SON DATOS DE UN ESTUDIO DE LA PROCURADURÍA ESPECIALIZADA. DURANTE LA GESTIÓN DE SBATTELLA SE INICIARON MÁS CASOS POR NARCO Y TRATA DE PERSONAS QUE DURANTE LA ACTUAL GESTIÓN DE UN EX FMI.

La UIF eleva el umbral a partir del cual comenzará a controlar el lavado de dinero

Pablo Waisberg/Las causas sobre lavado de dinero que investiga la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que se iniciaron a partir de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF), se originaron mayoritariamente en delitos de narcotráfico, que duplican las causas originadas en evasión tributaria, entre 2013 y 2016. Pero el dato sorprendente, y que parece ir en contra de la nueva orientación política del organismo, es que durante la gestión de José Sbattella se iniciaron más casos por narcotráfico y trata de personas que durante la flamante administración de Mariano Federici, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Grave denuncia contra el funcionario a cargo del combate contra el lavado

"El 34% de los casos trabajados por esta procuraduría corresponde a lavado de activos provenientes del narcotráfico; el 17% a evasión tributaria; el 7% a trata de personas; el 6% a intermediación financiera no autorizada y el 5% a contrabando, entre otros", detalló la Procelac en un informe publicado en su web, que se desprende de un relevamiento presentado ante delegados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Ese encuentro fue parte de una serie de reuniones que busca incluir a la Argentina dentro de la OCDE. En ese marco, desde la UIF se empezó a presentar un viraje en el lineamiento político de ese organismo, que funciona como ente coordinador del sistema antilavado a nivel nacional, provincial y municipal. El cambio propuesto por Federici, y sostenido su viecepresidenta Eugenia Talerico y por el coordinador anti-lavado Juan Félix Marteau, busca alejar la lupa sobre la evasión impositiva y centrarse en el narcotráfico y la trata de personas.

"La decisión de muchos ahorristas argentinos, en años recientes, de proteger su riqueza, de proteger sus ahorros en leyes más seguras o en monedas más estables termina siendo una decisión, en nuestro contexto, entendible. Una decisión razonable, tanto desde el punto de vista legal como económico. Aún cuando esas prácticas, desde el punto de vista técnico jurídico, terminaron posicionando aquellas personas en situación irregular frente a las autoridades impositivas", explicó Federici al justificar al evasión e intentar restar importancia al tema.

Sin embargo, quienes investigaron los delitos financieros coinciden en que la mayoría del dinero que se esconde en las guaridas fiscales proviene de la elusión y evasión fiscal. Principalmente de lo que las multinacionales llaman la "contabilidad creativa" en la que trabajan equipos de contadores y abogados para evitar el pago de impuestos.

Según cita Nicholas Shaxon en su libro "Las islas del tesoro", el presidente de Global Financial Integrity (GFI), Raymond Baker, estimó que dos tercios esos fondos están conformados por transacciones comerciales que hacen las multinacionales a través de las fronteras -elusión y evasión. Apenas un tercio proviene del crimen organizado y el 3% de la corrupción. "Los traficantes de drogas, los terroristas y otros delincuentes usan exactamente los mismos mecanismos y subterfugios extraterritoriales de los que se valen las corporaciones: bancos pantalla, trust y empresas fantasma", completó Shaxon.

El informe de Procelac detalló que la UIF envió 37 legajos durante 2013. La misma cifra se registró en 2014. En 2015, el número ascendió a 82 legajos. Pero entre enero y abril de este año, la UIF "no remitió ningún informe" a Procelac. "Tras el cambio de autoridades en la procuraduría, entre mayo y octubre la UIF remitió 24 informes a Procelac, y con 15 de ellos se iniciaron legajos en el área de lavado de activos", detalló.

Al analizar en forma discriminada esos legajos, la Procelac precisó que "entre diciembre de 2014 y octubre de 2015 el 54 % de los casos iniciados en la Procelac por informes de la UIF tenían al narcotráfico como delito precedente del lavado de activos, seguido por la trata de personas (16%

Pero esa ecuación se modificó entre diciembre de 2015 y octubre de este año porque "la intervención de la Procelac en casos originados en la UIF tiene a la intermediación financiera no autorizada (33%) y a la evasión tributaria (16%) como los principales delitos precedentes".

En tanto, a contramano del planteo público de la nueva conducción de la UIF, el narcotráfico representó -durante este último período- apenas "el 8 % de los casos" y "no se registraron intervenciones que tengan a la trata de personas como delito precedente".

