CIENTOS DE MILES DE PERSONAS SE MOVILIZARON HASTA LAS PUERTAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA.

Una multitud se agolpó en la entrada del Ministerio de Defensa en rechazo al decreto presidencial que habilita a las Fuerzas Armadas a participar en temas de seguridad interior bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

Bajo la consigna “No a los militares en la calle”, militantes de organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos acudieron a la convocatoria anunciada por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y, bajo una llovizna, miles de personas de distintas agrupaciones llegaron a las inmediaciones del Edificio Libertador, sobre la Avenida Paseo Colón en el bajo porteño.

"Sabemos lo que significa el accionar represivo de las Fuerzas Armadas, lo que han hecho a lo largo de nuestra historia bajo dictaduras o bajo las órdenes de sectores golpistas de nuestro país. Su rol no es el de reprimir al pueblo, por eso decimos que milicos en la calle, nunca más", resaltó Lita Boitano, titular de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y una de las oradoras de la jornada.

A través de un comunicado, los organismos de derechos humanos repudiaron la decisión de “reformar el sistema de defensa nacional, habilitando a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones de seguridad interior” ya que consideran que el objetivo es “incrementar los niveles de represión interna con el falso argumento de ‘proteger objetivos estratégicos’, construir un ‘enemigo interno’, acallar las protestas sociales y contener las crecientes movilizaciones que, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, enfrentan hoy las políticas de hambre y miseria que el gobierno de Cambiemos lleva adelante”.

Entre las adhesiones al pronunciamiento, también suscriben también la Liga por los Derechos del Hombre, el CELS, la APDH, Familiares y el MEDH. En tanto, entre los convocantes están también fuerzas políticas como Nuevo Encuentro, Patria Grande, Miles y La Cámpora.

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Antes de la marcha, distintas voces criticaron el decreto. El diputado nacional Agustín Rossi estuvo hoy en Cruz del Eje y Río Ceballos para finalizar la jornada en la marcha convocada por los Organismos de DDHH contra la militarización de la Argentina en la capital provincial. "Es notable cómo el Presidente Mauricio Macri siempre nos lleva al peor del pasado", aseveró Rossi. "Según estudios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los casos de México y Colombia se pudo verificar que la participación de FFAA no redujo el narcotráfico y creció la violencia por el incremento del conflicto social y de la cantidad de asesinatos", agregó.

El ex diputado nacional Carlos Heller advirtió que la decisión presidencial se enmarca en "un intento de alinear a la Argentina" en la doctrina "represiva" que impulsa Estados Unidos. En tanto, Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario destacó: “lo que hace el presidente Macri con este decreto es de un enorme retroceso para el sistema democrático teniendo en cuenta el rol que han tenido las Fuerzas Armadas durante la dictadura”. “Con esta medida, el Presidente desconoce una vez más al Congreso de la Nación”, concluyó.

Bajo la misma linea, Carlos Pisoni advirtió que el decreto de Macri significa “un retroceso a los derechos conquistados en los últimos 35 años” y enfatizó la importancia de que “seamos millones” en el rechazo.

“No creo que estemos viviendo en una dictadura, tenemos una democracia imperfecta y las Fuerzas Armadas no son las mismas que en dictadura. Estamos viviendo un récord democrático pero el aparato represivo siguió intacto. En 2003 los genocidas seguían en las calles y con Néstor Kirchner se empezó con una nueva política, pero evidentemente no alcanzó y hace falta un cambio más estructural de las fuerzas de seguridad”, explicó.

EN ESTE MOMENTO 30 TRANSPORTISTAS SE ENCUENTRAN EN EL ACCESO SUR A LA CIUDAD DE LAS LAJITAS, DEPARTAMENTO DE ANTA, ESTÁN ESPERANDO LA LLEGADA DE 170 CAMIONES HOY AL MEDIODÍA PARA AJUSTAR LA MEDIDA DE FUERZA HASTA EL MARTES 31.

Cansados de las evasivas y la falta de compromiso de las grandes cerealeras que “no respetaron el acuerdo firmado el 8 de junio pasado”, los camioneros autoconvocados de la localidad anteña decidieron ajustar la medida de fuerza que comenzaron el día lunes y en esa oportunidad fue solo de 24 horas.

Bunge, Cofco, Cargill y AGD no consideran en subir la tarifa como habían acordado en la reunión llevada a cabo hace mas de un mes con las autoridades provinciales y los transportistas autoconvocados, esto hace que las pequeñas cerealeras que si están cumpliendo el acuerdo no puedan sostener las tarifas pactadas porque pierden ingresos.

