Reporte 24

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SE APROVECHAN DE LA NECESIDAD DE LOS MÁS VULNERABLES

Dos comercios que intentaron cobrar recargos y obligar a gastar los fondos totales en las compras con tarjetas Alimentar fueron clausurados por los incumplimientos.

Mientras las tarjetas para combatir el hambre en la Argentina continúan repartiéndose por el país, dos comercios intentaron aprovecharse de la necesidad de los beneficiarios, pero fueron identificados y cerrados. Se trata de dos supermercados ubicados en Almirante Brown y Concordia, Entre Ríos, quienes aplicaban recargos por el uso del plástico.

Según se indicó en un comunicado, la municipalidad de Almirante Brown, comandada por Mariano Cascallares, el comercio ubicado en las calles Vucetich y Lahille,¿ de la localidad Ministro Rivadavia, fue clausurado por "aplicación de recargo en el uso de la tarjeta Alimentar". El caso se pudo detectar a partir de "denuncias puntuales por intento de cobro de una comisión del 10 por ciento por el uso de la tarjeta y el intento de imposición de tener que gastar el total del monto de la tarjeta".

En ese marco, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aclaró que "ningún comerciante debe cobrar recargo o comisión por la Tarjeta Alimentar", al tiempo que resaltó: "No vamos a tolerar abusos ni maniobras especulativas o irregulares".

"Esta es una política de Estado, que encabeza el presidente Alberto Fernández, para un país que tiene un problema de hambre y de malnutrición. No puede haber hambre en la Argentina", enfatizó el funcionario que tiene a su cargo la distribución de las tarjetas.

En esa línea, Cascallares señaló que es "muy importante" que los vecinos y vecinas "tengan precios de referencia confiables para cuidar la mesa de los argentinos".

Un caso similar se dio en Concordia, donde existe un programa de seguimiento y control realizado por la Municipalidad. La tarjeta alimentaria es recibida por las madres y padres con hijas e hijos de hasta 6 años que al momento estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas a partir de los 3 meses que actualmente perciben la asignación por embarazo, y personas con discapacidad que reciban la AUH.

 

27 ENERO 2020 REPORTE24//

UN DOCUMENTO DE LA SIGEN MARCA QUE SOLO SE HIZO UN 0,15% DE LAS RUTAS ANUNCIADAS. SEVERAS FALENCIAS QUE EXPONEN LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO DE CAMBIEMOS.

El ex ministro de Transporte de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, y el ex titular de Vialidad Nacional en el gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, se fueron de la gestión con más mentiras que obras ejecutadas. Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) destruye lo actuado en la administración macrista en una de las mayores promesas amarillas: el "Plan vial Federal 2016-2019".

En ese marco, Macri había anunciado que en su gestión se habían construido 7.500 kilómetros de nuevas autopistas y rutas seguras. Sin embargo, un documento de la Unidad de Auditoría Interna, al que accedió El Destape, detectó que hasta 2018 hubo "un bajo grado de avance".

No solo eso, también deja mal parado a Macri. Pese a lo que dijo en medios y actos, oficialmente, el desafío de Cambiemos eran "2.800 kms. de autopistas, 4.000 kms. y 13.000 kms. con una inversión de 200.000 millones de pesos". Más grave aun, es el análisis sobre el programa Rutas Seguras ya que "prácticamente no registra avances". En relación a esto, describe: "Se ejecutaron 6 de los 4.000 kms., un 0,15% de lo anunciado".

En cuanto a las estadísticas relevadas, en el período 2016-2018, surge que solo se finalizaron 365 kilómetros de autopistas iniciadas a partir de 2016, "lo que representa un 13% de los 2.800 kms." previstos en el plan. Sobre las pavimentaciones realizadas, detalla que se hicieron 1832 kms. y rehabilitaciones en 6144 kms., "lo que en conjunto representa un 61% de los 13.000 kms. previstos".

En resumen, se registraron "primordialmente" obras de repavimentación y "escaso y nulo avance" en los programas Autopistas y Rutas Seguras. Asimismo, el informe advierte la discriminación que hizo Cambiemos al momento de realizar obras. "Concentración de obras en los distritos que poseen una mayor densidad de Red Vial y un mayor tránsito, y escasa asignación de obras a las provincias más alejadas y menos pobladas del país", describió.

