29 NOVIEMBRE 2019 REPORTE24//

SE SUMA INFORMACIÓN DE DESFALCOS HECHOS POR AUSOL, TRAS UN OBSEQUIO DE 746 MILLONES DE DÓLARES DEL PRESIDENTE A SUS EX SOCIOS.

La causa penal por la renovación de las concesiones de peajes suma elementos que complican a Mauricio Macri y demuestran los beneficios que otorgó a Ausol (acceso Norte) y GCO (acceso Oeste). A los 746 millones de dólares que, tal como reveló El Destape, Macri le obsequió a sus ex socios, ahora se suma información de que al menos Ausol realizó desfalcos por 358 millones de dólares en maniobras de autocontratación, sobrefacturación, distribución ilegal de dividendos, alquileres y compras a empresas ligadas a sus accionistas y evasión de impuestos. En total, entre el regalo de Macri y las triquiñuelas de la empresa, son más de 1.000 millones de dólares.

Los datos surgen de dos informes del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) a los que accedió El Detsape, que fueron incorporados a la causa judicial por el diputado Rodolfo Tailhade, quien denunció el caso junto a sus pares Leopoldo Moreau, Carlos Castagnetto y Adrián Grana. El expediente está en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral e involucra a Macri, al ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex titular de Vialidad Javier Iguacel.

Pese a la existencia de estos documentos del OCCOVI que recomendaban lo contrario, Macri renovó las concesiones de acceso Norte con Ausol y Oeste con GCO con 746 millones de dólares de ganancia garantizada gracias a tarifas dolarizadas y cláusulas leoninas. Los documentos del OCCOVI dan cuenta del modus operandi de Ausol para direccionar fondos hacia sus accionistas mientras reclamaba aumentos en la tarifa de los peajes, todo en un contexto en el cuál tenía ganancias extraordinarias pero terminaban derivadas en pago de deuda.

Un informe de mayo de 2015 de OCCOVI, que tiene carácter de reservado, resume que “por cada $100 de ingresos por facturación, $28,50 se destinaron a compras a empresas relacionadas y $35,30 a afrontar gastos financieros”. Es el resumen perfecto: utilizaron la concesión del peaje para tomar deuda, financiar con esa deuda empresas propias, pagar la deuda con la tarifa, vaciar la empresa y pedir entonces ayuda al Estado para renegociar las tarifas que, al final, se utilizaban para pagar deuda.

Endeudar es ganar

El OCCOVI señaló que Ausol hizo “un manejo deficiente de la empresa porque concentró toda su actividad económica en buscar financiamiento desde el exterior, pareciéndose más a un importador de servicios financieros que a un concesionario vial”. Y agregó: “Razón por la cuál en una primera apreciación no corresponde ningún tipo de renegociación contractual en los términos pretendidos por Ausol SA”. Es decir, no había ni que aumentar la tarifa de los peajes y menos aún que renovarles la concesión.

El esquema utilizado por Ausol, según describió el OCCOVI, era el siguiente: tomaba deuda en dólares para financiar obras y otras contrataciones que realizaba con empresas que eran propiedad de sus accionistas. Esa deuda la pagaba con los ingresos por la recaudación del peaje, para lo cuál pidió sistemáticamente aumentar las tarifas ya que facturaba en pesos y debía en dólares. Así, el dinero ingresaba rápido vía endeudamiento y las ganancias que obtenían con esta triangulación se pagaban luego con el aporte de los usuarios del peaje. Un negocio redondo.

El OCCOVI resaltó que en 20 años de contrato Ausol no realizó aportes de capital, es decir, los accionistas no pusieron un peso y financiaron todo vía deuda, dinero que iba a las arcas de sus propias empresas y luego se pagaba con las tarifas de los peajes.

Puesto en números es más obsceno. Por cada peso que pusieron los accionistas hubo 12.827 que llegaron vía deuda. “Es decir, la política financiera de Ausol SA es no hacer aportes de capital y buscar en el mercado financiero la totalidad de los recursos necesarios para operar”, advirtió el OCCOVI.

“Todo el recurso de la concesionaria se ha destinado al pago de gastos financieros que ella misma pactó”, señaló el informe OCCOVI. Entre 1998 y 2014 “Ausol abonó intereses financieros por U$S 318.651.303”. En otro de los informes el gasto financiero trepa hasta los 577 millones de dólares.

El modelo de privilegiar endeudamiento por sobre obras o los compromisos que estaban en el contrato quedó también plasmado en el pago de las Obligaciones Negociables (ON), que se pagaron en 2014 cuando vencían en 2020.

Entre pagos a empresas con las que compartía accionistas y al sistema financiero hubo 1.045 millones de dólares, que equivalen al 64% de lo recaudado entre 2000 y 2014. Cuentas claras.

Bolsillo propio

Vialidad Nacional, manejada buena parte del macrismo por Javier Iguacel, tenía desde finales de 2015 este informe del OCCOVI donde queda claro que no sólo no había motivos para renovar las concesiones de peajes. Había incluso motivos para rescindir el contrato. Los documentos llevan la firma de Gustavo Gentili, director ejectuvo del OCCOVI, y están dirigidos a Nelson Periotti, por entonces a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad.

