Reporte 24

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UN GRUPO DE TAREFEROS BLOQUEA ESA RUTA A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, A UNOS 40 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CAPITAL DE MISIONES.

Por Corresponsal/Un grupo de tareferos, que el martes había bloqueado los accesos a la ciudad de Oberá, llegó en la mañana de este miércoles hasta la Ruta Nacional 12 y cortó el tránsito a la altura de la localidad de Santa Ana, a unos 40 kilómetros al norte de Posadas.

Uno de los organizadores de la protesta, Hugo Silva, señaló a Télam que no querían "llegar a esta instancia de cortar una ruta nacional, pero hace rato estamos esperando respuestas a nuestro petitorio y ni la Nación ni el gobierno provincial se han comunicado con nosotros", advirtió el dirigente, al tiempo que anticipó que no descartan llegar hasta Posadas con la protesta.

El corte sobre la ruta 12 preocupa al gobierno porque es el camino más directo a Puerto Iguazú, en la previa a un fin de semana largo en el que se aguarda por la llegada de turistas a las Cataratas.

Silva explicó, además, que la modalidad del corte será interrumpir el tránsito por espacio de 60 minutos y liberar media calzada por 15 minutos, y anticipó que después del mediodía liberarán el tránsito por 15 minutos pero cada tres horas.

A dos horas de iniciado el piquete, las filas de autos a uno y otro lado de la calzada ya superaban los 500 metros, según informó la policía provincial.

Los reclamos de los tareferos se centran en la implementación de un bono especial de emergencia de 4.000 pesos para cada tarefero; la distribución de kits escolares antes de que comiencen las clases; una recomposición salarial del 30 por ciento; el cobro de salarios en pesos (y no en vales, ni en pseudomonedas, como aseguran que se hace en la actualidad) y bancarizados, y un subsidio interzafra para el próximo año a pagarse al mes siguiente de terminada la cosecha, entre otros reclamos.

Además de Santa Ana, otro grupo de tareferos corta el tránsito sobre la Ruta Nacional 14, a la altura de la localidad de San Pedro, a unos 270 kilómetros de Posadas y persiste la concentración en la localidad de Andresito, donde realizan una olla popular en la rotonda del cruce entre las rutas provinciales 19 y 101, a 300 kilómetros de la capital misionera.

Por su parte, el ministro del Agro y la Producción del gobierno provincial, José Luis Garay, anticipó que durante la mañana de este miércoles se trasladará hasta la localidad de Santa Ana a dialogar con los manifestantes, aunque insistió en que "los piquetes, lejos de ayudar a resolver los problemas, complica aún más la situación", opinó el funcionario.

UN EMPLEADO CONTÓ POR RADIO 10 QUE LA EMPRESA COMUNICÓ LA MEDIDA A LOS TRABAJADORES QUE COBRARÁN LA MITAD DE SU SUELDO. "ESTO SE PARECE A 2001", DIJO.

Desde que Macri asumió hubo más de 245 mil despidos y suspensiones

La empresa Volkswagen comunicó a sus trabajadores que 600 operarios en Pacheco serán suspendidos durante un año y medio a partir de marzo y recibirán sólo la mitad de su salario.

Según contó el empleado Juan Carlos Amado por Radio 10, la empresa puso a disposición los despidos voluntarios. Amado denunció que el trabajo se intensificó para que los operarios se retiren y cobren lo que la compañía ofrece.

"Esta es una política de la empresa, porque la camioneta Amarok se sigue fabricando a mucho ritmo", dijo Amado, quien contó que en Pacheco hay más de 4000 trabajadores y no se sabe cómo seleccionarán a los 600 suspendidos.

"De palabra nos dijeron que nos van a pagar 75 por ciento en negro, que es algo así como el 55% de nuestro salario actual. Esto va a durar hasta el invierno del 2018", dijo Amado.

El operario dijo que además la empresa le redujo el tiempo de almuerzo y opinó que "esta situación la volvimos a ver como en el 2001".

