R24 EN VIVO

14
Abril

INVOLUCRÓ TAMBIÉN EN LAS MANIOBRAS A UN FUNCIONARIO Y A UN ABOGADO. EL MAGISTRADO EN SOSPECHAS FUE APARTADO DE OCHO CAUSAS NARCOS ESTE AÑO.

Un secreto a voces. Un rumor que circula desde haces años en los pasillos de los juzgados y fiscalía y que tiene eco entre los grupos de profesionales del Derecho que tramitan causas en el fuero federal. Los integrantes de las fuerzas de seguridad evitan hablar de la cuestión, pero el murmullo siembra dudas: un magistrado cobraría coimas para excarcelar narcos. La denuncia es contra el juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, titular del Juzgado Federal 1 de Corrientes, y fue realizada por un testigo de identidad protegida que declaró en la megacausa por la que se realizó el Operativo Sapucay en la que se investiga la venta de enormes cantidades de estupefacientes que son transportadas desde la localidad correntina de Itatí hacia siete provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tráfico que llegaría además hasta Chile. La acusación es la misma que le hicieron al juez de la localidad salteña de Orán, Raúl Reynoso quien renunció al cargo y luego fue juzgado por haber integrado una asociación ilícita para proteger a traficantes de cocaína. Según el expediente 3002/2017 que tramita el titular del Juzgado Federal un hombre detenido en la causa por narcotráfico declaró ante el magistrado porteño que existiría relación de autoridades del Poder Judicial con actividades de narcotráfico. En ese contexto el declarante afirmó que “el juez (Carlos) Soto Dávila, también su secretario Pablo Molina, ellos arreglan cuando caen los narcos, a los dos días salen por así decirlo”. Durante su declaración fue más allá y habría brindado detalles del supuesto cobro de dádivas. Aseguró que los sospechosos “les dan efectivo, plata en la mano” para que se tramiten las excarcelaciones. Apuntó contra un grupo de abogados “que trabajan o están de acuerdo” con el estudio jurídico que dirige “el abogado de todos los narcos allá, de la mayoría”. La inculpación consta en las fojas 827/830 de la causa en la que interviene la Procuración de la Narco Criminalidad a cargo del fiscal Diego Iglesias a partir de una investigación iniciada en 2012 por el tráfico de drogas desde Corrientes a la ciudad de Buenos Aires.

Apartado de causas

La Cámara Federal de Corrientes apartó al juez Carlos Soto Dávila de ocho causas judiciales este año, y la mayoría de ellas por hechos de narcotráfico en las que había liberado a los imputados. En una de ellas además, otorgó beneficios a una pareja acusada por el delito de trata de personas por regentear un prostíbulo en Santa Lucía. Debido a esto el Ministerio Público Fiscal habría hecho una presentación ante el Consejo de la Magistratura donde el juez deberá explicar los fundamentos de las libertades, fallos que luego fueron anulados por el Tribunal de Alzada. Además, el magistrado debió inhibirse en otras causas por narcotráfico por pedido del juez Sergio Torres, a quien envió esos expedientes.

14
Abril

EL “OPERATIVO SATURACIÓN LL”, FUE REALIZADO EN EL MARCO DEL OPERATIVO CONJUNTO ABIERTO DE FRONTERA (OCAF) EN CORRIENTES

Anunciado por el presidente Mauricio Macri, la ministra Patricia Bullrich y el gobernador Ricardo Colombi, el Operativo Conjunto Abierto de Frontera (OCAF) en Corrientes continúa brindando resultados sustanciales. Gracias al accionar coordinado de las fuerzas federales y la Policía local, el Ministerio de Seguridad de la Nación decomisó este jueves, en la localidad correntina de Itatí, casi 600 kilos de marihuana que se encontraban entre la maleza de un terreno baldío.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseveró que: “Seguiremos golpeando a las organizaciones narcotraficantes de Itatí hasta extirpar completamente el flagelo que sufren los vecinos de la ciudad”, y luego agregó que: “El importante procedimiento fue el resultado de la cooperación entre las fuerzas federales, la policía provincial y los funcionarios del poder judicial”.

El hecho también fue una consecuencia de arduas tareas de investigación desarrolladas por miembros de la Delegación de Inteligencia Criminal de la Prefectura Naval Argentina -institución comandada por Eduardo Scarzello-, quienes determinaron que una importante cantidad de estupefacientes ingresaría al país.

El procedimiento, denominado “Operativo Saturación ll”, fue realizado en el marco del Operativo Conjunto Abierto de Frontera (OCAF) en Corrientes, programa promueve el trabajo articulado entre la Policía Federal, Prefectura Naval, Policía Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y la Policía de la provincia y que supervisa la Secretaría de Fronteras encabezada por Luis Green.

Efectivos de las fuerzas de seguridad divisaron entre la maleza de un terreno baldío ubicado en el paraje “Ensenada Grande”, a la altura del kilómetro 1068 de la Ruta Nacional N°12, 19 bultos envueltos en bolsas de nailon. Tras ejecutar una exhaustiva requisa, constataron que se trataba de un cargamento de 625 “panes de marihuana”, con un peso total de 571 kilos.

La droga secuestrada se encontraba en Itatí, lugar donde el Ministerio de Seguridad de la Nación -cuya Secretaría de Seguridad comandada por Eugenio Burzaco- propinó recientemente un fuerte golpe a la narcopolítica, deteniendo a su intendente, viceintendente, comisario local y una veintena de personas.