La clave está en las contrataciones, donde reinó el oscurantismo y, según el organismo de control, “corresponderían 21 sanciones graves y con la aplicación de solo tres (3) sanciones graves estaríamos en condiciones de rescindir el contrato”. Los documentos citan informes anexos. El número 31, referido a Ausol, habla de la falta de transparencia en las contrataciones, tanto a empresas de sus propios accionistas como hacia otras.

El monto de estas maniobras irregulares supera los 525 millones de dólares. Hasta diciembre de 2013 constan contratos con sus empresas asociadas por 468 millones de dólares. El detalle es el siguiente.

Un caso notable es el rubro Asistencia Técnica, por el cual desviaron 111 millones de dólares. Ausol ganó la licitación de esa autopista por sus antecedentes y su respaldo técnico, pero durante años le pagó montos millonarios y en dólares en concepto de capacitación a Abertis, multinacional española que años después terminó como principal accionista de Ausol. Esa capacitación fue por un contrato de asesoramiento por 1.800.000 dólares anuales, actualizado en dólares y hasta la finalización de la concesión, por el cual se capacitaron 11 personas de las cuales, al momento del informe del OCCIVO, solo quedaban 4 en la empresa. “Lo temas de asesoramiento en algunos casos llegan a lo insólito -por llamarlo de alguna manera-, como la capacitación con ellos mismos para renegociar u deuda o simplemente el pago de U$S 156.000 por una video conferencia”, señaló el OCCOVI.

“La realidad económica de esos contratos no es más que la distribución de una parte de la ganancia obtenida”, sentencia el organismo regulador, que agregó: “Parecería entonces que la intencionalidad deliberada de AUSOL ha sido la de crear un mecanismo que permita distribuir un mismo monto de dinero en forma mensual y constante desde el inicio de la concesión (1994) hasta el fin de la misma (2020) bajo la figura de asesoramiento y similares”.

Otra salida de dinero fue la sobrefacturación de obras a empresas conformadas por los mismos accionistas que Ausol. Un ejemplo, la UTE CONSTRUCCION, contratada desde 1995 hasta el 2002, donde según el OCCOVI “se constataron sobrefacturaciones en el orden del 30,14% la cual habría generado una distribución de dividendos encubierta en U$S 79.716.818,50”. Algo similar sucedió con gastos en “Alquiler de equipos” con sobrecostos cercanos al 30% y distribución ilegal de dividendos por 26 millones de dólares. La única vez que Ausol distribuyó dividendos de forma legal fue en el 2000, por 30 millones de dólares.

Por otro lado, el OCCOVI encontró ingresos por áreas de servicio y explotaciones complementarias por 107 millones de dólares que no se incorporaron a los balances de la empresa y que obtuvo sin costos.

Las facturaciones apócrifas se llevaron un capítulo del informe. El proveedor Serbeco le alquiló maquinarias entre 2003 y 2015 por 12 millones de dólares mientras que Urbaser proveyó servicios de limpieza de oficinas y estaciones de peaje por casi 15 millones de dólares. De Serbeco no hay registros de los trabajos y de Urbaser es de ACS, multinacional que compró Abertis y por ende Ausol.

Hay también beneficios irregulares a los accionistas por: un convenio de garantías por 4 millones de dólares; intereses por préstamos por 5.416.063 millones de dólares; compras de bienes de uso a los propios accionistas por casi 12 millones de dólares con 70% de sobreprecio; no realizar carriles ni repavimentaciones por 98 millones de dólares; adicionales tarifarios para carriles por casi 13 millones de dólares; evasión del impuesto de sellos por casi 11 millones de pesos; entre otras.

El OCCOVI concluye lo siguiente. El contrato de concesión tenía una “razonable rentabilidad” del 7% pero Ausol obtuvo 358 millones de dólares por encima de eso.

El informe 17 analizado por OCCOVI sobre rentabilidad de la concesión mostró que “por prestaciones contratadas con accionistas y con uniones transitorias de empresas integradas por accionistas, se desembolsaron desde el inicio de la concesión y hasta el 31-12-2014 U$S 473.611.509”.

Los nombres no se agotan en esas empresas. La información que vuelca el OCCOVI dice que Ausol tuvo como accionistas a Impreglio, Dycasa, Abertis, Iglis, Sideco, Aurea y ACS y “sistemáticamente realizó contratos de transferencia de tecnología, asesoramiento técnico, liquidación de contratos y gerenciamiento” con ellas.

Negoción

“El concreto de concesión de Ausol SA ha sido un excelente contrato para esa compañia”, señala el informe de OCCOVI datado el 11 de noviembre de 2015. Habla de las concesiones de los accesos Norte, Oeste y Ricchieri otorgadas el 15 de julio de 1994 por Carlos Menem, plasmadas en el decreto 1167. El acceso Norte quedó para Autopistas del Sol, un consorcio del que participaba por entonces la familia Macri; el Oeste para el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), consorcio comandado por Benito Roggio que pasó años más tarde al control de la española Abertis; la Ricchieri para AEC SA. El plazo original de las concesiones era 22 años y ocho meses, es decir, hasta el 2017.

