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CUÁLES FUERON LOS INSTRUMENTOS JUDICIALES QUE DEFINIÓ EL PRESIDENTE MAURICIO MACRI EN SUS 4 AÑOS DE GESTIÓN. LOS DESAFÍOS QUE SE ABREN.

Con el cambio de Gobierno se abre la posibilidad de dar vuelta la página del Lawfare, la guerra jurídica que el macrismo impulsó apenas asumió para perseguir a la expresidenta y ahora vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner.

La mecánica con la que el primer mandatario saliente, Mauricio Macri, desplegó la batalla jurídica contó con distintos instrumentos y avanzadas que se diseñaron desde la Casa Rosada. Entre los primeros se destacan:

-El cambio de manos de la Dirección de Escuchas, que se traspasó del Ministerio Público Fiscal (que estaba a cargo de Alejandra Gils Carbón apenas asumió Macri) a la Corte Suprema de Justicia. Ocurrió el 29 de diciembre de 2015, 19 días después de la asunción lo que revela la importancia que tenía este traspaso. La oficina de interceptación telefónica jugó un rol central ya que se produjeron importantes filtraciones que llegaron a los medios de comunicación oficialistas y sirvieron para distintas operaciones: desde el armado de la causa Puf Puf a los diálogo de CFK con Oscar Parrilli. La AFI, a cargo del amigo del Presidente, el escribano Gustavo Arribas, generalmente, fue la encargada de las desgrabaciones.

-La ley del arrepentido para casos de corrupción. Se aprobó en octubre de 2016. Tras esta modificación de la norma ganó protagonismo el programa de protección de testigos, que ahora el macrismo está tan interesado en custodiar. Tanto que lo transformó en agencia mediante un DNU. Allí tuvieron resguardo desde Leonardo Fariña al chofer Oscar Centeno, por citar tan solo dos ejemplos. En El Destape se revelaron al detalle los beneficios que recibió Fariña durante este tiempo.

-La decisión de Macri de postergar la puesta en funcionamiento del Código Procesal federal, que le quitaba centralmente poder a los jueces federales y limitaba las prisiones preventivas.

-La “doctrina Irurzun”. En octubre de 2017, el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzn (el único que sobrevivió a la avanzada M en esa instancia) escribió la teoría de las relaciones residuales por la que se terminó encarcelando a exfuncionarios kirchneristas. ¿El argumento? Que podían protegerse con relaciones residuales con el aparato del Estado. Se trató de un claro ejemplo de cómo, con la excusa de la persecución de los delitos de corrupción, se flexibilizaron las garantías constitucionales.

A ellos se sumó una serie de movimientos clave en el Poder Judicial:

-Macri decidió el copamiento de la Cámara Federal porteña, la instancia revisora de los 12 juzgados de Comodoro Py, donde tramitan las causas políticas más sensibles. Entre ellas, las de corrupción. Desde allí se avalaron las decisiones de los jueces Claudio Bonadio y Julián Ercolini. Y se presionó a los “desobedientes” como Sebastián Casanello. Para tener una dimensión de la avanzada en esta cámara: cuando el líder del PRO arribó a la Casa Rosada había cuatro integrantes. Tres terminaron eyectados (Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah. Para ello jugó un rol central el Consejo de la Magistratura, dominado por la alianza de gobierno). Otros tres ocuparon sus lugares (Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens). Los dos primeros mediante un decreto presidencial. Los cambios comenzaron en noviembre de 2017. Hoy, quienes llegaron a dedo no están firmes en sus cargos.

-Los movimientos en la cámara porteña tuvieron su correlato en la máxima instancia penal del país, la Cámara Federal de Casación Penal, donde Macri nombró a cinco jueces (sobre un total de 13). El reacomodamiento se inició con la llegada de Carlos Mahiques, juez ordinario y exministro de María Eugenia Vidal en al provincia de Buenos Aires, también mediante un decreto. Aterrizó en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py en mayo de 2017.