En este contexto, Dietrich e Iguacel podrían ver comprometido todavía más su frente judicial. De hecho ya están imputados por un millonario negociado en los peajes.

Fue tal la negligencia en el diseño del plan macrista, que Cambiemos no precisó los puestos de control de cargas a remodelar o construir, con "significativos atrasos en el cumplimiento de las metas previstas" en este punto. Por último, de acuerdo a lo que se desprende en el informe, "no se contempló la conclusión de obras que estaban paralizadas o neutralizadas y presentaban un importante grado de avance".

La auditoria es tan lapidaria que hasta dejó sin palabras a la gestión de Dietrich. Según reza el documento, tras darle la posibilidad de que opine sobre estas observaciones, "en virtud de no haberse recibido respuesta y al encontrarse vencido el plazo para emitir comentarios, se considera que las mismas tienen carácter de definitivas".

Graves faltas marcadas en este informado en los primeros tres años del macrismo. Falta el de 2019 que, según estiman fuentes oficiales, será aún más duro. El ajuste, la recesión y el incremento brutal de la deuda externa llevaron a paralizar las obras y ni se iniciaron nuevas.

 

24 ENERO 2020 REPORTE24//

LA INTERVENTORA DE LA AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, CRISTINA CAAMAÑO, SE REUNIÓ CON LA PERSONA QUE AUDITARÁ EL CUESTIONADO DINERO DE LA ENTIDAD.

Se dio a conocer el organismo controlará los fondos de la Agencia Federal de Inteligencia. Será la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación que conduce Carlos Antonio Montero desde la asunción del presidente Alberto Fernández. Esta será la primera vez que un ente tendrá esta facultad sobre los servicios de Inteligencia.

Montero ya recibió en su despacho a Cristina Caamaño (foto), interventora de la AFI designada por esta nueva gestión tras la salida de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los jefes de los espías durante el macrismo.

En un comunicado oficial, la SIGEN informó que "el encuentro tuvo como finalidad el diseño de una estrategia conjunta para avanzar en un plan de auditoría que transparente el accionar de la agencia".

Esto sucede tras el Decreto 52/2019, donde el Presidente de la Nación dispuso la intervención de la AFI con el objeto de facilitar el reordenamiento y el rediseño integral del sistema de Inteligencia Nacional. En su discurso de asunción en el Congreso, Fernández había prometido: "Queremos impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado”. "También he tomado otra resolución: dichos fondos reservados no solo dejarán de ser secretos sino que serán reasignados para financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre en Argentina”, había afirmado el pasado 10 de diciembre.

La SIGEN se manifestó a favor de que "se reasignen para financiar políticas públicas nutricionales y educativas que resultan estratégicas para abordar la emergencia social". En el marco del encuentro, Montero calificó como “una gran evolución institucional” que dejen de existir esos fondos los cuales serán destinados a quienes más lo necesitan.

Asimismo, el titular de este organismo que funciona como un órgano rector del sistema de control interno del Sector Público Nacional aseguró: “Desde SIGEN vamos a llevar adelante un trabajo de control que esté en total sintonía con la voluntad política del Presidente, que nos plantea terminar con la concepción de un Estado secreto”. De la reunión también participaron los síndicos generales adjuntos de la Nación, Irma Miranda y Máximo Borzi de Lucía.

Hasta hoy, el único lugar para controlar a la AFI era la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia que funciona en el Congreso. Pero la misma no podía revisar los fondos reservados.

LOS CUESTIONADOS FONDOS DE LA AFI

Todos los fondos que manejaba la AFI eran reservados hasta esta decisión de Alberto Fernández. Ocurría desde 2016, cuando el expresidente Mauricio Macri les devolvió el carácter secreto a los recursos de los espías. Lo había hecho a través del decreto 656 del 6 de mayo.

El presupuesto de 2018 fue de $2.178,7 millones. Y para 2020, el gasto previsto en inteligencia por la gestión de Macri superaba los $10.100 millones. Estos datos surgían de la denominada Cuenta de Inversión, una enciclopédica memoria que la Casa Rosada le envía cada año al Congreso.

