EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO SÓLO EN CAPITAL FEDERAL CERRARON 200 INMOBILIARIAS. "SI EL GOBIERNO NO CAMBIA EL RUMBO, LA CRISIS VA A CONTINUAR", ALERTARON A EL DESTAPE.

Gino Viglianco/La Unión de Emprendedores de la República Argentina realizó un informe que muestra que en el país cerraron 8500 comercios sólo entre abril y mayo por las presiones de la AFIP, el aumento de tasas de Banco Central, la caída de las ventas y los aumentos de costos. En la Capital Federal, el incremento de los servicios públicos y una decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, llevaron al quiebre masivo de inmobiliarias.

"Vemos un shock de medidas que nos sumieron en una crisis angustiante. Hubo un achicamiento de ventas del 30 por ciento por la recesión, las tasas de los bancos son impagables impidiendo el crédito, ingresan productos de las importanciones que no nos permiten competir, hay un acoso de la AFIP para pagar cargas impositivas y padecemos un grave aumento de los servicios y alquileres", explicó a El Destape Rodolfo Llanos, director de la Unión de Emprendedores de la República Argentina.

Los comercios que cerraron decidieron vender el stock en plataformas de ventas web, donde no tributan a la AFIP, ni tienen costos como alquiler, gas o agua. Los sectores más perjudicados son el calzado, la vestimenta y alimentos, en todos los casos con grandes ingresos de productos del exterior.

“En los primeros cinco meses cerraron 200 inmobiliarias en Capital federal. En total nosotros tenemos 7250 colegiados, de los cuales 93 son unipersonales y la mayoría se dedica a alquileres. Con la ley Larreta, que impide el cobro de comisiones a inquilinos y el drástico aumentos de los servicios, se fundieron”, explicó Armando Pepe, titular del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, Llanos alertó que la situación de los comercios y las fábricas puede agravarse debido a que con la Resolución General N° 4259 publicada en el Boletín Oficial, la AFIP aumentó el nuevo tope para recibir importaciones que es ahora de 3.000 dólares para los productos que se reciban del exterior y de 1.000 dólares para los que se envíen al extranjero

"Si tenés dos hijos y estás casado, entonces tu tope de importación puede ser 12.000 dólares. Entonces un empleado medio puede importar productos del exterior y venderlos en el mercado local por internet. Eso terminará de destuir al sector", alertó Rodolfo Llanos.

AJUSTE SIN MIRAMIENTOS Y ENTREGA AL MERCADO

POR TOMÁS LUKIN/El Gobierno dio a conocer la carta de intención del convenio con el FMI. Incluye una pauta de inflación de hasta 32 por ciento, un crecimiento piso de 0,4, la venta de activos de la Anses, menos obras, menos empleados públicos y más tarifas.

Mauricio Macri define el acuerdo que selló con Christine Lagarde, titular del FMI, para evitar una gran crisis.

El ajuste fiscal y las reformas propuestas por el gobierno argentino para acceder al programa del Fondo Monetario Internacional incluyeron la venta de los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. La liquidación del fondo contracíclico de la seguridad social (ver aparte) acompañará al recorte en la obra pública, las menores transferencias a las provincias, los aumentos de tarifas y la reducción del empleo público. Los lineamientos fiscales que guiarán la política económica hacia un ajuste de 500.000 millones de pesos a lo largo de los próximos tres años estarán acompañados por profundos cambios en el esquema de política monetaria y cambiaria. Los detalles de las condicionalidades asociadas al crédito por hasta 50.000 millones de dólares comenzaron a revelarse con la publicación de la Carta de Intención y el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras enviada al organismo multilateral. Si el ajuste ofrecido al FMI no fuera suficiente para lograr la pretendida reducción del déficit fiscal, las autoridades del Palacio de Hacienda y el Banco Central prometieron “tomar medidas adicionales para alcanzar los objetivos”. La carta está firmada por el ministro Nicolás Dujovne y el desplazado presidente de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger. Después de abandonar su metas de inflación para este año, las autoridades indicaron en los textos enviados a la mandamás del Fondo, Christine Lagarde, que los precios pueden llegar a escalar hasta 32 por ciento en 2018. Con el programa en marcha, la economía cerrará el año en recesión y arrojará un magro crecimiento que oscliará entre 0,4 y 1,4 por ciento.