-Una función central para demarcar la linea a seguir en el Poder Judicial es la del Procurador General de la Nación: es el jefe de los fiscales. Por eso, Macri estaba empecinado en desplazar a Alejandra Gils Carbó del cargo. Finalmente, logró que renunciara en diciembre de 2017. En su lugar dejó al interino Eduardo Casal, cuyo cargo quedó atado a la voluntad presidencial. Casal sigue siendo muy criticado por la forma en que se acomodó a los intereses del Poder Ejecutivo. Quedó expuesto por el traslado de fiscales molestos (como el caso de Juan Pedro Zoni que investigaba el Correogate) o la apertura contra ellos de expedientes internos (como sucedió con el fiscal anticorrupción, Sergio Rodríguez, o la fiscala general Gabrela Boquin) así como por su defensa cerrada de Carlos Stornelli, que estuvo 8 meses en rebeldía.

Por el despliegue del Lawfare en la región, el rol de Estados Unidos quedó en la mira. En este contexto, no puede obviarse la llegada a la Argentina de Edward Padro como embajador de los Estados Unidos, especialista en temas jurídicos. Fue nombrado por Donald Trump como representante de los intereses estadounidenses en enero de 2018. Asumió en mayo de ese año. Tras ser designado, el ex juez de Texas y capitán del Ejército, dejó en claro cuál era el área central en el que pretendía colaborar: “Mi intención es continuar trabajando con los abogados y jueces de la Argentina para mejorar el sistema judicial y fortalecer la confianza de la gente en el sistema judicial”, dijo al Congreso norteamericano.

Para cuando Prado asumió, Macri ya había avanzado con su plan de disciplinar a la Justicia. En junio de 2017, había advertido a propios y ajenos en el tercer poder del Estado: “Los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen”. Eso intentó. Y en más de una ocasión, lo concretó. Al igual que sucedió en otros países de la región, como Brasil. Por decisión del pueblo, ese tiempo, en la Argentina, terminó.

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10 DICIEMBRE 2019 REPORTE24//

GOBIERNO DE TODOS

PLAN DE GOBIERNO CHACO 2030: 3 EJES, 3 REFORMAS, UN PACTO PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL CON 10 COMPROMISOS, 25 ACUERDOS SECTORIALES, 10 POLÍTICAS PRIORITARIAS, 53 INICIATIVAS LEGISLATIVAS. OBJETIVOS Y VISIÓN DE UN PROGRAMA PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS.

Jorge Milton Capitanich juró este lunes como Gobernador del Chaco ante la Asamblea Legislativa, iniciando su tercer período al frente del Ejecutivo Provincial. La sesión inició a las 10.30 y, tras la entrega del bastón de mando por parte de los diputados Hugo Sager y Carim Peche, brindó un contundente discurso con los objetivos, las prioridades y la visión de su proyecto de gobierno.

“Terminemos con la historia de desencuentros. El Chaco nos necesita en la construcción de un sistema político de consensos y de paz social para todos, que nos permita recuperar confianza en las instituciones”, expresó el flamante Gobernador de la Provincia.

En el momento más emotivo de la mañana Jorge Capitanich volvió a destacar la confianza de las chaqueñas y los chaqueños: “Quiero agradecerle al pueblo por concederme esta oportunidad de volver a gobernar el Chaco. Estaré a disposición de todos para trabajar sobre la base de los consensos, promoviendo el respeto y construyendo una provincia de hermanos fraternalmente abrazados en la bandera de nuestra patria y de nuestra provincia”.

Después de la jura de Capitanich, fue el turno de Analía Rach Quiroga, que se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia chaqueña. “Por la grandeza de la patria y la felicidad de nuestro pueblo, para que reine en él el amor y la igualdad, sí juro”, ratificó la joven castelense.

*HITOS DE GOBIERNO*

En su primer discurso recordó los hitos del gobierno que se inicia: primera vicegobernadora mujer, primera vez que un gobernador es elegido por tercera vez, primera vez que un intendente de Resistencia es elegido gobernador y la continuidad político-institucional de más de tres mandatos por un mismo espacio político.

*LOS PUNTOS CLAVE DEL DISCURSO*

*EJES Y PRIORIDADES*

Este tercer mandato de Capitanich tendrá como ejes de su programa de gobierno la producción y el empleo, la equidad social y una gestión pública de calidad.