EN LOS DIEZ PRIMEROS MESES, EL ROJO FISCAL AUMENTÓ 68% A $ 429.967 MILLONES, SIN CONTAR LAS TRANSFERENCIAS. EL ROJO SE DISPARA A 336% SIN TENER EN CUENTA LOS APORTES DEL BCRA Y ANSES.

El déficit fiscal primario del sector público ascendió en octubre a $ 62.958 millones y creció 184% en forma interanual, según un informe oficial. El rojo de las cuentas públicas se dispara a 336% si no se tienen en cuenta los aportes del Banco Central y la ANSeS. El informe de la Secretaría de Hacienda indica que el desequilibrio subió de $ 17.762 millones a $ 77.500 millones.

En los diez primeros meses del año el resultado fiscal fue negativo en $ 429.967 millones, sin contar las transferencias del Banco Central y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS. Esa variación representa un incremento del 67,8% con relación a igual período de 2015. En octubre, las transferencias del Banco Central aumentaron 81,2% y las de la ANSeS 53,3%.

"¿Qué vamos a recortar?, ésa es la discusión que comienza en 2017"

De acuerdo con el informe, el déficit primario acumulado, sin rentas financieras en el período enero-septiembre, ascendió a $ 286.023 millones, ubicándose 69% por encima en términos interanuales. El déficit acumulado fue resultado de un crecimiento de los ingresos primarios en $253.680,5 millones (+25,9% interanual) y de un aumento del gasto primario en $370.517,1 millones (+32,2%).

El resultado financiero acumulado, en tanto, registró un déficit de $261.460,7 millones, verificándose una suba interanual de ese indicador del 66%. Mientras que los ingresos primarios aumentaron $ 23.756 millones, y el gasto primario lo hizo en $ 64.537,6 millones. El aumento de los ingresos se produjo por el aumento de la recaudación de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social y por el Impuesto al Valor Agregado.

En cambio, impactaron en el aumento del gasto primario las transferencias corrientes al sector privado por mayores gastos en "Planificación y coordinación estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas", como el pago de Asignaciones Familiares y diversas coberturas asistenciales; y Prestaciones de la Seguridad Social", en razón del efecto movilidad en estos haberes y por la mayor cantidad de casos cubiertos por moratoria previsional y por la política salarial del sector público.

EL CONDUCTOR DE ECONOMÍA POLÍTICA REVELA POR QUÉ EL GOBIERNO PERMITIÓ LA DESREGULACIÓN FEROZ DEL MERCADO DE ALIMENTOS. EL IMPORTANTE FUNCIONARIO DETRÁS DE ESTA MANIOBRA.

Roberto Navarro/En un nuevo editorial, el periodista Roberto Navarro pone al descubierto "el negocio del hambre". La gestión de Mauricio Macri aún no pudo contener la inflación y, muy por el contrario, los precios siguen disparándose, en especial el de los alimentos que subieron desde diciembre de 2015 a octubre de este año un 74 por ciento. Y esto provoca hambre para los sectores más postergados.

Pero ¿por qué el gobierno de Macri permitió la desregulación feroz del mercado de alimentos? Quienes impulsan esta campaña son las seis principales cadenas de supermercados. Y llamativamente, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, es uno de los dueños de esos hipermercados.

En Economía Política, que se emite por C5N, Navarro mostró que esas seis cadenas de supermercados concentran el 65 por ciento del mercado local. En cuanto a sus ganancias, antes de Macri, los híper tenían una ganancia bruta del 45 por ciento. Ahora, trepa al 98 por ciento.

Si se desglosa por producto, la ganancia salta hasta seis veces más. Por ejemplo, con la acelga, el supermercado tiene una diferencia del 361 por ciento a su favor, según un relevamiento de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Con la remolacha, la ganancia es del 284 pero con el tomate llega hasta el 655 por ciento.

HASTA LA CGT ACOMPAÑA LA MEDIDA PARA QUE SE APRUEBE EL PROYECTO QUE TIENE MEDIA SANCIÓN DEL SENADO Y RECIBIÓ CRÍTICAS DEL OFICIALISMO. ADVERTENCIAS POR LA GRAVE SITUACIÓN SOCIAL.

Los movimientos sociales de las organizaciones Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) marcharán esta tarde junto a la CGT, la Federación Agraria y CGERA hacia el Congreso de la Nación para reclamar por la aprobación de la ley de Emergencia Social y Alimentaria, además de exigir el cese de despidos y suspensiones, en lo que será una masiva movilización contra el Gobierno.