El OCCOVI encontró 770 actas de constatación de incumplimientos contractuales. Y, en el informe reservado de mayo de 2015, dio cuenta de las altas ganancias de Ausol. Allí citan una Carta a los Accionistas de Ausol donde les informan respecto a la EBITDA, indicador de beneficios de la empresa antes del pago de impuestos e intereses. Es un dato clave a la hora de analizar el devenir de una empresa y, en el caso de Ausol, arroja un resultado notable: superó a las principales empresas del país. Del 2000 al 2014 tuvo un promedio EBITDA sobre ventas del 46%, superior a empresas con YPF (33%), Tenaris (26%), Telecom (31%), Petrobras (18%), entre otras.

En 2015, Ausol insistió con renegociar el contrato. “Realmente un absurdo”, sostuvo el OCCOVI. El informe detalla que Ausol “reclama 6.637.000.000 por el pasado y pide que a partir de ahora se le incrementen las tarifas, no realizar inversiones” y que el contrato se prorrogara hasta el 2035. En esos momentos el dólar rondaba los 9,5 pesos. Una simple división muestra que esos 6.637 millones de pesos que reclamaban son casi los 746 millones de dólares que Macri les otorgó pese a que la recomendación del OCCOVI era clara: “Realmente absurdo”. Tan absurdo que el OCCOVI calculó que eso era equivalente al 7442% de su capital y mayor al patrimonio neto de 71 de las 85 empresas que cotizan en la Bolsa porteña.

El órgano que regula las concesiones viales dijo que esta oferta de Ausol era inaceptable. Pero llegó Macri y todo cambió. Apenas asumido Macri, la principal accionista de Ausol, la española Abertis, demandó al país ante el CIADI por 1.793 millones de dólares como método de presión para el acuerdo para renovar sus concesiones.

A cambio de que Macri les garantizara 746 millones de dólares de ganancia los españoles dieron de baja el juicio ante el CIADI. Pero todo tenía trampa. Los convenios, tal como reveló El Destape, establecieron en el punto 15.6 del acta dice que el desistimiento de juicios sólo corre si el acuerdo se cumple en su totalidad y no hay ninguna modificación por parte del Estado. A su vez, menciona que ante cualquier cambio, por mínimo que sea, la empresa podrá “reclamar bajo el derecho local e internacional sus derechos preexistentes”. Según varias fuentes especializadas en la redacción de este tipo de acuerdos, esta letra deja abierta la posibilidad de juicios deliberadamente. O sea, si Alberto Fernández interviene en este escándalo se activarían automáticamente nuevos juicios en el CIADI.

SELVA MARINA PÉREZ: “LA SRA. CHIARAPICA NOS ESTAFÓ EN LA FUNDACIÓN Y A UN MONTÓN DE GENTE”

27 NOVIEMBRE 2019 REPORTE24//

CINCO FISCALES GENERALES ANALIZARON LA REBELDÍA DE STORNELLI Y DECIDIERON QUE DEBE ENFRENTAR UN JURY. LA ÚLTIMA PALABRA LA TIENE EL PROCURADOR GENERAL QUIEN ESTÁ ESPERANDO QUE SE CONCRETE LA INDAGATORIA PARA DECLARAR ABSTRACTO EL PLANTEO DEL CONSEJO

El fiscal federal Carlos Stornelli evade un llamado a indagatoria desde hace ocho meses en el marco del D’Alessiogate. En un giro de 180 grados, el pasado 11 de noviembre presentó un escrito en el juzgado federal de Dolores en el que dijo que se ponía a derecho, por lo que pidió que se fije una audiencia para poder declarar. El cambio de postura tuvo una razón: el Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal, que estaba analizando su rebeldía, concluyó que se lo debía enviar a juicio político dado que así lo establece la Ley de Fueros (25.320). Si bien no es vinculante, el dictamen del consejo puso en aprietos al Procurador General interino, Eduardo Casal, quien tiene la última palabra sobre el futuro de Stornelli. Esto precipitó la decisión del fiscal con asiento en los tribunales de Comodoro Py, quien se apresuró a difundir que declararía en la causa por espionaje ilegal. Lo cierto es que eso aún no sucedió. Stornelli repitió sus evasivas y pidió postergar la audiencia que tenía pautada para el 15 de noviembre. Fue convocado para este viernes. Mientras, Casal mantiene este dictamen del consejo en estricta reserva: espera que el fiscal se presente para poder considerar abstracto este planteo que tanto le molesta.

Según pudo reconstruir El Destape, los fiscales generales Alejandro Alagia, Irma García Netto y Guillermo Pérez de la Fuente consideraron que debe abrirse “la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal”. En criollo: debe enviarse a Stornelli a juicio político. Los tres hicieron referencia al artículo 1° de la Ley de Fueros (25.320) que es muy clara respecto a la rebeldía: “El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político”. También hubo referencias al Reglamento Disciplinario para los Magistrados del MPF.

Por su parte, Oscar Ciruzzi consideró que Casal debía intimar al fiscal rebelde “bajo apercibimiento de dar curso a la suspensión adelantada por mis colegas según procedimiento de estilo al respecto”.