Cuando la ex presidenta Cristina Kirchner disolvió la ex SI y creó la AFI en enero de 2015 a través de su jefe, Oscar Parrilli, el organismo estableció un “Régimen de Administración de Fondos de la Agencia Federal de Inteligencia” que definía los gastos que debían ser clasificados como públicos y cuáles podían mantenerse sujetos a una clasificación de seguridad. Sobre los secretos, debían realizarse actas mensuales en las que constara el destino del dinero. Sin embargo, todo concluyó con Macri. Ahora, se terminaron los denominados "fondos reservados" y los controlará la SIGEN.

 

24 ENERO 2020 REPORTE24//

FUERON DESAFECTADOS, PERO SE QUEDARON CON MATERIALES DE TRABAJO DEL ORGANISMO NACIONAL Y DEJARON CUANTIOSAS MULTAS DE TRÁNSITO IMPAGAS.

POR CARLA PELLIZA|Amigos de los escándalos, gerentes macristas fueron desafectados de la Dirección Nacional de Vialidad pero se llevaron varios bienes correspondientes a ese organismo, entre los que están discos rígidos, celulares, computadoras e incluso autos. Además, utilizaron los vehículos oficiales para uso personal, algo no permitido por la legislación, y acumulan cuantiosas deudas por infracciones de tránsito.

Formalmente, quienes se desempeñaron como directivos del PRO durante la última gestión, fueron desafectados del organismo a partir del 1 de enero del corriente año. Sin embargo, lejos de tomárselo con agrado, enviaron cartas documento denunciando que no pudieron entrar a la Dirección que depende de Obras Públicas y quieren ser indemnizados.

Según pudo saber El Destape, los exfuncionarios se quedaron con varios de los bienes correspondientes a Vialidad y el organismo busca su restitución. Todos ellos percibieron, hasta diciembre, sueldos superiores a los $155.000, los más altos llegaron a casi $250.000, y aún así decidieron dejar en sus manos "souvenirs".

Puntualmente, según se detalla en el sistema de gestión del Estado, Roger Botto, quien se desempeñó como coordinador General de Licitaciones y Contrataciones con un sueldo de $220.946, tiene en su poder un disco rígido externo de 2TB. Él se desempeñó como gerente del Grupo Abertis, socio de Ausol, la sociedad concesionaria de la autopista Panamericana. Incluso fue director suplente de esta empresa investigada por la Justicia por sus negociados con Cambiemos.

Guillermo Fernández Vidal, quien se retiró de las oficinas de Vialidad dejándolas bajo llave, se quedó con un celular marca Samsung, una notebook Dell y un auto Ford Focus. Este hombre ocupó el cargo de coordinador de Procesos y Actos Administrativos con un ingreso de $172776.08 a diciembre de 2019.

Similar es el caso de Ricardo Stoddart, quien fuera jefe del Servicio de Asuntos Jurídicos con un sueldo de $245796.38, que se llevó dos celulares Samsung Galaxy S6. Este funcionario fue socio en el estudio jurídico Marval, O'Farrel & Mayral, que representó a Ausol en la renegociación de la concesión de la autopista.

En la lista de funcionarios M desafectados de Vialidad y que no devolvieron bienes están Martín Pourrain, exasesor Legal Técnico Administrativo con ingresos de $158834.69, se llevó un Ipad, otro teléfono y dos notebooks y Mariano López, que tiene en su poder un disco rígido externo, un celular, una notebook y un teléfono Ip. Este último supo ser coordinador de Control de Gestión de IECSA, la empresa que fue de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri.

También figuran Alejandro Bissio, que se llevó otro aparato de telefonía móvil y un disco duro de 1TB, y Alejandro Mon, que dejó el organismo sin devolver un Samsung Galaxy S8.

Según denunciaron desde Vialidad Nacional, las gerencias aumentaron considerablemente durante el macrismo al pasar de ser 49 en 2015 a 134 el año pasado. Los puestos, sin embargo, fueron ocupados por jerárquicos que hicieron sus carreras en empresas que fueron contratistas del Estado.

Infracciones M

Si bien la legislación vigente deja en claro que los funcionarios y empleados de la Dirección Nacional de Vialidad no pueden utilizar los vehículos oficiales para uso particular, los gerentes PRO lo hicieron y dejaron cuantiosas deudas en concepto de infracciones de tránsito por más de $600.000.

