27
Enero

SE APROVECHAN DE LA NECESIDAD DE LOS MÁS VULNERABLES

Dos comercios que intentaron cobrar recargos y obligar a gastar los fondos totales en las compras con tarjetas Alimentar fueron clausurados por los incumplimientos.

Mientras las tarjetas para combatir el hambre en la Argentina continúan repartiéndose por el país, dos comercios intentaron aprovecharse de la necesidad de los beneficiarios, pero fueron identificados y cerrados. Se trata de dos supermercados ubicados en Almirante Brown y Concordia, Entre Ríos, quienes aplicaban recargos por el uso del plástico.

Según se indicó en un comunicado, la municipalidad de Almirante Brown, comandada por Mariano Cascallares, el comercio ubicado en las calles Vucetich y Lahille,¿ de la localidad Ministro Rivadavia, fue clausurado por "aplicación de recargo en el uso de la tarjeta Alimentar". El caso se pudo detectar a partir de "denuncias puntuales por intento de cobro de una comisión del 10 por ciento por el uso de la tarjeta y el intento de imposición de tener que gastar el total del monto de la tarjeta".

En ese marco, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aclaró que "ningún comerciante debe cobrar recargo o comisión por la Tarjeta Alimentar", al tiempo que resaltó: "No vamos a tolerar abusos ni maniobras especulativas o irregulares".

"Esta es una política de Estado, que encabeza el presidente Alberto Fernández, para un país que tiene un problema de hambre y de malnutrición. No puede haber hambre en la Argentina", enfatizó el funcionario que tiene a su cargo la distribución de las tarjetas.

En esa línea, Cascallares señaló que es "muy importante" que los vecinos y vecinas "tengan precios de referencia confiables para cuidar la mesa de los argentinos".

Un caso similar se dio en Concordia, donde existe un programa de seguimiento y control realizado por la Municipalidad. La tarjeta alimentaria es recibida por las madres y padres con hijas e hijos de hasta 6 años que al momento estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas a partir de los 3 meses que actualmente perciben la asignación por embarazo, y personas con discapacidad que reciban la AUH.

26
Enero

 

27 ENERO 2020 REPORTE24//

UN DOCUMENTO DE LA SIGEN MARCA QUE SOLO SE HIZO UN 0,15% DE LAS RUTAS ANUNCIADAS. SEVERAS FALENCIAS QUE EXPONEN LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO DE CAMBIEMOS.

El ex ministro de Transporte de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, y el ex titular de Vialidad Nacional en el gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, se fueron de la gestión con más mentiras que obras ejecutadas. Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) destruye lo actuado en la administración macrista en una de las mayores promesas amarillas: el "Plan vial Federal 2016-2019".

En ese marco, Macri había anunciado que en su gestión se habían construido 7.500 kilómetros de nuevas autopistas y rutas seguras. Sin embargo, un documento de la Unidad de Auditoría Interna, al que accedió El Destape, detectó que hasta 2018 hubo "un bajo grado de avance".

No solo eso, también deja mal parado a Macri. Pese a lo que dijo en medios y actos, oficialmente, el desafío de Cambiemos eran "2.800 kms. de autopistas, 4.000 kms. y 13.000 kms. con una inversión de 200.000 millones de pesos". Más grave aun, es el análisis sobre el programa Rutas Seguras ya que "prácticamente no registra avances". En relación a esto, describe: "Se ejecutaron 6 de los 4.000 kms., un 0,15% de lo anunciado".

En cuanto a las estadísticas relevadas, en el período 2016-2018, surge que solo se finalizaron 365 kilómetros de autopistas iniciadas a partir de 2016, "lo que representa un 13% de los 2.800 kms." previstos en el plan. Sobre las pavimentaciones realizadas, detalla que se hicieron 1832 kms. y rehabilitaciones en 6144 kms., "lo que en conjunto representa un 61% de los 13.000 kms. previstos".

En resumen, se registraron "primordialmente" obras de repavimentación y "escaso y nulo avance" en los programas Autopistas y Rutas Seguras. Asimismo, el informe advierte la discriminación que hizo Cambiemos al momento de realizar obras. "Concentración de obras en los distritos que poseen una mayor densidad de Red Vial y un mayor tránsito, y escasa asignación de obras a las provincias más alejadas y menos pobladas del país", describió.