El único que se inclinó por archivar el expediente interno contra el fiscal de la causa de las fotocopias fue Julio Piaggio.

Respecto al otro expediente administrativo que tiene Stornelli en el MPF, en el que se investigan las 8 imputaciones que tiene en Dolores, los cinco integrantes del Consejo Evaluador coincidieron en disponer “la suspensión del trámite disciplinario a resultas de la causa judicial”.

Consultados por este medio, desde la Procuración dijeron que el dictamen del consejo es reservado y no quisieron brindar detalles sobre el mismo. Pero informaron que Casal “espera que el viernes vaya a declarar” para resolver sobre este planteo. Si Stornelli se presenta, consideraría abstracto lo sugerido por el consejo.

“¿Y si el fiscal no se presenta ante Ramos Padilla?”, repreguntó este cronista. “Lo mandamos al jury”, respondieron.

Los argumentos

Según Alagia “corresponde aplicar el art. 1 de la Ley Nacional de Fueros 25.320 en cuanto dispone que respecto del funcionario o magistrado que no concurriese a prestarlas ante el tribunal, deberá solicitarse su desafuero, remoción o juicio político”. Por tal sentido, consideró que debe abrirse un jury contra Stornelli. “Ello por cuanto, la remoción por jury de enjuiciamiento para magistrados y fiscales cuando tiene por motivo la comisión de delito exige una declaración judicial en ese sentido técnico y esto nunca sería posible si no se remueve la inmunidad de arresto”. Son justamente los fueros sobre los que se ampara el fiscal para no presentarse a declarar en Dolores. “Por esta razón, la propia reglamentación del Ministerio Publico establece la suspensión del régimen disciplinario interno a las resultas de una decisión judicial que declare la existencia de la comisión de un delito”, añadió Alagia.

Por su parte, García Netto y Pérez de la Fuente resaltaron que “la no presentación a la citación cursada por el juez y la situación de rebeldía se renueva con cada momento de su incomparecencia”. Con lógica, ambos argumentaron que “la única manera de cesar en esa falta grave es la presentación inmediata ante el Juzgado Federal de Dolores a fin de cumplir con la declaración indagatoria a la que ha sido citado en reiteradas oportunidades”. Y como Stornelli no puede ser obligado a presentarse “porque ello afectaría su derecho de defensa, estimamos que el Sr. Procurador no se encontraría en condiciones de efectuar intimación a tal efecto ya que la presentación solo puede ser de forma voluntaria por parte del Sr. Fiscal”. Por eso, sugirieron a Casal “que por aplicación del Reglamento Disciplinario para los/as Magistrados/as del Ministerio Público Fiscal de la Nación” y “a fin de asegurar los fines previstos por la Ley de Fueros (Ley 25.230), se ordene la apertura de la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal”.

En una postura similar a la de sus pares se manifestó Ciruzzi, quien resaltó que Ramos Padilla “posee la actividad jurisdiccional” y fue respaldado por las instancias superiores que “por ahora, convalidaron la competencia y la actuación”.

Para Ciruzzi el procurador debe “intimar al causante a que se presente ante el Sr. Juez de Dolores en el marco de la causa FMP 88/2019 bajo apercibimiento de dar curso a la suspensión adelantada por mis colegas según procedimiento de estilo al respecto”.

El único que desentonó con el resto fue Piaggio, quien hizo una defensa cerrada de Stornelli. Según Piaggio, el fiscal rebelde “goza de todos los derechos que le otorga la ley para proveer a su defensa, entre ellos el de no presentarse físicamente ante el magistrado que requiere su presencia”.

De acuerdo a este fiscal federal, la actitud de Stornelli “se trata de una ‘estrategia procesal’”. Y “resulta desubicado que a través del mecanismo de la investigación administrativa se trate de imponer conductas en un proceso penal, ordenándole -como se pretendió- su obligatoria presencia en los estrados. Allí el imputado es libre de decidir si comparece o no pues en definitiva se trata -insisto- de una especulación técnica-procesal”.

Por todo esto, sugirió que el expediente “sea archivado, considerando que el hecho atribuido no constituye falta administrativa del régimen disciplinario”.

Así las cosas, por 3 votos contra 2 o 4 contra 1, según como se evalúa el voto de Ciruzzi, Stornelli quedó a un paso del jury si no se presenta en Dolores. Algo que ratificaron desde la Procuración a El Destape.

A sabiendas de que este dictamen iba a salir a la luz, el 6 de noviembre Stornelli hizo difundir por los medios que iría a declarar a Dolores. Cinco días después presentó un escrito ante Ramos Padilla, a instancias de quien era su abogado defensor, Roberto Ribas: “Por expresas instrucciones de mi defendido solicito respetuosamente al Sr Juez que disponga una audiencia a efectos de ser oído mi asistido a los fines del cumplimiento de las normas procesales existentes”, decía el documento que se entregó el 11 de noviembre. Lo cierto es que el juez lo citó rápidamente para el viernes 15 y el fiscal inventó una nueva evasiva.