Los autos del organismo deben estar destinados a la inspección de obras, control de pesos y dimensiones, supervisión de convenios, entre otros asuntos oficiales, pero los gerentes M los utilizaron para trasladarse a sus domicilios particulares y como medio de movilidad para los feriados, fines de semana e incluso vacaciones.

Ya se investiga quiénes hicieron uso de estos vehículos de alta gama y, si se toman sólo 13 casos, el perjuicio al Estado podría ser superior a los $40.000.000 en un período de dos años.

Según la documentación a la que accedió El Destape, la Dirección Nacional reconoció una suma mensual de $156529.45 por cada auto puesto a disposición del organismo. Este monto, mensual, arroja un total anual de $1.920.000, o sea unos $3.840.000 por cada funcionario en dos años. La multiplicación es sencilla y el costo al Estado podría superar ampliamente los cuarenta millones de pesos en 24 meses. El titular de Vialidad durante ese lapso de tiempo fue Javier Iguacel.

Pero no sólo hicieron uso de los autos oficiales para uso personal, sino que también cometieron infracciones de tránsito y dejaron una deuda importante. Los funcionarios M implicados son también quienes se quedaron con varios de los bienes del organismo. Pourrain, por ejemplo, tiene al menos tres multas impagas en la Ciudad de Buenos Aires y otras dos en la provincia. Ambas jurisdicciones suman una deuda de $23008.98. Las contravenciones fueron en horario de trabajo pero también se pudo constatar que utilizó el vehículo para viajar a la costa Atlántica en 2017.

Stoddart, que ingresó en diciembre de 2015, acumula cuatro multas impagas en la Ciudad y 14 en la provincia - algunas sobre traslados durante el fin de semana - por un total acumulado de $120403. Jorge Del Pup, quien ingresó en 2016 y se desempeñó como gerente Ejecutivo de Administración de Finanzas, responsable del pago de certificados de obras, utilizó uno de los autos que las empresas contratistas ponen al servicio de la Dirección, con al menos siete multas no canceladas en CABA y otras tres en PBA - también durante fines de semana - por un monto de $64018.47.

El nombre de Roger Botto también se repite en este apartado ya que, desde 2016, utilizó uno de los vehículos oficiales para uso personal y acumula la deuda más baja de todas, por $2140 correspondiente al 22 de septiembre del año pasado a una hora poco razonable, las 03:12 de la madrugada.

La investigación incluye a quien fuera gerente Ejecutivo de Planeamiento y Concesiones, ingresado en 2017, Cristie Newbery, con multas por $5796.50. Silvia Rodríguez, por su parte, designada como gerente Ejecutiva de Recursos Humanos, acumula dos infracciones por $4280 y, además de pedir una millonaria indemnización pese a tener tres años en el organismo, elude su cancelación.

El gerente Ejecutivo de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Política, Lucas Logaldo, también tuvo el beneficio de utilizar autos oficiales en beneficio propio, entre ellos el de una de las empresas contratistas. Con viajes e infracciones también durante varios fines de semana, contabiliza una deuda acumulada de $168030.

Dentro de la investigación está el uso que Eduardo Plasencia, gerente de Planeamiento, hizo de los vehículos, uno de ellos también de una contratista de Vialidad, con infracciones que sumaron una deuda de $13910. Similar es el caso de Sergio Morilla, quien se desempeñó en Sistemas, con un monto no pago por $40990, la mayoría en plena jornada laboral pero también durante sábados y domingos. Finalmente, quien estuvo en Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Política, Federico Schaer, acumuló multas por $168030.

En total, son más de $600.000 en concepto de infracciones no canceladas que pesan sobre los vehículos oficiales y que se registraron tanto en días laborales como francos. Este monto se suma al indicado para el costo fijo mensual de cada uno de los autos usados por la Dirección Nacional de Vialidad.

 

24 ENERO 2020 REPORTE24//

SE ENCONTRABA EN UN DESPACHO QUE PERTENECÍA AL EXFUNCIONARIO DE CAMBIEMOS RODRIGO SBARRA. LA CAUSA RECAYÓ EN EL JUZGADO DE JULIÁN ERCOLINI.

