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23
Junio

LO ASEGURÓ MARCO MOLERO, EL QUERELLANTE QUE REPRESENTA A LA PROVINCIA. AGREGÓ QUE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR ESTÁ CASI CONCLUIDA.EL ABOGADO ESPERA QUE EL MES QUE VIENE LOS FISCALES CONCLUYAN LA PRIMERA PARTE DE LA INVESTIGACIÓN.

El abogado querellante por la provincia Marco Molero sostuvo ayer que la investigación realizada por la provincia determinó que hasta la fecha los exfuncionarios habrían defraudado a la administración pública por cerca de 60 millones de pesos. 

“A la fecha esto es uno de los puntos que se siguen potenciando de acuerdo a la prueba recolectada. Estamos en 60 millones de pesos que fueron a parar a fundaciones o empresas que de la nada comenzaron a trabajar con las pautas”, explicó el profesional.

JUICIO

En tanto, aseguró que “al ritmo que trabajan los fiscales esto estaría en condiciones de elevarse a juicio en agosto. De acuerdo con lo que uno observa y reitero con la vehemencia con la que trabajan los fiscales Nélida Villalba, Lucio Otero y Graciela Barreto”.

“En principio irían a juicio todas las personas que hoy están imputadas con o sin prisión preventiva. Habría que ver, pensé que podría ser sobreseía una, porque fue indagada por un hecho de segunda línea pero se modificó el escenario con algunas intervenciones. En principio todos los imputados estarían en condiciones de ser elevados a juicio, serían 7 u 8”, dijo.

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

“La investigación preliminar debe concluir con una de dos alternativas. En la primera los fiscales podrán entender que hay elementos para sobreseer al imputado en la segunda se determina que hay elementos para elevar a juicio, eso se llama técnicamente acusación. Sobreseen o acusan, no más que eso”, añadió.

“Más que testigos lo importante es la prueba documental que obra en el expediente y se podría producir en el juicio. Es el camino del dinero de la pauta. En estas causas es necesario ver si el circuito administrativo fue el correcto o si usó algún circuito paralelo para hacerse del dinero de las arcas del Estado. Es difícil que esto se acredite con testigos, en cambio pueden vincular la interrerelación de los imputados como saber si alguien daba órdenes que podría permitir definir si alguien tenía liderazgo. Ahora lo fundamental es saber quién dio la orden, que se pagó y quién pasó a cobrar. Este es un trabajo que viene ocupando a los fiscales que están demostrado una gran capacidad”, aseguró.

PRIMERA PARTE TERMINADA

El abogado dijo que “lo que falta es prácticamente maquillaje. Lo sustancial ya está acreditado y obra en el expediente la investigación que llevó un gran esfuerzo de los fiscales. Hay dos carriles que corren en forma paralela”.

23
Junio

EL SENADOR PINO SOLANAS (PROYECTO SUR-BUENOS AIRES) VOLVIÓ A IMPULSAR LA NECESIDAD DE TRATAR UN PROYECTO DE LEY QUE CONTEMPLE LA CREACIÓN DEL “RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA NAVAL PESQUERA ARGENTINA”.

La iniciativa sobreviene luego de un nuevo naufragio pesquero –el buque “Rigel” desaparecido desde el 8 de este mes tras zarpar desde Mar del Plata para pescar en aguas patagónicas– que desató reclamos en todo el arco gremial.

“La flota pesquera argentina es una de las más viejas del mundo, con una antigüedad promedio de 37 años, en general, y una antigüedad promedio de 46 años para los buques fresqueros de más de 40 metros de eslora, en particular, afectando la seguridad de las tripulaciones así como la eficiencia tecnológica y económica de los mismos”, destaca Solanas en los fundamentos.

Solanas, uno de los históricos impulsores de proyectos vinculados a la marina mercante e industria naval manifestó que “los astilleros y talleres navales nacionales se encuentran en condiciones de construir una extensa cantidad de modelos, con muy buena eficiencia en la pesca de plataforma continental, lo que permite a los armadores optar entre una variada gama de posibilidades respecto a dimensiones, materiales, diseño y costo”.

No obstante, explicó que la industria nacional está imposibilitada de competir con los “buques usados importados”: “El 100% de los buques factoría y poteros, el 95% de los buques tangoneros y el 88% de los buques fresqueros de más de 40 metros de eslora de la flota pesquera argentina son de origen importado“, detalló.

