LA JUSTICIA FEDERAL LE ORDENÓ AL GOBIERNO DEVOLVER TODAS LAS PENSIONES SUSPENDIDAS. ATAÑE A 400 BENEFICIARIOS, PERO ABRE LA PUERTA PARA QUE OTROS CONSIGAN UNA RESOLUCIÓN A SU FAVOR.
Noticias Argentinas/La Justicia Federal le ordenó al Gobierno nacional devolver todas las pensiones suspendidas en la capital de Río Negro. Este es el primer amparo colectivo se basó en la jurisprudencia que marcó el fallo en la provincia contra la decisión del Ministerio de Desarrollo Social.
En concreto, se trata de 400 beneficiarios, pero esta decisión además abre la puerta para que cualquier pensionado del país logre una resolución a su favor y vuelva a cobrar los haberes por discapacidad, recortados de forma unilateral por el Gobierno.
La jueza Mirta Filipuzzi resolvió “hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Asociación Civil Encuentro Solidario, la Fundación Patagónica INAUN Salud, y Jorge Iván Albornoz, Francisco Raúl Pérez y José Ramón Giménez contra la Comisión Nacional de Pensiones No Contributivas (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) y en consecuencia intimar a ésta a que restablezca respecto de estos beneficiarios y de todos aquellos afectados por la suspensión –dentro del límite territorial de jurisdicción del Juzgado a mi cargo- el pago de la pensión no contributiva otrora dejada sin efecto, sin la limitación temporal establecida en el artículo 5 de la ley 26.854”.
Por lo tanto, la cartera de Carolina Stanley deberá devolverles en lo inmediato las pensiones no contributivas a todos los ciudadanos de Viedma que sufrieron la baja de ese derecho.
El amparo fue elaborado por el diputado nacional Martín Doñate (FPV- PJ), quien antes consiguió un fallo a favor de un pensionado a quien le suspendieron la pensión por discapacidad. Dos semanas atrás, el magistrado de General Roca Hugo Greca sentó jurisprudencia con ese caso y le dio más apoyo a la decisión de la jueza Filipuzzi.
Río Negro se transforma así en la primera provincia que logra revertir la polémica decisión del gobierno de Mauricio Macri de dar de baja “de manera ilegal y compulsiva a miles de pensiones no contributivas a personas que sufren una discapacidad”, expresó Doñate.