“Se hizo una reunión en el Grand Bourg el martes, dónde estábamos citados para charlar con el secretario de Ingresos Públicos, Diego Dorigato y los referentes de Bunge, Cofco, Cargill y AGD llegaron antes expusieron que ‘no iban a ceder a nuestro pedido, pues lo consideraban una extorsión’ y se fueron, no cumpliendo con la reunión ni enfrentándonos, es una falta de respeto no tan solo a nosotros sino a las autoridades del gobierno, ya que el acuerdo firmado en su momento, no lo están cumpliendo”, asegura Pedro Bertonni, uno de los camioneros autoconvocados.

Además el trabajador cuenta que el referente de la agrupación “Camioneros Autoconvocados” -que nuclea a propietarios que conducen sus propios vehículos- Daniel Rambaud viajo a Buenos Aires para reunirse ayer con funcionarios del gobierno nacional visibilizando la problemática que sufren los choferes en Salta, Córdoba, Santa Fé y otros puntos del país. “El gobierno les pidió que los dejen trabajar hasta el martes en el tema, aparentemente esta todo encaminado, pero los cortes de las rutas no se levantan, al contrario, se decidió cortar los accesos a los puertos”.

“En la reunión con las autoridades nacionales los representantes de las cerealeras en cuestión negaron que ‘no se este pagando lo convenido’, por eso tuvimos que enviar nuevamente los papeles que prueban que lo que dicen es mentira, ahora en Buenos Aires están analizando las pruebas”, resalta Pedro.

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Asimismo el camionero detalla el manejo que tienen estas grandes multinacionales para ganar tres veces mas que las pequeñas cerealeras locales “vamos a una balanza y nos faltan 200 kg y no es que falta porque perdió el camión, esos kilos faltan porque ese es el negocio de ellos, si multiplicamos esos 200 kg por 50 camiones que descargan por día, en el mes es una gran suma que ‘es en negro’, pero eso no es todo, además lucran con los camiones: la tarifa por tonelada vale $ 1200, pero ellos nos pagan $800, nos sacan $400 por tonelada, cuando llegamos al puerto nos sacan mas kilos, a fin de mes cuando facturamos nos descuentan los kilos a ‘precio pizarra’, con esto el transporte se esta fundiendo”.

La medida de fuerza se extendió en varios puntos del País

El referente de “Camioneros Autoconvocados” Daniel Rambaud comunicó que “los cortes van a seguir hasta el martes, que se reúnan nuevamente y negocien”.

También Rambaud resaltó: “no vamos a cometer el mismo error que en el mes de enero, hoy vamos a seguir firmes con las medidas de fuerza, no es fácil, el tiempo no nos acompaña, pero vamos a impedir que entren camiones al puerto -Rosario-“

“No vamos a levantar la medida de fuerza en ningún punto del país, en este momento están cortando en Tucumán, Gualeguaychu y Corrientes” aseguró el referente.

Cortes Programados:

-Ruta Nacional 16 en Joaquín V. González y El Quebrachal

-Ruta Nacional 34 /9

-Ruta Provincial 5 /30 -Las Lajitas

EL MINISTRO DE ENERGÍA, JAVIER IGUACEL, ADELANTÓ QUE LAS NUEVAS SUBAS DE LAS BOLETAS DE SERVICIOS PÚBLICO "SERÁN POR INFLACIÓN".

El ministro de Energía, Javier Iguacel, admitió que las tarifas de electricidad y gas en la Ciudad de Buenos Aires aumentarán hasta 30% en lo que resta del año. El servicio de gas tendrá un nuevo ajuste, que "no va a ser más del 25%, mientras que el aumento en la electricidad será de "menos del 30%", según el funcionario. A su criterio, el "único ajuste" que tendrán las tarifas "será por inflación".

En declaraciones televisivas, Iguacel admitió que "aún quedan ajustes por hacer" en ambos servicios, y puntualizó: "ahora están llegando las facturas de gas, que son duras". El ministro explicó que "tanto en el gas como en la electricidad, las facturas tienen tres componentes: el costo de la energía, el transporte y la distribución". "Transporte distribución son contratos que se renegociaron en pesos, y se ajustan en pesos, por inflación", puntualizó, por lo cual rechazó que el Gobierno haya "dolarizado" el costo de la energía.

