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26
Junio

DEL JEFE DE GABINETE, MARCOS PEÑA, IMPARTIÓ LA ORDEN DE BAJAR EN POR LO MENOS $200 MILLONES EL DÉFICIT QUE ARROJA LA OBRA SOCIAL PAMI.

PAMI es la obra social, que compra la mayor cantidad de medicamentos en el país, en abril ascendía a $900 millones mensuales. Pero todo parece indicar que la semana que viene el gobierno firmará con los laboratorios un nuevo acuerdo de provisión de remedios, que haga disminuir de los $ 2.700 millones por mes que se venían desembolsando a $ 2.400 millones.

El nuevo y feroz ajuste pasa por la cobertura de los medicamentos, la eliminación de programas de prevención de enfermedades frecuentes en la 3ra edad, drástica reducción de prestaciones de trasplantes, interrupción de la provisión gratuita de anteojos, restricción en la entrega de alimentos a centros de jubilados, modificación del sistema de pago a clínicas y profesionales y reintegro, con retrasos descomunales, de cifras irrisorias por prótesis dentales, además de despidos en la planta de personal. Abarca también un recorte en los estipendios a los prestadores sanatoriales.

La representante de un centro de jubilados y directiva del gremio de Uthgra marplatense, Mercedes Morro, en diálogo radial denunció que “Dejan morir a los abuelos, con fiebres elevadas, con ataques de presión, no los auxilian en el momento indicado. Esto es una masacre”.

La organización que agrupa a profesionales de la salud del PAMI, APAMIA, enumera que la obra social de los jubilados y pensionados “recorta la cobertura de medicamentos, elimina programas de prevención de enfermedades frecuentes en la 3a edad, reduce drásticamente prestaciones de trasplantes, interrumpe la provisión gratuita de anteojos, restringe la entrega de alimentos a centros de jubilados, modifica el sistema de pago a clínicas y profesionales y paga, con retrasos descomunales, cifras irrisorias por prótesis dentales”.

Los jubilados ya atraviesan un período de ajuste por el aumento del precio de los medicamentos, el fin de coberturas y programas que los beneficiaban y el agresivo recorte que sufre el PAMI. A la vez, el 80 % no llega al 40% de la canasta básica.

Un informe elaborado por la Fundación Soberanía Sanitaria especifica las modificaciones recientes que se sumaron a otras que se venían implementando, como la restricción en los tratamientos y coberturas médicas.

Menciona que si se toma como ejemplo el primer nivel ambulatorio, en el módulo de laboratorio de análisis clínicos, de baja y alta complejidad, la tasa de uso es desde 670 prácticas mensuales cada 1.000 afiliados.

“En el modelo anterior a la resolución 395/17, el PAMI abonaba por ese conjunto de prácticas un total de $55.172,89 mensuales. En el sistema actual, instituido por la nueva norma, se establece un valor de $42.554,00 por cada 1.000 afiliados, lo que evidencia un ajuste en perjuicio del prestador del 22,87%”.

“Yendo al detalle, en el módulo de ecografía, el recorte ronda el 25,42% respecto del sistema anterior, que insumía por cada 1.000 afiliados una contraprestación de $8.047,47, contra $6.000 que el PAMI se dispone a pagar en el nuevo modelo. En el módulo de radiología se observa un ajuste del 36,89%”, precisa.

24
Junio

600 TRABAJADORES AFILIADOS A UOCRA Y 200 SUPERVISORES AGRUPADOS EN UECARA SE QUEDARÁN SIN TRABAJO DESDE EL PRÓXIMO VIERNES, CUANDO EL DIRECTOR DEL COMPLEJO NUCLEAR ATUCHA, UBICADO EN ZÁRATE, NO LES RENUEVE EL CONTRATO QUE VENCE ESE DÍA.

Así lo hizo público el secretario adjunto de UOCRA Zárate, Ariel Puebla, quien dijo a la agencia DyN que el anticipo de las cesantías fue transmitido a esa seccional en las últimas horas por el presidente de la operadora estatal Nucleoeléctrica Argentina, Omar Semoloni.

“Sin brindar argumento alguno, Semolini le comunicó a nuestro secretario general, Julio González, que el viernes próximo no serán renovados los contratos de 600 trabajadores representados por UOCRA y 200 supervisores agrupados el sindicato UECARA”, manifestó Puebla.

Aerom noticias había anticipado el 10 de junio esta mala noticia para los trabajadores, solo que ahora los despidos son el doble, alcanzando a 800 trabajadores.