"Ponemos a consideración de nuestros diputados y diputadas el Plan de Gobierno Chaco 2030, para que sea fruto de un consenso político, económico y social", destacó el flamante gobernador.

Dicho plan contiene tres ejes estratégicos, 25 acuerdos sectoriales, un pacto con 10 compromisos y 53 iniciativas legislativas, de las cuales, consideró urgentes cinco: Ley de Ministerios, convocatoria al Congreso Pedagógico, reformulación de la Ley de Presupuesto, reforma del Código Tributario y ley de Emergencia Económica, Financiera, Social, Sanitaria y Alimentaria.

*2. REFORMAS*

El mandatario anunció que propondrá tres reformas estructurales: reforma constitucional, agenda digital y descentralización de la prestación de servicios públicos en los municipios.

“Vamos a enviar a la Legislatura la necesidad de la Reforma Constitucional”, dijo, ejemplificando puntos esenciales como el límite de mandatos en todos los poderes del Estado, la reforma electoral, cláusulas de ética y transparencia, y la descentralización de las competencias del Gobierno en los municipios, entre otros.

“Si somos capaces de ponernos de acuerdo en estos temas, vamos a lograr una provincia armónica, equilibrada, con calidad democrática e institucional y con una federalización de las políticas públicas”, aseguró.

*3. PACTO PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL: 10 COMPROMISOS.*

El Plan de Gobierno Chaco 2030 prevé un gran acuerdo para promover el crecimiento económico y la inclusión social a través de una serie de 10 compromisos que representan consensos en el marco del Consejo Económico y Social.

“Las metas de nuestro programa de gobierno son ambiciosas porque pretenden alcanzar 2 millones de hectáreas sembradas con 5 millones de toneladas de producción, 6 millones de cabezas de ganado, un aumento del 20% en la producción de carnes, 50.000 empleos privados formales de calidad y 1.500 millones de dólares de exportaciones”, anunció Capitanich.

El gobernador electo detalló que en su plataforma de gobierno se preparan “20 proyectos de inversión para generar 2.500 empleos industriales en forma directa que requieren 300 millones de dólares, entre los cuales se destacan textiles, granjas, frigoríficos de exportación, planta de bioetanol, fábrica de fideos secos, planta de jugos de pomelo, fábricas de ladrillos industriales y otros emprendimientos”.

En su programa de gobierno, propone apoyar el desarrollo de complejos industriales sustentados en el agregado de valor de la producción primaria para los complejos cerealero, oleaginoso, algodonero -para el cual pidió “transparencia en la fijación de precios”- cárnico diversificado, foresto-industrial, pacú arrocero, apícola, hortícola y frutícola, y las cadenas productivas emergentes.

*4. 25 ACUERDOS SECTORIALES*

Los acuerdos sectoriales que prevé el Plan de Gobierno se basan en la las áreas de: construcción, industria, comercio, medianos productores, agricultura familiar, economía popular, cadena foresto - industrial, agua y ambiente, descentralización y fortalecimiento de las capacidades de los municipio.

También contemplan el empleo público, salud, discapacidad, adultos mayores, políticas públicas con perspectiva de género, juventud, comunidades originarias, educación, cultura, turismo, deporte y entretenimiento, protección social, seguridad ciudadana, justicia, derechos humanos y prevención de la tortura, agenda digital para la transformación productiva con equidad, y reforma constitucional.

*5. 10 POLÍTICAS PRIORITARIAS*

Este tercer mandato tendrá como base además diez prioridades: seguridad alimentaria, ya que “garantizar que no haya ningún chico con hambre debe ser nuestra principal prioridad”, señaló Capitanich; renta mínima progresiva universal; incrementar a 20 las cadenas productivas de las 5 actuales; regularización dominial; construcción, ampliación y refacción de viviendas; pacto social, económico, político y cultural; abordaje de los consumos problemáticos; erradicación de todo tipo de violencia; asistencia a personas en situación de calle; abordaje de la situación de personas privadas de su libertad.

“Con la ley de Economía del Conocimiento queremos llegar a 20.000 empleos para el año 2030 y, mediante acuerdos con las firmas de centros de contacto, podremos generar 4.000 empleos adicionales en el sector en los próximos 48 meses, ubicando a la provincia entre las tres principales generadoras de empleo en la industria de los centros de contacto”, señaló Capitanich.