En este contexto, Dietrich e Iguacel podrían ver comprometido todavía más su frente judicial. De hecho ya están imputados por un millonario negociado en los peajes.

Fue tal la negligencia en el diseño del plan macrista, que Cambiemos no precisó los puestos de control de cargas a remodelar o construir, con "significativos atrasos en el cumplimiento de las metas previstas" en este punto. Por último, de acuerdo a lo que se desprende en el informe, "no se contempló la conclusión de obras que estaban paralizadas o neutralizadas y presentaban un importante grado de avance".

La auditoria es tan lapidaria que hasta dejó sin palabras a la gestión de Dietrich. Según reza el documento, tras darle la posibilidad de que opine sobre estas observaciones, "en virtud de no haberse recibido respuesta y al encontrarse vencido el plazo para emitir comentarios, se considera que las mismas tienen carácter de definitivas".

Graves faltas marcadas en este informado en los primeros tres años del macrismo. Falta el de 2019 que, según estiman fuentes oficiales, será aún más duro. El ajuste, la recesión y el incremento brutal de la deuda externa llevaron a paralizar las obras y ni se iniciaron nuevas.

 

24
Enero

24 ENERO 2020 REPORTE24//

LA INTERVENTORA DE LA AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, CRISTINA CAAMAÑO, SE REUNIÓ CON LA PERSONA QUE AUDITARÁ EL CUESTIONADO DINERO DE LA ENTIDAD.

Se dio a conocer el organismo controlará los fondos de la Agencia Federal de Inteligencia. Será la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación que conduce Carlos Antonio Montero desde la asunción del presidente Alberto Fernández. Esta será la primera vez que un ente tendrá esta facultad sobre los servicios de Inteligencia.

Montero ya recibió en su despacho a Cristina Caamaño (foto), interventora de la AFI designada por esta nueva gestión tras la salida de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los jefes de los espías durante el macrismo.

En un comunicado oficial, la SIGEN informó que "el encuentro tuvo como finalidad el diseño de una estrategia conjunta para avanzar en un plan de auditoría que transparente el accionar de la agencia".

Esto sucede tras el Decreto 52/2019, donde el Presidente de la Nación dispuso la intervención de la AFI con el objeto de facilitar el reordenamiento y el rediseño integral del sistema de Inteligencia Nacional. En su discurso de asunción en el Congreso, Fernández había prometido: "Queremos impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado”. "También he tomado otra resolución: dichos fondos reservados no solo dejarán de ser secretos sino que serán reasignados para financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre en Argentina”, había afirmado el pasado 10 de diciembre.

La SIGEN se manifestó a favor de que "se reasignen para financiar políticas públicas nutricionales y educativas que resultan estratégicas para abordar la emergencia social". En el marco del encuentro, Montero calificó como “una gran evolución institucional” que dejen de existir esos fondos los cuales serán destinados a quienes más lo necesitan.

Asimismo, el titular de este organismo que funciona como un órgano rector del sistema de control interno del Sector Público Nacional aseguró: “Desde SIGEN vamos a llevar adelante un trabajo de control que esté en total sintonía con la voluntad política del Presidente, que nos plantea terminar con la concepción de un Estado secreto”. De la reunión también participaron los síndicos generales adjuntos de la Nación, Irma Miranda y Máximo Borzi de Lucía.

Hasta hoy, el único lugar para controlar a la AFI era la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia que funciona en el Congreso. Pero la misma no podía revisar los fondos reservados.

LOS CUESTIONADOS FONDOS DE LA AFI

Todos los fondos que manejaba la AFI eran reservados hasta esta decisión de Alberto Fernández. Ocurría desde 2016, cuando el expresidente Mauricio Macri les devolvió el carácter secreto a los recursos de los espías. Lo había hecho a través del decreto 656 del 6 de mayo.

El presupuesto de 2018 fue de $2.178,7 millones. Y para 2020, el gasto previsto en inteligencia por la gestión de Macri superaba los $10.100 millones. Estos datos surgían de la denominada Cuenta de Inversión, una enciclopédica memoria que la Casa Rosada le envía cada año al Congreso.