El ministro de Producción, Matías Kulfas, denunció el hallazgo de un sobre que tenía en su interior 10 mil dólares. Fue encontrado en el despacho que correspondía a Rodrigo Alberto Sbarra, exfuncionario de Cambiemos. La acusación, realizada a través del representante jurídico de la cartera, recayó en el juzgado de Julián Ercolini.

La particularidad es que a esa oficina del edificio de Paseo Colón al 500, se ingresa sólo mediante huella dactilar digitalizada y a través de una doble puerta.

Allí, un empleado de la nueva gestión intentó correr un mueble y dio con el sobre, que en su exterior tiene la inscripción: "Noviembre".

El pedido de investigación legal fue elevado a la Justicia ya que podría tratarse de una política de sobresueldos de la gestión macrista.

La denuncia penal quedó ratificada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo de Julián Ercolini.

Sbarra, que era la mano derecha del exministro Francisco Cabrera, fue designado a su cargo mediante el Decreto 68/2015 con fecha 14 de diciembre de 2015.

El documento, firmado por el mismo Cabrera, Mauricio Macri y Marcos Peña, lo asignaba como Subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción.

23 ENERO 2020 REPORTE24//

EL COSTO ANUAL DE LA CANASTA SE UBICÓ UN PUNTO PORCENTUAL POR DEBAJO DE LA INFLACIÓN DE 2019.

Producto del descontrol inflacionario y la megadevaluación propiciada por el macrismo, la canasta básica aumentó casi un 54% en todo 2019 y el monto llegó al borde de los $ 39.000. Sólo en diciembre, el indicador- que fija el umbral de la línea de pobreza- se incrementó por más del 3%.

De acuerdo al último informe del Indec, la variación mensual de la canasta básica total (CBT) fue del 3,6% para un hogar compuesto por cuatro personas. Esto quiere decir que, para no ser pobre, ese grupo familiar precisó $ 38.960,33. En el acumulado de todo el año, el aumento fue del 53,5%

Por otra parte, la canasta básica alimentaria (CBA)- que delimita el parámetro de la indigencia- con respecto a noviembre fue del 3,2%, mientras que la interanual trepó al 52,9%. Para el mismo tipo de hogar, se necesitaron $ 15.584,14 para no caer en la indigencia.

El organismo estadístico ya había difundido que la inflación de todo 2019 fue del 53,8%, por lo que el costo de ambas canastas se ubicó un punto porcentual por debajo del alza anual de precios minoristas. La cifra representó el valor más alto desde la hiper de 1991, con el 81% bajo la presidencia de Carlos Menem.En ese sentido también señaló la importancia de que las y los beneficiarios orienten sus compras a alimentos saludables para una buena nutrición de las niñas y los niños. “Hay muchos productores agropecuarios en las distintas zonas que pueden proveer de leche, carne, huevo, frutas, verduras, hortalizas, pan, pastas frescas y secas, y esto daría un gran impacto en la economía de las localidades”, aseguró.

Organización y celeridad

La vicegobernadora Analía Rach Quiroga destacó la organización de las distintas entregas y aseguró que se desarrollan en total normalidad y sin inconvenientes. “Celebramos que Chaco sea la primera provincia en que se realice de manera integral este operativo, que viene a traer un alivio, a reactivar la economía y a solucionar la cuestión de la emergencia alimentaria, que es urgente”, manifestó.

La ministra de Desarrollo Social María Pía Chiacchio Cavana remarcó la eficiente organización para que “en el menor tiempo posible las familias accedan a los alimentos de primera necesidad”.

Para mayor información sobre los alcances de la Tarjeta Alimentar ingresar a la página: https://www.nbch.com.ar/Personas/Tarjetas-de-Cr%C3%A9dito/Tarjeta-Tuya-Alimentar

23 ENERO 2020 REPORTE24//

LA EMPRESA GASNEA PUSO EN MARCHA LA ÚLTIMA ETAPA DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DEL NUEVO GASODUCTO DE APROXIMACIÓN A VILLAGUAY QUE PERMITIRÁ TRIPLICAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE GAS PARA ABASTECER A LOS USUARIOS LOCALES Y A LAS LOCALIDADES ENTRERRIANAS QUE CONFORMAN EL DENOMINADO “CORREDOR DE LA RUTA PROVINCIAL 20”.