Devaluación

“Disminuir las tensiones en nuestro balance de pagos”, es uno de los objetivos centrales que aseguran tener las autoridades argentinas a la hora de solicitar el financiamiento del FMI. El mecanismo para contener la corrida cambiaria y abordar la estructural escasez de divisas consiste en permitir “operar flexiblemente a nuestro tipo de cambio como un amortiguador de shocks, incrementando nuestras reservas internacionales, disminuyendo nuestro déficit de cuenta corriente, y reduciendo nuestras necesidades de financiamiento externo”. En lo que va del año, el tipo de cambio acumula un salto del 52 por ciento. Sturzenegger fue reemplazado ayer por el ministro de Finanzas, Luis Caputo. El memorándum de políticas enviado a Lagarde reitera la incumplida promesa del BCRA de minimizar sus intervenciones al sostener que “estamos completamente comprometidos con un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado”. Los documentos proponen restringir formalmente la capacidad de intervención de la banca central en la plaza cambiaria.

Liquidar el FGS

Vender las acciones de grandes empresas y los títulos públicos en poder del FGS de la Anses es un anhelo que exhiben los funcionarios cambiemitas desde que llegaron a la Casa Rosada (ver aparte). “Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica”, sostiene el memorándum de políticas económicas que redactó el Palacio de Hacienda. Los documentos refieren a los activos que conforman el FGS como fondos “incautados en 2008”. La decisión no solo implica desarticular el fondo contracíclico de la seguridad social sino que amputa una poderosa herramienta de intervención del sector público en la economía.

Reforma jubilatoria

Entre las propuestas de ajuste enviadas a Washington las autoridades argentinas le prometen “introducir mejoras en el sistema de pensiones que lo hagan financieramente sostenible y más justo tanto para las generaciones actuales como para las futuras”. El documento le recuerda al FMI la existencia de la comisión bicameral creada en 2016 que debe presentar un anteproyecto el año próximo. La seguridad social es un elemento recurrente en las evaluaciones de la economía argentina publicadas desde que Mauricio Macri asumió la presidencia.

Achicar el Estado

A la hora de referirse al ajuste en el empleo público, las autoridades argentinas recurren a los eufemismos del FMI. En el léxico del organismo multilateral a la reducción de la plantilla de trabajadores estatales se le dice “racionalizar el empleo público”. Pero los esfuerzos por maquillar el discurso se agotan ahí. Para atacar esa fuente de gastos las autoridades proponen: “No renovar cargos en puestos no prioritarios, congelar las nuevas contrataciones en el gobierno nacional durante dos años y eliminar las posiciones redundantes”. Los detalles del ajuste estatal fueron anticipados a comienzos de mes por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, como un paquete de “austeridad y transparencia para el ahorro”. El recorte anunciado entonces como una iniciativa desvinculada del acuerdo con el FMI, contemplaba la terminación de, por lo menos, los 7000 puestos de trabajo estatales que están canalizados a través de convenios con distintas universidades nacionales.

El compromiso oficial va más allá de la eliminación de las “posiciones redundantes”. El memorándum ofrece reducir el presupuesto destinado a las empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, Tandanor, Fadea, Radio y Televisión Argentina, Casa de la Moneda y YCRT. “Los costos asociados con las operaciones de desinversión o liquidación de entidades públicas, tales como la cancelación de contratos existentes o pagos de indemnización a los trabajadores, se asignarán a los gastos corrientes y de capital en consecuencia”, indica el documento al anticipar cómo se computarán en las finanzas públicas el cierre de firmas estatales y los despidos. El texto no ofrece precisiones sobre cómo, dónde y cuándo se realizará la “racionalización”.