Según indicó, "este Gobierno no es que haya dolarizado a la energía. En realidad, la hiperdolarizó el kirchnerismo, que nos hizo ser dependientes de la energía externa y llegamos a gastar 6 mil millones de dólares por año para importar".

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Iguacel expresó además que "en el caso del gas, gracias a la inversión que se está haciendo, tenemos la oportunidad de salir de la necesidad de importar. Solo en invierno vamos a tener que importar, y cada vez menos".

"Esperamos entonces que el precio baje considerablemente. Y al bajar el precio de producción, esperamos una factura previsible que este verano y apuntamos a que en el invierno que viene,sea en pesos similar a la de este año", enfatizó. Por ese motivo, aseguró: "después de dos años y medio de Gobierno, este año nos va a empezar a sobrar el gas y vamos a poder exportar a Chile. Estuve en ese país hace pocos días y hablamos de esto".

EL ESPACIO DE FPV-PJ EXIGIÓ QUE EL ANUNCIÓ DE MACRI PASE POR EL CONGRESO POR SUPONE LA MODIFICACIÓN DE TRES LEYES.

A partir de la decisión de Mauricio Macri de brindarle a las Fuerzas Armas tareas en seguridad interior, el bloque en el Senado del FpV-PJ expresó su completo repudio al advertir que es inconstitucional y exigió que el decreto pase por el Congreso Nacional.

“Desde 1983 es una política de Estado separar la defensa nacional de la seguridad interior. Involucrar a las FFAA en asuntos internos es ilegal”, advirtió el espacio de Unidad Ciudadana a través de un comunicado y explicó que “entrometer a las FFAA en seguridad interior exige la modificación de tres leyes piramidales de la democracia argentina: Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. Sin ello sería ilegal”.

Frente a la inconstitucionalidad del decreto, el bloque opositor exigió que “la medida anunciada debe ser debatida por el Congreso de la Nación”.

“Casualmente, cuando recrudece la crisis social por el ajuste y el pacto con el FMI, Mauricio Macri apela a la demagogia punitiva y profundiza la degradación de la democracia y del Estado de Derecho”, sentenció UC.

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EL PASIVO DEL ESTADO NACIONAL ALCANZÓ EL 87% DEL PBI, CON LO QUE ES MAYOR AL PREVIO DE LA REESTRUCTURACIÓN DE NÉSTOR KIRCHNER.

Ezequiel Orlando/Por la política de endeudamiento masivo del Gobierno, el pasivo del Estado ya superó el nivel de 2005, cuando Néstor Kirchner la reestructuró por primera vez. En la actualidad se ubica en el 87% del PBI y podría ser aún mayor para fin de año.

El presidente, Mauricio Macri, apoya todas sus medidas económicas en el incremento de la deuda, ya que la precisa para los abundantes déficits fiscal y comercial. La suba de la tasa de interés en el mundo empantanó las posibilidades de Cambiemos de mantener la exclusiva vía de conseguir dólares.

Esto fue sorteado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con el préstamo del FMI por U$S 50.000 millones, que sacian las necesidades de financiamiento por al menos dos años. Los créditos del Fondo siempre poseen un costo menor, pero debido a que son acompañados por severos condicionamientos a las políticas de gobierno.

No conforme con esto, Dujovne continuó con la colocación de bonos en dólares. Durante junio, el Gobierno nacional emitió deuda por un total de U$S 5.527 millones, de los cuales U$S 1.221 millones fueron nominados en moneda extranjera.

En el segundo trimestre del año el Ejecutivo emitió U$S 24.219 millones, con una elevada participación de las colocaciones en pesos (62% del total). En lo que va del año, el endeudamiento ascendió a U$S 49.122 millones.

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Con las corridas cambiarias, en el primer semestre la deuda pública aumentó 29,9 puntos porcentuales, de acuerdo al Observatorio de la Deuda de la Fundación Germán Abdala. Para los economistas que rastrean todas las colocaciones, hoy el pasivo estatal llegó al 87% del PBI, el nivel máximo desde 2004, cuando Argentina estaba sumida en el default.

En la primera reestructuración de bonos de 2005, el entonces secretario de Finanzas Guillermo Nielsen consiguió que el grueso de los acreedores acepte una quita del 65%, con lo que la deuda bruta argentina se recortó del 118,1% al 80,5%. La segunda quita la realizó el Ejecutivo en 2010, donde se acordó con casi la totalidad de los bonistas, a excepción de un reducido pero poderoso grupo de fondos buitre.