Asimismo agregó que “con estos acuerdos e incentivos se propone alcanzar 7.000 empleos en 2020 y 15.000 en 2021 con valor agregado industrial y comercial, sin contar el fuerte respaldo a la industria de la construcción”.

En materia de metas, expresó: “aspiramos a llegar a 15.000 empleos en la industria de la construcción en los próximos 18 meses, lo cual permitirá lograr un fuerte crecimiento del PBI en forma inmediata reactivando el consumo y la producción en la cadena de valor”.

Tenemos 20 proyectos de inversión por 300 millones de dólares para generar 2.500 empleos productivos en cadenas de valor integradas, con la participación de empresas calificadas de primera línea nacional e internacional.

*6. 53 INICIATIVAS LEGISLATIVAS*

El Plan de Gobierno Chaco 2030 incluye un paquete de 53 iniciativas legislativas, de las cuales, Capitanich consideró urgentes cinco: Ley de Ministerios, convocatoria al Congreso Pedagógico, reformulación de la Ley de Presupuesto, reforma del Código Tributario y ley de Emergencia Económica, Financiera, Social, Sanitaria y Alimentaria.

"Necesitamos organizar un modelo de carácter fiscal que nos ayude a depender menos de la Nación y aumentar nuestra autonomía provincial y de los municipios", aseguró el mandatario.

La reforma tributaria que impulsará busca incorporar la ampliación de la base imponible, el combate a la evasión fiscal y la mejor valuación de los bienes muebles e inmuebles, sujetos a imposición fiscal. “La contrapartida debe ser máxima eficiencia y productividad del gasto público, más inversiones productivas que generen empleos privados y metas ambiciosas de calidad en los servicios públicos”, señaló.

*POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN*

El plan de obras prioritarias se divide en dos etapas, asociadas a la terminación de las iniciadas y a nuevos proyectos:

Una primera etapa con 19 puntos que abarcan la terminación de los acueductos Río Teuco y segundo acueducto del interior, además de la autovía urbana de la RN 11, plan de obras para 7.000 viviendas, puerto Las Palmas y Barranqueras, nueva sede del Juzgado Federal, 1.000 cuadras de pavimento urbano, accesos a localidades del interior, 50.000 luminarias led, infraestructura eléctrica, fibra óptica, conexiones domiciliarias de agua potable y cloacas, redes de gas natural, entre otras.

Y una segunda etapa que incluye obras como el segundo puente interprovincial Chaco - Corrientes. En ese momento aseguró: “voy a trabajar con el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés para obtener el financiamiento”.

Además se refirió a obras para la conexión energética como Rincón Santa María - Puerto Bastiani y Puerto Bastiani - Puerto Vilelas, segundo puente interprovincial Chaco - Corrientes, puente internacional Ñaembucú - Bermejo, autovía de la RN 16, pavimentación de 250 kilómetros de rutas en El Impenetrable.

“Hoy, en el año 2019, hacer lo que nos falta implica lograr inversiones en infraestructura equivalente a 2.500 millones de dólares”, puntualizó el primer mandatario.

Capitanich insistió con “una importante atención e inversión en formación docente permanente, gratuita, de calidad y en servicio, para cumplir la meta de poner a la provincia entre las primeras ocho en calidad educativa en el año 2030”.

“Queremos ejecutar la construcción de los edificios para 9 jardines de infantes, 14 escuelas primarias, 5 escuelas especiales, 6 escuelas secundarias y 8 escuelas técnicas. La ejecución de obras de infraestructura escolar alcanza a casi 600 obras en los últimos 12 años”, anunció.

Otro de los objetivos será “lograr un amplio consenso en el Congreso Pedagógico, para garantizar 180 días de clases en los cuatro años de gestión”.

“Salud para todos y todas implica incorporar más tecnología, desde la historia clínica centralizada hasta el seguimiento electrónico de consulta, pasando por todas las modalidades de control y monitoreo de tratamiento con telemedicina

como factor primordial de progreso en atención, prevención y calidad junto a nuevas inversiones en infraestructura”, definió Capitanich.