Detalles del proyecto

En el articulado del proyecto que presentará Solanas propone un “plazo máximo de tres (3) años (para los armadores) para reemplazar y desguazar los buques de pesca que tengan una antigüedad superior a los cuarenta (40) años y de cinco (5) años para reemplazar y desguazar los buques de pesca que tengan una antigüedad superior a los treinta y cinco (35) años”, y un “plazo máximo de tres (3) años para reemplazar y desguazar los buques de pesca que no se encuentren en condiciones de acuerdo a los estándares internacionales”.

El artículo 6 del régimen exige que los buques enviados a desguace “sean reemplazados por buques de pesca nuevos construidos en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional”.

“Si el armador pesquero debiera reemplazar un buque que no pudiera ser construido en un plazo menor a tres (3) años en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional se autorizará la importación de un buque nuevo, con las mismas características, a tal efecto”, indica Solanas.

Por otra parte, condiciona la estancia de los buques “amarrados en los puertos sin autorización de la Autoridad de Aplicación pesquera por más de sesenta (60) días y, en caso, que se supere este plazo, esta procederá a ordenar su desguace”. También en 60 días deberá retirar el artefacto naval para desguace.

“En ningún caso, se transferirá los permisos de pesca y/o cuotas de captura a aquellos titulares que no hayan efectuado esta operación con la conformidad de la autoridad portuaria”, manifiesta el senador.

En cuanto a la promoción propiamente dicha, sugiere “priorizar” en la asignación de cuotas de captura “a aquellos armadores con mayor integración de su flota por buques de pesca construidos en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional”.

Asimismo, dispone el proyecto la instrumentación de “un subsidio operativo a ser aplicado por un período de treinta y seis (36) meses a partir del inicio de operaciones de pesca de cada buque nuevo y construido en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional”, que equivale al “50% del impuesto a los combustibles efectivamente consumido por cada buque pesquero nuevo y construido en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional con el alcance y sentido a determinar en la reglamentación”.

Para los buques nuevos y construidos en el país y que “procese en tierra sus capturas” propone premiarlos con un subsidio equivalente al “100% del combustible efectivamente consumido por los mismos”.

Proyecto completo

Régimen de Promoción de la Industria Naval Pesquera Argentina

Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Es objeto de la presente ley incentivar la construcción de buques de pesca en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional.

Autoridad de aplicación

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo designará a la Autoridad de Aplicación de la presente ley.

Reemplazo de buques

Artículo 3°.- Al evaluarse el reemplazo de un buque de pesca tendrán prioridad los buques de pesca nuevos construidos en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional.

Artículo 4°.- El buque de pesca que sea reemplazado por un siniestro o que haya alcanzado el final de su vida útil debe ser desguazado y sólo podrá transferir su permiso de pesca a un buque nuevo construido en astilleros nacionales, que cuente con capacidad equivalente y que no implique un incremento del esfuerzo pesquero.

Asimismo, el buque de pesca que sea reemplazado antes del fin de su vida útil sólo podrá transferir su permiso de pesca a un buque nuevo construido en astilleros nacionales, que cuente con capacidad equivalente y que no implique un incremento del esfuerzo pesquero.

En el caso de que un armador pesquero reemplazase un buque que no pudiera ser construido en un plazo menor a tres (3) años en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional podrá transferir su permiso de pesca a un buque nuevo importado de las mismas características.

Artículo 5°.- En los casos de reemplazos de buques y transferencia de permisos de pesca, la Autoridad de Aplicación establecerá medidas de incentivo y/o otorgamiento de mayores cuotas de captura y/o autorización para incrementar la capacidad de los buques –en todos los casos en la medida que la disponibilidad del recurso lo permita- a aquellos armadores que incorporen buques de pesca nuevos construidos en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional con respecto a aquellos que los reemplacen por buques usados, buques importados o arrienden buques de matrícula extranjera a casco desnudo.

Artículo 6°.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley los armadores tendrán un plazo máximo de tres (3) años para reemplazar y desguazar los buques de pesca que tengan una antigüedad superior a los cuarenta (40) años y de cinco (5) años para reemplazar y desguazar los buques de pesca que tengan una antigüedad superior a los treinta y cinco (35) años.

Asimismo, los armadores tendrán un plazo máximo de tres (3) años para reemplazar y desguazar los buques de pesca que no se encuentren en condiciones de acuerdo a los estándares internacionales.

En todos los casos, los buques a desguazar deberán ser reemplazados por buques de pesca nuevos construidos en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional.

