EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) REDUJO SUS PROYECCIONES DE CRECIMIENTO PARA LA ARGENTINA Y AUMENTÓ LAS DE INFLACIÓN, AL SITUARLAS EN 2% Y 22,5%, RESPECTIVAMENTE, PARA EL 2018.

Con una visión más realista que el gobierno argentino, el organismo de crédito internacional elevó sus proyecciones inflacionarias para la Argentina y derrumbó el discurso del gobierno. Los datos fueron dados a conocer esta mañana en Washington, durante la presentación del informe semestral de la entidad, World Economic Outlook (WEO), en el marco de la Asamblea Anual Conjunta del FMI y del Banco Mundial.

El Fondo le bajó el precio a la economía del país y disminuyó en 0,5 puntos los pronósticos de crecimiento del año, ya que en su último informe de octubre de 2017 había proyectado que la economía argentina crecería 2,5%. En la actualización difundida hoy estimó ese alza en un 2%.

Respecto de la inflación, el equipo del FMI subió en casi 5 puntos las proyecciones de inflación, desde los 17,8% estimados en octubre de 2017 a 22,5%, lo que implica que la entidad se alejó aún más de la meta de inflación oficial de 15%, establecida a fines de diciembre del año pasado.

De esta forma, la diferencia que marca el FMI respecto de las estimaciones oficiales en el comportamiento de precios al consumidor nacional ascienden a casi 7 puntos por encima de las proyecciones oficiales.

De esta manera, el organismo multilateral considera imprescindible profundizar el recorte en el gasto público y endurecer las condiciones monetarias para controlar la inflación.

“Serán necesarios más recortes del gasto”, aseguró en Washington.

Para el 2019 el pronóstico es más alentador, ya que se espera un alza en el PBI de 3,2%, mientras que la inflación se situaría en torno de 15%.

Es decir, según el Fondo, el gobierno tardaría un año más en alcanzar la meta propuesta de alza de precios.

LA JUSTICIA ACORRALA A LA ADMINISTRACIÓN DE MORALES TRAS LA REVELACIÓN DE ESTE MEDIO SOBRE EL ARREGLO DE CONTRATACIONES EN FAVOR DE UNA FIRMA LIGADA A CAMBIEMOS.

Juan Ignacio Amorín/La Justicia jujeño allanó las oficinas del ministerio de Turismo y Cultura de la provincia luego que El Destape revelara que desde allí se gestaron licitaciones truchas en favor de una consultora con estrechos vínculos con Cambiemos y con el presidente Mauricio Macri.

El procedimiento, realizado por el mediodía, fue encabezado por el fiscal de la investigación, Aldo Lozano, y culminó con el secuestro de dos computadoras y otros elementos tecnológicos que serán peritados, según indicaron a la agencia Télam voceros del Ministerio Público de la Acusación.

El Destape reveló este fin de semana una serie de correos electrónicos en los que quedaba al descubierto la maniobra de la cartera provincial en beneficio de la consultora Reale Dalla Torre Consultores SA (RDT) cuyos socios fueron aportantes de la campaña de Mauricio Macri.

Por otro lado, también fue secuestrado el expediente en el que figura en detalle las licitaciones irregulares reveladas por en el informe de Roberto Navarro y Juan Amorín. El informe tuvo una fuerte repercusión en los medios no así en la prensa cercana a Macri y al gobernador Morales.

Por su parte, el ministro de Turismo implicado en el caso, Federico Posadas, afirmó que pondrán a disposición de la Justicia la documentación correspondiente y, sobre la existencia de los correos publicados por este medio, indicó: "No llego a ver todos los mails en donde estoy copiado".

Por el mismo hecho había sido radicada otra denuncia con anterioridad, realizada por la diputada provincial del Partido Justicialista Alejandra Cejas, quien pidió indagar presuntas contrataciones "irregulares" por unos cinco millones de pesos pagadas con fondos del Estado provincial a la consultora Reale Dalla Torre Consultores SA.

LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DESCUBRIÓ UNA COMPLEJA MANIOBRA DE EVASIÓN PREVISIONAL COMETIDA POR UN IMPORTANTE GRUPO DEL RUBRO GASTRONÓMICO. EL PERJUICIO FISCAL ALCANZADO SUMARÍA UNOS 8 MILLONES DE PESOS.