EL JUEZ FEDERAL ARIEL LIJO ORDENÓ BUSCAR DOCUMENTACIÓN EN LA DEPENDENCIA DE OSCAR AGUAD POR LA CONDONACIÓN DE 70.000 MILLONES DE PESOS A LA FAMILIA MACRI.

El juez federal Ariel Lijo dispuso la búsqueda de información en el Ministerio de Comunicaciones por el acuerdo con Correo Argentino por la deuda que mantiene con el Estado. La cartera de Oscar Aguad le ofreció a la empresa de la familia Macri una quita de $ 70.000 millones.

Fuentes judiciales informaron a NA que el magistrado dispuso que una comisión de la Gendarmería Nacional se presente en el ministerio para exigir cierta documentación, para lo cual se fijó un plazo de entrega de 24 horas.

Lijo dispuso que el ministerio informe sobre los antecedentes y proyectos que constan en torno al concurso preventivo de quiebra; y los registros del director de Asuntos Jurídicos de dicha cartera, Juan Manuel Mocoroa, el abogado que realizó el ofrecimiento que implicaba una quita sustancial de la deuda.

Además, solicitó que se brinden detalles sobre el marco normativo respecto de las atribuciones que tienen tanto el Ministerio de Comunicaciones como Aguad para afrontar el tema de la deuda.

Se trata de las primeras medidas de prueba ordenadas por Lijo tras el pedido del fiscal federal Juan Pedro Zoni, quien la semana pasada imputó a Mauricio Macri y a Aguad por la deuda del Correo Argentino, para determinar si la quita implicó un perjuicio al Estado.

Lijo pidió a la Cámara en lo Comercial que entregue copias certificadas sobre las ofertas y contraofertas de las negociaciones en torno a la deuda entre el Estado y el Correo Argentino; las opiniones que dio la Fiscalía, la Sindicatura General de la Nación; y los síndicos controlantes y verificantes. También a la Auditoría General de la Nación que aporte las opiniones que hizo en torno al concurso preventivo del Correo Argentino y lo mismo con la Procuración del Tesoro de la Nación.

TAMBIÉN SEÑALAN LA RELACIÓN ECONÓMICA DE QUINTANA CON OTRA EMPRESA. ASÍ LO MUESTRA UN INFORME DE JATA QUE ANALIZÓ LAS 458 RUTAS PUESTAS A LICITACIÓN.

Dos de las empresas de las cinco "low cost" que se presentaron a licitación para obtener rutas regulares, Avian Líneas Aéreas y Fly Bondi, tienen vínculos con el Grupo Macri y Mario Quintana, respectivamente y son las dos que menos impedimentos tuvieron para recibir rutas.

El pasado viernes, por medio del decreto 111, Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, rechazaron la recusación dado que “no se acompañaron elementos u ofrecido prueba que eventualmente acreditara dichas circunstancias”.

En paralelo, un informe de un instituto especializado en aviación comercial resalta las disparidades de resultados en el dictamen oficial y otros elementos que revelarían “arbitrariedades en la adjudicación de rutas aéreas”, según detalla el diario Página/12.

"Cinco empresas de las denominadas low cost (vuelos a bajo costo) se presentaron a la licitación a fines del año pasado para la explotación de rutas en cabotaje y vuelos internacionales. En total, solicitaron 458 rutas, 349 en cabotaje y 109 con destino internacional". Finalizada la audiencia pública, la JATA emitió un dictamen más que llamativo:

   "De las 458 rutas solicitadas, fueron aprobadas 166 (36,2 por ciento);

   Avian Líneas Aéreas solicitó 26, aprobadas en su totalidad (100 por ciento);

   Fly Bondi pidió 99, de las cuales le aprobaron 69 (69,7 por ciento);

   American Jet había pedido 69, y obtuvo aprobación en 41 (59,4 por ciento);

   Alas del Sur y Andes obtuvieron, en cambio, tan solo el 11,9 por ciento (26 rutas de 218 pedidas) y el 8,7 por ciento (4 sobre 46) de aprobación, respectivamente.