En materia de obras, Capitanich se comprometió con la construcción del nuevo Hospital de San Martín, la terminación del Hospital de Vedia, la construcción de un Hospital Materno-Infantil en Sáenz Peña sobre la base del viejo Hospital 4 de junio, nuevas inversiones en Charata y Las Breñas, con nueva infraestructura en Gancedo y El Espinillo, una especial intervención en Villa Río Bermejito.

El anuncio incluyó la conformación de un espacio sanitario integrado dentro del predio de 16 hectáreas que conforman el hospital Perrando y el Pediátrico concentrando allí el Ministerio de Salud, con inversiones por 20 millones de dólares para una reforma integral de la infraestructura y equipamiento del hospital.

“Es necesario establecer un punto de partida respecto al estado de situación que nos toca afrontar”, señaló Capitanich y consideró que “la política económica nacional afectó severamente a la provincia del Chaco”, resultando en una crisis fiscal y financiera que resumió en algunos indicadores.

Según informó, la deuda pública que en 2015 era de 6.054 millones de pesos, hoy alcanza a 40.000 millones, y con la inclusión de la deuda flotante llega a 45.000 millones. La deuda pública en 2015 equivalía a 19,8 % del presupuesto público, hoy supera el 35 %, del mismo modo era equivalente al 7,6 % del PBG y hoy lo duplica.

Explicó además que el Producto Bruto Geográfico (PBG) cayó en el período 2015-2019 un 13 %, el déficit fiscal y financiero alcanza a 18.000 millones de pesos en forma acumulativa, proyectando el del presente ejercicio; y la deuda creció 7 veces en el mismo período.

“Necesitamos como punto central de acción de gobierno ratificar el compromiso con el equilibrio fiscal, cumpliendo nuestras obligaciones salariales y la prestación de servicios”, manifestó.

La reactivación de la industria de la construcción es uno de los principales compromisos de gestión, para lo cual explicó cómo será el financiamiento inicial: “1.200 millones de pesos de recursos con afectación específica del FONAVI, más el recupero de las cuentas por cobrar por viviendas adjudicadas por 1.000 millones de pesos y un financiamiento de 2.000 millones del Nuevo Banco del Chaco para destinarlo a la construcción de viviendas, ampliaciones y/o refacciones”.

“Planteamos poner en marcha 5.000 viviendas por año con la cooperación del Estado nacional y el diseño de la ingeniería financiera establecida”, dijo.

Además se trazó como ideal “aplicar el concepto básico de solidaridad para que quienes han tenido acceso a la vivienda digna sean capaces de pagar la cuota de la vivienda en tiempo y forma con sacrificio y en base a su esfuerzo, para lograr la regularización de 36.000 títulos de propiedad y el recupero de cuotas por un monto de 1.000 millones de pesos por año”.

En materia de política internacional y participación chaqueña, Capitanich señaló como "indispensable" la recuperación de la Comisión Regional de Comercio Exterior (CRECENEA Litoral) expresó su voluntad de fortalecer vínculos con el Consejo de Desenvolvimiento del Sul (CODESUL), sumar participación activa en ZICOSUR y promover "un modelo de vinculación con los países del Mercosur" a la vez que "recuperar UNASUR como herramienta de integración de nuestros pueblos hermanos de Latinoamérica".

En ese marco, anunció que postulará a Chaco como anfitriona en la cumbre del Mercosur para el próximo traspaso de autoridades "cuando tal acontecimiento se produzca en nuestro país".

En materia de seguridad, Capitanich manifestó la necesidad de “vincular una estrategia preventiva con la justicia para penalizar severamente los delitos de cualquier tipo y naturaleza, pero contemplando un abordaje integral”.

En el área de justicia, manifestó su compromiso en “corregir gradualmente asimetrías salariales, promover la periodicidad de concursos de antecedentes y oposición en la designación de magistrados y funcionarios judiciales, organizar la policía judicial, garantizar la escuela judicial y la carrera judicial, recategorizar los juzgados de paz, entre otras demandas esenciales del sistema”.

Además, anunció la creación de un Instituto de Estadísticas y Censos e Información Geográfica de alta calidad y transparencia, que “nos posibilitará medir de un modo objetivo, sistemático y correcto una serie de variables fundamentales para la toma de decisiones”.