25 NOVIEMBRE 2019 REPORTE24//

RECESIÓN INDUSTRIAL, PYMES DESTRUIDAS, TASAS POR LAS NUBES. EL FRENTE DE TODOS DEBERÁ APLICAR UN FUERTE PLAN DE REACTIVACIÓN. ¿QUÉ TIENEN EN MENTE?

Ya en el final de la Argentina cambiemita, cada sector de la economía hace balances sobre el impacto que tuvo el modelo neoliberal en la actividad. Producto de la desregulación económica y la apuesta por la timba financiera, la industria pudo ver su desmoronamiento, especialmente en el último año y medio, con la explosión de la crisis. ¿Cómo hará el nuevo Gobierno para revertir la situación?

Durante la semana, la Unión Industrial Argentina informó una caída interanual del 7% en septiembre en la actividad, lo cual significó el décimo séptimo mes consecutivo con cifras negativas. En comparación con agosto, la producción retrocedió 3,3%; mientras que en el período enero-septiembre, acumuló un descenso del 7,6% respecto al mismo período del año anterior.

"El nivel de producción se encuentra en el escalón más bajo desde 2009. Los datos muestran el delicado estado de la industria, que se agravó aún más con la volatilidad cambiaria registrada en agosto, reflejada en una menor demanda interna, mayores costos y fuerte deterioro de la cadena de pagos", señaló la entidad. La dinámica se explica por cómo se desarrolló la actividad en la principal jurisdicción del país.

La provincia de Buenos Aires fue uno de los distritos más afectados por el industricidio de estos años. En lo que va del año, la industria en PBA cae 9% y opera en el nivel más bajo desde 2012, según datos recabados por el economista Sergio Chouza.

Ya el INDEC había reconocido la crisis terminal que atraviesa el sector en su informe sobre el índice de producción industrial manufacturero. El indicador descendió 5,1% en septiembre -lo que significó una retracción de 17 meses consecutivos-, por lo que la caída acumulada en los nueve meses de 2019 es del 7,8% respecto a igual período de 2018.

El informe detalló que el sector que tuvo un mayor retroceso fue “Otro equipo de transporte” que cayó 19%. También se contrajeron Prendas de vestir, cuero y calzado (-18,2); Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-16,2); Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras (-13,7); Sustancias y productos químicos (-12,3); Productos de metal (-9,4); Maquinaria y equipo (-8,7); Industrias metálicas básicas (-8,3); Productos minerales no metálicos (-4,1); Productos de caucho y plástico (-3,2) y Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (-2,2).

Un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda reveló que se destruyeron 3.500 empleos industriales por mes desde diciembre de 2015, es decir, 137.000 puestos de trabajo menos a la fecha. El cálculo surgió en base a las estadísticas de la Secretaría de Trabajo y Empleo.

En ese contexto, el presidente, Mauricio Macri, ratificó que una vez concluido su mandato seguirá “estando a disposición” del sector de las Pymes “para ayudar y cuidar que tengamos reglas claras y que en la Argentina se pueda emprender”. Fue durante un encuentro que mantuvo en la residencia de Olivos con más de 30 emprendedores de todo el país.

“Ustedes tienen la capacidad de crear y lo que nosotros tenemos que hacer es salir de estos 77 años de déficit fiscal para que vayamos hacia una moneda sana, estable, y para que vuelva el financiamiento a la vida diaria de todos los argentinos”, dijo Macri sin inmutarse ante las escalofriantes cifras que deja su gestión.

El porqué de la crisis

Es que Cambiemos generó su propia encerrona al descalibrar los principales ejes macroeconómicos:

. Propició una apertura comercial indiscriminada en sectores sensibles, lo cual generó una competencia desleal y el deterioro del mercado interno.

. El Banco Central (BCRA) elevó la tasa de interés a niveles máximos que fueron del 40% al 80%. De esta manera, el acceso al crédito se restringió de manera total.

. En ese lapso, el tarifazo elevó la estructura de costos sideralmente, producto de pasar las tarifas de los servicios y los combustibles de pesos a dólares.

. Con la devaluación, la suba del dólar implicó una disparada que no pudo ser trasladado a los precios, sino a sus márgenes, que tampoco venían siendo importantes. A su vez, la imposibilidad de importar insumos afectó a varios sectores.

El plan del Frente de Todos

En principio, lo que se desprende de las declaraciones públicas y los documentos a los que accedió este medio, la reactivación se centraría en recomponer la demanda.

Para los equipos técnicos que colaboran con el presidente electo, Alberto Fernández, las expectativas de los agentes económicos tienen una alta incidencia. Por eso, consideran indispensable devolver la credibilidad en el peso, desalentar el atesoramiento de dólares, expandir el consumo y que se recreen expectativas favorables sobre la economía local.

¿Qué medidas podrían implementarse?

Replantear el pago de tarifas de servicios públicos, aceleración de aplicación de derechos antidumpings; reinstalación de veedores en Aduana; reapertura de aduanas especiales; regulación de normas técnicas y especificaciones sanitarias y fitosanitarias “espejo” a las de principales socios comerciales.