Si el armador pesquero debiera reemplazar un buque que no pudiera ser construido en un plazo menor a tres (3) años en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional se autorizará la importación de un buque nuevo, con las mismas características, a tal efecto.

Artículo 7º.- Los buques no podrán permanecer amarrados en los puertos sin autorización de la Autoridad de Aplicación pesquera por más de sesenta (60) días y, en caso, que se supere este plazo, esta procederá a ordenar su desguace. En el caso de observarse cuestiones judiciales que inmovilicen el buque en el puerto, la autoridad judicial pertinente deberá -en todos los casos- prever el pago de los derechos correspondientes que establezca la autoridad portuaria, caso contrario, se procederá al desguace y libre disposición por parte de la Autoridad de Pesca de los permisos de pesca y/o cuotas de captura.

En todos los casos en que se desguace un buque el titular debe retirar sus partes del puerto en que se encuentre amarrado en un plazo máximo de sesenta (60) días y, en ningún caso, se transferirá los permisos de pesca y/o cuotas de captura a aquellos titulares que no hayan efectuado esta operación con la conformidad de la autoridad portuaria.

Cuando esas transferencias se hayan efectuado a terceros, estos están obligados a efectuar el desguace y retiro de las partes del buque del puerto y la Autoridad de Aplicación no otorgará los permisos de pesca y/o cuotas de captura hasta que esta operación haya concluido.

En los casos de quiebra empresaria u otros motivos extra-judiciales o judiciales que dieran lugar a la transferencia de los permisos y/o cuotas de captura, los nuevos beneficiarios deberán efectuar previamente el desguace y el retiro de las partes del puerto en los tiempos indicados en este artículo y este cargo será proporcional cuando estas transferencias se efectúen a varios titulares.

Importación de buques

Artículo 8°.- En el caso de que un armador pesquero requiera un buque que no pueda ser construido en un plazo menor a tres (3) años en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional se autoriza la importación de un buque nuevo, con las mismas características, a tal efecto.

Si el armador pesquero poseyera buques de pesca en construcción en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional el buque a importar podrá tener hasta cinco (5) años de antigüedad.

Adecuación de buques

Artículo 9°.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley los armadores tienen un plazo máximo de dos (2) años para adecuar su flota destinada a la pesca de langostino al límite de cuarenta (40) metros de eslora total y dos mil (2.000) caballos de fuerza de potencia máxima por buque.

En el caso de que el armador posea buques destinados a la pesca de langostino en construcción en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional el plazo máximo de adecuación es de cuatro (4) años.

Régimen de promoción

Artículo 10°.- La Autoridad de Aplicación dará prioridad en la asignación de cuotas de captura a aquellos armadores con mayor

integración de su flota por buques de pesca construidos en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional.

Artículo 11°.- Se encomienda al Poder Ejecutivo la instrumentación de un subsidio operativo a ser aplicado por un período de treinta y seis (36) meses a partir del inicio de operaciones de pesca de cada buque nuevo y construido en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional.

El subsidio debe equivaler al cincuenta por ciento (50%) del impuesto a los combustibles efectivamente consumido por cada buque pesquero nuevo y construido en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional con el alcance y sentido a determinar en la reglamentación.

En el caso de los buques pesqueros nuevos y construidos en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional y, que, además, procesen en tierra sus capturas, el subsidio deberá equivaler al cien por ciento (100%) del combustible efectivamente consumido por los mismos.

Artículo 12°.- El Poder Ejecutivo otorgará una asignación específica en el marco de los fondos fiduciarios constituidos y administrados en el ámbito del Poder Ejecutivo, así como líneas de financiamiento y sistemas de garantías específicas para el sector a partir de programas existentes, los cuales deberán estar destinados a renovar la flota pesquera argentina en un esquema de quince (15) buques en el primer año, treinta (30) buques en el segundo año y sesenta (60) buques en el tercer año para luego estabilizarlo en función de la vida media útil de la flota pesquera argentina.

Industria naval

Artículo 13°.- Los buques de pesca de bandera nacional o con tratamiento de bandera argentina o de matrícula extranjera arrendados a casco desnudo por armadores pesqueros argentinos deben realizar en astilleros y talleres navales nacionales los trabajos de transformación, reconstrucción, reparación, alistamiento, modificación, incluyendo la renovación de los certificados de clasificación, así como cualquier otra actividad que requiera la intervención de astilleros o talleres navales, siempre y cuando los mismos sean realizados en precio y tiempo razonables a criterio de la Sub-Secretaría de Industria y Servicios.