“Resulta imprescindible medir el PBG, las NBI, la pobreza, el empleo, el coeficiente de GINI, la tasa de inflación, así como también de disponer de información climática e hidrológicas adecuadas y obtener datos confiables sobre la evolución de enfermedades, la estructura de ingresos de la sociedad y las tendencias de los indicadores sociales, económicos y ambientales”, aseguró Capitanich.

ACOMPAÑAMIENTO

El acto fue acompañado por el nuevo gabinete compuesto por el ministro de Gobierno y Trabajo Juan Manuel Chapo; ministra de Justicia y Seguridad Gloria Zalazar; ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Daniela Torrente; ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Manuel Carreras; ministra de Desarrollo Social María Pía Chiacchio Cavana, ministro de Industria, Producción y Empleo Sebastián Lifton, ministra de Salud Pública Paola Benítez, ministra de Economía y Planificación Maia Woelflin, junto a más de 50 intendentes y autoridades legislativas, eclesiásticas y universitarias.

09
Diciembre

10 DICIEMBRE 2019 REPORTE24//

LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA HABÍA DENUNCIADO OPERACIONES CONCRETADAS POR INTEGRANTES DEL MULTIMEDIOS.

La cúpula directiva del Grupo Clarín, encabezada por Héctor Magnetto, fue sobreseída por una causa de lavado de activos. La denuncia databa de 2012 y hacía alusión a transferencias bancarias en el exterior, las cuales presentaban irregularidades.

En el último día de Mauricio Macri como presidente, el juzgado federal n° 9 resolvió confirmar los sobreseimientos de Magnetto, Lucio Pagliaro, José Aranda y Jorge Rendo, entre otros directivos del multimedio ultramacrista.

¿Qué planteaba la denuncia? La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció operaciones concretadas por integrantes de Clarín que justificaban una sospecha sobre la comisión del delito de lavado de activos. De ahí, la UIF puso el foco en la conformación de una sociedad en los Estados Unidos, de la cual resultó la adquisición de acciones de la firma CIMECO SA, valiéndose de sumas obtenidas a través de un préstamo del Credit Suisse de Londres, luego transferidas a cuentas bancarias de sociedades integrantes del Grupo Clarín.

El origen de la apertura de la causa se dio a partir de declaraciones del exejecutivo del JP Morgan Hernán Arbizu. Sin embargo, el juzgado determinó la libre culpabilodad de los cabecillas del grupo.

"La Sala destacó que en otra causa se había descartado que aquello presentado por los acusadores como 'posible ilícito precedente' del lavado, fuera delito. Se aludió al fallo del juzgado n° 12 donde se rechazó cualquier corroboración de los dichos de Arbizu, señalando entre otras cosas que 'no se ha agregado a estas actuaciones ninguna constancia que dé cuenta de la sospecha de que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior, tuviera una actividad ilícita de la cual pudieran provenir los bienes y/o las sumas de dinero', marcó el fallo. “Tampoco se ha incorporado elemento de convicción que pudiera proporcionar un mínimo de sospecha de que todo o parte del volumen de dinero que estaría depositado en el extranjero pudiera proceder de alguna actividad ilícita”, dictaminó el juzgado.

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09 DICIEMBRE 2019 REPORTE24//

EN UN ESCRITO DIFUNDIDO POR SUS FAMILIARES, EL EX SUBSECRETARIO DE COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA SE DIRIGIÓ HACIA LA JUSTICIA CHAQUEÑA Y EL PÚBLICO EN GENERAL PARA REAFIRMAR SU INOCENCIA E INDICAR LOS MOTIVOS POR LOS CUALES ENTIENDE QUE EN SU CASO RESULTA URGENTE REVISAR LA JUSTIFICACIÓN DE SU PRISIÓN PREVENTIVA.

El ex funcionario lleva un año y ocho meses detenido en el marco de la causa conocida como Lavado I, más precisamente en las actuaciones que lleva adelante la jurisdicción provincial.

La carta

“Me encuentro en una situación muy particular que me exige dirigirme abiertamente a jueces y fiscales con el fin de que la acción penal pueda alcanzar sus objetivos de la manera más eficaz posible.