EL JEFE DE GABINETE AFIRMÓ QUE "DE NINGUNA MANERA VAMOS A ACEPTAR QUE HOY HAY MÁS INFLACIÓN QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL KIRCHNERISMO".

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, admitió que en la Argentina vienen "meses de más contracción y mayores dificultades", pero aseguró que el Gobierno mantendrá el rumbo económico actual. Además sostuvo que los niveles de inflación no pueden compararse con los últimos años del kirchnerismo, pese a que un informe de la Universidad de Avellaneda (UNLAV) muestra que los precios escalaron en mayor proporción con el macrismo.

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FIEL A SU COSTUMBRE, EL EQUIPO ECONÓMICO DE CAMBIEMOS PROFUNDIZÓ EL ENDEUDAMIENTO DEL PAÍS. EN JUNIO, HABÍA ADJUDICADO $ 55.753 MILLONES.

El Gobierno colocó deuda por 44.955 millones de pesos en Bonos del Tesoro Nacional (BOTE) a tasa fija con vencimiento en el 2020, informó hoy el Ministerio de Hacienda. El monto se adjudicó a un precio de corte de $1.019,50 por cada $1.000, lo cual representa un rendimiento en base semestral anualizado del 26%, informó esa cartera.

En junio último, en una licitación similar el Gobierno ya había adjudicado BOTE 2020 por $ 55.753 millones, por lo que, con la licitación de hoy, ya habrá en circulación BOTE 2020 por un total nominal de $ 100.708 millones.

En la licitación del mes anterior la tasa de corte fue del 26% nominal anual, lo cual representa una tasa interna de retorno efectiva anual de 27,69%, levemente por encima de la tasa que debió pagar hoy el gobierno.

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El bono devengará intereses a la tasa nominal anual del 26% y se pagarán por semestre vencido los días 21 de mayo y 21 de noviembre de cada año hasta la fecha de vencimiento, según las condiciones de la licitación.

Los bancos pueden utilizar este tipo de bonos como parte de la suba de encajes que determinó recientemente el Banco Central.

El Ministerio de Hacienda podría utilizar parte de estos fondos para pagarle al central las letras intransferibles y este a su vez utilizar esos fondos en el rescate de Lebac, que se realizará mañana.

EL BANCO CENTRAL TENDRÁ UN NUEVO VENCIMIENTO DE LETRAS. ADEMÁS, EL INDEC DIFUNDIRÁ LA INFLACIÓN DE JUNIO, QUE PUEDE SER LA MÁS ALTA DEL AÑO.

Agencia NA/El Gobierno enfrentará su segundo "supermartes" ante el multimillonario vencimiento de Lebac. Mañana el Banco Central intentará renovar la mayoría de $ 529.320 millones en Letras, la segunda más alta hasta ahora, que equivale al 50% del stock. Además, el INDEC difundirá la inflación de junio, que puede ser la más alta del año.

Los analistas del mercado esperan que el vencimiento de Lebac no será renovado en su totalidad y que el BCRA deberá convalidar las altas tasas que tiene estos instrumentos.

En junio, el Central había renovado sólo el 60% (unos $ 308.473 millones) de un vencimiento de Lebac por $ 514.779 millones, pese a subir la tasa a un récord de 47% anual para el plazo más corto.

El BCRA viene tratando de aplanar la curva de rendimientos para convencer a los inversores de migrar hacia Lebac de mayor plazo. Las tasas de las letras a junio en el mercado secundario cerraron el viernes último en 40%, mientras el retorno de los títulos que vencen en octubre alcanzó el 38,75.

Por su parte, la inflación que se espera que difunda el INDEC, estaría en el 3,5% ó 4%, y alcanzaría en el primer semestre al 15%, la proyección que realizó el gobierno para todo el año, hasta que debió dejarla de lado en medio de la corrida cambiaria.

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En la administración del presidente Mauricio Macri se esperan con preocupación los resultados de este martes por su repercusión en el panorama económico futuro. El dato podría llegar al nivel más alto de los últimos dos años, en un contexto en el que el alza de precios se encamina a cerrar el año con un piso del 30%, el doble de lo proyectado por el gobierno a principios de año.