Los trabajos que se iniciaron en los primeros días de enero y finalizarán en mayo consisten en el soterramiento de un gasoducto de 30 kilómetros de extensión con caños de 8 pulgadas de diámetro que se interconectarán con la traza actual de 4 pulgadas con el fin de apuntalar la expansión de la red de distribución y facilitar el acceso al servicio de nuevos usuarios.

Las obras de colocación y habilitación del nuevo gasoducto implicarán este año una inversión de 180 millones de pesos que se sumarán a los 100 millones de pesos desembolsados anteriormente en la adquisición de los tubos y elementos de cañería.

Además de potenciar las condiciones de competitividad del Parque Industrial de Villaguay, la ampliación de gasoducto también permitirá incorporar a la red de gas natural a los usuarios de las localidades cercanas de Villa San Marcial, Santa Anita, Las Moscas, Villa Domínguez, Villa Clara y Líbaros.

De esta manera y pese a las restricciones económicas originadas por la falta de actualización tarifaria, la empresa GASNEA sigue adelante con las obras más destacadas de su plan quinquenal de inversiones 2017-2021 que fuera aprobado en la última renegociación contractual con las autoridades nacionales.

21 ENERO 2020 REPORTE24//

SE INFORMA A LA POBLACIÓN Y A LOS VERANEANTES QUE CONCURREN A LA MAJESTUOSA LAGUNA TOTORA QUE EL VIDEO QUE CIRCULA POR REDES SOCIALES, EN QUE SE MUESTRA A UNA PERSONA CON POSIBLES MORDEDURAS DE PALOMETAS EN SAN COSME, ES TOTALMENTE FALSA.

Desde el municipio se lleva tranquilidad a la población asegurando que dicha información es maliciosa y falta totalmente a la verdad. El Complejo Totora recibe un estricto control de seguridad, contando con mallas protectoras y realizándose rastrillajes pormenorizados varias veces al día. Además, se desestima cualquier tipo de incidente de ese tipo ya que no se ha recibido ninguna denuncia que así lo indique.

Así mismo, se informa que se están realizando las investigaciones pertinentes para dar con la o las personas maliciosas que hicieron circular esta información falsa a fin de tomar las medidas necesarias como indica la ley.

20 ENERO 2020 REPORTE24//

TAMBIÉN HIZO REFERENCIA A LA INTERVENCIÓN DE LA AFI Y ADELANTÓ QUE "ES POSIBLE" QUE SE DESCENTRALICEN LAS CAUSAS QUE HOY SÓLO SON INVESTIGADAS POR LOS DOCE JUECES DE COMODORO PY.

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, aseguró este domingo que su cartera está "trabajando en una reforma para dar mayor transparencia y celeridad a todo el Poder Judicial" para "cambiar la imagen y el funcionamiento de la Justicia".

"Estamos trabajando en una reforma para dar mayor transparencia y celeridad a todo el Poder Judicial. No puedo adelantar mucho porque estamos trabajando. Pero el único objetivo que tenemos es cambiar la imagen y el funcionamiento de la Justicia", dijo la ministra.

En declaraciones a Página 12, Losardo apuntó: "Me parece que tenemos que modificar muchas cosas en el Poder Judicial y en los sistemas para que la gente tenga una satisfacción con la Justicia. La falta de celeridad, de eficacia y ciertos errores que se cometen en la Justicia. Se habla mucho de la mala praxis médica, de la mala praxis de los abogados, de los ingenieros, pero no se habla de la mala praxis judicial".

Además, se refirió a las detenciones de ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner y subrayó que "es tremendo que haya sentencias arbitrarias, que es una línea que roza mucho con el preso político o no político" y consideró que "hubo excesos" en el uso de la prisión preventiva durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Me parece que de lo que nos tenemos que ocupar es de que no haya sentencias arbitrarias. Se llega a esas sentencias arbitrarias por distintos motivos. Ya sea por razones políticas, por falta de independencia judicial, por razones de mal desempeño. Entonces, nosotros tenemos que hacer que en la Argentina esto no ocurra", manifestó.

También hizo referencia a la intervención de la AFI y adelantó que "es posible" que se descentralicen las causas que hoy sólo son investigadas por los doce jueces de Comodoro Py.