"Si no escuchan el reclamo por la emergencia social, se pudre"

Los manifestantes se concentrarán desde el mediodía en Avenida de Mayo y 9 de Julio, y en Avenida Belgrano y Entre Ríos, para desde allí marchar hacia la Plaza del Congreso, donde protagonizarán un acto a partir de las 16.

A su vez, el jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, advirtió que si el Gobierno decide vetar la norma -como lo hizo con la ley Antidespidos- "no cabe la menor duda" de que habrá una "reacción" por parte de los movimientos sociales y las entidades sindicales.

Agencia NA/La manifestación, que impulsa inicialmente un reclamo de los sectores más desfavorecidos, logró luego el apoyo de otros actores económicos, golpeados por la la recesión. Por ello, también irán al Congreso los pequeños agricultores de la Federación Agraria Argentina (FAA) y los empresarios pymes de la CGERA.

El proyecto, que obtuvo media sanción en el Senado con los votos del FpV y el GEN, declara la emergencia social y alimentaria por un año en todo el país y establece el incremento del 15 por ciento mensual de la asignación universal por hijo y de la asignación por embarazo, y la creación de un millón de nuevos empleos bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo.

El senador nacional del FpV-PJ, Juan Abal Medina, precisó que el "costo específico" de la emergencia social sería "mil millones de pesos por mes, o sea, 12 mil millones en un año", mientras que "la puesta en funcionamiento de los distintos puestos de trabajo puede ser gradual".

La protesta se llevará a cabo bajo la consigna "Unidad para la justicia social. Basta de despidos" y contará, según indicaron las autoridades de la CGT, con el "apoyo simbólico" de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, algo molestos por el desplante de la CGT al paro nacional que finalmente dicha entidad no convocó, a pesar de que el bono de fin de año está lejos de compensar la inflación.

LA CENTRAL FABRIL TERMINARÁ 2016 CON 50.000 EMPLEOS MENOS Y UNA ELEVADA CAPACIDAD OCIOSA.

La industria caerá 4,5% este año, con 50.000 empleos menos que en 2015, una capacidad ociosa del 40%, enormes problemas de competitividad y "la mayor presión impositiva de los últimos quince años". Así lo indicó el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Adrián Kaufmann Brea, quien a la vez sostuvo que "el principal problema que tiene el país es actualmente la caída del consumo interno".

"En febrero de este año dijimos que la industria iba a caer 3,5% este año. Pero ahora, nuestro cálculo refleja una caída de 4,5%, con 50.000 empleos menos y 40% de capacidad ociosa en la mayoría de los sectores productivos", sostuvo el dirigente. La industria se derrumbó en septiembre

Kaufmann Brea ofreció una conferencia de prensa para brindar detalles de la 22 edición de la Conferencia Industrial Argentina, que se realizará entre lunes y martes próximos en esta capital. En compañía del presidente de esa Conferencia, Miguel Acevedo, el jefe de la UIA hizo una referencia elíptica al Gobierno anterior, al señalar que "fue muy lindo tener una época con subsidios y tarifas baratas, pero en algún momento la realidad nos alcanza".

En tal sentido, consideró que a lo largo de este año, el gobierno de Mauricio Macri "arregló muchas cosas, como el cepo, los holdouts, a través de medidas de shock. Luego vino un gradualismo y estamos llegando a fin de 2016 con un punto más de caída industrial de la que habíamos previsto a principios de 2016". "No obstante, pensamos que en 2017 habrá un crecimiento de la actividad industrial", pronosticó el empresario, quien a la vez alertó: "hay que resolver muchos temas de falta de competitividad y con este tema, no le podemos echar la culpa a nadie. Ni siquiera por ser muy brasildependientes . Somos competitivos de la puerta de la fábrica hacia adentro".

Por caso, comentó que "el tipo de cambio está atrasado y las tasas son altas, eso no ayuda a la competitividad". Además, alertó que "tenemos la mayor presión tributaria de los últimos quince años", y puso como ejemplo que un alimento "tiene 41% de impuestos". "A eso hay que agregar que el costo de logística se duplicó en los últimos quince años. Así, el 70% del costo final de un producto puede llegar a ser impuestos y logística. Esto es un problema grave que hay que resolver", se quejó el dirigente.

Por otra parte, respecto de las importaciones, Acevedo expresó la opinión de la UIA: "hay sectores más afectados que otros, los denominados sectores sensibles. Creo que no hay que ser tontos con la apertura, si bien no estamos viendo una importación masiva", evaluó.

PYMES ADVIERTEN POR FUERTE AUMENTO DE COSTOS, PÉRDIDA DE RENTABILIDAD Y CAÍDA DE VENTAS

Empresarios del sector aseguran que desde los últimos meses tienen que poner plata de su bolsillo para mantener la actividad.