Una vez detectada las falencias en la declaración de sus empleados y sus correspondientes sueldos y aportes, además del traspaso permanente de personal entre las distintas razones sociales del mismo grupo económico, y bajo la orden judicial del Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del Dr. Luis Armella, Secretaría N° 4 a cargo del Dr. Nahuel Rennes, los agentes de AFIP realizaron 44 allanamientos en el área metropolitana (Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires) en el que recabaron numerosos documentos y computadoras con información financiera del grupo económico que explota los locales de las firmas “La Fábrica” y “Vianda Express”.

Las maniobras para evadir eran variadas: declaraban remuneraciones inferiores al salario mínimo del Convenio de Trabajo de la actividad, aplicaban incorrectamente reducciones de contribuciones previstas en las leyes laborales, y traspasaban personal entre las distintas razones sociales, declarándolos como nuevos ingresos para hacer uso de los beneficios impositivos por la creación de nuevos empleos. A modo de ejemplo, se detectaron empleados que fueron declarados por hasta 3 razones sociales vinculadas, en un lapso menor a dos años.

Además, la identidad de los verdaderos “dueños” se encontraba oculta ya que utilizaban contratos de franquicia con ex empleados de los locales, para que sean ellos quienes figuren como empleadores responsables.

Cabe destacar que estas maniobras delictivas, pueden ser penadas con prisión efectiva hasta por 9 años.

LA PROVOCADORA FRASE DE LA MILLONARIA EMPRESARIA MENDOCINA Y DIPUTADA DE CAMBIEMOS ACRECIENTA LA BRONCA POPULAR QUE DESATÓ EL AUMENTO DE LAS DIETAS EN EL CONGRESO.¿QUIEN ES EL QUE DUERME APASIBLEMENTE A SU LADO...?

Diputada Susana Balbo, dueña de la bodega Balbo voto a favor de la reforma previsional. Sus proyectos legislativos son por el aumento de la dieta de diputados y por la declaración del día del Malbec.

Parece joda, pero no lo es.

ESTE HECHO IMPLICA UN GRAVE ATENTADO AL DERECHO A LA SALUD DE LAS/OS DOCENTES Y DEMÁS TRABAJADORES ESTATALES, TENIENDO EN CUENTA QUE QUIENES PADECEN ENFERMEDADES CRÓNICAS (DIABETES, ASMA, HIPERTENSIÓN, ENTRE OTRAS), QUIENES ESTÁN REALIZANDO CUALQUIER TRATAMIENTO CON UN ESPECIALISTA QUE REQUIERA ATENCIÓN PROLONGADA, SE REALIZAN CONTROLES POR EMBARAZO, O TIENEN PROGRAMADA UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA, NECESITAN MUCHO MÁS DE SEIS CONSULTAS ANUALES.

A través de un comunicado, el pasado miércoles la Federación de Médicos de Buenos Aires (FEMEBA), informó que habrá una restricción en la cantidad de consultas médicas con cobertura de IOMA, dicha cantidad quedaría reducida a seis por año. Esta medida surge en respuesta al incumplimiento en los pagos, cuya responsabilidad recae en el directorio de la obra social mencionada.

Actualmente existe un arancel diferenciado, que los usuarios deben pagar para acceder a las distintas prestaciones médicas. Con la nueva medida se agrega un tope, una vez agotadas las consultas anuales, el sistema rechazará automáticamente la autorización de las consultas subsiguientes.

Este hecho implica un grave atentado al derecho a la salud de las/os docentes y demás trabajadores estatales, teniendo en cuenta que quienes padecen enfermedades crónicas (diabetes, asma, hipertensión, entre otras), quienes están realizando cualquier tratamiento con un especialista que requiera atención prolongada, se realizan controles por embarazo, o tienen programada una intervención quirúrgica, necesitan mucho más de seis consultas anuales.

Desde la Agrupación Marrón de Docentes, hacemos responsable de esta situación al gobierno de María Eugenia Vidal, quien a través de sus representantes en el directorio de IOMA decide no pagar a los prestadores, en una maniobra más para vaciar la obra social de las/os trabajadores/as y ajustar a costa de nuestra salud y nuestras vidas. Tenemos como triste antecedente el fallecimiento de la docente Gabriela Ciufarella, de Lomas de Zamora, a raíz de que las autoridades de IOMA negaran en reiteradas ocasiones la cobertura de un tratamiento.