Además de la notable performance de Avian Líneas Aéreas, la única a la que le aprobaron la totalidad de las rutas solicitadas (25 de cabotaje y una internacional), el informe de Indetra destaca otras “curiosidades” en los criterios de aprobación de rutas".

El informe señala “arbitrariedades” en las aprobaciones y señalaron ventajas para Avian y Fly Bondi en esta licitación, y perjuicios para Aerolíneas. Es ahora Dietrich quién deberá resolver si rechaza la recusación en su contra, la adjudicación de las rutas aéreas, contando con el dictamen del organismo de regulación a sus órdenes, la JATA.

UN DELEGADO ALERTÓ QUE HAY 400 PUESTOS EN RIESGO POR EL FIN DE UNA CONCESIÓN Y QUE EL TERRENO DONDE SE DESARROLLARÁ LA NUCLEAR ESTÁ SEMBRADO DE SOJA.

   Denuncian incumplimiento en la reincorporación de trabajadores de Atucha

Al menos 200 trabajadores fueron despedidos del proyecto Atucha III, según informó a El Destape Ernesto Simionato, delegado de ATE. Además, el referente gremial asegura que hay una paralización de las obras por el cambio de gobierno.

Los despedidos eran empleados tercerizados de la compañía Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) que tenía una concesión del Estado hasta marzo para desarrollar Carem, el primer reactor de potencia 100% argentino que se empleará en Atucha.

"Los despedidos no eran trabajadores de planta permanente y recibían un salario de entre 20.000 y 25.000 pesos", explicó Simionato quien además contó que no saben el número exacto de despedidos, porque aún llegan telegramas con las desvinculaciones.

El delegado de ATE alerta que en marzo termina la concesión entre NASA y la Comisión de Energía Atómica, que depende del Estado. En caso de no renovarla, 400 operarios pueden quedar en la calle.

"El proyecto va a seguir, pero tenemos indicios de que el convenio se va a romper. Tememos por el futuro de los trabajadores, no sabemos si la nueva empresa los va a contratar", contó el delegado.

Las obras para comenzar a desarrollar Atucha III estaban previstas para el 2015, pero quedaron paralizadas con el cambio de Gobierno. Hasta el momento, sólo se adquirió el terreno para el desarrollo de la obra, pero ahora está sembrado de soja y hay que esperar a la cosecha -en mayo- para poder empezar con el desarrollo de la central nuclear.

"La demora en la obra ha hecho que queden sin empleo los trabajadores que se iban a dedicar a remover la tierra y a labrarla, para que después se levante la central", explicó Simionato, que teme que en los próximos días haya nuevos despidos.

PALAZZO: "NOSOTROS RECURRIMOS A LA JUSTICIA Y NOS DIO LA RAZÓN. AHORA, RESULTA QUE (LAS AUTORIDADES NACIONALES) SE PRESENTARON Y APELARON PARA QUE NO SE PAGUE.”

El plenario de secretarios generales de la Asociación Bancaria resolvió este mediodía un paro nacional del sector para este viernes 17. Denuncian que el Gobierno y los bancos se niegan a cumplir con el acuerdo paritario.

El conflicto con los trabajadores bancarios continúa. A pesar de que las cámaras empresarias firmaron un acuerdo paritario y la Justicia dictó una medida cautelar para que éste se cumpla y el Poder Ejecutivo no se entrometa en las negociaciones colectivas, los bancos se niegan a cumplir con lo acordado.

Según lo confirmó su el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, el plenario de secretarios generales resolvió este mediodía un paro nacional del sector para este viernes 17, tras un encuentro realizado en la sede gremial de Sarmiento al 300 en esta capital.