"Hay un cambio increíble con la incorporación de Cristina Caamaño a la AFI. Esto es muy positivo. Ella bajó una línea muy importante sobre cómo hay que trabajar y a qué se tiene que dedicar la AFI, para dejar de hacer cosas que no se deben hacer, como todos sabemos", remarcó.

Finalmente dijo: "Esto muestra lo que el Presidente quiere y hacia dónde quiere ir. Estamos hablando de una reforma en serio.

Porque no podemos vivir más en un país así. Yo creo que nos estamos asfixiando todos. A ver si paramos con las operaciones y las carpetas".

19 ENERO 2020 REPORTE24//

SE TRATA DE DISTINTAS RUTAS. UN TRABAJO EN LA RN 11, EN FORMOSA, QUE COMENZÓ EN AGOSTO DE 2015 QUEDÓ ESTANCADA CON APENAS UN 5% DE AVANCE.

A medida que pasan los días se conocen más detalles del estado en que el macrismo dejó el Gobierno. En una auditoría que se está realizando en el Ministerio de Obras Públicas surgen irregularidades de lo más diversas, sobre todo, en el área de la Dirección Nacional de Vialidad, que estaba bajo la órbita de lo que era el Ministerio de Transporte. Una de las tantas que llamó la atención de la nueva gestión es la paralización de trabajos que se habían iniciado durante el kirchnerismo. Por ejemplo, una obra en la ruta nacional Nº 11, en Formosa, comenzó en agosto de 2015 y en la actualidad registra solo un 5% de avance.

En una auditoría interna que se realizó durante la administración anterior en Vialidad, donde se analiza el Plan Vial Federal 2016-2019, adelantaron la problemática que ahora se hace evidente: según ese informe, el plan “no contempló la conclusión de obras que estaban paralizadas o naturalizadas y que presentaban un importante grado de avance al momento de su formulación”. Eso salta a la vista en la revisión que se está realizando en la cartera que conduce Gabriel Katopodis.

A continuación, algunos casos que dejaron de avanzar por falta de asignación presupuestaria o temas técnicos que no pudieron resolverse:

Rehabilitación de calzada de la ruta nacional (RN) 34, en Santa Fe.

Se trata de un tramo de 32 kilómetros que une Cañada Rosquin con San Martín de las Escobas. Esa obra se inició en febrero de 2011 y el último período certificado fue en diciembre de 2018. De acuerdo a los registros a los que tuvo acceso El Destape, la obra tiene un avance del 58%, es decir, poco más de la mitad, a pesar de que pasaron nueve años del comienzo de los trabajos. Para concluir el proyecto se necesitan más de $ 88,8 millones.

Pavimentación de un camino de montaña en Mendoza, en la RN 40.

Este proyecto, que arrancó en febrero de 2013, es decir, hace casi 7 años, abarca 63,35 km y los registros arrojan un avance de apenas el 34%. El último período certificado fue noviembre de 2017. Se calcularon casi $ 800 millones para poder terminar la obra.

La duplicación de calzada en una autopista urbana, colectoras y cruces a distinto nivel en la RN 22, en Río Negro.

Es un trabajo de 22km en un tramo que une Chichinales con Cipolletti. La obra empezó en febrero de 2012 y tiene un avance del 25%. El último período certificado es de septiembre de 2018. Se estiman unos $ 738 millones para finalizar la obra.

La construcción de un camino pavimentado en zona rural para el acceso a distintas localidades, en Entre Ríos.El último certificado de obra es de noviembre de 2018. Los registros arrojan un saldo vigente de mil millones de pesos.

Los trabajos se iniciaron en julio de 2013 y tienen un avance del 53%.

   Duplicación de calzada en Autovía Rural en la RN 11, en Formosa.

La particularidad de esta obra es que comenzó en agosto de 2015 y tiene apenas un 5% de avance. La última certificación de obra es de febrero de 2016. Según el trabajo de Vialidad, se necesitan 440 millones para concluir el proyecto. "El gobierno de Mauricio Macri paralizó muchas obras que Vialidad Nacional tenía en la provincia", afirmaron desde el gobierno de Gildo Insfrán e interpretan que detrás de esa decisión no solo hubo una cuestión económica sino también política.