Convocamos a las/os docentes a organizarnos para luchar contra este nuevo ataque, siguiendo el ejemplo de los docentes de Neuquén, que en una asamblea masiva votaron endurecer su respuesta, comenzando con cinco días de paro. En este sentido, exigimos a la conducción provincial de SUTEBA que rompa la tregua con el gobierno y convoque a asambleas abiertas para discutir un verdadero plan de lucha, en coordinación con los/as trabajadores/as que resisten el ajuste y los despidos.

LOS EMPLEOS QUE MÁS CRECEN SON LOS MÁS PRECARIOS. SE MULTIPLICAN LOS TRABAJADORES QUE NO GOZAN DE TODOS LOS DERECHOS FORMALES, QUE PUEDEN TENER CONTRATOS TEMPORALES Y QUE PUEDEN PERDER SU TRABAJO SIN DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN.

Los últimos datos brindados por el Ministerio de Trabajo indican que desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri a la actualidad, el total de los trabajadores registrados creció un 2,6 por ciento.

Sin embargo, estas cifras se sostienen también -según un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional “Atenea”- en el crecimiento de modalidades precarias de empleo.

Este es el caso de los trabajadores que cuentan con monotributo social, que aumentaron un 18,7%-, lo que significa en términos absolutos 66.003 puestos de trabajo más respecto a diciembre de 2015.

Le sigue la modalidad de monotributistas independientes con un 7,6% de crecimiento en este período, lo que representa 109.458 puestos de trabajo más que en diciembre de 2015.

Los números evidencian que los porcentajes de crecimiento más altos coinciden con las modalidades de ocupación más precarias. Es decir trabajadores que no gozan de todos los derechos formales, que pueden tener contratos temporales o relaciones de dependencia encubierta y que pueden perder su trabajo sin derecho a la indemnización.

Como contrapartida, los asalariados privados crecieron desde diciembre de 2015 a la fecha tan sólo un 0,7%. Esta es la categoría ocupacional que más peso tiene en el total de trabajadores registrados.

En números absolutos, el crecimiento representa un aumento total de 42.833 puestos de trabajo. Respecto a los sectores de actividad, uno de los más perjudicados fue la industria manufacturera, que registró una baja del 4,9% desde diciembre de 2015 a enero de 2018, lo que implicó la pérdida de más de 61.000 puestos de trabajo.

Otro punto que marca el deterioro según Atenea es el de la informalidad laboral, que incluye a aquellos trabajadores que se encuentran completamente por fuera de los marcos reglamentarios y sin aportes a la Seguridad Social.

Según el INDEC, la informalidad laboral escaló a 34,2% para el último trimestre del 2017, lo que implica un 0,6 % más que el último trimestre del año 2016.

“En algunos sectores, esta situación es aún más preocupante: en la construcción existe una tasa de no registro del 67,8%, en el sector comercio una tasa del 42,6% y en hotelería y turismo del 44,6%”, indican.

Por último, desde el Centros de Estudios indican que una herramienta fundamental para combatir el empleo no registrado es el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), destinado a la incorporación de los trabajadores no registrados al Sistema de la Seguridad Social.

En 2017, dicho programa redujo la partida en términos reales un 32% (considerando la inflación de 2017), y para este año aumentó su presupuesto solo un 6%. “Ante un mercado de trabajo cada vez más desigual, el Estado debe fortalecer las herramientas que intervienen en el mismo para revertir esta situación. La reducción de las intervenciones del Estado trae aparejadas consecuencias como el crecimiento de la informalidad y de la precariedad laboral”, concluye el informe.

FUE A PEDIDO DE LOS GREMIOS PROVINCIALES, QUE HABÍAN HECHO DIVERSAS PRESENTACIONES EN ESE SENTIDO. LA MEDIDA PERJUDICABA A 3000 TRABAJADORES.

El Juzgado Contencioso Administrativo N° 3 de La Plata suspendió ayer la resolución del gobierno bonaerense que disponía la jubilación de oficio de los docentes con más de 60 años y 30 años de aportes.

