RECHAZO DE APYME A LA DEVALUACIÓN Y LAS DESREGULACIONES
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresa su rechazo a la megadevaluación anunciada por el ministro Prat Gay mediante la desregulación de la compra y venta de divisas y la aplicación de la llamada flotación sucia.
Esta medida significa una fenomenal transferencia de ingresos desde los sectores asalariados y las Pymes hacia el complejo agroexportador, grandes industrias transnacionalizadas y el sector financiero concentrado (en gran parte extranjero). Debe considerarse que se adopta en el marco de una situación externa negativa, sobre todo por la crisis en Brasil, y el aumento de tasas en EE.UU.
El ministro no dejó en claro cuál será el mecanismo para evitar el traslado a precios de la devaluación, que se estima en un 50%. Las apelaciones a la “confianza” sólo apuntan, en el mejor de los casos, a consolidar un cuadro desventajoso para las Pymes, los trabajadores y la economía social. Las eventuales subas se sumarán a los incrementos preventivos de los grandes formadores de precios, iniciados desde principios de noviembre, cuando Cambiemos adelantó esta medida en su campaña electoral.
La tendencia al aumento de precios se verá reforzada por la quita de retenciones al comercio exterior de materias primas agropecuarias (que no aseguran precios justos para pequeños productores), así como a las exportaciones industriales. Sin una decidida acción del Estado, los aumentos de los precios externos se reflejarán en el mercado local
Para las Pymes esta dinámica significará, como ha sucedido históricamente, un ahogo competitivo derivado de aumentos en el precio de insumos difundidos, y por otra parte una caída inevitable en las ventas, ya que estas empresas dependen mayormente de la demanda en el mercado interno. A ello se suma una fuerte alza en tasas de interés determinada por las nuevas autoridades del BCRA.
El sector también está en alerta por la anunciada liberalización de importaciones, que pone en riesgo el trabajo y la industria nacional. Al respecto sólo se dijo que se mantendrán 1.000 posiciones arancelarias mediante licencias no automáticas, lo cual genera incertidumbre por la incidencia de estas medidas en las cadenas de valor. Este anuncio contrasta con la ausencia total de cualquier referencia al crédito productivo, la sustitución de importaciones y el desarrollo industrial.
La preocupación del sector Mipyme se potencia por el anunciado tarifazo, que se presentó sin mayores precisiones bajo la figura de la “emergencia energética” decretada por el ministro Aranguren, a quien secundan en su cartera ejecutivos vinculados con las mismas empresas distribuidoras que han dejado de invertir en el país, aun siendo subsidiadas. Es indispensable que se segmente el cuadro tarifario para no afectar aún más al consumo interno, las industrias y las Pymes.
Urge que las autoridades económicas tomen nota de este cuadro de situación, ya que las Pymes conforman más del 90 % de las unidades productivas existentes y son las principales proveedoras de empleo.
Ninguna de las medidas anunciadas se dirige a este amplio sector, que parece estar fuera de la agenda del actual Gobierno.
Ante el riesgo que implica esta situación, exigimos se atienda cuanto antes a la representación de las Pymes, y que en la emergencia se pongan en marcha los mecanismos de regulación de la competencia y defensa del consumidor vigentes por ley, a fin de evitar mayores abusos de posición dominante en mercados de alta concentración, con perjuicios irreversibles para el trabajo y la producción nacional.