Consejo Federal Pesquero

Artículo 14°.- Incorpórase como inciso f) al artículo 8 de la Ley 24.922 el siguiente: “f) Un representante de la Comisión Asesora de la Industria Naval creada por la Ley 27.418.”

Disposiciones finales

Artículo 15°.- Las disposiciones de la presente ley entran en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 16°.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los sesenta (60) días corridos contados a partir de la entrada en vigencia de la misma y debe dictar las normas complementarias que resulten necesarias a los efectos de su aplicación.

Artículo 17°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Sra. Presidente:

La industria naval pesquera argentina, de acuerdo a sus antecedentes y evolución, es muy amplia y con un buen desarrollo tecnológico para las necesidades del país. Los astilleros y talleres navales nacionales se encuentran en condiciones de construir una extensa cantidad de modelos, con muy buena eficiencia en la pesca de plataforma continental, lo que permite a los armadores optar entre una variada gama de posibilidades respecto a dimensiones, materiales, diseño y costo.

La industria naval argentina posee vasta experiencia en la construcción de buques pesqueros de hasta 40 metros de eslora y en dicho rango, los buques de fabricación nacional pueden inclusive competir exitosamente frente a buques importados.

Por otro lado, con respecto a buques de más de 40 metros de eslora existe un abanico de opciones para los armadores nacionales ya que hay astilleros argentinos con experiencia en la construcción de grandes buques de cabotaje que podrían, fácilmente, adaptar modelos de buques pesqueros de mayor tonelaje de registro bruto.

Sin embargo, de la totalidad de los modelos que podrían ser construidos en el país sólo unos pocos se han construido debido a la imposibilidad de competir con respecto a la compra-venta de buques usados importados.

La prolongada emergencia de este sector de la economía nacional se inicia con el Decreto 440/71, ya que el mismo eximía a los armadores pesqueros argentinos del pago de aranceles para la importación de buques, incluyendo buques usados que tuvieran al menos 10 años de vida útil y aunque este decreto imponía a los armadores que importaran buques la obligación de encargar en astilleros nacionales la construcción de un equivalente al 50% del tonelaje de los buques importados, casi ninguno de los beneficiarios de este decreto cumplió con ese requisito.

A 46 años de la promulgación del Decreto 440/71, el 100% de los buques factoría y poteros, el 95% de los buques tangoneros y el 88% de los buques fresqueros de más de 40 metros de eslora de la flota pesquera argentina son de origen importado.

Asimismo, la flota pesquera argentina es una de las más viejas del mundo, con una antigüedad promedio de 37 años, en general, y una antigüedad promedio de 46 años para los buques fresqueros de más de 40 metros de eslora, en particular, afectando la seguridad de las tripulaciones así como la eficiencia tecnológica y económica de los mismos.

Finalmente, el sector pesquero nacional también requiere una industria naval fuerte y desarrollada, tanto en reparación como en construcción de nuevos buques, de forma tal de poder actualizar y renovar su flota.

Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

23
Junio

AEROLÍNEAS ARGENTINAS LAMENTA ANUNCIAR QUE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR HA DEBIDO CANCELAR TODOS SUS VUELOS DEL DÍA LUNES 25. ES POR EL PARO CONVOCADO POR LA CGT AL QUE ADHIRIERON LOS GREMIOS AERONÁUTICOS.

Para evitar mayores complicaciones, la compañía decidió adelantar sus vuelos del día 24/6 entre las franjas horarias de las 20.00 y las 23.59 hs, de manera tal que se pueda garantizar el servicio a los pasajeros que tengan vuelos en dicha franja horaria.

Quienes deseen devolver sus tickets, podrán hacerlo a través del mismo canal que utilizaron para la compra. Además, aquellos pasajeros que deseen reprogramar su vuelo, hasta dentro de los 15 días próximos al suceso, podrán hacerlo sin restricciones y de acuerdo a la disponibilidad de plazas.

La compañía recomienda a sus clientes realizar los cambios y/o modificaciones en las reservas de su vuelo con anterioridad a la fecha del paro o bien en los días sucesivos, ya que la atención al cliente durante la jornada del paro podría verse afectada.

Aerolíneas Argentinas, ruega a los pasajeros no concurrir a los aeropuertos durante el día del paro y reitera una vez más su compromiso con la conectividad y con dar el mejor servicio a sus pasajeros.

