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09
Noviembre

CARLOS ALBERTO SALVATORE, EL ABOGADO QUE MANEJABA UNA BANDA NARCOCRIMINAL QUE TRAFICABA COCAÍNA, LA TRAMA Y LA CONDENA

El TOCF de Resistencia dio a conocer los motivos por los que condenó a cinco acusados de contrabandear más de una tonelada de cocaína en contenedores de carbón vegetal. El análisis sobre la actuación del abogado Carlos Salvatore.

Se ocultó en su profesión de abogado para que no fuera vinculado como jefe de la banda narcocriminal; proveyó dinero y medios para la logística en Chaco y en Europa, entre otras cosas, documentos falsos para los miembros de la organización con antecedentes; estuvo detrás de los detalles para el ocultamiento de la cocaína en bolsas de carbón vegetal, y, cuando empezaron a caer detenidos los primeros sospechosos, sostuvo económicamente a sus familias para tratar de asegurarse la impunidad, publica fiscales.gob.ar.

Las conclusiones sobre Carlos Alberto Salvatore, el líder de la organización que contrabandeó a Europa más de una tonelada de cocaína escondida en contenedores de carbón vegetal, fueron expuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia en los fundamentos de la sentencia, dados a conocer el 8 de octubre pasado.

El 17 de septiembre, al finalizar el debate en la causa conocida como "Carbón Blanco", Salvatore fue condenado a 21 años de prisión; el empresario Patricio Gorosito recibió 19 años; Héctor Ángel Roberto y Juan Carlos Pérez Parga, 17 años cada uno, y Rubén Pérez Esquivel, 12 años.

Todos ellos fueron encontrados responsables de los delitos de asociación ilícita en concurso real con contrabando de estupefacientes agravado por estar destinado a su comercialización y por la pluralidad de partícipes. Los fiscales generales Carlos Amad y Federico Carniel, que actuaron con la asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), habían pedido 25 años de prisión para todos.

Los jueces Ramón Luis González, Aldo Alurralde y Eduardo Ariel Belforte siguieron el razonamiento de la Fiscalía y aplicaron penas menos severas, pero igualmente elevadas. La situación de Salvatore, quien recibió la condena más alta, concitó especial atención en la sentencia.

El pronunciamiento del Tribunal validó la hipótesis planteada desde el comienzo de la instrucción, que estuvo a cargo de la jueza federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Zunilda Niremperger, y del fiscal Carlos Sansserri.

"Un plan sumamente complejo"

Los jueces concluyeron que el abogado "tuvo un rol relevante en la concreción de los injustos que se le imputan a través de la elaboración del plan para posibilitarlos con la coordinación y logística de las operaciones, atribuyendo roles, distribuyendo tareas, con la administración de los medios humanos y materiales, generando contactos con potenciales compradores y aportando dinero. También, esto incluía la supervisión, el control, la organización y la financiación de la empresa llevada a cabo".

En efecto, los jueces sostuvieron que "el imputado obró conforme a un plan sumamente complejo, diseñado con la participación de varios otros imputados, incluso con intervención en el exterior, y la connivencia de personal aduanero".

El TOCF de Resistencia además señaló que "la estructuración de un canal conductor de la droga a través de la utilización de conocimientos profesionales y empresariales desarrollados en el comercio internacional" fue posibilitaba por la especialidad de "exportación de carbón". Ello, señalaron, permitió a los condenados "abstraer y camuflar la verdadera actividad lucrativa, con capacidad operativa capaz de contrarrestar las barreras legales".

En ese sentido, pusieron de relieve que Salvatore estuvo en una "mejor posición para poner en marcha la actividad ilícita y en especial para burlar los controles aduaneros", dada su condición de "abogado muy formado, con acabado conocimiento de medios técnico jurídicos y de manejo empresarial".

Recursos y contactos

El Tribunal recordó en este punto el despliegue de recursos del acusado mientras estuvo prófugo: usó tarjetas de crédito y documentos a nombres de otras personas, e incluso llegó a utilizar como propio el nombre de un amigo para realizarse un análisis clínico por un problema de salud. Sus vínculos "con autoridades" le "permitieron planear un viaje con identidad falsa procurando incluso la obtención de pasaportes apócrifos, que estaba esperando que le fueran entregados" cuando lo detuvieron.

Al respecto, los jueces remarcaron que Salvatore había conseguido pasaportes y carnets de conducir falsos para que circularan en Europa de otros dos hombres de la organización, Rolando Andrés Di Renzo y Leonardo Hugo Prodan, quienes fueron detenidos en España y luego condenados en Portugal.

