NOTA CON VIDEO INFORME-Realizará una “revisión integral” del banco. También habrá un monitoreo de inteligencia informática a distancia. Esta supervisión forma parte de las medidas que toma el Gobierno para obligar a la entidad a que cumpla con la ley.
“Son los mismos sectores que en septiembre apostaron a la devaluación”
Las autoridades regulatorias argentinas dieron un paso adelante en su intento por obligar a la filial local del Citibank que dé marcha atrás con el acuerdo que firmó con el fondo buitre NML, cumpla con el contrato que firmó con el país, y destrabe el pago a los dueños de bonos en legislación local.
El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Alejandro Vanoli, le adelantó a Tiempo Argentino que mañana un equipo de expertos de este organismo realizará una “inspección integral” en la filial local del Citibank, conocida en el país bajo el nombre legal de Citi.
Según indicó Alejandro Vanoli, el objetivo del organismo es “garantizar el normal funcionamiento del banco”.
La principal preocupación que tiene hoy el Banco Central es que la operatoria de la entidad financiera de capitales estadounidenses no se interrumpa y no se generen conflictos en el interior del banco.
Esta decisión se hará efectiva cuatro días después que el Banco Central tomó la determinación de revocarle la licencia al CEO de la filial argentina del Citibank, Gabriel Ribisich.
El gobierno argentino acusa al Citibank de negociar en los Estados Unidos un convenio secreto con el fondo buitre NML Capital (a cargo del magnate Paul Singer) que pone en riesgo los derechos de los bonistas que son propietarios de títulos argentinos cuya custodia está a cargo de la filial local del Citibank.
Ribisich firmó ese convenio por el cual el Citi conviene con NML renunciar a cualquier apelación de los fallos del juez de Nueva York Thomas Griesa que afectan a los bonistas, e incluye otros artículos que impiden en la práctica que los dueños de los títulos puedan acceder al dinero que depositó el gobierno argentino en el Citi.
Sin embargo, la principal preocupación que tiene hoy el Banco Central es que la operatoria de la entidad financiera de capitales estadounidenses no se interrumpa y no se generen conflictos en el interior del banco que afecten su normal funcionamiento de esta entidad financiera.
Aunque el nombre definitivo del funcionario recién se conocerá el propio lunes, la “supervisión integral” del Citi , según indicó a este diario el propio Vanoli, estará a cargo del vicepresidente de la superintendencia de Entidades Financieras, Pedro Biscay o, en su defecto, del subgerente general de Supervisión, Sergio Maya
Vanoli aseguró que los expertos que enviará el BCRA a la casa matriz de la filial local del Citibank –ubicada en Bartolomé Mitre 662– y a otras sucursales del país no intervendrán en aspectos relacionados con la operatoria bancaria, sino que intentarán conocer si el banco está en condiciones de cumplir con sus funciones de forma correcta.
“Queremos saber si dada la situación de acefalía que atraviesa, el banco cuenta con representantes legales que garanticen que no haya problemas con los clientes y los trabajadores”, explicó el funcionario a Tiempo.
El mecanismo de “inspección integral” que llevará adelante el Banco Central será presencial pero también se pondrá en marcha de forma paralela un monitoreo de inteligencia informático a distancia.
El 23 de marzo último, la Comisión Nacional de Valores (CNV) de la Argentina suspendió al Citi para operar en el mercado de capitales y nombró como veedor de sus operaciones a David Jacobi, quien también se desempeña como vicepresidente de la entidad.
En un comunicado regulador, el organismo indicó que la designación se concretó “a los fines de realizar un seguimiento diario en la entidad hasta que se efectivice el pago de rentas correspondientes a los bonos”.
Vanoli, en sintonía con la plana mayor del gobierno, encabezada por su ministro de Economía, Axel, está convencido de que el Citi no jugó limpio y estableció una suerte de acuerdo tácito (que luego se complementó con la firma del convenio) con el juez de Nueva York Thomas Griesa y el NML con el fin de burlar la legislación argentina.
En definitiva, este es un capítulo más en la pelea sin cuartel que la Argentina mantiene con los fondos buitre y contra el fallo del juez Griesa que los habilitó a cobrar un reclamo varias veces millonario, instaurando una curiosa versión del pari passu. La misma obliga a la Argentina a pagar el 100% de la deuda a los grandes especuladores que no aceptaron la reestructuración de la deuda que la Argentina llevó adelante en el 2005 y el 2010, y a la que adhirió el 93% de los acreedores.
EEUU planea cobrarle una multa de u$s1000 M
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está presionando al Citigroup para que se declare culpable de un delito relacionado con la manipulación de los mercados de divisas, según publicó la agencia de noticias Bloomberg. En caso de haber un acuerdo, este podría darse en mayo, y la multa correspondiente tendría como tope U$S 1000 millones. El Citigroup ha ofrecido declarar la culpabilidad de una unidad menor de negocios que Citibank NA, mientras que el Departamento de justicia intenta atacar a una entidad de mayor importancia.
En caso de que la que se declare culpable sea Citibank NA, se podrían inhabilitar ciertas unidades de negocios de esa entidad, que implicó durante 2014 el 74% de las ganancias de la empresa. Las autoridades gubernamentales han venido investigando en los últimos años la manipulación de los mercados cambiarios. Según Bloomberg, existe la posibilidad de que varios bancos paguen en conjunto, incluyendo el Citi, el JP Morgan, el UBS, Barclays y el Royal Bank of Scotland. Esta sanción implica superar los límites en la lucha contra la criminalidad económica en EE UU, ya que si bien en casos anteriores han pagado multas, jamás han sido condenados por la justicia.
Los industriales no saben, no contestan
No sabe, no contesta. A excepción de la Asociación de Empresarios de la Argentina (AEA) y la Asociación de Bancos (ABA), que salieron a respaldar al Citibank, los principales hombres de negocios evitaron pronunciarse respecto a la decisión del Banco Central de inhabilitar al máximo responsable de la filial local del banco estadounidense, Gabriel Ribisich, al considerar que –tras acordar con los fondos buitres– la entidad colocó en situación de “desprotección” a los tenedores de títulos reestructurados. En este sentido, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, se excusó al manifestar que se encontraba fuera de Buenos Aires y desconocía los detalles técnicos de la decisión del Central, aunque brindó un singular análisis donde equiparó la responsabilidad de responsables del sector privado con las de los funcionarios.
“Si se busca con las leyes proteger a los funcionarios públicos tratando de que las medidas que tomen ellos son en realidad del Estado y no de los funcionarios, más o menos en la misma medida debería ser aplicado en la gestión privada, me parece a mí”, analizó Méndez. Según el titular de la central fabril, “si digo que un ministro hizo tal cosa, y el Estado prepara leyes donde le quita la responsabilidad personal, ¿por qué el presidente de un banco tiene una responsabilidad personal y un ministro no la tiene? Esa es la pregunta que yo me hago, sin entrar en polémicas. Ley pareja no es rigurosa, dicen, ¿no? Si usted me pregunta qué pienso que es justo, es que se haga cargo el presidente de un banco y el ministro también”, concluyó.
Otros dirigentes de la UIA consultados por este diario, entre ellos Juan Carlos Lascurain (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), Juan Carlos Sacco (Federación Argentina de la Industria Gráfica) y José Urtubey (uno de los accionistas de Celulosa Argentina), aseguraron no estar al tanto de los detalles y se excusaron de referirse a la cuestión. Es decir, ni apoyo ni cuestionamientos para el saliente hombre fuerte de Citi.
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