Para consultas puntuales sobre los vuelos favor comunicarse al 0810-222-86527 o www.aerolineas.com.ar

23
Junio

PROGRAMA DE REPARACIÓN ESTÉTICA PARA PACIENTES QUE FUERON SOMETIDOS A TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS.

Con el objetivo de escuchar a las distintas asociaciones e instituciones que trabajan en la temática, la presidenta del Poder Legislativo, Élida Cuesta, encabezó la jornada de debate sobre el Proyecto Ley N°1244/18 Programa de Reparación Estética para Pacientes que fueron Sometidos a Tratamientos Oncológicos, de su autoría, que comprenderá a los pacientes que sufren alopecia a causa de los tratamientos oncológicos, permitiéndoles acceder al uso de una prótesis capilar y de capacitación para resolver la repercusión de los tratamientos en su imagen.

Con la presencia de los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Humano y Salud, Luis Obeid, Alejandro Aradas, Carmen Delgado, María Elena Vargas, Claudia González y Claudia Panzardi, el programa se presentó con las funciones de coordinar con los centros de donación de cabello autorizados, capacitar y asistir en todo lo relativo a la confección y mantenimiento de las prótesis capilares. Como así también brindar información completa relativa al uso y cuidado adecuado de las prótesis para los pacientes.

Las exposiciones estuvieron a cargo del doctor Martín Guillermo Roa, del Servicio de Oncología; y de la doctora Belén Torales,de Servicios Paliativos de Oncología del Hospital Julio C. Perrando; representantes del Instituto Moro, Asociación de la Lucha contra el Cáncer, Fundación Brilla Mujer y Estética Oncológica.

Para dar inicio a la jornada de exposición acerca de los puntos determinados en los alcances de la iniciativa, Cuesta destacó el acompañamiento de distintos médicos del Hospital Pediátrico y del Hospital Julio C. Perrando que trabajan en el área de Oncología como también a las instituciones que fueron las principales impulsoras en la idea. “Para los que tuvimos la desgracia de padecer dentro de nuestra familia un pariente que haya tenido cáncer, sabemos que no solamente es la desazón de la lucha diaria y constante, del tratamiento duro de la quimioterapia y de lo que significa pelear con un cáncer, sino también cómo se siente esa persona cuando pierde su cabello”, señaló.

“Consideramos que esta iniciativa va a paliar este sufrimiento con una mayor dignidad para mejorar su calidad de vida. El pelo es algo importante para todos los seres humanos, principalmente para las mujeres y niños”, manifestó al tiempo de agregar que se trata de discutir los puntos del proyecto para enriquecerlo, con el compromiso desde el amor, de pensar en el otro y de tener una mirada social hacia quienes padecen esta enfermedad y no tienen la posibilidad de comprarse una peluca.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud Pública. Por otra parte, uno de sus artículos expresa que las obras sociales, prepagas, seguros médicos y prestadores de servicios de la salud en el ámbito del Chaco, podrán incorporar a su nomenclador el programa como prestación médica.

Obeid: “Trabajar juntos para dar mayor celeridad al proyecto”

El diputado Luis Obeid, quien preside la Comisión de Desarrollo Humano y Salud, compartió su vivencia personal con respecto programa estético y mostró su acompañamiento para recibir todos los aportes y trabajar juntos para dar la mayor celeridad a cada artículo. “Siento que este encuentro esta mi mamá, hace años diagnosticada con esta enfermedad tan cruel, está el amor presente, y también lo veo como médico que implica en el tratamiento de una persona estar fortalecido”.

Roa: “Para poder enfrentar con entereza el tratamiento”

El titular del Servicio de Oncología del Hospital Julio C. Perrando y responsable del área de tumores de la provincia en el Ministerio de Salud realizó una descripción estadística de la enfermedad al remarcar el proceso “duro y costoso” que significan los tratamientos que afectan no sólo al paciente, sino a toda la familia. Planteó además que “la cuestión estética está en boga en todo el mundo para poder enfrentar con entereza los tratamientos, que son complicados, en los cuales muchas mujeres, que son la mayoría que lo padecen, se han negado al tratamiento por la alopecia o por no tener acceso a una peluca”.

“Parece algo trivial pero es una ayuda, pero sí es importante, por lo cual la paciente puede enfrentar este tratamiento y es por eso que nos parece una idea brillante poder tener algo así y que hoy pueda estar siendo debatido en este recinto”, observó

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