Además, se piensa en promover la creación de una Agencia de Promoción de Exportaciones PyME que tendría las siguientes tareas: establecer líneas de pre y pos financiación para el comercio exterior; y establecer tributación –incluiría derechos a exportación y reintegros– segmentada por sector, tamaño y región, y con consideración a quienes creen empleo.

Del mismo modo, la nueva administración podría reactivar las líneas de crédito productivas del BCRA equivalentes al 25% de los depósitos totales del sistema, con cupo mínimo del 70% de ese total para las pymes. En ese caso, los bancos prestarían obligatoriamente a las pymes a una tasa subsidiada que esté 10 puntos porcentuales por debajo de la inflación esperada, según los resultados de la encuesta de expectativas que realiza mensualmente la entidad.

Por último, desde el PJ señalan la necesidad de extender y facilitar el acceso a los montos del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) y fortalecer la Comisión de Defensa de la Competencia.

22 NOVIEMBRE 2019 REPORTE24//

EL GOBIERNO HIZO OFICIAL LAS NUEVAS ESCALAS PARA EL SISTEMA PREVISIONAL.

Finalmente, el Gobierno convalidó el haber mínimo para jubilados a partir de diciembre. A través de una publicación en el Boletín Oficial, se estipuló una cifra de $ 14.067,93.

A su vez, también se indicó que el haber máximo vigente a partir del mes próximo será $ 103.064,23. Además, quedó asentado que las bases imponibles mínima y máxima de Ganancias quedarán establecidas en la suma de $ 4.893,25 y $ 159.028,80 respectivamente, a partir del período devengado diciembre de 2019.

Del mismo modo, el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), aplicable a partir del mes próximo, será de $ 6.646,22 y $ 11.254,34, respectivamente.

¿Cuándo se cobra jubilación y pensión en diciembre?

Pago habitual

.4 de diciembre de 2019 > DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

.5 de diciembre de 2019 > DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

.6 de diciembre de 2019 > DNI terminados en 8 y 9

Pago aguinaldo para las jubilados que no superen la suma mensual de $ 15.991

.9 de diciembre de 2019 > DNI terminados en 0 y 1

.10 de diciembre de 2019 > DNI terminados en 2 y 3

.11 de diciembre de 2019 > DNI terminados en 4 y 5

.12 de diciembre de 2019 > DNI terminados en 6 y 7

.13 de diciembre de 2019 > DNI terminados en 8 y 9

Pago aguinaldo para los jubilados que superen la suma mensual de $ 15.991

.16 de diciembre de 2019 > DNI terminados en 0 y 1

.17 de diciembre de 2019 > DNI terminados en 2 y 3

.18 de diciembre de 2019 > DNI terminados en 4 y 5

.19 de diciembre de 2019 > DNI terminados en 6 y 7

21 NOVIEMBRE 2019 REPORTE24//

LAS NACIONES UNIDAS DESEAN ALERTAR AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE ESAS ACTIVIDADES FRAUDULENTAS, QUE SE REALIZAN SUPUESTAMENTE EN NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS FUNCIONARIOS, A TRAVÉS DE DIFERENTES MECANISMOS DE ESTAFA.

Atención a las comunicaciones fraudulentas

Se ha informado a las Naciones Unidas de diversas comunicaciones transmitidas a través del correo electrónico, sitios web, correo postal o fax en que se afirma falsamente que han sido emitidas por las Naciones Unidas o sus funcionarios o con su colaboración. Esas comunicaciones, cuyo objetivo es obtener dinero y en numerosas ocasiones datos personales de los destinatarios, son fraudulentas.

Las Naciones Unidas desean alertar al público en general sobre esas actividades fraudulentas, que se realizan supuestamente en nombre de la Organización y sus funcionarios, a través de diferentes mecanismos de estafa.

Recuerde que:

   Las Naciones Unidas no requieren el pago de suma alguna en ninguna fase de su proceso de contratación (solicitud, entrevista, procesamiento, capacitación o cualquier otro concepto) o solicita información de las cuentas bancarias de los postulantes. Visite la siguiente página web https://careers.un.org/lbw/Home.aspx y acceda al enlace denominado Vacantes.

   Las Naciones Unidas no cobran tarifas en ninguna etapa de sus procesos de adquisición (registro de proveedores, presentación de ofertas, etc…) o ninguna otra tarifa. Visite la División de Adquisiciones para ver las últimas oportunidades comerciales con las Naciones Unidas.

   Las Naciones Unidas no solicitan datos sobre cuentas bancarias ni cualquier otro tipo de información personal.

   Las Naciones Unidas no ofrecen no concede premios, galardones, tarjetas de cajero automático, indemnizaciones por estafas en internet, becas educativas o lleva a cabo sorteos.

   Las Naciones Unidas no aprueban vacaciones o pensiones militares, ni entregan paquetes a cambio de un pago.

Las Naciones Unidas recomiendan encarecidamente a las personas que reciban comunicaciones como las descritas anteriormente que actúen con extrema precaución . Cualquier transferencia de fondos o datos personales facilitados a los autores de una comunicación fraudulenta podría dar lugar a pérdidas financieras o la usurpación de la identidad. Las víctimas de este tipo de fraudes también pueden presentar una denuncia ante las fuerzas del orden locales para que éstas adopten las medidas necesarias al respecto.