Cuando la ex presidenta Cristina Kirchner disolvió la ex SI y creó la AFI en enero de 2015 a través de su jefe, Oscar Parrilli, el organismo estableció un “Régimen de Administración de Fondos de la Agencia Federal de Inteligencia” que definía los gastos que debían ser clasificados como públicos y cuáles podían mantenerse sujetos a una clasificación de seguridad. Sobre los secretos, debían realizarse actas mensuales en las que constara el destino del dinero. Sin embargo, todo concluyó con Macri. Ahora, se terminaron los denominados "fondos reservados" y los controlará la SIGEN.

24
Enero

 

24 ENERO 2020 REPORTE24//

FUERON DESAFECTADOS, PERO SE QUEDARON CON MATERIALES DE TRABAJO DEL ORGANISMO NACIONAL Y DEJARON CUANTIOSAS MULTAS DE TRÁNSITO IMPAGAS.

POR CARLA PELLIZA|Amigos de los escándalos, gerentes macristas fueron desafectados de la Dirección Nacional de Vialidad pero se llevaron varios bienes correspondientes a ese organismo, entre los que están discos rígidos, celulares, computadoras e incluso autos. Además, utilizaron los vehículos oficiales para uso personal, algo no permitido por la legislación, y acumulan cuantiosas deudas por infracciones de tránsito.

Formalmente, quienes se desempeñaron como directivos del PRO durante la última gestión, fueron desafectados del organismo a partir del 1 de enero del corriente año. Sin embargo, lejos de tomárselo con agrado, enviaron cartas documento denunciando que no pudieron entrar a la Dirección que depende de Obras Públicas y quieren ser indemnizados.

Según pudo saber El Destape, los exfuncionarios se quedaron con varios de los bienes correspondientes a Vialidad y el organismo busca su restitución. Todos ellos percibieron, hasta diciembre, sueldos superiores a los $155.000, los más altos llegaron a casi $250.000, y aún así decidieron dejar en sus manos "souvenirs".

Puntualmente, según se detalla en el sistema de gestión del Estado, Roger Botto, quien se desempeñó como coordinador General de Licitaciones y Contrataciones con un sueldo de $220.946, tiene en su poder un disco rígido externo de 2TB. Él se desempeñó como gerente del Grupo Abertis, socio de Ausol, la sociedad concesionaria de la autopista Panamericana. Incluso fue director suplente de esta empresa investigada por la Justicia por sus negociados con Cambiemos.

Guillermo Fernández Vidal, quien se retiró de las oficinas de Vialidad dejándolas bajo llave, se quedó con un celular marca Samsung, una notebook Dell y un auto Ford Focus. Este hombre ocupó el cargo de coordinador de Procesos y Actos Administrativos con un ingreso de $172776.08 a diciembre de 2019.

Similar es el caso de Ricardo Stoddart, quien fuera jefe del Servicio de Asuntos Jurídicos con un sueldo de $245796.38, que se llevó dos celulares Samsung Galaxy S6. Este funcionario fue socio en el estudio jurídico Marval, O'Farrel & Mayral, que representó a Ausol en la renegociación de la concesión de la autopista.

En la lista de funcionarios M desafectados de Vialidad y que no devolvieron bienes están Martín Pourrain, exasesor Legal Técnico Administrativo con ingresos de $158834.69, se llevó un Ipad, otro teléfono y dos notebooks y Mariano López, que tiene en su poder un disco rígido externo, un celular, una notebook y un teléfono Ip. Este último supo ser coordinador de Control de Gestión de IECSA, la empresa que fue de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri.

También figuran Alejandro Bissio, que se llevó otro aparato de telefonía móvil y un disco duro de 1TB, y Alejandro Mon, que dejó el organismo sin devolver un Samsung Galaxy S8.

Según denunciaron desde Vialidad Nacional, las gerencias aumentaron considerablemente durante el macrismo al pasar de ser 49 en 2015 a 134 el año pasado. Los puestos, sin embargo, fueron ocupados por jerárquicos que hicieron sus carreras en empresas que fueron contratistas del Estado.