La suba más alta había sido en abril del 2016, con 6,5%, y le sigue un 4,2% en junio de ese mismo año. A fin de 2018, el Gobierno deberá lograr un alza de precios inferior a ese techo para poder cumplir con sus compromisos frente al FMI, para poder recibir las partidas de crédito que todavía faltan ser desembolsados. La estimación del Gobierno, que figura en el acuerdo con el Fondo, espera una inflación de entre 25% y 32% para este año, con lo que deberá realizar grandes esfuerzos para lograr esa meta.

La suba de precios de junio se vio acelerada especialmente por el traspaso a precios de la devaluación en alimentos y bebidas. En el segundo semestre del año quedan pendientes actualizaciones tarifarias en el transporte y los servicios públicos, y el resto de la devaluación que todavía no pasó a precios, más el incremento de combustibles, en medio de una economía con menor actividad y baja en la demanda del consumo.

EL ACUERDO CON EL FMI AGRAVARÁ LA SITUACIÓN PORQUE SUS EXIGENCIAS IMPLICAN UN MAYOR RECORTE DEL GASTO DE CAPITAL Y UN INCREMENTO EN LA DEUDA DEL TESORO.

Camila Barón/A pesar de la promesa del presidente Mauricio Macri de llevar a cabo “el plan de infraestructura más ambicioso de la historia argentina”, los intereses de la deuda han sido el componente del gasto con mayor incremento durante su Gobierno. Mientras el gasto de capital se reduce, el pago de intereses de la deuda ya supera en un 60% a las inversiones en lo que va del 2018. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) agravará la situación en doble sentido: sus exigencias implican tanto un mayor recorte del gasto de capital como un incremento en la deuda del Tesoro.

Cambiemos pactó con el FMI a desarmar el FGS y despedir trabajadores

2015 a 2018: lo que más creció fue la deuda

De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, el total del gasto de la Nación prácticamente no varió en los primeros dos años de gobierno de Cambiemos. Pasó de un 26,4% a un 26,5% del PBI. Por el contrario, su composición tuvo variaciones: se redujeron el gasto en subsidios (-0,8% del PBI), en inversiones (-0,2% del PBI) y en bienes y servicios y salarios (-0,3% del PBI), mientras que se incrementaron los intereses de la deuda (+ 0,9% del PBI) y los gastos en jubilaciones (+0,6% del PBI) y prestaciones sociales (+0,3% del PBI), como producto de la denominada Reparación Histórica y de las acciones orientadas a compensar la caída del empleo y el salario real del 5% en esos primeros dos años.

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En lo que va del 2018, los datos acumulados a mayo muestran que se pagaron $113.160 millones por intereses de la deuda, mientras que el gasto de capital fue de $70.937 millones. La suba en los intereses de la deuda se explica por las sucesivas emisiones que incrementaron el stock de deuda, de un total de 240.665 millones de dólares a fines de 2015 (52,6% del PBI) a 320.935 millones de dólares a fines de 2017 (57,1% del PBI), como consecuencia de la limitación de la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro.

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Crisis cambiaria y vuelta al FMI, malas noticias para la inversión

La crisis cambiaria agrava este panorama. Con la mayor parte de la deuda pública está nominada en dólares (68,5% del total a fines del 2017, según la Secretaría de Finanzas), la suba del 50% en el tipo de cambio de enero a junio de 2018 implica un incremento en la cuenta de intereses en dólares que no es compensado por incrementos en los ingresos. El aumento en los intereses de la deuda tiene como contrapartida una mayor necesidad de ajuste de capital, dado que el principal componente del gasto, las prestaciones sociales (60% del total), es rígido y requiere el tratamiento de una reforma en el Congreso. Otros rubros del gasto, como subsidios, gastos de funcionamiento del Estado y transferencias a universidades, están siendo ajustados con un costoso impacto político. De esta manera, el achicamiento del gasto de capital resulta la primera medida disponible para hacer lugar al incremento de los intereses de la deuda, con el recorte en infraestructura de transporte y vivienda como principales rubros de ajuste.

La incapacidad del Gobierno para resolver la crisis cambiaria por sus propios medios y su necesidad de acudir a un salvataje del FMI profundizarán esta tendencia. Entre las condiciones para el desembolso de 50.000 millones de dólares por tres años, el FMI exige, además de déficit primario (antes del pago de intereses) del 1,9% del PBI en 2019 y déficit cero en 2020, eliminar completamente el financiamiento del BCRA al Tesoro y transferir los pasivos del BCRA (Lebacs y Letras intransferibles) al propio Tesoro. De acuerdo con una estimación del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, la carga adicional de intereses de la deuda sumaría 0,4 puntos del PBI por año durante la vigencia del acuerdo con el Fondo.