23
Junio

LA JUSTICIA FEDERAL LE ORDENÓ AL GOBIERNO DEVOLVER TODAS LAS PENSIONES SUSPENDIDAS. ATAÑE A 400 BENEFICIARIOS, PERO ABRE LA PUERTA PARA QUE OTROS CONSIGAN UNA RESOLUCIÓN A SU FAVOR.

Noticias Argentinas/La Justicia Federal le ordenó al Gobierno nacional devolver todas las pensiones suspendidas en la capital de Río Negro. Este es el primer amparo colectivo se basó en la jurisprudencia que marcó el fallo en la provincia contra la decisión del Ministerio de Desarrollo Social.

En concreto, se trata de 400 beneficiarios, pero esta decisión además abre la puerta para que cualquier pensionado del país logre una resolución a su favor y vuelva a cobrar los haberes por discapacidad, recortados de forma unilateral por el Gobierno.

La jueza Mirta Filipuzzi resolvió "hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Asociación Civil Encuentro Solidario, la Fundación Patagónica INAUN Salud, y Jorge Iván Albornoz, Francisco Raúl Pérez y José Ramón Giménez contra la Comisión Nacional de Pensiones No Contributivas (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) y en consecuencia intimar a ésta a que restablezca respecto de estos beneficiarios y de todos aquellos afectados por la suspensión –dentro del límite territorial de jurisdicción del Juzgado a mi cargo- el pago de la pensión no contributiva otrora dejada sin efecto, sin la limitación temporal establecida en el artículo 5 de la ley 26.854”.

Por lo tanto, la cartera de Carolina Stanley deberá devolverles en lo inmediato las pensiones no contributivas a todos los ciudadanos de Viedma que sufrieron la baja de ese derecho.

El amparo fue elaborado por el diputado nacional Martín Doñate (FPV- PJ), quien antes consiguió un fallo a favor de un pensionado a quien le suspendieron la pensión por discapacidad. Dos semanas atrás, el magistrado de General Roca Hugo Greca sentó jurisprudencia con ese caso y le dio más apoyo a la decisión de la jueza Filipuzzi.

Río Negro se transforma así en la primera provincia que logra revertir la polémica decisión del gobierno de Mauricio Macri de dar de baja “de manera ilegal y compulsiva a miles de pensiones no contributivas a personas que sufren una discapacidad”, expresó Doñate.

22
Junio

LOS MOVIMIENTOS FUERON REALIZADOS ENTRE 2009 Y 2014, CUANDO LA EMPRESA IECSA ESTABA A NOMBRE DE ANGELO CALCATERRA, PRIMO DEL ACTUAL PRESIDENTE MAURICIO MACRI Y SINDICADO COMO SU TESTAFERRO. PÍA CALCATERRA, SOBRINA DE MACRI Y ACTUAL FUNCIONARIA, ESTÁ DIRECTAMENTE INVOLUCRADA EN LAS MANIOBRAS.

Tres jueces federales recibirán esta semana información que pone en la mira transacciones sospechosas vinculadas al presidente Mauricio Macri y su familia. Esa documentación abultará las pruebas que conforman las causas Panamá Papers, Odebrecht (soterramiento del Sarmiento) y la que investiga las irregularidades en la obra pública y que hasta ahora tienen como principal acusado a Lázaro Báez.

Las presentaciones en Comodoro Py las realizará el diputado del Frente Para la Victoria Rodolfo Tailhade y contienen documentación detallada de los giros de dinero. Por esa razón, solicitará que se investigue si Iecsa cometió evasión fiscal por un monto aproximado de 14 millones de dólares.

El presunto delito se habría cometido a través de una maniobra que involucra a la firma chilena Inversora Andina, cuya controlante es Iecsa. Inversora Andina, sin empleados, pagó sueldos y giró dividendos a su controlante argentina a través del Pacific Trade Bank, entidad financiera registrada en Samoa, un paraíso fiscal cerca de las islas Cook, que curiosamente tiene domicilio en el mismo lugar que unas 200 empresas off shore.

La hipótesis de Tailhade es que el dinero que terminó en un paraíso fiscal provino de las obras públicas que Iecsa tiene en Latinoamérica junto con Odebrecht y Ghella.

En su acusación está directamente involucrada Pía Calcaterra, que era la administradora de Inversora Andina durante los años en que se produjeron los giros de dividendos y hoy es funcionaria de la Unidad de Información Financiera, el organismo del Estado que tiene que investigar el lavado de activos.

En su polémico periplo por el mundo, Pía Calcaterra fue denunciada por evasión fiscal en España en 2015, y por fraude en República Dominicana, en una obra en la cual Iecsa está acusada de haberle hecho perder al estado dominicano 400 millones de dólares.

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