En un comunicado, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba) precisó que, a partir de la presentación, que ese gremio realizó conjuntamente con la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) ante la Justicia, el juez José Terrier ordenó a la Dirección General de Cultura y Educación “frenar los ceses de oficio”.

“Esto es consecuencia del conjunto de presentaciones realizadas en enero, febrero y marzo, junto a la impugnación de la Resolución 2397/17 y a la Pre Cautelar presentada en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 3 de la Ciudad de La Plata”, explicaron.

El 28 de marzo pasado, los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires habían pedido a la Justicia que frene la resolución del gobierno provincial que dispuso la jubilación de oficio de los maestros que al 31 de diciembre cumplieron 60 años de edad y 30 de servicios.

EL DESTAPE ACCEDIÓ A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS QUE PRUEBAN EL ARREGLO ENTRE EL MINISTERIO DE TURISMO PROVINCIAL Y UN RECONOCIDO APORTANTE A LA CAMPAÑA DE MACRI YA DENUNCIADO POR MANIOBRAS FRAUDULENTAS.

Juan Ignacio Amorín/El gobierno de Gerardo Morales, a través del ministerio de Turismo provincial, desvió casi 5 millones de pesos en licitaciones simuladas a la firma Reale-Dalla Torre, una consultora privada de asesoramiento y comunicación política muy ligada a Mauricio Macri, cuyos socios aportaron más de $325 mil a la campaña de Cambiemos en 2015.

Según los documentos a los que tuvo acceso El Destape, las maniobras tuvieron al propio ministro de Turismo y Cultura de Jujuy, Federico Posadas, como principal protagonista: él estuvo copiado en todos los mails y hasta participó en el armado de las licitaciones falsas.

En los correos electrónicos que publicados en este artículo, se puede observar cómo se diagramó todo para que Reale-Dalla Torre lograra hacerse de casi 5 millones de pesos en concepto de comunicación social para el ministerio: desde el mes de febrero, un empleado de Posadas les envió a los directores de la firma RDT Consultores todo el contenido específicado, y hasta les pidió que aportaran "cuatro o cinco empresas que participen de la licitación privada", con la condición que "hagan actividades parecidas" y les pidió que ofrezcan "un monto más elevado", para que así sea RDT la adjudicataria.

En otro de los mails, con fecha del 8 de marzo, se menciona que el propio ministro de Morales "les entregará el pliego y las invitaciones para las otras empresas", y les pide que la fecha de recepción sea del 1 de marzo, es decir, una semana antes de la verdadera entrega, para simular los tiempos.

Como si esto fuera poco, aun sin haberse realizado la falsa licitación, desde la casilla del propio ministerio de Turismo le confirmaron a RDT que ya tenían listo el primero de los pagos: "Quédense tranquilos que ya se pidió autorización y la plata está disponible para el pago, no se olviden de enviarme la factura", detalló el empleado del ministerio, Diego Zurueta.

Quien participa activamente de la "negociación" falsa es Diego Blanco, director de RDT Consultores y uno de los nexos entre la firma y el ministerio de Turismo. Sin embargo, la firma que finalmente se adjudicó al menos el primero de los contratos no fue ella, sino La Usina Digital, donde Blanco no figura siquiera como empleado. Uno de sus dueños es en realidad Adrián Dalla Torre, uno de los socios de la primera firma en cuestión.

Esas mismas firmas fueron denunciadas en 2015 acusadas de ser "bolseras" que recibían pauta publicitaria del Gobierno de la Ciudad que comandaba el hoy presidente Mauricio Macri, cuando cientos de radios comunitarias comenzaron a denunciar que figuraba en los registros oficiales montos que nunca recibieron y que, en teoría, se quedaban estas intermediarias.

Por su parte, La Usina Digital también contaba con otras denuncias por sospechosas licitaciones ganadas a través del ministerio de Educación de Esteban Bullrich, tal como detalló el diario Página 12 a mediados de 2015.

Los correos electrónicos que exponen la operatoria:

https://www.eldestapeweb.com/exclusivo-los-correos-que-compromenten-morales-las-licitaciones-truchas-jujuy-n42322

LA ACUSACIÓN TAMBIÉN IMPLICA A MARCOS PEÑA POR LA VENTA DE UNA ESTRATÉGICA EMPRESA ESTATAL. ACUSAN QUE DETRÁS DE LA VENTA ESTÁ EL PODEROSO MARCELO MINDLIN.