Antes de la reunión, Palazzo había exigido "razonabilidad" al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y a "las autoridades del Gobierno para que no lleguemos a esto. Pero, lamentablemente, no nos dejan otro camino". El gremialista también recordó que el acuerdo paritario -rubricado en noviembre último y al que no adhirieron las instituciones extranjeras agrupadas en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)- contempla "una serie de beneficios para los trabajadores bancarios que, cuando empieza el 2017, no se cumple".

"Nosotros recurrimos a la Justicia y nos dio la razón. Ahora, resulta que (las autoridades nacionales) se presentaron y apelaron para que no se pague. Espero que recapaciten", finalizó el líder sindical.

El jueves y viernes de la semana pasada, la atención en los bancos se vio reducida por asambleas sorpresivas que realizaron los trabajadores y definieron como la “antesala” del paro nacional. “Tanto el ministro de Trabajo como los bancos están desacatando la decisión judicial que exige pagar el aumento salarial pautado en paritarias”, sostuvo Eduardo Berrozpe, secretario de prensa del gremio.

EL PRECIO DEL KILO DEL ALIMENTO MÁS POPULAR EN TODAS LAS MESAS LLEGARÁ A $50. PANADEROS LE PIDEN A LA SECRETARÍA DE COMERCIO QUE DETENGA EL COMERCIO CLANDESTINO.

El precio del kilo de pan aumentará un 15% el próximo lunes en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, por lo que se ubicará cerca de los 50 pesos, y el sector analiza hacer un lockout por denuncias no respondidas por parte del Gobierno.

Así lo confirmó este lunes a NA el presidente de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, Emilio Majori, en viaje a una cumbre industrial en la ciudad santafesina de Rosario. Presidentes y representantes de asociaciones de panaderos de toda la Argentina se reunirán esta tarde en Rosario para analizar los pasos a seguir ante "el alarmante avance de la clandestinidad" en el sector.

"Hay comerciantes que hacen pan en un galpón con la persiana baja, sin empleados y sin pagar impuestos, y luego lo venden en los comercios de barrio o supermercados", se quejó Majori al denunciar la competencia desleal. Además, señaló que hace cinco años viene denunciando esta situación ante las autoridades nacionales, provinciales y municipales sin encontrar ningún tipo de respuestas, por lo que "se analiza un lockout".

El sector enfrenta una suba del 40% en los costos de producción, una caída del 20% en las ventas y el avance clandestino, debido al cierre de muchas panaderías que siguen operando con las persianas bajas. "No hay controles. Cualquiera hace cualquier pan en cualquier lugar, en un galpón o en un comercio sin declarar la actividad. Es competencia desleal. Analizamos hacer un lockuot para llamar la atención de las autoridades", dijo Majori a la agencia NA.

El dirigente le pidió a la secretaría de Comercio, que conduce Miguel Braun, que "haga algo" para frenar "el avance clandestino" porque para las panaderías "es imposible competir contra esos costos".

"Nosotros pagamos impuestos muy altos y mano de obra bien retribuida. El consumo se nos cae y hace un año que no aumentamos los precios. Así no podemos seguir. ¿Tenemos que pasarnos todos a la clandestinidad y no pagar más impuestos", expresó Majori.

"Ahora, el precio promedio del kilo de pan es de 40 pesos, pero tenemos que llevarlo si o sí a un nivel más cercano a los 50 pesos. La situación es caótica. La industria panaderil está en pie de guerra, en asamblea permanente, con la intención de dejar de pagar impuestos", dijo Majori.

LA JUEZA SERVINI DE CUBRÍA DAR LUGAR A LA INVESTIGACIÓN PENAL PARA DETERMINAR SI EL SENADOR BUSCÓ BENEFICIAR A UNA EMPRESA DE LA QUE SERÍA SOCIO-FUNDADOR.

Presidente provisional del senado, federico Pinedo

La juez María Servini de Cubría imputó al presidente provisional del Senado Federico Pinedo por posibles negocios incompatibles con la función pública al impulsar un proyecto de telecomunicaciones en favor de una empresa de la que habría sido el socio-fundador.

