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31
Julio

LO RESOLVIÓ LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL AL CONSIDERAR QUE LA VENTA FUE INVÁLIDA. LOS MACRI TIENEN 50 MIL HECTÁREAS EN SALTA.

Por Rafael Saralegui/El apellido Macri estuvo en boca de periodistas y entre integrantes del mundo judicial salteño durante este viernes 27 último. Sucede que Eduardo Jorge Macri, primo del presidente de la Nación, recibió un serio revés por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esa provincia ya que le ordenó devolver a sus dueños originales una predio de 3.672 hectáreas situadas en el departamento San Martín, luego de haber descubierto que los propietarios fueron víctimas de un fraude.

Los jueces de la Sala II de la Cámara, Hebe Samsón y Alfredo Gómez Bello, rechazaron un recurso de apelación presentado por el primo presidencial y ratificaron lo resuelto por la jueza de primera instancia de Octava Nominación, Jacqueline San Miguel, que había declarado que dos escrituras eran inválidas, por lo tanto inexistentes; ordenó la cancelación del asiento registral y al demandado Macri, la entrega de ese inmueble.

El tribunal también “ordenó la cancelación del respectivo asiento registral, correspondiente al inmueble identificado con matrícula n° 452 del Departamento San Martín de la provincia de Salta; y finalmente, ordenó al demandado Eduardo Jorge Macri, la entrega del inmueble a su verdadero dueño, el ciudadano español Fernando José Diez de Pinos Rodrigo. También se libraron los oficios pertinentes a la Dirección General de Inmuebles de la Provincia”, informó en forma oficial el Poder Judicial de Salta.

El español había decidido ceder sus tierras a un pariente, José Miguel del Río, quien viajó a la Argentina para ponerse al tanto de la situación. “En Salta y según consta en el fallo, José Miguel del Río se enfrentó al “primer hecho revelador de que se encontraba ante la comisión de una serie de ilícitos”, porque en la cédula parcelaria figuraba como nuevo titular de la cuota parte que antes registraba a Fernando José Diez de Pino, el demandado Macri”, agrega el informe oficial.

En rigor, se trató de una simulación, de una venta fraguada, mediante el uso de identidades falsas y poderos inválidos. “Durante la investigación se comprobó que quienes se presentaron como titulares del inmueble simularon la identidad de sus verdaderos propietarios, a través de documentos de identidad falsificados; presentados por un supuesto apoderado de Fernando José Diez de Pinos Rodrigo, de nombre Raúl Grifasi, quien con posterioridad efectuó la venta del 50% del inmueble a favor de Macri”, agrega el informe.

Y añade que una investigación que se realizó en el fuero penal “se probó que la firma insertada en el supuesto poder no le corresponde a Diez de Pinos Rodrigo; y que la escribana Gastaldi se encuentra presa en la ciudad de Córdoba por estar involucrada en una mega causa referida a operaciones fraudulentas con inmuebles”. Durante el juicio Macri aseguró haber comprado de buena fe.

Sin embargo, los camaristas resolvieron declarar “la inexistencia de las escrituras públicas; ordenaron la cancelación del asiento registral del inmueble en el departamento San Martín y ordenaron a Macri la entrega del inmueble, adquirido a través del apoderado falso del verdadero dueño, el ciudadano español, Fernando José Diez de Pinos Rodrigo”.

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Eduardo Jorge Macri “es primo hermano del Presidente, son muy cercanos”, aseguró una alta fuente del Poder Judicial de Salta. El propio presidente Macri reconoció en sus declaraciones juradas que es propietario de tierras en la provincia gobernada por Juan Manuel Urtubey, aunque cuando lo consignó por primera vez les asignó un valor muy inferior a los del mercado. En su primera declaración Macri dijo que tenía sólo 373 hectáreas, aunque en realidad el campo comprado por Macri junto con varios socios a mediados del año pasado tiene una superficie total de 10.688 hectáreas. Macri tenía el 18,69% de la sociedad, lo que da un total 1997 hectáreas.

