APROPIACIÓN
El pedido a indagatoria al CEO, a la dueña de Clarín, al propietario del diario La Nación y a Raymundo Juan Pío Podestá, entre otros, fue hecho por el titular de la Fiscalía Federal 5, Leonel Gómez Barbella en el marco de la apropiación de Papel Prensa en la dictadura.
El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5, Leonel Gómez Barbella, pidió la indagatoria de los directivos del Grupo Clarín Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, además de Bartolomé Luis Mitre, Raymundo Juan Pío Podestá y Guillermo Juan Gainza Paz, en el marco de la causa en la que se investiga la apropiación irregular de Papel Prensa durante la última dictadura cívico militar.
Según el pedido elevado por el fiscal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10, a cargo del juez Julián Ercolini, los directivos “resultan ser los responsables de las maniobras que se encuentran en investigación”.
En las consideraciones de su decisión, el fiscal argumentó que “Magnetto, Mitre, Podestá, Gainza Paz y Herrera de Noble, utilizaron violencia moral a fin de generar temor en las víctimas y así lograr el resultado pretendido, que en efecto era ilegítimo”.
El pedido se fundamenta en que el artículo 168 del Código Penal, reprime a quien “con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos”.
“Es decir, surge del artículo en cuestión, las distintas modalidades con las que puede encuadrarse el obrar humano dentro de la figura típica de la extorsión”, resumió.
Papel Prensa era una sociedad fundada por el financista David Gravier, que murió en 1976 en un accidente aéreo en México, y tras lo cual el paquete accionario de la firma pasó a manos de su esposa, Lidia Papaleo, y de Rafael Ianover, querellantes en la causa.
Tanto Papaleo como Ianover fueron secuestrados por agentes de la dictadura y denunciaron que fueron obligados a ceder bajo torturas y amenazas la titularidad de Papel Prensa a una sociedad mixta formada por el Estado y por los tres diarios, promovida por el presidente de facto Jorge Rafael Videla.
Tras hacer una reseña histórica sobre la creación de la empresa y su posterior apropiación, el fiscal les imputa a Magnetto, Herrera de Noble, Mitre, Podestá y Gainza Paz “el haber obligado mediante intimidación al grupo Graiver y sus allegados, a suscribir tres convenios cuyos objetos fueron la transferencia del capital social de la empresa Papel Prensa S.A. a favor de la Sociedad Anónima La Nación, Arte Gráfico Argentino (AGEA) y La Razón Editorial Emisora Financiera, Industrial, Comercial y Agropecuaria”.
Y “todo ello en un marco de persecución política contra las víctimas y sus negocios, ordenada por la primera junta durante la última dictadura”.
Para el fiscal, Magnetto y Mitre “participaron en el desapoderamiento extorsivo por haber sido adquirentes, mientras que Podestá, en su carácter de secretario de la junta de dictadores, lo hizo dentro del plan persecutorio contra la familia Graiver y allegados a sus negocios”.
“La contribución de los imputados al desapoderamiento de las acciones de la empresa Papel Prensa S.A. fue realizada con pleno conocimiento del riesgo de vida que corrían sus legítimos dueños y representantes al haber sido señalados por la junta de dictadores como enemigos del país, calificación propiciatoria de persecución que los representantes de los diarios difundieron a través de los medios de comunicación masivos bajo su dirección, antes y después de la transferencia ilícita”, detalló el fiscal en su pedido.
En tanto, según el fiscal, Herrera de Noble y Gainza Paz “fueron partícipes de la maniobra: la primera, al haber otorgado un mandato a Bernardo Sofovich sin el cual no habría podido instrumentar la operación y el segundo, al haber acercado a los co-autores de la extorsión con sus víctimas”.
En ese sentido, precisó que “Lidia Papaleo fue intimidada por el imputado Magnetto que ‘firmara para conservar la vida de su hija y la suya también’ y así suscribió muchos papeles”, y Rafael Ianover firmó los documentos por ‘el temor y el terror que vivía en ese tiempo’ a ser secuestrado, por lo que no conoció el contenido de los convenios, el importe, ni las condiciones de la transferencia, como así tampoco, recibió copia del convenio, ni se animó a solicitarla”.
En la valoración probatoria, Gómez Barbella sostuvo que “resulta difícil explicar que los supuestos vendedores aceptasen todas estas condiciones si no fuese por la coerción y apremio que denunciaran. De otro modo, no se comprende que una mujer que acababa de enviudar pudiera desprenderse de bienes que integraban el patrimonio de su única hija”.
La investigación por la apropiación ilegal de Papel Prensa se inició en 2010 en el Juzgado Federal 3 de la Plata luego de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encomendara a la Secretaría de Derechos Humanos que se constituyera como parte querellante, días después de que presentara el Informe Papel Prensa elaborado por la Secretaría de Comercio.
El expediente tiene como imputados a Magnetto, Herrera de Noble, Mitre, Marcos Peralta Ramos y a los hermanos Patricio y Hugo Peralta Ramos, de La Razón, ambos fallecidos después de abrirse la causa.
En el expediente, caratulado “Papel Prensa sobre presuntas irregularidades en su constitución, administración y transferencia de acciones” también están imputados el ex secretario de Estado Raymundo Juan Pío Podestá, Marcos Peralta Ramos, y el ex secretario de redacción de Clarín, Reinaldo Bandini, y Bernardo Sofovich apoderado de Herrera de Noble.
De los imputados, tres emblemas de la dictadura cívico militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976 también fallecieron antes de responder a la justicia: Jorge Rafael Videla, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y Emilio Eduardo Massera.
Antes de remitirla al fuero federal, los fiscales de la Unidad Fiscal Federal de La Plata que investigan las causas por crimenes de la dictadura, Hernán Schapiro y Marcelo Molina, advirtieron que se trataba de delitos de lesa humanidad y que la transferencia se había hecho entre “presiones, amenazas y maniobras extorsivas contra los integrantes del Grupo Graiver”.