Sin duda comparten la opinión de que aunque el 60% de la población carcelaria no tenga condena, no debe retrocederse un paso en la convicción de que cada vida inocente que se priva de su libertad es el resultado menos esperado de la persecución penal.

En este contexto, la facultad de dictar prisiones preventivas es en todos los casos una responsabilidad muy delicada en la tarea de impartir justicia.

Por ello pretendo expresar los motivos por los cuales en mi caso el sistema jurídico penal afronta el riesgo de detener personas por error de una manera especialmente innecesaria y desmedida.

No pretendo que se analicen los hechos previamente al juicio; tampoco reiterar que está dado el espectro completo de condiciones por las cuales no hay riesgo procesal, lo cual ya fue planteado en distintas instancias.

Lo particularmente alarmante es que se me mantiene preso por la mera falta de precisión en la definición formal de las firmas que se me cuestionan, donde se demuestra la razón precisa por la cual desconozco los hechos que se me imputan. Se trata de una simple incongruencia entre el lenguaje penal y el administrativo, es decir, una cuestión abstracta que se resuelve lógicamente antes de abordar los hechos.

No hay nada en la causa que permita confundir que estas firmas no constituían una decisión sino una convención, que estaban sujetas a un principio de confianza según el cual los mismos proveedores confeccionaban sus propios respaldatorios de servicio cumplido bajo su buena fe, que Fiduciaria era la encargada de solicitarlos y que luego los enviaban de a miles para su archivo en el área administrativa de la subsecretaría que funcionaba bajo sus correspondientes cargos directivos.

Naturalmente, esto significa de manera unívoca que en la totalidad de los casos las firmas fueron de buena fe, no por pecar de ingenuo, sino porque así estaba diseñado el trámite por Fiduciaria (mucho antes de mi llegada al cargo). Esto quiere decir que, sencillamente, la gestión de la pauta no existió en la subsecretaría, más que por una tarea de archivo delegada en personal que estaba expresamente designado en la estructura orgánica para resolver cuestiones de mero trámite a ser suscriptas por el funcionario a cargo.

Esto quiere decir que más allá de que haya habido o no un trabajo impecable del personal administrativo, hoy mi situación sería la misma, ya que el proceso que concluía con la firma parece no estar reconocido en la causa como lo que es: una delegada convencionalidad administrativa, remitida a la buena fe del proveedor y que además iniciaba en Fiduciaria, es decir, sin injerencia de la dirección de administración de la subsecretaría.

La conducta penalmente reprochable, es decir, la decisión consciente de apartarse de la norma, no puede identificarse si se trata de firmas que corresponden a una tarea delegada de un procedimiento parcial, formal y rutinario.

El área administrativa de la subsecretaría no tenía ninguna posibilidad de advertir maniobras de mala fe, tenía incluso restringido el acceso informático a prácticamente toda la información administrativa, incluidos montos y todos los datos de los proveedores, y esto por orden específica de uno de los imputados de Fiduciaria, como se descubrió en la causa.

Se ve claramente por qué el típico prejuicio del “no podía no saber” es especialmente equívoco en mi caso, y lo es en muchos otros porque todo hecho de corrupción está basado en el engaño a un sistema administrativo, y eso incluye el engaño a muchas personas que están condicionadas a actuar en sólo una parte del proceso y por lo tanto remitirse a la confianza del resto.

Es una experiencia totalmente irreal estar preso por circunstancias tan comunes, que están totalmente expuestas en la causa, y que son parte de la vida cotidiana de toda la ciudadanía: en primer lugar, que los funcionarios o jefes en general firman los trámites rutinarios del personal, y en segundo lugar, que el trámite se basaba en una natural convención administrativa, como en todos los trámites que requieren declaraciones juradas o como las certificaciones de domicilio que se extienden contra la presentación del documento, por mencionar el ejemplo más conocido.

Como era previsible, sin reconocer esto la causa deriva en identificar y detener como el partícipe de un supuesto robo de 70 millones a una persona sin posesiones ni ahorros, que todavía vivía con sus padres y que ni siquiera estaba en condiciones de independizarse, como saben bien todos los que me conocen. No debería hacer falta mencionar estas trivialidades pero es necesario expresar en toda su dimensión lo grotesca que es la situación que estoy viviendo yo y toda mi familia.