El primo menos conocido del presidente, tuvo varios cargos públicos en la provincia de Entre Ríos, por eso en aquella provincia algunos medios lo llaman “el Macri entrerriano”. Según una investigación de la revista Norte, que dirige en Salta la periodista Silvina Brezina, el grupo Macri posee en la provincia en total unas 50 mil hectáreas, que en su mayor parte fueron desmontadas para destinarlas a plantaciones de soja, el cultivo estrella de los grandes productores agrícolas.-

27
Julio

EN EL MES EN QUE LA ACTIVIDAD SE DERRUMBÓ 5,8%, HUBO DESTRUCCIÓN DE EMPLEO EN COMPARACIÓN A ABRIL. LOS DATOS SURGEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO.

DyN/El freno de la actividad económica, que se derrumbó 5,8% en mayo, impactó en el índice laboral. Durante el mes se perdieron alrededor de 27.000 ocupaciones registradas, según un informe oficial. Sin embargo, en comparación con mayo del año pasado, existen unos 148.000 puestos más, de acuerdo al Informe de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo.

Si se le quita el factor de la estacionalidad en las cifras, la merma del empleo registrado fue de 16.900, también superior al número verificado en abril. Otro dato relevante del informe es una fuerte caída en la expectativa de creación de empleo, que se ubicó en el peor nivel desde febrero de 2014.

Según el sondeo efectuado en junio, la cantidad de empresas que prevé tomar gente fue menor a la que manifestó que espera despedir personal. Un 7,8% de las compañías consultadas espera aumentar su dotación de personal en los próximos tres meses, y un 6,7% estima una reducción.

"En comparación con los datos semestrales de 2016 y 2017, el promedio de los primeros cinco meses del año arroja un cambio neto mensual negativo de 6.200 trabajadores, explicado principalmente por la categoría de monotributistas y en menor medida por asalariados privados y los monotributistas sociales", señaló el estudio.

El recorte en la obra pública y también en la privada afectó el índice de empleo en ese sector, que lleva dos meses en baja y que con 465.000 trabajadores registrados es uno de los más dinámicos.

Según el informe oficial, los asalariados privados registrados suman 6.239.100 en mayo, contra un nivel máximo verificado en marzo de 6.315.000. Pese al descenso, hay 50.200 empleados registrados más que en mayo de 2017, unos 87.000 más que en igual período de 2016, pero apenas 41.400 más que 2015.

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Según el estudio, sólo ocho provincias registraron variaciones positivas con relación al mes anterior, como Jujuy (0,9%), Neuquén (0,6%), CABA (0,3%) y Mendoza (0,3%). Por el contrario, las mayores caídas se produjeron en Catamarca (1%), Misiones (0,8%), Corrientes (0,5%), Santiago del Estero (0,5%) y Entre Ríos (0,5%).

En el sector público, durante mayo, hubo un aumento de 10.800 puestos, fundamentalmente por contrataciones puntuales en la docencia universitaria, pero disminuye 4.900 personas en la serie desestacionalizada.

27
Julio

A TRAVÉS DE UNA RESOLUCIÓN, ELIMINÓ LAS "ZONAS DIFERENCIALES" QUE REPRESENTABAN UN VALOR EXTRA PARA TRABAJADORES DEL INTERIOR DEL PAÍS.

El Gobierno comenzó a ajustar en el sistema de seguridad social, aquel que había prometido no tocar en medio del feroz recorte de 19 mil millones de dólares en tres años que acordó con el FMI. Las primeras víctimas son los trabajadores en relación de dependencia del Interior, a los cuales se les ajustará hasta un 53% el monto.

Esto es así porque los empleados en blanco cobraban un plus según la zona en donde vivieran, atento al costo de vida más elevado que existe en algunas zonas del país y la necesidad de poblar ciertas zonas más inhóspitas en términos climáticos, como la Patagonia. Así, un empleado que viva en Santa Cruz y Tierra del Fuego cobraba 3.407 pesos por hijo en lugar de los 1.578 de "valor general" de asignación.

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Los trabajadores afectados son aquellos que viven en La Pampa, Formosa, Río Negro, Formosa, Mendoza, Salta, Chubut, Catamarca, Jujuy, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Anteriormente, la ANSES dividía al país en cuatro zonas, además del monto base, a las cuales les aplicaba un régimen diferencial de la seguridad social. Así, el valor de 1.578 pesos por hijo que regía desde el mes de junio para el área metropolitana y demás provincias se elevaba, según la zona, hasta los 3.407 pesos, dependiendo también de los ingresos de los cónyuges.

