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Usted está aquí:NoticiasPoliticaNACHITO SAIFE SIGUE CON LAS SUYAS EN EL INSTITUTO DE TURISMO DE CHACO: GASTÓ 4 MILLONES POR TRES "BOTINERAS"
16
Octubre

 

MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2018/

SEGÚN PLANILLAS QUE LLEGARON A LA REDACCION DE REPORTE24 LA LEGISLATURA CHAQUEÑA HABRÍA GASTADO MAS DE 10 MILLONES EN REFRIGERIO, SI ESTO ES REAL Y SE COMPRUEBA ESTARÍAMOS ANTE UNA GUARANGADA EN MEDIO DE SEMEJANTE CRISIS.

Sin más que agregar estaría bueno que la presidente de la legislatura, la massista Elida Cuesta, debería dar explicaciones porque de lo contrario tendríamos que comenzar a pensar que hay gato encerrado en el gasto del presupuesto de la Cámara de Diputados del Chaco.

COMO SIEMPRE DOÑA ELIDA CUESTA TIENE EL ES´PACIO NECESARIO EN REPORTE24 PARA CLARIFICAR ESTE INTERROGANTE QUE PLANTEAMOS.

 

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15
Octubre

 

MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2018/

“APORTO MÁS DOCUMENTACIÓN QUE VIENE A FORTALECER MI DECLARACIÓN ANTERIOR Y PROBAR MI INTENTO DE ADVERTIR AL GOBIERNO NACIONAL DE LO QUE CONSIDERABA IRREGULARIDADES DE LA INGENIERA AÍDA AYALA COMO SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE SU FUNDACIÓN CONSTRUIR”, SEÑALÓ EN SU MOMENTO CASALBONI ANTE EL FISCAL SABADINI.

Ahora en el ámbito de la justicia federal se la acusa de “fraude en perjuicio de la administración pública”. Fue por una denuncia realizada en mayo pasado por el intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni. El presunto ilícito ocurrió cuando la diputada nacional de Cambiemos era funcionaria del Ministerio del Interior de la Nación.

Aída Ayala sigue acumulando causas en la justicia federal.

El fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, presentó un nuevo requerimiento del fiscal federal contra la diputada nacional de Cambiemos Aída Ayala, por una causa que se inició con la denuncia que presentó el intendente de Quitilipi, Carlos Sergio Casalboni.

Esto se suma a la confirmación del procesamiento y pedido de prisión preventiva que realizó el último viernes la Cámara de Apelaciones de Apelaciones de Resistencia, aunque en esta caso por el delito de lavado de activos agravado en la causa conocida como Lavado II, y que tiene como epicentro la contratación de la empresa Pimp SA cuando Ayala era jefa comunal de la capital chaqueña.

Esta nueva causa se había denunciado que los envíos de fondos nacionales provenientes de la Secretaria de Asuntos Municipales (que conducía Aida Ayala), y que llegaban a Quitilipi, tenían como condición excluyente ser administrados por asesores que Ayala había puesto como condición previa al desembolso del dinero.

El pasado 14 de mayo, el jefe comunal quitilipense grafica un encuentro entre intendentes de Cambiemos de Chaco y el ministro del Interior Rogelio Frigerio, junto a demás funcionarios de esa cartera. Además, aportó documentación que, según él, puede confirmar que intendentes y funcionarios del Chaco firmaron convenios en la Fundación Construir para recibir ayuda nacional para sus localidades.

“Aporto más documentación que viene a fortalecer mi declaración anterior y probar mi intento de advertir al Gobierno Nacional de lo que consideraba irregularidades de la ingeniera Aída Ayala como secretaria de Asuntos Municipales y de su Fundación Construir”, señaló en su momento Casalboni ante el fiscal Sabadini.

Relató que en el años 2017 fue invitado a un encuentro entre intendentes de Cambiemos y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Además de Casalboni, participaron sus pares de Las Breñas, Coronel Du Graty, Sauzalito, Barranqueras, entre otros; también diputados provinciales y demás funcionarios, todos de Cambiemos. Acompañaron a Frigerio la secretaria de Asuntos Municipales -hasta ese momento- Aída Ayala.