Soy inocente en el sentido más completo de la palabra: no tuve ni conocimiento ni sospecha de los hechos. Puedo decirlo públicamente porque lo saben quienes me conocen y quienes me vieron ejercer la función pública durante dos años, pero además porque sólo se requiere entender el trámite en cuestión, que incluso para el más escéptico constituye un indicio totalmente insuficiente, y, al contrario, representa más motivos para suponer una amplia distancia respecto del lugar de los hechos.

A esta altura, puede considerarse sobradamente cumplido en mi caso el objetivo de evitar supuestos riesgos de entorpecimiento de la investigación a través de la medida más drástica; la justicia chaqueña ya ha manifestado en distintos fallos que estos riesgos han cesado en marzo de este año cuando cerró la investigación.

En mi caso no existe hoy más que una presunción para sostener el segundo motivo de la prisión preventiva, el riesgo de fuga, lo cual entra explícitamente en contradicción con la reciente reforma al respecto que indica, intentando reducir las ambigüedades que dejan librada a la suerte la interpretación de la ley, que no es posible basarse en una presunción abstracta sino en una circunstancia concreta.

Llevo 1 año y 8 meses detenido y esta situación puede extenderse por el doble de tiempo si el juicio se sigue retrasando y no se me permite defenderme. Me resisto a suponer que un contexto político pueda motivar la aplicación de medidas inconducentes; me inclino a entender que la dificultad surge de los intrincados dilemas jurídicos que desaniman los canales de comunicación para la solución eficiente de problemas, dando paso a las especulaciones de que las arbitrariedades se deben a cuestiones políticas, interfiriendo con más ruido el proceso jurídico.

Esta situación constituye además un serio problema funcional y laboral dentro de la institución, ya que los abogados defensores se ven imposibilitados de obtener resultados aunque se den todas las condiciones necesarias y se recurra a todos los argumentos posibles, con lo cual su trabajo pierde todo su valor, tanto en relación a su defendido como a lograr que se haga justicia.

Por eso entiendo la necesidad de esclarecer las ambigüedades de mi caso para salvar con un mínimo de racionalidad consecuencias innecesarias y lamentables que van en desmedro de la acción penal. Comparto plenamente el objetivo de la causa pero cada día que paso detenido es un día menos que se hace justicia.

Con respecto a los últimos reclamos mediáticos a nivel nacional de los detenidos por casos relacionados a la política, más que un freno a la persecución lo que urge demandar es la validez en la práctica de la presunción de inocencia, que se garantiza impidiendo que la justicia actúe mediante conjeturas abstractas, como lo permite la imprecisión de los fundamentos de la prisión preventiva, así como la gran vaguedad de la figura de la asociación ilícita, que ha tomado protagonismo en causas relacionadas con la política porque permite convertir cualquier irregularidad administrativa en una banda organizada, y permite denegar excarcelaciones por su supuesta gravedad.

La lucha contra la corrupción debe profundizarse, pero sus resultados serán absolutamente adversos mientras no se tenga seriamente en cuenta que no puede suponerse en ningún caso el complot de todo el entramado administrativo, lo cual significa que el riesgo es total si se encarcela sin otro motivo que participar del trámite, como si fuera el sinónimo de participar en una banda.

El problema más acuciante es que la sociedad queda sin garantías de un sistema que la proteja, con la consolidación de prácticas que son impermeables a la aplicación del sentido común.

De ahí que no pretendo ingresar al debate jurídico especializado, sino aportar mi mirada como ciudadano común, en el entendimiento de que hacer valer la natural racionalidad humana es el principio primordial para que las herramientas jurídicas se provean de sentido.

Más allá de cualquier tecnicismo jurídico, la gente común que hace su vida en paz supone que si están dadas todas las condiciones racionales para no recibir un castigo, no lo recibe. No sólo por prerrogativa constitucional sino por un sentido humano, la justicia debe proteger antes que nada este acuerdo básico para la paz social y actuar en consecuencia”.