También, recordaron que entre la prueba de cargo secuestrada en uno de los domicilios de Salvatore figura la imagen de escaner de un contenedor -es decir, un documento producido por la Aduana- con la conclusión de que lo que se llevaba allí era una "carga sospechosa". El documento demuestra que el contenedor fue puesto a prueba antes de partir, para chequear si la cocaína podía ser detectada.

La investigación luego puedo comprobar que aquella imagen de escaner se correspondía con el contenedor que arribó a Portugal el 3 de noviembre de 2011 con 500 kilos de cocaína. De aquella media tonelada, 12 kilos quedaron olvidados en su interior y fueron encontrados por operarios de una empresa procesadora de carbón, que hicieron la denuncia que dio origen a la pesquisa.

Son todos narcos

Los jueces también sostuvieron que en "Carbón Blanco" se dio, entre otras, una de las características de la criminalidad organizada, que consiste en "disimular la actividad ilícita detrás de actividades lícitas". Entre los acusados hay supuestos empleados y encargados de la planta Carbón Vegetal del Litoral SRL, ubicada en Quitilipi, Chaco, donde se consolidaban los cargamentos; un empresario futbolístico (Gorosito) y el abogado Salvatore. Respecto de este último, los jueces puntualizaron que "no hay ninguna prueba" de que haya actuado como abogado, sobre todo porque su estrategia de defensa se dirigió a ubicarse como defensor de otros acusados en la causa, entre ellos Di Renzo y Prodan, detenidos y condenados en Portugal.

El tribunal hizo notar que La condena a aquellos dos hombres en Europa se dio en el marco de una causa similar a "Carbón Blanco". Ambos fueron condenados en los tribunales lusitanos junto a otros tres hombres por "falsificación de documento, tráfico de estupefaciente agravado y asociación criminosa".

Todos estaban vinculados con el tráfico de casi 762 kilos de cocaína descubierta en España en un contenedor cargado con carbón vegetal que había arribado previamente al puerto de Portugal procedente de Rosario, en Argentina, exportado por la firma "Agroforestal del Litoral SRL". La cocaína estaba simulada dentro de algunas bolsas de carbón.

"Carbón Blanco" no fue el único juicio que el abogado Salvatore debió afrontar: actualmente él y su entorno más cercano está procesado por el lavado del dinero proveniente del narcotráfico.

06
Noviembre

TRES APREHENDIDOS CON PEDIDO DE CAPTURA

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Publicado en Policiales
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Intervino el personal de la Comisaria Charata. Se situaron en zona céntrica y barrios periféricos. Arrojaron como resultado la demora de tres personas con pedido de captura por diferentes causas.

Ayer por la noche, personal de la Comisaria de Charata realizaron Operativos de Prevención de Faltas Contravencionales e Ilícitos con el personal de la Guardia y del Servicio externo de la unidad arrojando un resultado positivo ya que se demoraron tres hombres mayores de edad quedando a disposición de la magistratura en turno

Alrededor de las 22, se realizó un operativo con el propósito de controlar vehículos e identificación de personas. Dicho operativo se montó en zona céntrica y barrios periféricos, utilizando personal de guardia y del Servicio externo, con patrullas y motocicletas de la Comisaria Charata.

De esta manera y como resultado demoraron a tres hombres, uno de 33, 52 y 39 años, con causa caratulada como “Incumplimiento Deberes Asistencia Familiar, Supuestas Lesiones Culposas En Accidente De Tránsito y Supuesto Abuso Sexual”.

Los mismos fueron trasladados a la comisaria interviniente donde quedaron alojados a disposición de los magistrados en turno.

20
Octubre

María Alejandra Fernández, esposa y madre de 10 hijos, denunciaba que, Hoy, 19/08, después de 9 nueve horas, “no nos dejaban retirar el cuerpo, recién a las 10 de la mañana lo retiramos con la negativa del fiscal de realizarle autopsia”.

Su esposa nuevamente denunciaba que, “La fiscal encubre a los policías y su propia negligencia”

El dirigente Verón del MTD “NO AL DESALOJO” falleció en el hospital Perrando de Resistencia debido a la golpiza propinada por la policía del Chaco el 25 de septiembre de 2015, luego de una caza contra los integrantes de este movimiento por los campos donde habitaban los mismos. Una vez cazados fueron salvajemente golpeados y como consecuencia Ángel Verón fue hospitalizado con graves heridas.

El dirigente se encontraba reclamando el día 19 de septiembre, en la ruta a la altura del kilómetro 997 de la ciudad de Resistencia, Chaco, por reanudación de becas, construcción de viviendas y regularización de las tierras que habitan, entre otros proyectos demandados, cuando intempestivamente fueron desalojados y posteriormente cazados en el monte, en las propias tierras que habitaban los integrantes del Movimiento y su dirigente. Cuando fue localizado, dentro de su predio, la policía procedió a la golpiza y posterior traslado, arrastrando a Verón, hacia el camión, localizado sobre la ruta.