Inflación

Después de abandonar la meta de inflación del 15 por ciento para este año, las autoridades económicas sostienen en los documentos que los precios pueden llegar a escalar hasta 32 por ciento en 2018. “Si bien lamentamos volver a reajustar nuestras metas de acuerdo a un sendero más alto de inflación, este cambio es inevitable dada la volatilidad del mercado financiero que Argentina ha experimentado y el impulso inflacionario en curso tras la reciente depreciación del peso y los aumentos en los precios mundiales de la energía”, sostiene el texto remitido al FMI. A contramano del libreto repetido durante dos años por los economistas del gobierno, entre los factores que explican la aceleración en lo precios figuran la devaluación y la liberalización del precio de los combustibles. El 32 por ciento es el techo oficial para la inflación anual mientras que el piso es 22 por ciento. Con ese sendero, las autoridades esperan que el IPC marque 27 por ciento al terminar el año. En 2019 pretenden llevar los aumentos a 17 por ciento, para 2020 se proponen un 13 por ciento y cuando finalice el acuerdo con el FMI en 2021 añoran alcanzar una inflación anual del 9 por ciento.

Nueva Carta Orgánica del BCRA

“Reforzará la estabilidad de precios como el mandato principal del BCRA”, sostiene el documento para referirse a los cambios en el funcionamiento de la autoridad monetaria que serán enviados al Congreso “antes de marzo de 2019”. El memorándum promete además que la entidad presidida desde ahora por Luis Caputo hará “lo que sea necesario para cumplir las nuevas metas de inflación”. Con la bandera de la independencia en alto, la normativa prohibirá que el Banco Central financie al Tesoro. Además la normativa establecerá nuevos mecanismos para el desplazamiento de las autoridades monetarias que ayer hubieran dificultado el desplazamiento de Sturzenegger. El memorándum reitera la decisión oficial de modificar la composición de los pasivos del BCRA para minimizar el stock de Lebac. La pretensión oficial es lograr que a finales de septiembre de 2019 los bancos nacionales sean los únicos tenedores privados de esos instrumentos. Los anuncios también establecen objetivos para el stock de reservas internacionales que restringen la capacidad de intervención en la plaza cambiaria.

Tarifazos

Para lograr la reducción del déficit fiscal que garantiza los desembolsos del FMI, Argentina prometió reducir los subsidios al transporte y la energía en un monto equivalente a 1,1 puntos del PBI. La decisión impactará de manera directa sobre los hogares y las empresas. “Continuaremos avanzando en la reducción de los subsidios a la energía y el transporte con el objetivo de aumentar la proporción del costo de producción de esos servicios cubierto por el precio pagado por los consumidores, desde el 80 por ciento en 2017 hasta 90 por ciento en 2020, en promedio, para el gas, y desde 60 por ciento en 2017 hasta 90 por ciento en 2020, en promedio, para la electricidad”, sostiene el texto.

Ajustes

El ajuste fiscal equivalente a 3,7 puntos del PBI o 19.300 millones de dólares se completará con una fuerte reducción en la inversión pública de 1,6 puntos del PIB que representa una caída del 81 por ciento en términos reales. Para el Palacio de Hacienda existe margen para un recorte adicional “especialmente en infraestructura” si el programa no arroja los resultados esperados. Entre las ofrendas fiscales se destacan las menores transferencias a las provincias. Retrocederán 0,6 puntos del producto que equivale a una baja del 74 por ciento en términos reales durante la vigencia del acuerdo con el FMI.

Supervisión del Fondo

El préstamo stand-by será analizado en el Directorio del Fondo el próximo miércoles. Contra la aprobación del programa, Argentina recibirá un primer desembolso por 15.000 millones de dólares que se acreditarán en las cuentas públicas dentro de los siguientes dos días. Una mitad irá a parar al Tesoro para “fortalecimiento presupuestario” y el resto ingresará a las reservas del Banco Central. Para utilizar los restantes 35.000 millones de dólares del crédito, el país deberá someterse a doce revisiones trimestrales del FMI donde el staff del organismo velará por el cumplimiento prometido en la reducción del déficit fiscal y las reformas. Cada supervisión habilitará tramos de hasta 3250 millones de dólares. La primera fecha prevista para la auditoría es el 15 de septiembre, el mismo el día que el gobierno de Mauricio Macri enviará su proyecto presupuestario para 2019. A partir de entonces el Fondo supervisará que el país no se aleje de sus promesas en septiembre, diciembre, marzo y junio de cada año hasta 2021.