Si tiene alguna duda sobre la autenticidad de un mensaje de correo electrónico, una carta o una llamada telefónica supuestamente procedente de las Naciones Unidas o sus funcionarios o remitida en su nombre, escríbanos un mensaje antes de ejecutar ninguna acción en relación con la comunicación recibida.

21 NOVIEMBRE 2019 REPORTE24//

LA REDACCIÓN DE LA RESOLUCIÓN ESTÁ A CARGO DE CAROLINA STANLEY POR ORDEN DE MAURICIO MACRI.

La discusión por el aborto, en este caso por la realización de aquellos no punibles, continúa generando grietas dentro de Cambiemos. Tras la publicación del nuevo protocolo, ahora el gobierno de Cambiemos da marcha atrás con la medida.

Este miércoles, a través del Boletín Oficial, la Secretaría de Salud de la Nación, cuyo titular es Adolfo Rubinstein, aprobó la actualización del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”. Fue publicada a través de la resolución 3158/2019. El último protocolo que se realizó data del año 2015 cuando la cartera de salud aún era Ministerio.

Sin embargo, los grupos más conservadores no vieron con buenos ojos esta resolución, incluso dentro del mismo oficialismo. Por eso, Mauricio Macri envió la orden directa para que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, redacte rápidamente otra resolución para la anulación de la nueva normativa para que se publique este jueves.

Según explicó Rubinstein, la actualización le daba rango ministerial al protocolo y clarificaba algunas cuestiones que podían prestarse a confusión.

Uno de los cambios más sustanciales era que la objeción de conciencia no podía impedir que un hospital o centro de salud público realizara la interrupción legal del embarazo.

21 NOVIEMBRE 2019 REPORTE24//

EL PROYECTO DEL FRENTE CON TODOS ESTABLECE LA BOLETA ÚNICA EN PAPEL. RESTA AHORA SU APROBACIÓN POR EL SENADO LOCAL.

Luego de las denuncias por irregularidades en las últimas elecciones, la Cámara de Diputados de Salta aprobó la eliminación del voto electrónico en toda la provincia. Con esta decisión, avanza el sistema de boleta única en papel, que para implementarse necesita el visto bueno del Senado salteño.

El proyecto para desterrar el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) fue presentado por el presidente de Bloque de diputados del Frente para la Victoria, Jesús Ramón Villa, apoyado por el diputado Julio Moreno. Fue votado por unanimidad por 31 diputados en una noche intensa, en la que se produjeron llamados desde el oficialismo provincial para intentar dejar sin quórum la sesión.

Según informaron fuentes del Frente de Todos, la Cámara baja decidió dejar de lado este sistema para remplazar por un sistema de Boleta Única de Papel, "y garantizar la transparencia, el secreto del voto, la igualdad y la confianza en la decisión del ciudadano a la hora de votar". "Este sistema que fue objetado por técnicos informáticos especializados, y reemplazado paulatinamente en la mayoría de los países que lo implementaron debido a su vulnerabilidad", aseguraron mediante un comunicado.

Por el momento, los números indican que podría aprobarse también en el Senado, terminando el proceso para remover el sistema impulsado durante la gestión del gobernador Juan Manuel Urtubey. En las elecciones provinciales del pasado 11 de noviembre, desde el espacio del Frente con Todos denunciaron una serie de irregularidades durante el escrutinio, llegando incluso hasta la Corte Suprema provincial.

Días previos a las elecciones se conoció que máquinas de voto electrónico fueron encontradas en la casa de un familiar de una concejal perteneciente al frente que llevó a Gustavo Sáenz a la gobernación.

Se trató de la concejal Marcela Agüero, perteneciente al Partido Renovador de Salta, actual integrante del oficialismo que forma parte del Frente de Gustavo Sáenz en la localidad de Metán se encontraron la totalidad de las máquinas que, fueron utilizadas el próximo domingo 10 de noviembre de 2019, lo que constituye una gravísima situación institucional y atenta contra las garantías democráticas.

20 NOVIEMBRE 2019 REPORTE24//

EL PRESIDENTE DIALOGÓ CON LA DIRECTORA DEL FONDO ,KRISTALINA GEORGIEVA, Y LE REMARCÓ QUE EL PAÍS NO ESTÁ EN CONDICIONES DE SEGUIR CON EL PLAN QUE IDEÓ MACRI CON EL ORGANISMO.

El presidente electo, Alberto Fernández, y la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dialogaron telefónicamente sobre la deuda que Argentina tiene con el FMI. Desde el organismo financiero habían pedido en público que Argentina hiciera más ajuste, pero el ganador de las últimas elecciones rechazó la propuesta y pidió un esquema de pago sostenible que permita propiciar el crecimiento económico.

“Vamos a proponer un plan económico sostenible y un acuerdo de pago que podamos cumplir, pero sin más ajuste”, sostuvo el comunicado oficial. El futuro jefe de Estado reafirmó: “Queremos asumir un compromiso que podamos cumplir”.