En el mismo decreto 702, firmado Michetti (en reemplazo de Macri, de visita a Sudáfrica), Peña y Triaca, se establece además como tope máximo para cobrar asignaciones familiares un ingreso familiar de 83.917 pesos. La pareja tampoco podrá cobrar las asignaciones si uno de los dos miembros percibe más de 41.959 pesos.

FUENTE: EL DESTAPE

27
Julio

CIENTOS DE MILES DE PERSONAS SE MOVILIZARON HASTA LAS PUERTAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA.

Una multitud se agolpó en la entrada del Ministerio de Defensa en rechazo al decreto presidencial que habilita a las Fuerzas Armadas a participar en temas de seguridad interior bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

Bajo la consigna “No a los militares en la calle”, militantes de organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos acudieron a la convocatoria anunciada por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y, bajo una llovizna, miles de personas de distintas agrupaciones llegaron a las inmediaciones del Edificio Libertador, sobre la Avenida Paseo Colón en el bajo porteño.

"Sabemos lo que significa el accionar represivo de las Fuerzas Armadas, lo que han hecho a lo largo de nuestra historia bajo dictaduras o bajo las órdenes de sectores golpistas de nuestro país. Su rol no es el de reprimir al pueblo, por eso decimos que milicos en la calle, nunca más", resaltó Lita Boitano, titular de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y una de las oradoras de la jornada.

A través de un comunicado, los organismos de derechos humanos repudiaron la decisión de “reformar el sistema de defensa nacional, habilitando a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones de seguridad interior” ya que consideran que el objetivo es “incrementar los niveles de represión interna con el falso argumento de ‘proteger objetivos estratégicos’, construir un ‘enemigo interno’, acallar las protestas sociales y contener las crecientes movilizaciones que, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, enfrentan hoy las políticas de hambre y miseria que el gobierno de Cambiemos lleva adelante”.

Entre las adhesiones al pronunciamiento, también suscriben también la Liga por los Derechos del Hombre, el CELS, la APDH, Familiares y el MEDH. En tanto, entre los convocantes están también fuerzas políticas como Nuevo Encuentro, Patria Grande, Miles y La Cámpora.

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Antes de la marcha, distintas voces criticaron el decreto. El diputado nacional Agustín Rossi estuvo hoy en Cruz del Eje y Río Ceballos para finalizar la jornada en la marcha convocada por los Organismos de DDHH contra la militarización de la Argentina en la capital provincial. "Es notable cómo el Presidente Mauricio Macri siempre nos lleva al peor del pasado", aseveró Rossi. "Según estudios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los casos de México y Colombia se pudo verificar que la participación de FFAA no redujo el narcotráfico y creció la violencia por el incremento del conflicto social y de la cantidad de asesinatos", agregó.

El ex diputado nacional Carlos Heller advirtió que la decisión presidencial se enmarca en "un intento de alinear a la Argentina" en la doctrina "represiva" que impulsa Estados Unidos. En tanto, Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario destacó: “lo que hace el presidente Macri con este decreto es de un enorme retroceso para el sistema democrático teniendo en cuenta el rol que han tenido las Fuerzas Armadas durante la dictadura”. “Con esta medida, el Presidente desconoce una vez más al Congreso de la Nación”, concluyó.

Bajo la misma linea, Carlos Pisoni advirtió que el decreto de Macri significa “un retroceso a los derechos conquistados en los últimos 35 años” y enfatizó la importancia de que “seamos millones” en el rechazo.

“No creo que estemos viviendo en una dictadura, tenemos una democracia imperfecta y las Fuerzas Armadas no son las mismas que en dictadura. Estamos viviendo un récord democrático pero el aparato represivo siguió intacto. En 2003 los genocidas seguían en las calles y con Néstor Kirchner se empezó con una nueva política, pero evidentemente no alcanzó y hace falta un cambio más estructural de las fuerzas de seguridad”, explicó.

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