LA CALIFICADORA INTERNACIONAL FITCH PRONOSTICÓ RECORTÓ EL ALZA DEL PBI PESE AL MULTIMILLONARIO PRÉSTAMO DEL ORGANISMO INTERNACIONAL.

Luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la calificadora Fitch pronosticó que la economía argentina crecerá la mitad de lo que había estimado a principios de año. En su último informe proyectó que la inflación del país avanzará al 27,5% por el efecto de la devaluación.

La consultora internacional recortó a la mitad el pronóstico de crecimiento, del 2,6% al 1,3%. "Recortamos nuestro pronóstico de expansión real del PIB al 1,3% siguiendo un patrón de crecimiento débil y volátil", explicó Fitch.

"El acuerdo que alcanzó Argentina con el FMI mitiga los riesgos que afronta el país tras un deterioro de la confianza de los mercados, pero el Gobierno necesita tomar más medidas para restaurar la credibilidad en su política económica", ensayó el reporte.

Para Fitch, los condicionamientos del FMI ayudarían a mantener el panorama estable y la calificación "B" de la deuda soberana de Argentina, pero el futuro de esta perspectiva depende de que el Gobierno aplique medidas para reducir los riesgos macroeconómicos y restaurar la "credibilidad de los inversores".

Los funcionarios argentinos prometieron al FMI buscar una mayor consolidación fiscal para garantizar el acuerdo, pero Fitch apuntó a que esta medida aplicadas por el Gobierno podrían enfrentar considerables riesgos políticos.

"La popularidad del presidente Macri ha caído marcadamente y las protestas sociales se han intensificado. Aún no está claro si la oposición respaldará o si se resistirá a los ajustes en el año previo a las elecciones del 2019", dijo Fitch en su comunicado.

La agencia prevé que el Gobierno alcanzará su meta de déficit primario de 2,7% del PBI debido al recorte de gastos, a su enorme recaudación tributaria de inicios de este año y a una inflación mayor que la prevista, que elevaría los ingresos más rápidamente que los gastos. Pero señaló que lograr las metas de 2019, 2020 y 2021 será mucho más difícil.

PLANTEA DÉFICIT PRIMARIO CERO PARA EL 2020 Y CORTA LAS TRANSFERENCIAS DEL CENTRAL AL TESORO. EXIGE DESARMAR LAS LEBACS.

Télam/El Gobierno y el FMI anunciaron este jueves que lograron cerrar un acuerdo Stand-By de 36 meses de duración que asciende a la impactante cifra de 50.000 millones de dólares, de los cuales el 30% llegará al país en las próximas semanas. De confirmarse el ingreso de esos 15 mil millones de dólares, se trata de un espaldarazo muy fuerte para calmar al mercado.

Se trata de una suma más que importante que superó las previsiones más optimistas y según afirmó un destacado operador financiero al tanto de las negociaciones "alcanzará para enfriar la volatilidad".

Este préstamo exige como contraparte duras medidas de ajuste. Plantea para este año llevar la meta de ajuste fiscal del 3,2% del PBI al 2,7% -como ya había adelantado Dujovne- y el año que viene un mucho más drástico pase del 2,2% al 1,3%, para converger en el 2020 en déficit fiscal primario cero.

De acuerdo a las estimaciones del Gobierno, esto implica que en los próximos tres años haya "una reducción acumulada del déficit de 3,1% del PBI, alrededor de USD 19.300 millones". Aun así, por el peso de los servicios de deuda el déficit total pasaría del 5.1% del PBI actual al 1,7% en 2021. "El nuevo sendero de convergencia fiscal permitirá que el ratio deuda pública a PBI comience a reducirse a partir de 2019", detalló el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en una conferencia de prensa que brindó junto al titular del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, en el Centro Cultural Kirchner del bajo.