“Me han conmovido sus prioridades: la reducción de la pobreza y la lucha contra el hambre en un entorno económico que permita crecer y generar empleo, para mejorar la vida del pueblo argentino”, subarayó Georgieva. Ante la respuesta, Fernández aclaró que está “en condiciones de proponer” un acuerdo de pago pero “sin más ajustes”.

“Hemos elaborado un plan sustentable que nos va a permitir crecer y cumplir con las obligaciones que la Argentina tiene con ustedes y con el resto de los acreedores. Estamos asumiendo un compromiso que podamos cumplir”, destacó Fernández durante la conversación telefónica.

En la misma línea, el Presidente electo subrayó: “Entiendo la relevancia de la viabilidad fiscal, no me tiene que convencer de eso. Pero es mi deber anticiparle que en la situación en la que se encuentra la economía argentina es difícil propiciar un mayor ajuste. No podemos hacer más ajustes fiscales porque la situación es de una complejidad enorme, el nivel de ajustes en la era de Macri ha sido tremendo”. En declaraciones a la agencia Bloomberg, la sucesora de Christine Lagarde había solicitado profundizar una política fiscal restrictiva.

El presidente electo le reiteró que la Argentina está “en un momento particularmente difícil” e insistió en que “estamos en condiciones de proponer un plan para resolver el problema de la Argentina y poder pagar la deuda con el FMI y el resto de los acreedores”.

20 NOVIEMBRE 2019 REPORTE24//

CAMBIEMOS ENDEUDÓ AL ESTADO EN MÁS DE U$S 100.000 MILLONES, PERO NO PARA FINANCIAR LA ESCASA OBRA PÚBLICA, SINO PARA PODER GIRAR GANANCIAS AL EXTERIOR.

Mauricio Macri le dejará a Alberto Fernández una economía en crisis y un Estado mega endeudado. En lugar de utilizar los préstamos del exterior por más de U$S 100.000 millones para mejorar la competitividad argentina o realizar obra pública, se destinó casi exclusivamente en la fuga de capitales. Además, Cambiemos se irá con un déficit fiscal casi idéntico al de 2015 y una profunda recesión económica.

Desde diciembre de 2015 hasta septiembre de este año, el pasivo externo se incrementó en U$S 103.808 millones a un paso constante, que se desaceleró levemente en los últimos meses. En el primer año, el Gobierno incrementó el pasivo en U$S 31.026 millones y el segundo en U$S 68.901 millones.

De todas las divisas que se consiguieron por el aumento de la deuda en dólares y euros, U$S 93.667 millones salieron del sistema financiero argentino a un ritmo similar. Ese monto que equivale al 90,1% del pasivo externo contraído. La excepción fue entre finales de 2016 y principios de 2017, cuando el blanqueo de capitales mitigó la fuga.

“Como en todo régimen de acumulación basado en la valorización financiera, la deuda no se contrae para obras de infraestructura sino para garantizar las divisas que se requieren para la fuga de capitales”, analizó Cifra en su último informe, en el que hizo un resumen de la gestión casi concluida del macrismo.

Contrario a lo que alega Macri, el mega endeudamiento tampoco sirvió para reducir el negativo de las cuentas públicas y cerrará este año en una cifra muy cercana a la última de Cristina Kirchner. El déficit primario (ingresos menos gastos corrientes) era del 3,8% del PBI en 2015, pero el financiero (que contabiliza el flujo de capital) fue del 5,1%, de acuerdo al Centro de Información y Formación que orbita la CTA.

19 NOVIEMBRE 2019 REPORTE24//

SEGÚN CONFIRMÓ EL ESPECIALISTA EN POLÍTICAS SOCIALES, EL PROGRAMA TENDRÁ UN SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL QUE SERÁ ANALIZADO A TRAVÉS DE TRES INDICADORES

El futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, adelantó este domingo detalles del programa "Argentina contra el hambre", una de las primeras políticas que llevará a cabo Alberto Fernández como presidente.

El actual diputado nacional manifestó que "Argentina contra el hambre es mucho más que un programa: es una política de Estado que va a depender directamente del presidente de la Nación".

Según confirmó el especialista en políticas sociales, el programa tendrá un seguimiento en tiempo real que será analizado a través de tres indicadores: inseguridad alimentaria severa (hambre), malnutrición y pobreza.

En la misma línea, Arroyo agregó que el mecanismo para combatir el hambre será "una tarjeta de alimentos para las madres que tienen chicos menores de seis años", que sólo les permitirá comprar comida y, en base a esas compras, "sugerirá qué tipos de alimentos comprar".

Además, reveló que la tarjeta permitirá comprar todo tipo de alimentos y bebidas, excepto bebidas alcohólicas, pero habrá 13 rubros de la canasta básica que tendrán "descuentos especiales".

"La tarjeta va a permitir comprar el alimento que quiera, pero le va a convenir mucho adquirir determinados productos a los que se les va a sumar la devolución del IVA", explicó en diálogo con Radio 10.

En el mismo sentido, se refirió a la presencia de Marcelo Tinelli y Narda Lepes en la reunión del Consejo Nacional contra el Hambre.

"Narda Lepes planteó una serie de temas sobre lo saludable o no de determinados productos que hay que empezar a revisar", subrayó.