Allí, Casalboni le entregó una carta a Frigerio, de la cual le entregó una copia a la Fiscalía. “Presento copia de una carta entregada al ministro Frigerio el 9 de mayo de 2017 en la cual en uno de los párrafos refiero lo siguiente -dice el médico en su declaración, y lee-: ‘Sé de su gran amistad con la ingeniera Aída Ayala, pero sepa que la misma junto a su Fundación Construir de la cual parte del equipo me asesoró los primeros meses, no hizo más que llevarme a grandes errores administrativos que aún estoy viendo cómo superarlos, solo me bajó en proyectos de Nación en aquel entonces unos cuantos ficheros y computadoras y por otros proyectos una serie de herramientas que si bien algunas son útiles, otras mejor ni hablar.

Fuera de eso, una página de internet y unas 25 ayudas urgentes de las cuales 17 llegaron ahora y que fueron tramitadas en el mes de agosto. Todo lo gestionado en hábirat, una retroexcavadora, un ATN debido a la grave situación financiera y demás, está parado y nada llega a esta comunidad de casi 40 mil habitantes que los medios llaman la capital de la desnutrición. Sin embargo veo pasar y pasar a otros municipios todo tipo de recursos de Nación, lo cual me deja entrever que o por no ser de esa línea partidaria, o por no aceptar regalar una estatuilla de Luis XV (porque la corrupción siguen en algunos estratos) el pueblo se ve desplazado…’”.

Casalboni agregó que entregó esa carta a Frigerio a la que sumó una lista de prioridades para Quitilipi cuando finalizó el encuentro y “antes de que se retire el ministro”. “Solicité por favor que lea la misma, él se la pasó a su secretaria, y yo reiteré mi pedido de que la lea personalmente tras lo cual me insistió que la entrega a la secretaria y que me garantizaba que la leería. Cabe destacar que hasta el día de hoy no fui contactado”, contó Casalboni.

El papel de la Fundación Construir

Respecto a la Fundación Construir, el intendente de Quitilipi dijo que “tal como anteriormente mencioné, intendentes, concejales y otros funcionarios de instituciones como por ejemplo consorcios debían realizar las gestiones en dicha Fundación”, refiriéndose a solicitudes para la Secretaría de Asuntos Municipales. “Si bien a veces el equipo de la ingeniera o ella personalmente visitaba los municipios o los intendentes visitábamos la Secretaría de Asuntos Municipales en Buenos Aires, muchas gestiones y convenios se realizaban allí, en la Fundación Construir, sita en Remedios de Escalada 692, en una esquina, de color blanco”, expresó Casalboni y agregó detalles edilicios y de decoración interior “porque sirven para corroborar que las imágenes donde se ven funcionarios corresponden al edificio de la Fundación Construir y no a otro”.

Agregó que al abrir una “puerta corrediza a dos hojas daba directamente con un escritorio, el cual era utilizado por la Ingeniera y cuando ella no estaba por Matías Balmaceda (EX YERNO DE Ayala y exfuncionario de la ingeniera cuando era intendenta de Resistencia)”.

Asimismo, antes de finalizar con su ampliación de declaración, entregó una lista confeccionada por él de intendentes y funcionarios chaqueños que firmaron convenios con Ayala como secretaria de Asuntos Municipales -dependiente del Ministerio del Interior- en la fundación o realizaron gestiones.

Ayala comprometida

Las primeras denuncias contra Ayala llegaron desde Quitilipi e indicaron que bajaba fondos a diferentes localidades “con la condición de que la compra se haga a través de la Fundación Construir y en negocios que ellos mismos elegían”.

Según documentación aportada a la causa, se bajó a la Municipalidad de Quitilipi más de 60 mil pesos para la compra de ficheros y un millón para la compra de desmalezadoras y otras máquinas. Una investigación privada denuncia sobreprecios en esas compras y expresa que “una desmalezadora cuesta la mitad de lo que se facturó”.