Infracciones M

Si bien la legislación vigente deja en claro que los funcionarios y empleados de la Dirección Nacional de Vialidad no pueden utilizar los vehículos oficiales para uso particular, los gerentes PRO lo hicieron y dejaron cuantiosas deudas en concepto de infracciones de tránsito por más de $600.000.

Los autos del organismo deben estar destinados a la inspección de obras, control de pesos y dimensiones, supervisión de convenios, entre otros asuntos oficiales, pero los gerentes M los utilizaron para trasladarse a sus domicilios particulares y como medio de movilidad para los feriados, fines de semana e incluso vacaciones.

Ya se investiga quiénes hicieron uso de estos vehículos de alta gama y, si se toman sólo 13 casos, el perjuicio al Estado podría ser superior a los $40.000.000 en un período de dos años.

Según la documentación a la que accedió El Destape, la Dirección Nacional reconoció una suma mensual de $156529.45 por cada auto puesto a disposición del organismo. Este monto, mensual, arroja un total anual de $1.920.000, o sea unos $3.840.000 por cada funcionario en dos años. La multiplicación es sencilla y el costo al Estado podría superar ampliamente los cuarenta millones de pesos en 24 meses. El titular de Vialidad durante ese lapso de tiempo fue Javier Iguacel.

Pero no sólo hicieron uso de los autos oficiales para uso personal, sino que también cometieron infracciones de tránsito y dejaron una deuda importante. Los funcionarios M implicados son también quienes se quedaron con varios de los bienes del organismo. Pourrain, por ejemplo, tiene al menos tres multas impagas en la Ciudad de Buenos Aires y otras dos en la provincia. Ambas jurisdicciones suman una deuda de $23008.98. Las contravenciones fueron en horario de trabajo pero también se pudo constatar que utilizó el vehículo para viajar a la costa Atlántica en 2017.

Stoddart, que ingresó en diciembre de 2015, acumula cuatro multas impagas en la Ciudad y 14 en la provincia - algunas sobre traslados durante el fin de semana - por un total acumulado de $120403. Jorge Del Pup, quien ingresó en 2016 y se desempeñó como gerente Ejecutivo de Administración de Finanzas, responsable del pago de certificados de obras, utilizó uno de los autos que las empresas contratistas ponen al servicio de la Dirección, con al menos siete multas no canceladas en CABA y otras tres en PBA - también durante fines de semana - por un monto de $64018.47.

El nombre de Roger Botto también se repite en este apartado ya que, desde 2016, utilizó uno de los vehículos oficiales para uso personal y acumula la deuda más baja de todas, por $2140 correspondiente al 22 de septiembre del año pasado a una hora poco razonable, las 03:12 de la madrugada.

La investigación incluye a quien fuera gerente Ejecutivo de Planeamiento y Concesiones, ingresado en 2017, Cristie Newbery, con multas por $5796.50. Silvia Rodríguez, por su parte, designada como gerente Ejecutiva de Recursos Humanos, acumula dos infracciones por $4280 y, además de pedir una millonaria indemnización pese a tener tres años en el organismo, elude su cancelación.

El gerente Ejecutivo de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Política, Lucas Logaldo, también tuvo el beneficio de utilizar autos oficiales en beneficio propio, entre ellos el de una de las empresas contratistas. Con viajes e infracciones también durante varios fines de semana, contabiliza una deuda acumulada de $168030.

Dentro de la investigación está el uso que Eduardo Plasencia, gerente de Planeamiento, hizo de los vehículos, uno de ellos también de una contratista de Vialidad, con infracciones que sumaron una deuda de $13910. Similar es el caso de Sergio Morilla, quien se desempeñó en Sistemas, con un monto no pago por $40990, la mayoría en plena jornada laboral pero también durante sábados y domingos. Finalmente, quien estuvo en Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Política, Federico Schaer, acumuló multas por $168030.

En total, son más de $600.000 en concepto de infracciones no canceladas que pesan sobre los vehículos oficiales y que se registraron tanto en días laborales como francos. Este monto se suma al indicado para el costo fijo mensual de cada uno de los autos usados por la Dirección Nacional de Vialidad.

 

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