Gino Viglianco/El legislador porteño Leandro Santoro y el Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Neuquén, Carlos Enrique Quintriqueo, denunciaron al presidente, Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña y al ministro de Energía, Juan José Aranguren, por la venta de las acciones que el Estado tenía en el poderoso monopolio que distribuye energía, la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (Transener). La acusación sostiene que detrás de la comercialización de las acciones de la estatal está Marcelo Mindlin, el poderoso empresario dueño de Edenor que se benefició con el tarifazo de energía eléctrica y que le compró al primo del presidente, Ángelo Calcaterra, la constructora IECSA.

La denuncia, por asociación ilícita, describe la ruta de vinculaciones que lleva a la acusación: el subsecretario de Coordinación Administrativa, Marcelo Pedro Blanco, quien llamó a un asesoramiento privado para la venta de acciones, fue parte del directorio de la empresa Pampa Energía entre 2013 y 2016. Mindlin, quien según la imputación es el principal beneficiado por la venta de acciones, es el dueño de Pampa Energía, es decir que fue jefe de Blanco.

Por el decreto 882/17, del 31 de octubre de 2017, el gobierno había instruido “al Ministerio de Energía a impulsar las medidas necesarias para proceder a la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia” de las tres centrales de generación eléctrica Ensenada de Barragán, Brigadier López y Manuel Belgrano II. Además ordenó vender las acciones que el Estado tiene a través de Enarsa en Citelec, la controladora de Transener.

Citelec tiene un 25,5 por ciento en manos de Pampa Energía (grupo Mindlin); 12,75 por ciento de Electroingeniería; 12,75 por ciento de la estatal Enarsa y el restante 49 por ciento en acciones que cotizan en Bolsa. El 30 de septiembre de 2016 se concretó la venta del paquete accionario de Electroingeniería a Enarsa, con lo cual la empresa estatal pasa a tener el 25,5 por ciento de Citelec. Es decir, que pasa a compartir, en partes iguales, el grupo de control con Pampa Energía.

El actual titular de Enarsa es Hugo Balboa, un ex directivo de Shell Argentina designado por Aranguren en ese cargo.

La denuncia además explica que la venta de la empresa es absurda desde lo económico debido a que “ha experimentado ganancias por treinta millones de dólares en el ejercicio del año pasado”. Un informe de Federico Bernal, publicado en OETEC, muestra que la empresa Transener registró una ganancia de 1.437 millones de pesos solo entre enero y septiembre de 2017, que significó una mejora del 360% respecto del mismo período de 2016 en el cual se registró una pérdida de 552 millones.

“La pregunta es simple ¿Por qué se quieren desprender de una empresa que da ganancias?”, preguntó el denunciante Santoro en diálogo con El Destape.

La denuncia cayó en el Juzgado Nº 2 en lo Criminal y Correccional Federal, a cargo del juez Sebastián Ramos, quien ya tenía a su cargo una denuncia de Elisa Carrió contra el ministro de Energía, Julio De Vido por la caso “Petrolao en Transener”. El fiscal sorteado es Guillermo Marijuan.

El motivo de la denuncia al Presidente se explica en uno de los párrafos de la acusación: “El desparpajo distributivo en la titularidad de los negocios de energía hace indiscutible el interés, conocimiento y antecedentes del Presidente Macri, por ello es que la denuncia tiene fundamentos como para sostener que el Ingeniero Presidente ha dispuesto medidas que perjudican a la Nación y beneficia a su grupo de negocios”.

La decisión de venta encontró una fuerte oposición en el radicalismo, manifestada duramente en una carta firmada por el presidente del comité nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, dirigida a Aranguren. A su vez, llevó al diputado radical, Ricardo Alfonsín ponga el grito en el cielo: “Espero que la UCR persuada al Gobierno de que sería un grave error privatizar Transener. Se trata de un monopolio natural en un sector estratégico para la economía de los argentinos. No hagamos algo de lo que, cómo en el caso de la venta YPF en los '90, nos vanos a arrepentir”.

