidentes de la Democracia Cristiana, del Partido Radical y del Partido por la Democracia.

Por su parte, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio se negaron a participar en esas reuniones con el mandatario chileno, "mientras que no saquen a los militares de las calles".

Desde el pasado lunes 14 de octubre, Chile es escenario de protestas. Las manifestaciones, que comenzaron en la capital, se han extendido a otras ciudades del país suramericano. Hasta el momento, se contabilizan 15 víctimas fatales.

Aunque el detonante de estas movilizaciones fue el alza del boleto del metro de Santiago, los manifestantes han aprovechado para exponer las deudas pendientes de Chile, como un sistema educativo entre los más caros del mundo y las falencias de los sectores salud, servicios básicos y pensiones.

 

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22
Octubre

21 OCTUBRE 2019 REPORTE24//

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO HIZO UN LLAMADO A NO SOBRECONSUMIR EN LOS SUPERMERCADOS PORQUE ESTO PODRÍA CAUSAR UN COLAPSO DEL SISTEMA.

Por la crisis terminal, en los supermercados de Chile ya temen un posible desabastecimiento y llaman a consumir lo "estrictamente necesario". El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, hizo un llamado a no sobreconsumir en los supermercados porque esto podría causar un colapso del sistema.

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En Santiago de Chile se han registrado largas filas de personas que esperan ingresar a estos comercios, luego de que cadenas como Walmart y Cencosud cerraran sus recintos este domingo debido a las masivas manifestaciones y disturbios en el país en medio del Estado de Emergencia declarado en ocho regiones.

El presidente del gremio declaró que su preocupación por el abastecimiento de la población, y aseguró que las empresas hacen un "esfuerzo importante para tratar de abrir el máximo de locales de acuerdo a los estándares de seguridad para clientes y trabajadores, pero no todos los que quisiéramos", según publicó el medio chileno a Cooperativa.

"Por lo mismo, hacemos un llamado a la ciudadanía a proveerse de lo estrictamente necesario en estos momentos, y no sobreconsumir ni saturar las salas de ventas y la logística que tienen de abastecerles los locales. Seamos prudentes en el consumo para no hacer colapsar el sistema", enfatizó Melero.

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