María Alejandra Fernández, esposa y madre de 10 hijos, oportunamente denuncio “terrorismo de estado contra su esposo Verón”, y declaraba en esos momentos en que era hospitalizado su esposo:

Que, el MTD “no al desalojo” protestaba en la ruta y fueron reprimidos duramente por lo que se encuentra mi esposo hospitalizado.

Aclaraba que, Jueves 24 de septiembre 2015,   el MTD “No al desalojo” protesto sobre la ruta 11 km 997 porque nos quitaron las becas y cupos para la construcción de viviendas, cuando la policía se hizo presente con el COE, infantería y camión hidratante, luego de veinte minutos procedieron a reprimir persiguiendo a los manifestantes por los montes por varias horas de la noche, hasta que lograron encontrar a Ángel Daniel Verón quien lideraba el reclamo a la vera de la ruta, lo persiguieron y los cazaron dentro del monte, lo patearon, pisaron, garrotearon, luego lo arrastraron hacia la ruta, hasta el camión de la policía, también a su hermano, German Verón, lo detuvieron, desconociéndose su paradero, reclamaba su familia”.

La esposa de Verón, María Alejandra Fernández, madre de 10 niños, denuncio que, por la golpiza de los policías su esposo se encuentra hospitalizado en el hospital Perrando con graves heridas en el estómago y fractura de nariz insistía que, “por el terrorismo de estado aplicado contra su esposo, La esposa, solicitaba al Defensor del Pueblo de la Provincia Del Chaco su intervención para que proceda a denunciar al Gobierno Del Chaco por la represión y golpiza contra su esposo , que por reclamar la devolución de las becas y solicitar cupos de vivienda para trabajar fue reprimido e impedido por las autoridades policiales, atentando contra la libre expresión, el derecho a peticionar a las autoridades.

Agrega la señora que, “el gobierno después de las elecciones cambio de actitud y ahora reprimen, aún más, contra los pobres que reclaman”.

Por otro lado los movimientos sociales repudian la muerte de Verón y exigen la renuncia del fiscal, ministro, secretario de seguridad, jefe de policía, y todos los policías intervinientes en los hechos de represión, no proceder con lo peticionado es encontrarnos con un gobierno que propende a tener formatos de la dictadura militar.

18
Octubre

Se trata de un caso de narcomenudeo en la villa La Cárcova, de José León Suárez. Al analizar el expediente para elevarlo a juicio, una magistrada advirtió que la fiscalía solicitó el testimonio de seis efectivos de la Comisaría 4ª, de los cuales cinco están presos desde junio y el restante, prófugo.

De todas las causas que se encuentra analizando la titular del Juzgado Federal 2 de San Martín, Alicia Vence, para elevar a juicio hubo una que acaparó toda su atención. Se trata de un caso de narcomenudeo en la villa La Cárcova, de José León Suárez, que tiene como testigos de los procedimientos a media docena de efectivos de la Comisaría 4ª de esa jurisdicción, los mismos que están presos desde junio por sus vínculos con los traficantes de la zona.

Según consignó Tiempo Argentino, en febrero comenzó una investigación a un grupo de policías sospechados de negociar con "La Banda Ceferino" –por su líder Ceferino Benítez– que operaba en la villa La Cárcova.

Las presunciones se confirmaron y el 24 de junio se concretó la detención del comisario mayor y ex titular de la Jefatura Departamental de San Martín, José Luis Santiso, quien si bien estaba en actividad al momento del arresto se encontraba a la espera de destino.

También fueron apresados por orden de la jueza Vence los tenientes Carlos Cesar Aguirre y Mario Maruri; el oficial Ezequiel Mautouchet y el subteniente José Cano. El oficial principal Gabriel Cabral permanece prófugo.

Se realizaron allanamientos en los que ambos resultaron detenidos con prisión preventiva, pero "elevada la causa a juicio oral, fueron absueltos de las imputaciones que pesaban sobre ellos".

En el marco del mismo expediente se dispuso el arresto de otros dos policías, quienes ya estaban detenidos por otra causa. Todos los policías imputados trabajaban en seccionales o delegaciones de los partidos de San Martín y Tres de Febrero y están acusados de haber brindado protección a bandas narcos que operaban en La Cárcova, de José León Suárez.

La auditora general de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, Viviana Arcidiácono, informó que tanto personal a su cargo como efectivos de Policía Federal trabajaron activamente en la investigación y llevaron a cabo los arrestos y allanamientos que les requirió la jueza Vence.

Grande fue la sorpresa de la magistrada al analizar la causa para elevarla a juicio y constatar que la Fiscalía 16 de San Martín presentó como testigos de los procedimientos a ex policías presos por negociar con los narcos en la misma villa.