UN ANÁLISIS PROFUNDO DEL MERCADO LABORAL REFLEJA DE MANERA CONTUNDENTE QUE NO SE ESTÁ CREANDO TRABAJO GENUINO, SINO TODO CONTRARIO.

Por Emiliana Gisande y Martín Pollera/El INDEC publicó recientemente los nuevos datos del mercado de trabajo del cuarto trimestre de 2017 dando lugar a una suerte de festejo del gobierno nacional al haber descendido la tasa de desempleo del 7,6% en el cuarto trimestre de 2016 al 7,2%.

Pero un análisis más profundo del mercado laboral refleja de manera concluyente que no se está creando trabajo genuino. Al contrario, ese descenso del desempleo se explica por una precarización laboral que deja en evidencia al modelo de acumulación que favorece el gobierno de Cambiemos, que erosiona el ingreso de los trabajadores y beneficia tan solo a una minoría acomodada/concentrada.

Poniendo en contexto esos datos del mercado laboral con la situación económica actual, surge claro que ante una caída de la producción industrial son los empleos de baja calidad los que comienzan emerger como respuesta a la insuficiente generación de trabajo. Por esto es esperable que la destrucción de empleo industrial (-17 mil puestos en 2017) no se traduzca de manera proporcional en un aumento de la tasa de desempleo, puesto que la falta de empleo genuino lleva a muchas personas a insertarse en el mercado de trabajo pero bajo modalidades ocupacionales a las que se recurre porque no hay mejores y así actúan como medios precarios de subsistencia.

Vayamos entonces a los datos. De la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) surge que la tasa de empleo aumentó notoriamente del 41,9% en el último trimestre de 2016 a 43% en el cuarto trimestre 2017. Este aumento, según proyecciones poblacionales, equivaldría a una generación de 680.000 puestos de trabajo. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo informa que en 2017 se crearon solo 271.000 puestos de trabajo registrados incluyendo todas las categorías ocupacionales: asalariados privados, asalariados públicos, asalariados de casas particulares, independientes autónomos, monotributistas y monotributistas sociales. De la diferencia entre lo que nos dice la EPH, que capta también el empleo informal, y los números del Ministerio de Trabajo, se estima entonces que se habrían creado un total de 409.000 puestos de trabajo “en negro”. Es decir: de baja calidad.

Teniendo en cuenta la modalidad de contratación, el aumento del empleo del 2017 se explica por un fuerte incremento del monotributo (36%) y del monotributo social (14%). Ambos generalmente están ligados a la informalidad y precariedad laboral, por lo que al deducirlos de la cantidad de puestos laborales registrados original, estaríamos en presencia de un remanente de 135.000 puestos, de los cuales 39.000 corresponden a creación de empleo público. Quedan entonces menos de 100.000 puestos que serían “de calidad”, objetivo del que alardeaba este gobierno en sus inicios.

Basta con observar el caso de la Provincia de Buenos Aires para entender el vínculo existente entre la generación de empleo genuino, que creemos es aquél vinculado a la producción/industria, y la coyuntura económica. En dos años de gobierno de Cambiemos el empleo registrado en la Provincia casi no varió, con un 0,2% de alza, lo cual es bastante lógico al concentrar Buenos Aires el 50% del valor agregado industrial y el 30% del total de establecimientos productivos del país. En una oleada crítica para el sector industrial, el Gran Buenos Aires se presenta como el área más conflictiva en términos de densidad demográfica de trabajadores y de tejido productivo. Y precisamente allí fue donde se registró la segunda tasa de desempleo más alta luego de General Pueyrredón (Mar del Plata): 9,2%.

Entonces, ¿y dónde está el empleo? En esta aparente mejoría del mercado laboral no hay creación de empleos de calidad, que son los que en definitiva potencian las habilidades de nuestros trabajadores y mejoran sus ingresos y condiciones de vida propias y de sus familias. Más bien, de la mano de la vuelta de las políticas neoliberales de apertura comercial, desindustrialización, aumentos tarifarios y deterioro del salario real, empezaría a resonar nuevamente el concepto de “latinoamericanización” del empleo, muy utilizado en los años 90, donde unos pocos acceden a empleos calificados y muchos, demasiado, a trabajos precarios, profundizando, la ya profunda, brecha entre ricos y pobres.