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15
Octubre

EL GASODUCTO: ENTRE MITOS Y REALIDADES

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Publicado en Politica
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LUNES 15 DE OCTUBRE DE 2018/

Por Jorge Capitanich/El gasoducto troncal y las redes secundarias fueron licitadas y financiadas con un modelo transparente, sin objeciones ni impugnaciones, abarcando 168 localidades beneficiadas de cuatro provincias argentinas que no tenían total o parcialmente abastecimiento de gas por redes domiciliarias. El sistema de provisión de gas estaba garantizado mediante un contrato de provisión con el Estado Plurinacional de Bolivia a un precio razonable con una tendencia creciente de abastecimiento hasta llegar a cerca de 28 millones diarios con un precio promedio de 5 dólares por millón de BTU, a través del yacimiento Margarita.

Las fases sucesivas fueron el acuerdo de abastecimiento de Bolivia, la concreción del gasoducto Juana Azurduy y la contratación de las obras del gasoducto troncal y las redes secundarias conjuntamente con las estaciones regasificadoras en las distintas localidades abastecidas. El financiamiento de las redes domiciliarias y los parques industriales fueron acordadas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) mediante un sistema de tramos anuales de equivalente a 300 millones de dólares.

Por lo tanto, es falso afirmar que la conexión a los parques industriales no estaban previstos; como así también es falso afirmar que no contemplaba financiamiento por parte de los organismos internacionales para la conexión a las redes.

Como Jefe de Gabinete de Ministros suscribí los documentos respectivos para asignar las prioridades y los proyectos respectivos contemplando al mismo tiempo el diseño de los proyectos y la cooperación de GAS NEA en la realización de los estudios técnicos.

La decisión de Macri fue cortar el financiamiento internacional de la remodelación del Puerto de Barranqueras, de las redes domiciliarias y conexión a parques industriales, cortar el financiamiento de la conexión de 16 kilómetros al Puerto de Las Palmas y las 337 cuadras con dos espacios públicos al Municipio de Resistencia.

Que quede bien claro: las redes tenían financiamiento internacional programado para el gas y su distribución a parques industriales. Naturalmente, su ejecución era ulterior.

Algunas cuestiones que se repiten sin saber

Por último, quiero aclarar algunas cuestiones que algunos funcionarios repiten sin saber. Exportar gas a Chile sin valor agregado industrial es un retroceso, no un éxito para el país pues se logra mediante un aumento de las tarifas en 2000 por ciento, reducción de consumo doméstico, precio subsidiado de 7,5 dólares por millón de BTU a tres empresas nacionales asociados al gobierno y significa una transferencia de riqueza natural a manos de oligopolios nacionales para beneficiar a un país extranjero.

Vaca Muerta no constituye un éxito de este gobierno, cuando menos es la continuidad de un descubrimiento y tecnologías potenciadas con YPF recuperada como patrimonio de los argentinos, Por favor, dejen de repetir los argumentos de los explotadores, y dejen de sentirse orgullosos de ser explotados. Por una vez en sus respectivas vidas piensen, sólo piensen y reflexionen.

La decisión de Macri es no continuar con la obra para Misiones y Corrientes, tampoco resolver la obra de Salta y mucho menos comprar gas a Bolivia por una cuestión geopolítica e ideológica. El gasoducto siempre fue pensado como estrategia de abastecimiento desde el norte o desde el sur, por lo tanto, lo que importa es la provisión y el costo de la provisión para generar valor agregado industrial y más empleo genuino.

De nuevo: el precio de la energía en la República Argentina no puede ser dolarizado e indexado como ocurre actualmente, sino todo lo contrario, debe ser pesificado y desindexado. El precio del gas es clave pues constituye el 60 por ciento de la matriz energética del país, su precio es determinante para la cadena de valor y la estabilidad macroeconómica.