Fabricantes de PC niegan que el Gobierno les haya hablado de un plan antidespidos

El presidente de la Cámara de Comerciantes Mayoristas e Industriales (Cadmira) Vicente Lourenzo, advirtió este martes que "el fuerte aumento de costos" que sufren las pymes provoca que los empresarios de ese sector "tengan que poner plata de su bolsillo todos los meses" para mantener la actividad.

Según el dirigente, "a las pymes no solo les cae el nivel de ventas, sino también la rentabilidad, porque hay un fuerte aumento de costos, que mezclado con la retracción de las ventas, genera que el empresario ponga plata de su bolsillo todos los meses".

En declaraciones a radio Belgrano, Lourenzo recordó que en octubre -según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME- las ventas minoristas cayeron 8,2%. "Venimos con 10 meses consecutivos de caída de ventas y el acumulado de 2016 da 7% de caída respecto a igual período del año pasado", puntualizó Lourenzo, quien también es secretario de Prensa de CAME.

Floquin

El directivo explicó además que el rubro cuyas ventas más cayeron el mes pasado "es el de los artículos electrónicos y electrodomésticos, porque la gente posterga el consumo para cuando tenga una mejor situación económica".

Por otra parte, alertó por la apertura de importaciones: "Eso es un arma de doble filo. En la Argentina tenemos atraso cambiario, costos excesivos desde el punto de vista fiscal y de logística". "Todos queremos comprar más barato y tener la última tecnología, pero el problema es el impacto en el empleo, porque la importación nunca creó puestos de trabajo", resumió.

EL JEFE DE ESTADO NEGÓ HABER COMETIDO UN ILÍCITO, PESE A QUE ES INVESTIGADO POR LA JUSTICIA: "FUI EMPLEADO DE LAS EMPRESAS DE MI PADRE", SE JUSTIFICÓ.

Mauricio Macri rechazó la demanda penal en su contra por los Panamá Papers al esgrimir que pertenece a su vida privada. Los hechos datan de 1984 y 1998, cuando era empresario y aún no jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de ello, está imputado por no haber declarado sociedades offshore y lavar dinero con una de ellas.

En una entrevista al canal La Nación Más, el Presidente contestó sobre su delicada situación judicial. "Si yo hice sociedades o no son cosas de mi vida privada", se defendió. Y agregó: "No cometí ningún delito".

El fiscal de los Panamá Papers advierte que la causa está en riesgo

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado investigan el lavado de U$S 9,3 millones que realizó Macri con la bahameña Fleg Trading Limitada y el no haber declarado ninguna de sus offshores ante el fisco ni la Oficina Anticorrupción.

"Uno puede ser director de muchas empresas. Yo no había cometido ningún delito. Fui empleado de las empresas de mi padre", explicó el actual director de la panameña Kagemusha SA.

La demanda judicial fue iniciada por el diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez, con múltiples ampliaciones y documentación.

ENTRE LAS DOS CONSTRUCCIONES, EL GOBIERNO DE LA EX PRESIDENTA DESTINÓ MÁS DE 100 MILLONES DE PESOS.

El presidente Mauricio Macri arrancó la semana inaugurando obras de ampliación y de modernización de dos plantas de saneamiento en el municipio bonaerense de Marcos Paz. Sin embargo, desde el Frente para la Victoria advirtieron que "la obra fue realizada y financiada íntegramente durante el gobierno de Cristina Kirchner".

La agrupación kirchnerista de Marcos Paz señaló en un comunicado que la obra ubicada en el barrio de Gándara comenzó en octubre de 2013 e implicó una inversión de 64 millones de pesos. Mientras que la que la complementa, la ampliación de la Planta de Depuración del barrio Nuestra Señora de la Paz, implicó una inversión de 40 millones de pesos.

Ya en 2013, la web de la municipalidad de Marcos Paz informaba la obra de extensión de Red de cloacas articulada dentro del Plan "Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria". En 2014, detallaban que la secretaria de Obras, Servicios y Espacio Público de esa localidad, Viviana Mignani, y otros funcionarios recorrieron la ampliación de la obra de la Planta de Depuración de Líquidos Cloacales.

El enojo del Frente para la Victoria es la falta de consideración del Presidente, quien a menudo se queja de la "pesada herencia", por no hacer mención sobre "a quién corresponde la decisión política y presupuestaria de llevar a cabo estas obras".