El 21 de noviembre pasado, el abogado Leonardo Martínez Herrero denunció penalmente al Senador Federico Pinedo por el probable delito de "Negocios incompatibles con la función pública" en base a un articulo publicado por la periodista Mariana Escalada en el portal El Disenso.

Tras ello, este miércoles se dio inicio a una investigación penal. La jueza solicitó a la Inspección General de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, "que informe al Tribunal, en el plazo de 72 horas, todos los datos y/o antecedentes que pudieran hallarse registrados respecto de las sociedades TESAM ARGENTINA S.A (actual TESACOM e HISPASAT S.A), haciéndose especial hincapié a su integración societaria y a la nómina de directores titulares y suplentes, desde el momento de su creación hasta la actualidad".

En un plazo de 72 horas, el Ministerio de Comunicaciones de la Nación deberá informar si José Sánchez Elía, Héctor Huici, Hugo Darío Miguel, Mariana Allerand y Eduardo Tallarico "ejercieron y/o ejercen en la actualidad cargos públicos ante esa cartera ministerial".

FABIÁN FERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD DIJO QUE ESTÁN "SUFRIENDO EL ABANDONO DEL ESTADO".

Fabián Fernández, integrante de la comunidad Wichi, denunció por Radio 10 que están pasando hambre y que los niños comen los frutos del árbol algarrobo para frenar el hambre en la localidad salteña de Dragones.

"Estamos sufriendo una crisis social. No tenemos vivienda, no tenemos qué comer, estamos pasando mucha hambre. Hay niños y abuelos con bajo peso", dijo Fernández, quien contó que la comunidad está compuesta por 34 familias.

Los wichis aseguran que no recibieron ayuda del Estado y que los partidos políticos no se acercaron. "Sólo vienen en las elecciones", dijo Fernández.

El integrante de la comunidad aseguró que los niños comen los frutos de algarrobo para calmar el hambre.

Cuando le preguntaron qué pensaba de la promesa de pobreza cero, el wichi dijo: "la verdad es que a nosotros nos molesta, él habla de pobreza cero, pero esto no pasa por esta zona. Nosotros esperábamos que venga alguien".

"Hay un niño que debió ser trasladado, porque estaba al borde de la muerte. Tiene 10 meses", dijo Fernández.

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POBREZA: EL NORESTE, LA REGIÓN MÁS GOLPEADA DE TODO EL PAÍS SIGUE CRECIENDO CON RESPECTO AL 2016

EN EL LITORAL, LA POBREZA AFECTA AL 40%. EN CAMBIO, EN LA PATAGONIA UNO DE CADA CUATRO TIENEN LAS NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS.

El INDEC reveló que el 32,2% de los argentinos son pobres y el 6,3% indigentes. Sin embargo, el noreste supera el promedio y allí se observan cifras aún peores, ya que cuatro de cada 10 personas son pobres.

En la región más empobrecida del país, el 40,1% tiene las necesidades básicas insatisfechas, lo que supera ampliamente el promedio. Viven en esas condiciones 539.000 personas.

En el noreste, además, el 7,6% no logra consumir las calorías recomendadas, lo que equivale a 103.000 individuos.

El noroeste lo secunda en las estadísticas del INDEC, con el 35,8% de la población debajo de la línea de pobreza (587.000 personas). No supera la línea de indigencia el 4,8%; es decir, 126.000 individuos. Cuyo se ubica muy cerca, con una pobreza que afecta al 35,6% (587.000) y 74.000 en la indigencia (4,5%).

Debajo se ubican la región pampeana (32,6% de pobres y 7,7% de indigentes) y el Gran Buenos Aires (30,9% y 6,2%). Las mejores cifras vienen de la Patagonia, aunque son elevadas. Allí, el 24,7% es pobre y el 3,3% indigente.