Un dato sintetiza esta situación: en 2019, Vialidad Nacional tenía un presupuesto asignado de $ 96.000 millones, de los cuales solo se ejecutaron $ 55.000 millones, lo que representa un 57% del total, apenas un poco más de la mitad.

La paralización de obras durante el macrismo, que pretendió mostrar una gestión potente en el “hacer”, fue una constante. Más allá de que el expresidente Mauricio Macri se mostrara en la inauguración del Paseo del Bajo, menos de tres meses antes de las PASO, golpeando el asfalto diciendo “este pavimento que estoy tocando no es relato, es real”, lo cierto es que los números de su gestión reflejan lo contrario.

El Plan Federal Vial prometía 2.800 km de autopistas, 4.000 km de rutas seguras y 13.000 km de pavimentación con una inversión de $ 200.000 millones. El informe de la auditoría interna de Vialidad, realizado durante la administración anterior es contundente: solo hubo un avance del 13% en autopistas, 0,15% en rutas seguras y un 61% de pavimentación, que incluye 1.832 km de pavimentación y 6.144 km de “rehabilitaciones”. Según indicaron desde la cartera de Katopodis, las 5 obras inconclusas que se mencionan en esta nota formaban parte del mentado plan vial.

El plan en cuestión no fue formalmente aprobado y no tuvo oficialmente definidos sus objetivos, lineamientos, metas y montos anuales de inversión. Además, presenta un bajo grado de ejecución, con un escaso o nulo avance de los programas de autopistas y de Rutas Seguras. Y no contempló la terminación de obras.

La paralización de proyectos se suma a otra serie de irregularidades que se encontraron en lo que era el Ministerio de Transporte, que estaba a cargo de Guillermo Dietrich, uno de los ministros más complicados en tribunales en la actualidad por las denuncias en su contra.

Otra irregularidades

Además del alarmante estancamiento de la obra pública vial, según surge de una auditoría que está realizando la gestión de Katopodis, en los últimos 4 años se amplió de forma exorbitante la planta gerencial, tal como venían denunciando desde los sindicatos de vialidad: el macrismo creó en la Dirección Nacional de Vialidad 85 nuevos cargos. Concretamente, se pasó de 45 en 2015 a 134 en el período 2016-2019, lo que generó un aumento de la estructura gerencial de esa dirección del orden del 173%.

Además, se creó la categoría de Gerente Ejecutivo que tenía un sueldo bruto promedio de $ 230 mil. Los gerentes ganaban $190 mil.

Así las cosas, la dirección de Vialidad terminó teniendo gerentes ejecutivos designados que no eran personal de carrera sino que, en muchos casos, provenían de empresas concesionarias. Al menos dos se manejaron como si estuvieran en la actividad privada tras la asunción de Alberto Fernández como Presidente. Con el cambio de gobierno no querían dejar el cargo. Fueron despedidos y ahora pretenden ser indemnizados, indicaron desde Obras Públicas.

Se trata de los casos del gerente ejecutivo de Licitaciones y Compras, Roger Emmanuel Botto. ¿De dónde provenía Botto? Fue gerente del Grupo Abertis y director suplente de Autopista del Sol S.A (Ausol S.A), que es concesionaria de Acceso Norte. Justamente, Albertis era controlante de Ausol -estaba presidida entonces por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez- y era socia del Grupo Macri.

El otro gerente que se quiso atornillar al cargo fue Ricardo Stoddart, quien era gerente ejecutivo de Asuntos Jurídicos de Vialidad. ¿Cuál era el pasado de Stoddart? Era socio en Marval O'Farrel & Mayral, el estudio jurídico que representó a Ausol S.A en la renegociación del contrato de concesión. El gobierno de Maci le pagó a Ausol (donde la familia del expresidente llegó a ser accionista) u$s 500 millones para cerrar una demanda en el CIADI por supuestos atrasos tarifarios. Todo indica que el pago fue irregular por lo que hay una causa penal en trámite que complica al expresidente.

En lugar de dar un paso al costado tras el cambio de administración, tanto Botto como Stoddart enviaron una carta documento solicitando se aclare su situación laboral e indemnización.

A esto se suma, según informaron desde el ministerio que conduce Katopodis, que dos asesores se retiraron de Vialidad Nacional dejando sus oficinas cerradas con llaves y sin devolver pertenencias que son del Estado como autos, computadoras y celulares.