LOS FISCALES GERARDO POLLICITA E IGNACIO MAHIQUES REQUIRIERON ANALIZAR LA RELACIÓN DEL PRESIDENTE CON ÁNGELO CALCATERRA POR EL SOTERRAMIENTO DEL SARMIENTO.

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron que la Justicia investigue la modificación de una licitación a favor de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri. Se trata del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que quedó a cargo de Iecsa.

Los funcionarios realizaron el requerimiento luego de la declaración de Cristina Kirchner, que fue citada para declarar sobre sus presuntos vínculos con Lázaro Báez. Ante el juez Julián Ercolini, la expresidenta denunció una persecución política en su contra y pidió se analice el favoritismo del Gobierno con Calcaterra por la obra ferroviaria.

Ante ello, los fiscales pidieron que se abra una nueva causa ante la posibilidad de la falta de transparencia por parte del Gobierno nacional en la adjudicación. El sorteo del juzgado y fiscalía a cargo se realizará el martes.

La denuncia hace referencia al decreto 797/2016 de Macri que autoriza modificaciones en "la contratación de obras y adquisición de bienes con incidencia en ejercicios futuros" por $ 100.000 millones, de los cuales $ 40.000 millones corresponden a obras que terminarían en 2016.

Entre aquellas se destaca el incremento presupuestario al soterramiento del Sarmiento, que según se estima costará $ 45.000 millones en total. De ellos, $ 300 millones se desembolsarán este año; $ 8.940 millones en 2017 y 2018 y $ 28.820 millones en años siguientes".

La licitación fue ganada en 2007 por la italiana Ghella, la brasileña Oderbretch e Iecsa, la empresa encabezada por el primo de Macri.

SEGÚN UN ESTUDIO DE LA ONG TECHO, SE ESTIMA QUE SON AL MENOS 2.993.151 PERSONAS LAS QUE ESTÁN EN ESTA SITUACIÓN, EN SÓLO ONCE JURISDICCIONES RELEVADAS.

Uno de cada diez argentinos vive en asentamientos informales y villas de emergencias, informó este martes el relevamiento 2016 de la organización Techo. Según el sondeo, existen al menos 2.432 asentamientos en en los once territorios relevados, donde viven aproximadamente 650.685 familias.

Utilizando la media nacional de 4,6 miembros por cada familia, según el informe, se estima que son al menos 2.993.151 personas, indicó el informe.

El informe contiene información sobre villas y asentamientos de Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, Salta, Tucumán, Corrientes, Chaco, Neuquén, Río Negro y Misiones. Y detalla la cantidad de familias, el acceso a servicios básicos y la participación comunitaria, entre otros.

Techo es una organización de la sociedad civil que busca superar la pobreza en asentamientos informales de América Latina, a través de la acción conjunta entre voluntarios y vecinos. La organización cuenta con oficinas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Tucumán, Neuquén, Río Negro, Salta y Misiones.

Agencia NA/Sobre los servicios básicos, el estudio indica que en el 73% de los asentamientos informales la mayoría de las familias no cuentan con acceso formal a la red de energía eléctrica, el 98% no accede a la red cloacal y en el 95% la mayoría de las familias no tiene agua corriente.

Asimismo, en el 16% de las villas, la mayoría de las familias bebe agua de pozo y simultáneamente elimina sus excretas a través de un pozo ciego sin cámara séptica, lo cual genera un riesgo sanitario alto. A esto se le suma que el 60% de los asentamientos se inunda cada vez que llueve y en el 40% no ingresa el camión de basura.

El 70% de los asentamientos tiene dentro de su barrio o a menos de 10 metros un factor de riesgo: 23,3% ribera de arroyo, 16,2% camino de alto tráfico, 15,8% basural, 9,5% torres de alta tensión.

"Estos números continúan mostrándonos que los asentamientos son la máxima expresión de vulneración de derechos humanos y desigualdad en nuestro país. Es un escándalo que a 200 años de la declaración de la independencia existan familias viviendo en estas condiciones", dijo Virgilio Gregorini, director ejecutivo de Techo Argentina.

Y opinó que resolver la problemática de los asentamientos y villas de emergencia deberá ser prioridad máxima de la Argentina si la sociedad y la dirigencia política quiere ser un país justo, democrático, desarrollado y pacífico.

En siete de cada diez asentamientos relevados, los vecinos se organizaron para mejorar su barrio y piensan que su rol en la coordinación y toma de decisiones en los procesos de mejora es fundamental. Seis de cada diez referentes barriales entrevistados indicaron que la forma de solucionar el problema debería ser a través de la regularización dominial, con acceso a los servicios básicos, con créditos para vivienda y con programas de mejoramiento barrial.