POR GABRIEL MORINI/Un ex oficial de la división de video de la Policía Federal dijo que el registro de las cámaras y domos policiales era enviado a la oficina presidencial, y otras áreas de la Casa Rosada que lo tomaban por el canal 4. Demora de la Corte.
El ex presidente Fernando De la Rúa recibió en su propio despacho imágenes en vivo y en directo de la brutal represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. El dato, desconocido hasta el momento, fue aportado ayer por un testigo en el marco del juicio oral y público que se sigue contra los responsables del operativo policial que causó al menos cinco muertes y decenas de heridos, reveló Tiempo Argentino.
Del mismo modo, el testimonio complicó al ex secretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov, quien siempre negó haber tenido control de lo que sucedía en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, pero que también había recibido las imágenes que tomaba la Policía Federal y eran retransmitidas a través de un canal codificado para los funcionarios que tenían poder de decisión sobre las fuerzas. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia sigue evitando tratar el pedido para que De la Rúa sea enjuiciado por su responsabilidad en las muertes ocurridas durante la caída de su gobierno.
Osvaldo Metallio era un oficial principal de la División Video Operativo de la Superintendencia de Comunicaciones de la Policía Federal Argentina. A su cargo, según declaró ayer ante el Tribunal Oral Federal N° 6, estaba el monitoreo de las decenas de cámaras y domos policiales distribuidos por la zona céntrica y podía tomar control también de las que vigilaban autopistas y accesos a la ciudad. Declaró en el juicio convocado por la defensa del ex titular de la fuerza Rubén Santos, a quien también comprometió en la cadena de mando de quienes tuvieron acceso a las imágenes de la brutal represión pero que dijeron luego no haber podido dar una contraorden porque no estaban al tanto de las muertes sucedidas en la Plaza de Mayo, ni en la zona comprendida por la Avenida de Mayo y la 9 de julio.
Metallio fue el oficial de servicio de la sala que se encontraba en el 4° piso del Departamento Central de Policía, y que abastecía de imágenes a la Sala de Situación de la Dirección General de Operaciones (DGO) durante esas jornadas en seis monitores. De las decenas de domos, el testigo aseguró que se enviaban las imágenes a otras personas incluso fuera del ámbito de la Federal, de acuerdo a la responsabilidad funcional que poseían, como era el caso del Ministerio del Interior, el Secretario de Seguridad y hasta el propio “despacho presidencial”, según respondió el testigo a partir de las preguntas formuladas por la querella a cargo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Esas imágenes eran mezcladas y transmitidas a través del denominado “canal 4” donde se enviaban vía decodificador a los despachos ministeriales de quienes tendrían injerencia en los operativos, y que podían visualizarlas en un canal específico dentro del circuito interno. Tanto Mathov como De la Rúa tuvieron acceso a ese canal, según se desprendió de la declaración de Metallio, lo que derriba el argumento defensivo de que solo recibían partes o informes posteriores a los hechos que acontecían en el centro porteño, o que no habían visto las imágenes que los canales de TV y de Cable proyectaban con sus moviles. La grabación del “canal 4” durante el 20 de diciembre está anexada a la causa y da cuenta de la brutalidad de la represión ordenada por el gobierno.
El testigo recordó que, en otra oportunidad, el propio Mathov lo había llamado a la sala de control, se había identificado, y le había pedido un monitoreo de una cámara para que tomara con mayor detalle una zona de la Catedral Metropolitana. Ese detalle hizo reaccionar a la defensa del ex funcionario –el principal acusado a nivel político en el banquillo– ya que siempre negó haber tomado contacto con imágenes del operativo y se desligó de las decisiones sobre las fuerzas de seguridad.
“No teníamos autonomía, sino que transmitíamos en base a las órdenes que recibíamos de la DGO”, sostuvo el ex principal de la PFA, lo que también apuntó a la responsabilidad en la cadena de mando de aquellos días de Santos, y de Norberto Gaudiero, a cargo de la DGO.
Desde agosto, la Corte tiene en su poder el dictamen del Procurador General, Eduardo Casal en el que se sugiere que se habilite el recurso para revocar la sentencia en la cual, hace casi tres años, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal eximió al ex presidente de toda responsabilidad sobre los heridos y los muertos de 2001, a partir de considerar insuficientes las pruebas en su contra. Casal, opinó que “corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia recurrida –la de Casación–”. Sin embargo, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti ha evitado fijar en el temario del máximo tribunal el tratamiento de su caso, que habilitaría para seguir investigando su responsabilidad en los hechos.
Esta semana, el juicio tuvo otra audiencia clave en la que declaró el policía René Jesús Derecho, quien desmintió que la jueza María Servini de Cubría hubiera sido la responsable de dar la orden de reprimir que después fue transmitida por la Federal.
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