Dujovne celebró que el préstamo acordado represente "once veces la cuota de Argentina" en el organismo. El acuerdo también incluye otras medidas de ajuste como llevar a cero las transferencias de fondos del Banco Central al Tesoro y una drástica reducción del stock de Lebacs. Además, se enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que "refuerce su autonomía", según se informó oficialmente.

El "saneamiento" del balance del Central incluye la obligación del Tesoro de comprar de manera anticipada las letras intransferibles que el Gobierno le colocó al Banco Central para poder llevarse los dólares de las reservas de libre disponibilidad -en particular en 2005-. En principio, explicó Sturzenegger, Caputo le girará pesos (no los dólares de las reservas que se llevó el Gobierno) y el organismo monetario usará estos recursos para cancelar gradualmente el stock de Lebacs.

Serán unos USD 25.000 millones a devolver en etapas hasta mayo de 2021. El acuerdo confirma así que varios de los compromisos asumidos ingresan en el próximo mandato presidencial, en particular el último tramo del ajuste fiscal.

El ajuste prevé recortes muy duros como una baja acumulada en los tres años del programa de transferencias a las provincias del 74% y un recorte de los fondos destinados a la obra pública del 81%. Además incluye nuevos recortes a las jubilaciones.

Tanto el FMI como el Gobierno confirmaron que el acuerdo fue alcanzado a nivel del personal técnico, pero que está sujeto a la aprobación del directorio Ejecutivo del FMI, que se descuenta ocurrirá en los próximos días.

Las autoridades del FMI anunciaron que la intención es girar cuanto antes el primer tramo del acuerdo, pero "posteriormente tratarán el préstamo con carácter precautorio". Al respecto, Dujovne estimó que 30% del préstamo, unos 15.000 millones de dólares llegarán al país en las próximas semanas y que el resto esperan no necesitar utilizarlo y que quede por precaución. Así, los restantes 35.000 millones quedarán condicionados al cumplimiento de los objetivos fiscales anunciados.

"Todavía no podemos decir qué porción será para refuerzo presupuestario y qué porción para las reservas", sostuvo Dujovne dejando entrever que aún restan detalles técnicos por definirse.

La novedad del acuerdo radica en la cláusula del 0,2% del PBI de margen adicional de déficit fiscal en el que podrá incurrir el Gobierno para atender necesidades sociales. Consultado respecto de este nuevo apartado, Dujovne destacó que es un espacio fiscal adicional para ampliar la AUH en caso de considerar que la situación económica lo amerite. Para este 2018, las proyecciones de crecimiento se redujeron a 1,4% (0,4% para las previsiones fiscales) y para 2019 a 2,5% (1,5% para el cálculo de ingresos tributarios).

Respecto al costo del crédito, el FMI precisó que la tasa irá en función del nivel adeudado. Por el momento, la tasa "con los valores actuales de la tasa del DEG, se estima que el costo del préstamo será de 1,96% mientras los desembolsos acumulados no superen el 187,5% de la cuota argentina en el FMI (monto equivalente a aproximadamente USD 8.480 millones), de 3,96% si los desembolsos acumulados superan ese monto, y 4,96% si el crédito vigente se mantiene por encima de ese monto por más de tres años", detalló Hacienda.

El Gobierno también negocia contra reloj, como reveló LPO, que un grupo de bancos privados aporten un préstamo sindicado. Además se acordó la duplicación de créditos con otros organismos bilaterales (BID, Banco Mundial y CAF) por un total de USD 5.650 millones, que en principio se suman a los USD 50.000 millones anunciado por el FMI. También la renovación y ampliación del swap con China del que no hubo precisiones.

"El plan económico a implementarse durante el programa fue presentado por Argentina y refuerza nuestro compromiso con la eliminación de los desbalances económicos que han aquejado a nuestro país por décadas", informó el FMI en un comunicado deslindándose de los recortes y reacomodamientos de partidas que tenga que hacer Macri para cumplir con las metas fiscales prometidas.

"El plan es consistente y sostenible económica, social y políticamente, y tiene como objetivo continuar restableciendo el orden macroeconómico con dos ejes clave: convergencia más rápida al equilibrio fiscal y reducción de la inflación", señaló el organismo internacional.