Si el precio de la energía es barato, entonces no se exporta energía para que se apropie el excedente estratégico empresas oligopólicas en detrimento del pueblo argentino en su conjunto. El precio barato implica aumento de los ingresos indirectos de las familias, incentivo a la industrialización y mejora del salario indirecto de los trabajadores. Y viceversa, cuando el precio es caro.

El precio de la energía para un país productor de gas convencional y no convencional debe ser costo de producción más un mark up derivado de costos asociados y rentabilidad de la inversión. El costo de producción puede ser de 1,8 dólares por millón de BTU en gas convencional, entre 2,4-2,8 para gas no convencional contra 2,3 en Estados Unidos. No podemos pagar 7,5 dólares a costa del usuario y del ajuste interminable.

El subsidio a la energía dicho por el FMI es 2200 dólares en Estados Unidos por habitante, 635 dólares es el promedio internacional y 435 dólares fue en Argentina en 2015. En todos los países del mundo el costo en términos del PIB alcanza 5 por ciento del PIB. China, Estados Unidos, Alemania y otros países aplican este modelo. Argentina lo rechaza.

Dejemos de copiar el discurso del centralismo porteño. Los chaqueños necesitamos gas financiado en redes domiciliarias, en parques industriales a precios competitivos para desarrollar industrias y para mejorar la calidad de vida de las familias.

Los empleados del gobierno nacional que cobran un sueldo para justificar todo este atropello deberían hacer una mea culpa, y los dirigentes de entidades económicas no pueden ser tan ingenuos para dejarse embaucar por los mismos personajes que en 2001 nos vendían espejitos de colores. Espejitos que compraron 14 años después más caros y más rotos.

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15
Octubre

LUNES 15 DE OCTUBRE DE 2018/

EL BANCO NACIÓN LE ADJUDICA EN FORMA DIRECTA Y SIN LICITAR MILLONES DE PESOS A UNA FIRMA QUE PERTENECE A LA FAMILIA DEL DIRECTOR FINANCIERO DE LA EMPRESA DEL PRIMO PRESIDENCIAL.

Juan Ignacio Amorín/Se trata de APP8, una firma de la familia Warat, cuyo vicepresidente, Raúl Warat, controla financieramente la firma IECSA, que aun pertenece a la familia presidencial, tal como reveló la semana pasada el fiscal federal Franco Picardi.

Según documentos a los que accedió El Destape, APP8 facturó desde el mes de octubre hasta la actualidad, en forma directa y sin pasar por ningún proceso licitatorio, millones de pesos por "campañas en redes sociales" cuyo verdadero valor es difícil de estimar.

Por ejemplo, en junio el Banco Nación le adjudicó a APP8 $1.183.000 para hacer una campaña promocionando las cajas de ahorro UVI para menores de edad. En el documento, se establece que la contratación será solo por una semana, algo poderosamente llamativo para la inversión realizada, y más aún tomando en cuenta que la campaña sería a través de las redes sociales.

Sin embargo, en un breve repaso por las redes sociales del Banco, no se vio ninguna publicación promocionada en ese lapso.

En este sentido, allegados a la empresa explicaron que "no se hizo específicamente a través de la entidad", sino que la campaña se realizó a través de "influencers", algo que tampoco se vio reflejado durante la semana especificada en el contrato.

"La campaña se demoró más de un mes pero se terminó realizando", explicaron allegados a la compañía, para luego agregar que para este tipo de contratos no se realiza licitaciones ya que "la firma viene trabajando desde octubre del año pasado" con el banco estatal.

Otra de las irregularidades en torno a las contrataciones de esta firma, además del vínculo directo entre una empresa que recibe millones en forma directa y que tiene vínculos directos con la actividad comercial de la familia presidencial, es la actividad en la que APP8 S.A está inscripta en AFIP.

Si bien presta servicios relacionados al marketing y la publicidad, la firma figura bajo la figura de "Servicios de Consultores en Informática y suministros de programas de informática", es decir, otro tipo de prestación.

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