El abogado Damián Odetti representa a varias personas que están –o estuvieron–detenidas por narcotráfico en San Martín. Al estudiar las causas detectó una situación que se repetía: sus defendidos mantenían una activa comunicación con los efectivos de la Comisaría 4ª de Suárez y que quedó al descubierto con el entrecruzamiento de llamadas telefónicas que ordenó la justicia.

Por ejemplo, se descubrió que el comisario Santiso mantenía una comunicación activa con Lidia del Carmen Bravo, imputada por venta de estupefacientes, y Carlos Rolón, el encargado de pagarle por protección policial y que también fue detenido.

Los testigos del procedimiento en el que quedaron detenidos Benítez y Rolón son los mismos policías que están presos por negociar con los narcos. Según la investigación el oficial José Víctor Gutiérrez les proveía la droga que secuestraba en otros allanamientos. A su vez, se reveló que Bravo insistía a los policías corruptos en que detuvieran a un tal "Cheto" por ser "competencia" en el negocio.

También surgió que los efectivos de la Bonaerense tenían a una menor que vendía drogas para ellos dentro de La Cárcova y que los vendedores de estupefacientes pagaban 5000 pesos por semana a la Comisaria 4ª, 5000 a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín, y otros 15 mil a la Delegación Droga del mismo distrito.

Matriz delictiva

Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal de San Martín, dijo que desde la Defensoría denunciaron varias veces ante la Fiscalía 16 la complicidad policial, pero que "nunca tomaron cartas en el asunto".

"Le dictaban prisión preventiva a los imputados y luego les ofrecían un juicio abreviado. Les proponían la pena mínima estipulada en el Código Penal, cuatro años, y los acusados se declaraban culpables de los cargos. Cuando esto sucedía, los detenidos llevaban más de dos años presos y terminaban firmando porque automáticamente se iban en libertad condicional", explicó.

El procedimiento no es ilegal puesto que el artículo 338 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires refiere que las personas procesadas en causas penales tienen la posibilidad de firmar un arreglo con la justicia.

La repetición de los juicios abreviados llamó la atención de Odetti, quien comenzó a rechazar el procedimiento y a pedir que se realicen los debates orales. De ese modo pudo demostrar que sus defendidos trabajaban para un grupo de policías de la Comisaría 4ª que era liderado por el comisario Santiso.

Un vocero de Asuntos Internos explicó a Tiempo que "estos tipos de casos sólo salen a la luz cuando hay internas entre los funcionarios que forman la banda narco".

En ese sentido, en el último tiempo quedó al descubierto una serie de homicidios en la zona de San Martín. "Son casos donde los narcos matan a personas que viven en el barrio donde ellos operan. Algunas veces porque las víctimas quedan en la línea de fuego entre bandas rivales pero en su gran mayoría se trata de ajustes de cuentas. Esos homicidios quedan impunes por la complicidad policial", confió la fuente.

Para Casolati, "los mismos policías que investigaban el narcotráfico participaban del negocio".

"Estas causas –detalló– comenzaron a juntarse desde 2002 en adelante en la Fiscalía 16 de San Martín. Los imputados declararon, en su gran mayoría, que trabajaban para la policía o que les armaron la causa para salvar a los narcos más pesados, como hicieron muchas veces para ayudar a Ceferino Benítez. Es vergonzoso que la justicia tenga que realizar juicios presentando como testigos a ex policías que están presos por narcotráfico."

"Esta causa –concluyó– se supo de milagro. Todavía funciona esa mecánica de corrupción descubierta pero con otros policías que trabajan en la misma comisaría. Es la matriz delictiva de la Policía Bonaerense."

Dos que eran inocentes

En su edición del 2 de octubre Tiempo publicó que la Corte Suprema había confirmado el rechazo al otorgamiento de una indemnización a dos hombres que estuvieron 19 meses presos en una causa por drogas siendo inocentes.

El máximo tribunal, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, desestimó por razones formales el reclamo planteado por Miguel Antonio Flores y Juan Florentín Cabrera contra el Poder Judicial, por el cual reclamaban 682.400 pesos por los "daños y perjuicios" sufridos.

Ambos denunciaron que fueron "vinculados con un hecho delictivo, privados de su libertad y puestos en prisión preventiva de manera injusta durante más de 19 meses". Según relataron, "en mayo de 2004 la Delegación San Martín de Intervenciones Complejas y Narcocriminalidad efectuó tareas de inteligencia, en el marco de una investigación por presunta comisión de delitos contra la ley de drogas". Se realizaron allanamientos en los que ambos resultaron detenidos con prisión preventiva, pero "elevada la causa a juicio oral, fueron absueltos de las imputaciones que pesaban sobre ellos".