Un sendero de ajuste más agresivo para la inversión

Dado que las exigencias del FMI sobre la reducción déficit fiscal se refieren al resultado primario (sin pago de intereses) y no al financiero, el incremento en el peso de intereses de la deuda que resultará de la absorción de pasivos del BCRA no implicará por sí mismo un impedimento para el cumplimiento del acuerdo. Sin embargo, el incremento de los intereses de la deuda seguirá presionando sobre las necesidades de caja del Estado Nacional, sumando mayor presión al gasto de capital.

A esta circunstancia se añade que el FMI estableció criterios de registración más estrictos, que implican considerar los Proyectos de Participación Público Privada (PPP) y los Adelantos a Proveedores de obras de inversión como parte del gasto de capital, lo cual impacta en un gasto primario más alto. Esto es una mala noticia para el Gobierno, que mientras pudo tomar deuda con los mercados privados apostaba a que los PPP compensaran el recorte en la obra pública. Se trata de proyectos en los que las empresas privadas consiguen el financiamiento, realizan las obras y explotan la concesión. El Estado abona luego un flujo de pagos durante el período del contrato (generalmente 25 a 30 años). A contramano de la tendencia mundial, donde los PPP son cada vez menos utilizados como sugiere Martin Wolf, editor del Financial Times, debido a que tienden a mayores costos e ineficiencias operativas en relación con la inversión pública, el gobierno de Cambiemos pretendía compensar el menor gasto público de capital con licitaciones de este tipo de programas.

Sin embargo, en la medida en que el Memorándum de Entendimiento Técnico con el FMI exige contabilizar los PPP como parte del gasto de capital, el Estado no tendrá más opción que profundizar el recorte del gasto de capital como forma de cumplir con las exigencias del Fondo. De acuerdo con una estimación de Ricardo Carciofi, docente de la Universidad de Buenos Aires, el gasto de capital en 2018 será del 1,2% del PBI y para 2019, del 0,6%. Sin duda una cifra incómoda para la discusión del presupuesto 2019, que el Ejecutivo deberá encarar luego del receso, pero aún mayor al ajuste previsto para 2020, que dejaría al gasto de capital en un 0,3% del PBI. Si así fuera, la promesa del programa de infraestructura más ambicioso de la historia acabaría por convertirse, en realidad, en el más modesto.

DESDE EL GREMIO DE CAMIONEROS ASEGURAN QUE LA SITUACIÓN “ES GRAVE”. LA SECRETARÍA DE TRABAJO DE RÍO NEGRO CONVOCÓ A UNA REUNIÓN PARA ESTA TARDE.

El clima por el conflicto en el sector petrolero llegó a su pico máximo con el incendio de un semi de un camión. Se trata de una unida de la empresa Gabino Correa que está en conflicto con al menos 35 trabajadores que fueron despedidos hace poco más de un mes. A pesar de que los trabajadores y el gremio de camioneros ya tenía la información de la reunión que convocó la secretaria de Trabajo para las 14 decidieron incendiar un camión de la firma con asiento en Catriel.

El secretario General de Camioneros Rubén Belich dijo que la situación “es insostenible” y adelantó que los “compañeros” querían quemar otro camión. “Estamos haciendo lo posible para evitar esto, pero estamos en una situación límite”, indicó. Según relató el gremialista tras la caída de la conciliación obligatoria se decidió comenzaron con medidas de fuerza.

El hecho ocurrió en el acceso sur de Catriel. Desde el gremio amenazan con bloquear el accesos a los yacimientos de la zona. El secretario de Trabajo de Río Negro Lucas Pica convocó una reunión para las 14 en la delegación de trabajo en Cipolletti.

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Desde la empresa que dirige el exCEO de YPF Miguel Galuccio aseguraron que no se emitió ningún despido. Durante la conciliación obligatoria hubo avances con el sindicato de petroleros, pero no hubo acuerdo con camiones. Sino hay avances en la reunión de hoy, el sindicato convocará a un paro provincial. Fuentes de la empresa Vista aseguraron que no tienen ninguna vinculación con los trabajadores despedidos. Además repudiaron los hechos de violencia. “Nos sorprendió el nivel de violencia que se generó”, indicaron.

FUENTE: RIONEGRO.COM.AR