Este destacado operativo refleja el compromiso del Gobierno Nacional en el combate contra el tráfico de estupefacientes y la importancia de la articulación con las provincias, tarea a cargo de la Secretaría de Seguridad de Interior de Gerardo Milman. De esta manera, desde el 2016, el Ministerio de Seguridad lleva decomisado más de 44 toneladas de marihuana Corrientes. A su vez, sólo en la localidad de Itatí, el número es de más de 10 toneladas de marihuana.

13
Abril

BRENDA FANTÍN ACUSÓ PENALMENTE A FACUNDO LÓPEZ DE PROFERIRLE INSULTOS, AMENAZAS Y AGREDIRLA FÍSICAMENTE EN EL EN CHILL BAR. DICE QUE TUVO QUE PEDIR AUXILIO A UN POLICÍA QUE PASABA POR EL LUGAR.

Una joven de 20 años denunció haber sido agredida por un empleado legislativo en estado de ebriedad en un boliche de Resistencia.

Brenda Fantín, de 20 años, minutos después de las 8 de este jueves, denunció haber sido agredida verbal y físicamente por hombre dentro y fuera de un local bailable ubicado en pleno microcentro de Resistencia.

En la denuncia radicada en la Comisaría Segunda, contó que en la madruga de este jueves acudió al Chill Bar, en Julio Argentino Roca 370, con un grupo de amigos. Y, al ingresar, notó la presencia de Facundo López, quien inmediatamente se dirigió a ella con insultos y amenazas.

Ante esta sorpresiva hostilidad, ella y sus amigos prefirieron hacer caso omiso y ubicarse en otro lugar del bar. Pero la situación se repitió una hora después. López volvió a agredirla verbalmente, por lo que decidieron retirarse del lugar para evitar consecuencias mayores.

Pero esto no fue suficiente, ya que él salió detrás y tras detenerla con un tirón de pelos, la tomó fuertemente de los brazos, profiriéndole todo tipo de insultos y pegándole con una remera. Y una amiga y amigo suyos intentaron intervenir y corrieron la misma suerte. También denunció que les arrojó una botella que terminó estrellándose en el piso.

La situación fue finalmente controlada por un policía que casualmente transitaba por el lugar y se detuvo al advertir el tumulto. Éste, al cabo de media hora, logró persuadir a López para que se retirara de lugar.

Brenda contó que López, al que describió como “en estado de ebriedad y drogado”, se retiró en una camioneta de color azul, y aportó a la Policía referencias sobre su domicilio en la zona oeste de la ciudad.

La joven identificó a su agresor como empleado legislativo, lo que se verifica en el perfil de López en las redes sociales, donde se presenta como “Jefe de Departamento en la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco”.

FUENTE:HDPNOTICIAS

13
Abril

FUE CONDENADA A DOS AÑOS DE PRISIÓN EN SUSPENSO POR FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR PRESENTAR UNA BOLETA DE DEPÓSITO DE TASAS JUDICIALES POR UN IMPORTE MAYOR AL QUE EFECTIVAMENTE HABÍA SIDO DEPOSITADO.

El Tribunal Oral Penal N° 1 de Corrientes condenó a dos años de prisión en suspenso por fraude a una abogada por presentar una boleta de depósito de tasas judiciales por un importe mayor al que efectivamente había sido depositado y con una firma ilegible. Los jueces consideraron que la mujer puso en evidencia "su desprecio sobre el servicio de justicia en el cual participa".

En los autos "P. M. M. P/ FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - CAPITAL", una abogada fue condenada a dos años de prisión en suspenso por fraude a la administración pública por presentar una boleta de depósito de tasas judiciales por un importe mayor al que efectivamente había sido depositado.

En la causa consta que la mujer presentó ante el Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Corrientes una boleta de depósito, correspondiente al "talón para actuación judicial" por $24, cuando en realidad el valor era de $1. Además, en el ticket se evidenció una firma ilegible.

Los integrantes del Tribunal, Raúl Guerín, Cinthya Godoy Prats y Ana del Carmen Figueredo, advirtieron que desde la defensa se proponen dos hipótesis de fallas involuntarias, así una sería el error al presentarse a pagar las tasas al Banco, y la otra sería el error al presentar la boleta en Secretaria por confusión de las mismas, pero las descartaron in límine, ya que, en ambos casos se involucra a una única boleta de depósito por tasa judicial, la cual si bien estaba constituida de cuatro talones que debían ser integrados en forma individual, todos se correspondían al mismo número de boleta, circunstancia que elimina la posibilidad de que se hayan producido los errores de "pago en el Banco" o de "confusión de presentación en el expediente.

De esa manera, los jueces destacaron que quedó comprobado de que un mismo comprobante de pago fue integrado en forma manuscrita con información diferente, no sólo respecto de los importes de las sumas de dinero que se abonaba por la tasa judicial consignada en cada talón, sino además respecto de los conceptos del depósito que a la postre se detectarían como de diferente consignación.

Así, respecto al comprobante presentado ante el Juzgado se consignó la suma de $ 24,00 como importe de tasas judiciales por el rubro 11 (otros conceptos), mientras que en el comprobante con destino a la Dirección de Administración se consignó la suma de $ 1,00, y como correspondiente el rubro 8 (fotocopias y reproducciones), lo que descarta cualquier posibilidad de "confusión" de comprobantes, tal como se pretende sostener también desde la defensa técnica de la imputada.

Los magistrados consideraron como "desfavorable" que la imputada, siendo profesional del derecho, haya actuado en forma ilícita en el ámbito laboral, "lo cual pone en evidencia su desprecio sobre el servicio de justicia en el cual participa como auxiliar", y resolvieron condenarla por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública.

FUENTE: DIARIO JUDICIAL

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